El crimen organizado brasileño está ampliando su campo de operaciones del territorio físico al ciberespacio. Organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) están incorporando herramientas y métodos digitales a sus estructuras criminales, aprovechando sus redes, recursos financieros y capacidad logística para diversificar sus actividades y penetrar en la economía ilícita digital. Al tráfico de drogas, las extorsiones y el lavado de dinero se suman así el phishing, el fraude bancario, el robo de identidad y las estafas mediante Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil. Según el informe El Estado de las Estafas en Brasil 2026, de la Alianza Global contra las Estafas (GASA), entre marzo de 2025 y febrero de 2026 los brasileños estuvieron expuestos a 34 500 millones de intentos de estafa, un promedio de 201,6 por adulto, con pérdidas estimadas en unos USD 4000 millones.
“En el tráfico de drogas existe toda una cadena física: producción, transporte, fronteras, almacenamiento, distribución, disputas territoriales y una exposición constante a incautaciones y enfrentamientos. En el entorno digital, un delincuente puede alcanzar simultáneamente a miles de víctimas, en diferentes estados o países, sin necesidad de estar físicamente cerca de ellas” explica a Diálogo Flávio Diniz, presidente y director del Centro de Inteligencia del Instituto Nacional de Combate al Cybercrimen (INCC).
La transformación ya tiene también una dimensión internacional. Según The Exodus Road Brasil, la filial brasileña de una reconocida organización no gubernamental internacional dedicada a combatir la trata de personas, víctimas liberadas de un complejo dedicado a cometer estafas en Camboya denunciaron trabajo forzoso, amenazas de tortura e intimidaciones por parte de individuos que según sus testimonios estarían vinculados al PCC.
Para las fuerzas de seguridad, esta expansión hacia el crimen digital multiplica la complejidad de las operaciones de combate al delito. Una operación puede ser planificada en un país, ejecutada físicamente en otro y afectar a víctimas en muchos otros, mientras los ingresos pueden atravesar sistemas de pagos digitales y circuitos financieros paralelos antes de ser lavados. La respuesta debe, por tanto, integrar inteligencia financiera y cibernética, junto con un intercambio internacional de datos más rápido, para identificar a los responsables, reconstruir las redes criminales y congelar los ingresos ilícitos antes de que sean dispersados u ocultados.
La industria de las estafas
Según la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), las estafas digitales generan cientos de miles de millones de dólares al año para organizaciones criminales de todo el mundo. Los llamados scam centers, o centros especializados en estafas digitales, proliferan especialmente en Asia y África y operan como auténticas empresas criminales, capaces de ejecutar fraudes a escala global y trasladar rápidamente operadores, tecnologías y flujos financieros entre distintas jurisdicciones.
En julio, INTERPOL divulgó los resultados de la Operación First Light 2026, durante la cual las autoridades arrestaron a 82 personas y desmantelaron en Eswatini, África, un centro de llamadas dedicado a las estafas. En su interior se había reconstruido una falsa comisaría de la Policía Federal brasileña para engañar a víctimas en Brasil, un modus operandi similar al descubierto en marzo en Camboya, donde un casino era utilizado como fachada para operar un centro de estafas en línea.
“Es precisamente este modelo operativo el que atrae al crimen organizado nacional, porque lleva consigo el mismo ADN de las facciones”, explica a Diálogo Victor Alfa, experto brasileño en seguridad y crimen digital. Se trata de “un modelo de negocio altamente escalable, gestionable desde cualquier lugar del mundo”, que “se conecta fácilmente con la red financiera paralela que los grupos criminales ya han construido utilizando las fintech”.
Formas cada vez más estructuradas de fraude organizado también están surgiendo en Brasil, donde las redes criminales pueden aprovechar un amplio universo de víctimas, sistemas de pagos digitales y datos personales obtenidos ilegalmente. En San Pablo, en enero de 2026, la operación Título Sombrio de la Policía Civil descubrió en el corazón financiero de la ciudad un centro de llamadas dedicado a las estafas, con 400 computadoras y alrededor de un centenar de empleados. Según la policía, los criminales utilizaban datos obtenidos ilegalmente para contactar principalmente a personas mayores, prometiéndoles recuperar supuestos créditos y convenciéndolas de realizar pagos mediante Pix.
“El verdadero problema reside en el ecosistema: la combinación de datos expuestos, transferencias irreversibles y la sensación de impunidad. El eslabón más débil termina siendo la persuasión humana, no la tecnología”, afirma Alfa.
IA y criptomonedas
La inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas están reforzando la arquitectura del ciberdelito también en Brasil. Mientras la IA aumenta la capacidad de identificar y manipular a las víctimas, las criptomonedas facilitan la transferencia y el ocultamiento de los ingresos. Esta combinación reduce las barreras de entrada al ciberdelito y, al mismo tiempo, aumenta su rentabilidad y alcance.
Si en el pasado, sin IA, los ataques sofisticados de ciberdelincuencia requerían conocimientos técnicos específicos, hoy muchas de estas capacidades pueden ser automatizadas o adquiridas como servicios, permitiendo a los delincuentes concentrarse en la explotación de las víctimas y en la monetización de los ataques.
“La IA es un multiplicador de la capacidad criminal que reduce el nivel técnico necesario para ingresar al mercado del ciberdelito”, dijo Diniz. “El criminal no tiene necesariamente que ser programador. Puede utilizar herramientas desarrolladas por terceros”, agregó.
En el ecosistema del fraude, la IA interviene en la fase de captación de la víctima: la clonación de voz, los deepfakes y los anuncios altamente verosímiles permiten crear trampas personalizadas a gran escala. “Las estafas han dejado de concentrarse en mensajes con errores gramaticales y pueden utilizar el nombre, los hábitos y la información personal de las víctimas”, señala Alfa.
Las criptomonedas, en cambio, intervienen en la fase de ocultamiento del patrimonio. El dinero, a menudo sustraído inicialmente mediante Pix, puede convertirse en criptomonedas y transferirse a través de distintas blockchains, billeteras y plataformas digitales, pasando por múltiples transacciones y jurisdicciones. Una vez introducidos en el mismo circuito de lavado, ingresos provenientes de diferentes actividades criminales pueden mezclarse, lo que dificulta establecer si una determinada suma procede del narcotráfico, del ciberdelito o de otras actividades ilícitas.
Así lo demuestra la Operación Exchange, que en julio apuntó contra una organización vinculada al PCC y acusada de lavar dinero mediante criptomonedas y otros mecanismos financieros. Según las autoridades, el grupo habría movilizado más de USD 1943,82 millones mediantes criptoactivos, transporte en efectivo, operaciones bancarias y transferencias entre personas y empresas.
El crime-as-a-service
La dark web añade otro nivel de complejidad a través del llamado crime-as-a-service, es decir, un mercado en el que datos robados, credenciales y accesos se venden mediante foros y canales cifrados en línea. Para grupos con capital, rede logísticas y estructuras de lavado de dinero, esto permite integrar el ciberdelito en las estructuras criminales ya existentes sin necesidad de desarrollar internamente todas las capacidades técnicas.
“El mercado del ciberdelito funciona de manera modular, donde unos grupos compran herramientas ya preparadas, como bases de datos robadas, kits para clonar sitios web y cuentas a nombre de testaferros”, afirma Alfa. Según el experto la facción aporta únicamente aquello que ya domina: capital, logística para el lavado de dinero y capilaridad. “La monetización distribuida entre miles de víctimas dificulta el rastreo de los casos individuales y genera ingresos altamente resistentes a la represión policial”.
En Brasil ya existen señales concretas de este mercado. En agosto de 2026, la Policía Federal llevó a cabo la Operación Watchdog contra una persona acusada de alojar y distribuir infostealers, es decir, programas diseñados para sustraer contraseñas, credenciales y datos financieros.
El riesgo que surge de la convergencia entre especialistas informáticos y grupos criminales brasileños es “la mercantilización de la capacidad ofensiva”.
“El criminal termina comprando el ciberdelito como una empresa compra un software”, afirma Diniz. La dark web reduce así la barrera de entrada al ciberdelito y permite a las organizaciones criminales comprar capacidades en lugar de desarrollarlas. De este modo, para las fuerzas de seguridad resulta cada vez más difícil reconstruir la cadena que conecta a quienes desarrollan las herramientas, ejecutan los fraudes y blanquean los ingresos ilícitos.
Combatir el crimen a la velocidad de Internet
Ante un delito digital transnacional, la prioridad, según los expertos, no es solamente identificar a los operadores, sino interrumpir los flujos financieros que sostienen toda la arquitectura criminal. El Mecanismo Especial de Devolución del Banco Central de Brasil permite solicitar, a través de las instituciones financieras, el bloqueo de fondos relacionados con un fraude para su análisis y eventual devolución, mientras que el sistema I-GRIP de INTERPOL permite a las autoridades coordinar el rastreo transnacional y el congelamiento de los ingresos ilícitos más allá de las fronteras.
“Es necesario ampliar los mecanismos rápidos de bloqueo y devolución (…)”, subraya Alfa, junto con controles más estrictos sobre las plataformas de criptomonedas. Pero el problema central es la velocidad. “El dinero digital atraviesa las fronteras en fracciones de segundo, mientras las investigaciones avanzan de manera burocrática y están limitadas por las jurisdicciones físicas”, afirma.
La respuesta debe, por tanto, pasar de la reacción a la anticipación, integrando a la policía, los organismos de inteligencia financiera, las autoridades reguladoras y la cooperación internacional. El objetivo es detectar rápidamente anomalías, conectar transacciones aparentemente separadas y neutralizar los nodos financieros antes de que los ingresos se oculten.
“La amenaza ya no está representada por delincuentes aislados, sino por un ecosistema criminal en el que distintas organizaciones compran, venden y comparten capacidades”, concluye Diniz.
