El puerto de Chancay se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la creciente presencia de empresas estatales chinas en infraestructura estratégica de Latinoamérica. Pero mientras COSCO Shipping Ports opera uno de los principales nodos logísticos del Pacífico sudamericano, Perú ha reafirmado que la inversión y operación extranjera no desplazan la autoridad del Estado sobre infraestructura crítica.
Esa autoridad quedó en el centro de una disputa entre COSCO y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). En julio, la Corte Superior de Justicia de Lima revocó una sentencia de primera instancia que había restringido las competencias del regulador y declaró improcedente el amparo presentado por la empresa china.
La resolución estableció que Chancay es una infraestructura de transporte de uso público. Aunque su titularidad sea privada, el operador está sujeto a las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción que la ley atribuye a OSITRAN. El fallo dejó sin efecto la sentencia de enero de 2026 que ordenaba al organismo abstenerse de ejercer sus funciones sobre el terminal.
La presidenta de OSITRAN, Verónica Zambrano, precisó que el organismo no busca una supervisión integral del puerto, sino ejercer las competencias que la legislación peruana le asigna, entre ellas mencionó “tarifas, solución de controversias, aportes regulatorios y obligaciones frente a los usuarios”.
COSCO continuó la disputa. El 24 de julio, la Segunda Sala Constitucional concedió el recurso de la empresa y elevó el expediente al Tribunal Constitucional.
Más allá del proceso judicial, el caso pone en primer plano una cuestión que transciende a Perú: cómo los Estados latinoamericanos preservan el control soberano sobre infraestructura estratégica a medida que empresas chinas, incluidas grandes compañías estatales, amplían su presencia en puertos y otros sectores críticos de la región.

Control estatal frente a una empresa china
Evan Ellis, profesor investigador de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los EE. UU., considera que el caso revela un problema de fondo. “El problema no es la capacidad de COSCO para desafiar a la autoridad portuaria, sino su capacidad, al menos inicialmente, de obtener un fallo que excluyera la capacidad del Estado peruano de brindar la supervisión necesaria sobre las operaciones portuarias”, señaló a Diálogo.
La supervisión estatal en Chancay no depende de una sola institución. Mientras OSITRAN ejerce las competencias regulatorias que le asigna la ley, otras entidades peruanas mantienen responsabilidades sobre seguridad portuaria, control aduanero, lucha contra el narcotráfico y otras funciones soberanas dentro del terminal.
La Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y otras entidades mantienen presencia y competencias de control y fiscalización en Chancay.
Perú también ha reforzado su capacidad propia para controlar la carga que pasa por el terminal. En junio, SUNAT puso en funcionamiento dos escáneres de contenedores de alta tecnología donados por los Estados Unidos. Los equipos permiten inspeccionar mercancías sin abrir físicamente los contenedores y buscan fortalecer la seguridad de la cadena logística y el control aduanero.
La importancia de conservar esas capacidades quedó de manifiesto el 15 de agosto, cuando SUNAT y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil incautaron en Chancay 2,5 toneladas de nitrato de amonio procedente de Rusia. El insumo fiscalizado puede utilizarse para fabricar explosivos, y las autoridades iniciaron investigaciones para determinar su trazabilidad logística y destino final.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado la importancia de contar con reguladores independientes y capaces de hacer cumplir las normas. En su revisión de la política regulatoria de Perú de 2026, señaló que OSITRAN y otros reguladores económicos del país cuentan con estructuras de gobernanza alineadas con los principios de la organización, aunque identificó como prioridades fortalecer su autonomía, la fiscalización basada en datos y la coordinación institucional.
El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay respaldó la supervisión estatal en declaraciones recogidas por Infobae el 21 de agosto. Sostuvo que las empresas extranjeras deben respetar las normas nacionales. “China debería sopesar de manera inmediata esta situación y no recurrir a estos mecanismos leguleyos”, afirmó.
Ellis advirtió que la supervisión exige “capacidad institucional para realizar una evaluación técnica del contrato”, además de transparencia y una relativa ausencia de corrupción. “Las empresas chinas con frecuencia aprovechan la complejidad contractual y los beneficios personales que pueden derivar en corrupción para asegurar ventajas”, afirmó.
Panamá y Chile reflejan un giro frente al avance chino
Chancay no es un caso aislado. En distintos puntos de Latinoamérica, gobiernos e instituciones estatales han revisado acuerdos, reforzado controles o revertido decisiones relacionadas con la creciente presencia china en infraestructura estratégica. Aunque cada caso responde a circunstancias jurídicas diferentes, Panamá y Chile muestran cómo los Estados de la región están sometiendo esa presencia a un mayor escrutinio cuando entran en juego la soberanía, la seguridad y el control de activos críticos.
En enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como sus adendas y prórrogas. Ambas terminales, situadas en extremos opuestos del Canal de Panamá, eran operadas por Panamá Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong. El tribunal concluyó que el acuerdo vulneraba disposiciones constitucionales, mientras que analistas interpretaron la decisión como un revés para la influencia china en infraestructura estratégica del hemisferio.
La decisión no quedó únicamente en el plano judicial. La Autoridad Marítima de Panamá inició el proceso para ejecutar el fallo y asegurar la continuidad de las operaciones portuarias bajo el control del Estado. En marzo, la entidad afirmó que la sentencia era definitiva y de obligatorio cumplimiento y rechazó cuestionamientos de Panamá Ports Company y Hutchison sobre la transición.
Chile enfrentó ese mismo año otra controversia relacionada con infraestructura crítica y China. En enero, el Gobierno chileno aprobó una concesión para que China Mobile instalara, operara y explotara un cable submarino de fibra óptica entre Hong Kong y Concón, en la región de Valparaíso. Dos días después, el Gobierno dejó sin efecto la concesión en medio de preocupaciones sobre los riesgos de seguridad asociados al proyecto.
Los casos son distintos, pero apuntan a un mayor escrutinio regional sobre las condiciones bajo las cuales actores vinculados a China acceden y operan infraestructura estratégica. Puertos, telecomunicaciones y otras redes críticas no son únicamente activos comerciales: también concentran información, tecnología, cadenas logísticas y capacidades esenciales para el funcionamiento y la seguridad de los Estados.
Ese escrutinio adquiere mayor relevancia a medida que empresas estatales chinas amplían su presencia en sectores estratégicos. Análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) han señalado a Chancay y a los puertos próximos al Canal de Panamá entre los principales focos de atención relacionados con la expansión portuaria china en la región, y han advertido sobre la creciente participación de empresas estatales chinas en la adquisición y operación de terminales.
Transparencia y capacidad institucional
La operación continua de Chancay plantea riesgos distintos a los de su construcción. Ellis señaló que el control físico de un puerto puede otorgar “un enorme apalancamiento y la capacidad potencial de recopilar información”, lo que “crea riesgos graves y continuos”. Advirtió además que, una vez instalada una empresa, “se vuelve mucho más difícil presionar para desinstalarla”.
Frente a esos riesgos, Ellis identificó tres áreas que Perú y otros gobiernos latinoamericanos deben fortalecer: transparencia, capacidad institucional y relativa ausencia de corrupción. Estas capacidades permiten evaluar contratos con rigor técnico, hacer cumplir las leyes nacionales y conservar margen de maniobra frente a la creciente presencia de empresas chinas en sectores estratégicos.
El especialista subrayó la importancia de mantener abiertas las opciones y contar con “una gama de socios diferentes para tomar decisiones soberanas efectivas”. A su juicio, los gobiernos deben mirar más allá del resultado financiero y buscar “la mayor perspectiva de salud a largo plazo, soberanía y bienestar para el Estado que firma ese acuerdo”.
El caso de Chancay muestra que la capacidad de un Estado para limitar la influencia que una empresa estatal china puede ejercer a través de infraestructura estratégica no termina cuando concluye la construcción o comienza la operación comercial. Requiere autoridades nacionales con atribuciones claras, acceso al terminal, capacidad independiente de inspección y mecanismos efectivos para hacer cumplir las normas nacionales.
Chancay, junto con las decisiones adoptadas en Panamá y el mayor escrutinio sobre infraestructura digital vinculada a China en Chile, refleja una tendencia regional hacia un control más estricto de la participación china en sectores críticos. Estos casos muestran las herramientas con las que cuentan los Estados para proteger su autonomía: regulación efectiva, transparencia contractual, capacidad propia de inspección y seguridad, y diversificación de socios.
La experiencia peruana ofrece una lección más amplia para la región: la inversión de una empresa estatal china en infraestructura estratégica no elimina la autoridad del país anfitrión sobre ese activo. Mantener instituciones capaces de imponer las reglas nacionales y conservar capacidades propias de supervisión y seguridad permite a los Estados preservar el control soberano sobre infraestructura esencial para sus intereses económicos y estratégicos.