A medida que las empresas chinas amplían su participación en la infraestructura que transporta las comunicaciones digitales globales, Estados Unidos apoya alternativas para Centroamérica y el Caribe destinadas a reducir la dependencia de proveedores no confiables para infraestructura digital crítica. Washington prevé destinar cerca de USD 176 millones a reemplazar infraestructura de telecomunicaciones envejecida, incluidos cables submarinos en Centroamérica y el Caribe, según Associated Press. La inversión prevista respaldaría alternativas estadounidenses y de otros proveedores confiables, en medio de una creciente preocupación sobre quién construye, subministra y mantiene las redes que transportan las comunicaciones digitales de la región.
“Los cables submarinos deben considerarse infraestructura crítica para la seguridad nacional. Su importancia trasciende la conectividad a Internet”, explicó a Diálogo Víctor Ruiz, fundador en México de la empresa de ciberseguridad SILIKN. “El impacto sería particularmente elevado en países que dependen de pocos cables, estaciones de amarre o rutas concentradas, porque la pérdida de un enlace podría interrumpir de forma significativa las comunicaciones nacionales e internacionales”.
Por estas redes circula más del 99 por ciento del tráfico internacional de datos, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), y de ellas dependen las comunicaciones, las operaciones financieras y los servicios digitales. En julio de 2026, el Órgano Consultivo Internacional sobre Resiliencia de Cables Submarinos de la ITU y el Comité Internacional para la Protección de los Cables (ICPC) advirtió que la concentración geográfica, la dependencia de un número reducido de cables y las dificultades para realizar reparaciones pueden aumentar la vulnerabilidad de los países ante interrupciones. Entre sus recomendaciones figuran diversificar las rutas, fortalecer la redundancia y mejorar la coordinación entre gobiernos y la industria.
“Nuestra tarea ahora es clara: convertir la cooperación en resiliencia duradera para la infraestructura que mantiene al mundo conectado”, declaró Sandra Maximiano, copresidenta del Órgano Consultivo Internacional de la ITU, quien sostuvo que el legado del organismo se medirá por la resiliencia que sus recomendaciones construyan en las próximas décadas.
Pekín amplia alcance digital
Reuters reveló en abril de 2023 que China Telecom, China Mobile y China Unicom desarrollaban un proyecto de aproximadamente USD 500 millones para conectar Asia, Oriente Medio y Europa. HMN Technologies, cuya empresa predecesora fue propiedad mayoritaria de Huawei y que posteriormente pasó a ser controlada por Hengtong Optic-Electric, fabricaría e instalaría el cable con subsidios estatales.
Esa arquitectura industrial avanza en paralelo a operaciones de ciberespionaje vinculadas a China. Actores patrocinados por Pekín han dirigido campañas contra gobiernos, empresas de telecomunicaciones, proveedores de Internet y sectores de defensa en Latinoamérica y otras regiones. En 2026, la empresa estadounidense de ciberseguridad e inteligencia de amenazas Recorded Future identificó actividad de grupos vinculados a China contra entidades en México, Argentina y Chile, entre otros países de la región. Una alerta conjunta de organismos de ciberseguridad publicada en 2025 advirtió además que estos actores comprometen equipos y redes de telecomunicaciones para mantener acceso prolongado, interceptar tráfico y obtener datos de usuarios, credenciales y configuraciones de red, información que puede facilitar a los servicios de inteligencia chinos el seguimiento de comunicaciones y objetivos en otros países.
“Cuando participan empresas sujetas a la jurisdicción o influencia del Gobierno chino, resulta clave analizar qué capacidad de acceso, administración, mantenimiento o intervención conservan sobre la infraestructura, así como las obligaciones legales y los vínculos corporativos que condicionan su operación”, añadió Ruiz. “Entre los principales riesgos figuran la dependencia de proveedores de segundo y tercer nivel, la falta de trazabilidad de componentes críticos, el acceso privilegiado a sistemas de gestión, las actualizaciones de software y firmware, las credenciales de mantenimiento y la posibilidad de introducir modificaciones difíciles de detectar”.
Mantenimiento, puerta al espionaje
La vulnerabilidad no se concentra únicamente en el cable, sino también en los sistemas y empresas que lo administran y reparan. The Wall Street Journal informó en 2024 que funcionarios estadounidenses habían advertido a empresas de telecomunicaciones sobre riesgos relacionados con buques chinos de reparación de cable submarinos. Las alertas incluían interrupciones en el rastreo de embarcaciones de S. B. Submarine Systems, controlada mayoritariamente por China Telecom; que generaron preocupación sobre la seguridad de los datos comerciales y militares que circulan por esas redes.
“Las superficies de mayor sensibilidad se encuentran en los sistemas de administración, monitorización, software, firmware y mecanismos de mantenimiento remoto, porque estos componentes pueden proporcionar acceso privilegiado sin comprometer físicamente el cable”, subrayó Ruiz. “El mantenimiento constituye un punto especialmente delicado porque requiere acceso legítimo a sistemas e infraestructura, lo que dificulta diferenciar una actividad autorizada de una acción maliciosa”.
El Caribe ya ofrece un ejemplo de cómo esos riesgos pueden influir en decisiones sobre infraestructura crítica. En noviembre de 2022, el comité estadounidense Team Telecom recomendó rechazar una conexión del sistema ARCOS-1 con Cuba por considerar que planteaba riesgos de seguridad nacional y contrainteligencia. El Departamento de Justicia señaló que la estatal cubana ETECSA habría controlado la estación de amarre en Cuba y podría haber tenido acceso a información sensible que transitara por el sistema. Las autoridades estadounidenses también expresaron preocupación por los vínculos del Gobierno cubano con China y Rusia y la posibilidad de que información obtenida fuera compartida con esos países.
Los riesgos para los cables también incluyen daños físicos deliberados. Un informe de Recorded Future identificó nueve incidentes alrededor de Taiwán y en el mar Báltico durante 2024 y 2025. Cuatro involucraron embarcaciones vinculadas con China o Rusia que presentaban estructuras de propiedad opacas o realizaron maniobras sospechosas cerca de los cables dañados.
Proveedores confiables, infraestructura segura
En comentarios presentados ante la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. en agosto de 2026, expertos de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) advirtieron que la infraestructura submarina debe protegerse no solo en su hardware, sino también frente al acceso persistente mediante sistemas de gestión, proveedores de servicios y otras relaciones de confianza. Para los países que modernizan sus redes, ello amplía la evaluación de seguridad más allá de quién fabrica o instala el cable y obliga a considerar quién podrá administrarlo, actualizarlo y mantenerlo durante su vida útil.
La Declaración de Nueva York sobre seguridad de cables submarinos, impulsada por los Estados Unidos en septiembre de 2024 y respaldada por el Reino Unido, la Unión Europea y otros países, establece principios para proteger esa infraestructura. Entre ellos figuran la selección de proveedores seguros y confiables, la transparencia sobre propiedad y operaciones, la prevención de daños, la colaboración entre gobiernos y empresas y el fortalecimiento de rutas alternativas.
Para Centroamérica y el Caribe, esas decisiones tienen implicaciones que van más allá del costo inicial de un proyecto. En julio, un funcionario del Departamento de Estado, que habló con Associated Press bajo condiciones de anonimato, dijo que algunas ofertas chinas pueden parecer inicialmente menos costosas, pero terminar encareciéndose por sobrecostos, cargos de mantenimiento poco transparentes y problemas de desempeño. La dependencia de un proveedor durante la instalación, operación y mantenimiento también puede reducir las opciones disponibles para un país durante las décadas de funcionamiento de la infraestructura.
La decisión de proveedores, por tanto, excede el terreno comercial y plantea cuestiones de soberanía operativa. Contratos que no establezcan controles adecuados sobre componentes, sistemas de gestión, actualizaciones y credenciales de mantenimiento pueden crear accesos privilegiados a infraestructura que transporta comunicaciones gubernamentales, financieras y de seguridad.
La inversión estadounidense prevista ofrece a los países de Centroamérica y el Caribe una alternativa frente a una mayor dependencia de proveedores vinculados a China en infraestructura que permanecerá en servicio durante décadas. Limitar esa dependencia, verificar proveedores y mantener el control sobre quién puede acceder, actualizar y reparar estos sistemas reduce el riesgo de un posible acceso chino a redes que transportan comunicaciones gubernamentales, financieras y de seguridad. A medida que la región moderniza sus cables submarinos, elegir infraestructura y proveedores confiables será también una decisión estratégica: evitar que Pekín amplíe su influencia sobre sistemas esenciales para la seguridad y la soberanía de los países de la región.
