La minería ilegal de oro ya integra redes de extracción, logística, comercialización y financiamiento vinculadas al crimen organizado en Ecuador. Las autoridades responden con operaciones contra la infraestructura, investigaciones judiciales, seguimiento financiero y cooperación regional para atacar no solo los sitios de extracción, sino también las redes que abastecen, transportan y comercializan el mineral.
Un reporte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) ubica a la minería ilegal como el segundo mercado ilícito más lucrativo del país, tras el narcotráfico, con ganancias estimadas en cerca de USD 1300 millones anuales. El documento identifica la presencia de organizaciones criminales en zonas de extracción y en otros eslabones de la cadena del oro.
Daniel Potón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN, dijo a Diálogo que “la minería ilegal es una actividad extremadamente estratégica para la proliferación, el crecimiento y la reproducción de estructuras criminales”. La define como un “sistema criminal” en el que las organizaciones delictivas pueden aprovechar la informalidad para establecer mecanismos de control.
Esta economía creció principalmente desde 2020. El PADF identifica enclaves de extracción, refinamiento, logística y distribución en Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, Azuay y El Oro, lo que evidencia la extensión de estas redes desde la Amazonía hasta el sur del país.
“Cada vez es una actividad más autónoma”, afirmó Potón. Para él, la rentabilidad le permite desarrollar una dinámica propia y conectarse con el lavado de activos, la compra de armas y otras actividades criminales.
El PADF advierte que las disputas por territorios mineros se asemejan a las del narcotráfico y relaciona esta expansión con el aumento de la criminalidad en zonas de la Amazonía, donde algunas provincias registran incrementos de homicidios y denuncias por extorsión.
La cadena criminal
La expansión minera generó redes propias de abastecimiento. En abril, la Policía Nacional desarticuló una estructura dedicada al tráfico ilícito de explosivos mediante una operación simultánea en Imbabura, Carchi, Loja y El Oro. Según la Policía, el material ingresaba clandestinamente desde Perú, era almacenado en El Oro y posteriormente distribuido hacia otras provincias para abastecer actividades de minería ilegal.
Un mes después, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú atacaron otra presunta estructura transnacional dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos. La operación se desarrolló en siete provincias ecuatorianas y dejó 23 detenidos. Las investigaciones identificaron una ruta que atravesaba Ecuador desde la frontera con Perú hacia el límite con Colombia, mostrando cómo los insumos utilizados por las economías ilícitas circulan a través de redes que trascienden las zonas mineras.
Las armas forman parte del mismo engranaje. En julio, las autoridades capturaron en Santa Rosa, El Oro, a alias Gordo, presunto integrante de Los Lobos y proveedor de armamento para esta organización. La Policía lo vinculó con el almacenamiento y traslado de armas desde Piñas, Portovelo y Zaruma hacia El Guayabo y con actividades relacionadas a la minería ilegal, extorsión, robo y muertes violentas.
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) señala que Los Lobos, además del narcotráfico, participan en distintos eslabones de la cadena del oro, incluido el traslado del mineral hacia plantas procesadoras de Portovelo y Zaruma y su posterior movimiento hacia Guayaquil para la exportación.
El procesamiento y la comercialización son puntos críticos de esa cadena. Plantas de beneficio en el sur del país reciben material procedente de distintas zonas de Ecuador y, según investigaciones de GI-TOC, también de Perú. La informalidad y las deficiencias de trazabilidad pueden facilitar que oro de origen ilegal ingrese a circuitos comerciales formales, dificultando determinar su procedencia una vez procesado y vendido.
Para Potón, la extracción es solo una parte del negocio. “La comercialización es lo más rentable ahora”, afirmó. Y agregó: “La minería ilegal es un excelente mecanismo para lavar activos. Permite transformar recursos de origen ilegal y reproducirlos mediante la renta ilícita. Ese esquema de comercialización no involucra solamente a actores ilícitos”.
Presión operativa
Entre enero y agosto de 2026, las Fuerzas Armadas destruyeron 1101 campamentos y 1680 bocaminas, y dejaron fuera de operación 520 clasificadoras, 568 retroexcavadoras y 297 dragas, según datos del Ministerio de Defensa Nacional. Las operaciones también permitieron recuperar más de 53 000 sacos de material aurífero.
Las cifras reflejan la escala de la presión militar sobre la infraestructura utilizada por la minería ilegal, pero también el desafío de impedir que las organizaciones criminales repongan maquinaria y trasladen sus operaciones.
Potón advierte que el impacto depende de la capacidad criminal para reconstruirse. “Usted destruye una maquinaria, la confisca; pero mañana aparecerán cinco más en otros lugares”, señaló. “Si no se golpea ese esquema de comercialización, el efecto será limitado. Si esta actividad no se mira de manera más sistémica, va a ser poco lo que se pueda hacer”.
Esa respuesta más amplia incorpora herramientas judiciales y financieras. En marzo, la Fiscalía General procesó a 60 personas por presunta actividad ilícita de recursos mineros en un caso relacionado con operaciones detectadas en 2022 en Yutzupino, Napo. La investigación incorporó sobrevuelos con drones y otros 72 elementos de convicción, mientras la Fiscalía solicitó medidas sobre la maquinaria vinculada al caso.
En julio, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas aportó información especializada a una investigación sobre una presunta estructura de lavado de activos relacionada con minería ilegal y Los Lobos. El análisis permitió identificar movimientos financieros y operaciones sospechosas vinculadas con personas investigadas, entre ellas un presunto financista de actividades asociadas con la organización criminal.
El seguimiento financiero amplía así el campo de acción más allá del lugar de extracción. La identificación de financistas, compradores, procesadores, transportistas y otros actores de la cadena puede ayudar a las autoridades a localizar recursos, conexiones y movimientos que permanecen activos aun después de la destrucción de un campamento minero.
Cooperación regional
El carácter transfronterizo de estas redes también impulsa una mayor coordinación regional. Ecuador y Perú han fortalecido durante 2026 su agenda bilateral en seguridad y defensa, incluida la lucha contra la minería ilegal y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional. En julio, Ecuador también encabezó en Quito una reunión de la Comunidad Andina en la que propuso priorizar la minería ilegal y el tráfico ilícito de armas dentro de la respuesta regional contra el crimen organizado.
En septiembre, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos reunió en Cusco a unidades especializadas de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Brasil para fortalecer la investigación del crimen organizado transnacional. El encuentro incluyó intercambio de información y capacitación en herramientas para investigar lavado de activos, criptomonedas, evidencia digital y movimientos transfronterizos, capacidades aplicables a las redes criminales que operan alrededor de economías ilícitas como la minería ilegal.
Un convenio de 2023 entre HSI y la Policía Nacional del Perú creó la División de Investigaciones de Delitos Transnacionales, fortaleciendo las capacidades para desarrollar investigaciones conjuntas y compartir inteligencia frente a organizaciones que operan a través de las fronteras.
Para Potón, profundizar esa inteligencia es esencial para comprender la estructura completa del fenómeno. Parte de la información disponible, sostiene, todavía puede construirse sobre supuestos. “Se requiere una información más profunda de qué hacer y cómo hacerlo”, afirmó, lo que exige un modelo de inteligencia capaz de entender cómo se organiza el problema.
En la frontera con Colombia, la cooperación también incorpora a las fuerzas militares. Autoridades de defensa de Ecuador y Colombia avanzaron en agosto en la coordinación de una posible base binacional para reforzar la respuesta frente al narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos transnacionales. Las conversaciones coincidieron con reuniones de altos mandos de ambos países con el General del Cuerpo de Infantería de los EE. UU. Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), orientadas a fortalecer la cooperación frente a amenazas transfronterizas.
La combinación de operaciones militares, investigaciones policiales y fiscales, inteligencia financiera y cooperación internacional amplía las herramientas disponibles para enfrentar una economía criminal que conecta zonas de extracción con rutas de abastecimiento, plantas de procesamiento, redes financieras y mercados de exportación.
Para las fuerzas de seguridad, seguir esas conexiones permite identificar no solo dónde se extrae ilegalmente el oro, sino también quién proporciona los explosivos y las armas, quién financia las operaciones, quién transporta y procesa el mineral y cómo las ganancias regresan a las organizaciones criminales. Esa visión de la cadena completa abre más puntos de intervención para las autoridades y fortalece la capacidad de Ecuador y sus socios regionales para desarticular las redes que sostienen la minería ilegal y reducir los recursos que alimentan al crimen organizado transnacional.
