Ecuador intensifica el rastreo de transferencias, empresas, propiedades y otros activos vinculados con presuntas estructuras criminales. Los casos investigados en 2026 muestran una estrategia que busca ir más allá de las capturas: reconstruir el recorrido del dinero, identificar las redes empresariales que lo movilizan y actuar sobre los bienes que sostienen las operaciones ilícitas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera la recuperación de activos una prioridad operativa. Las investigaciones financieras permiten identificar activos, operaciones y personas vinculadas con actividades criminales, además de descubrir nuevos sospechosos, delitos y pruebas. Congelar, incautar y finalmente decomisar esos recursos puede impedir que las ganancias ilícitas regresen al circuito criminal y sostengan nuevas operaciones.
Rastro financiero expone a estructuras criminales
Una investigación iniciada en 2025 ilustra el alcance de esa estrategia. La Fiscalía ecuatoriana abrió el caso tras recibir un reporte de operaciones inusuales sobre personas y empresas que presuntamente utilizaban compañías de transporte, alimentación y seguridad para introducir dinero ilícito en el sistema financiero.
La investigación derivó en el operativo Emporio Presidiario, ejecutado a mediados de marzo de 2026 en Guayas, Los Ríos y Pichincha. La Policía Nacional realizó 13 allanamientos y detuvo a 11 personas. Según las autoridades, un ciudadano extranjero lideraba la estructura mediante empresas familiares dedicadas al transporte, alimentación y seguridad privada, entre otras actividades.
Los investigadores también identificaron transferencias relacionadas con Corganpecsa, empresa vinculada a Inda Peñarrieta, pareja de Adolfo Macías, alias Fito, reportó Primicias. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identifica a Macías como líder de Los Choneros, organización terrorista ecuatoriana involucrada en narcotráfico y lavado de dinero.
El Ministerio del Interior ecuatoriano indicó que las operaciones investigadas abarcaron un período de ocho años y que la estructura había movilizado aproximadamente USD 1700 millones dentro del sistema financiero ecuatoriano. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el operativo como “probablemente el mayor golpe a la economía criminal de Los Choneros”.
Emporio Presidiario no es un caso aislado. En abril de 2026, un juez llamó a juicio a 19 personas y cinco empresas en el caso Comandos de la Frontera por el presunto lavado de cerca de USD 398 millones mediante compañías de transporte pesado, ganaderas y otras actividades. La investigación también se originó en un reporte de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De transacción sospechosa a red de activos
La información financiera permite partir de una operación y reconstruir relaciones más amplias. Según la UAFE, el 87 por ciento de los depósitos registrados en las cuentas del alcalde de Machala, provincia de El Oro, fueron en efectivo. Muchos ingresos fueron retirados el mismo día o al siguiente. El organismo también identificó relaciones financieras entre compañías y contratistas municipales.
“La inteligencia financiera criminal es una especificidad de la inteligencia económica orientada a la persecución penal. Busca el análisis, la persecución y la elaboración de pruebas para sustentar un proceso penal”, explicó a Diálogo Edgardo Glavinich, director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent, un centro de estudios latinoamericano especializado en seguridad, inteligencia y gobernanza estratégica.
Seguir el dinero también permite localizar bienes adquiridos con recursos de presunto origen ilícito. En mayo de 2026, un juez llamó a juicio a una persona y a PezyMar Export S.A.S. por presunto lavado de activos y ratificó el congelamiento e inmovilización de USD 66 millones en cuentas bancarias. También mantuvo restricciones sobre bienes y la suspensión e intervención de la compañía.
La Fiscalía presentó informes de la UAFE, reportes tributarios, contratos de compraventa de inmuebles, registros de vehículos y pericias financieras, contables y societarias. El expediente señala que aproximadamente USD 13 millones habrían ingresado al sistema financiero entre 2021 y 2024 mediante esa empresa dedicada a exportar productos del mar.
“Los flujos provenientes de los mercados criminales pueden ingresar a la economía formal. Se utilizan fideicomisos y otras herramientas financieras”, explicó Glavinich. Una vez adquirida una propiedad con esos recursos, agregó, el activo pasa a formar parte de la economía formal.
Del dinero a la capacidad operativa
Las ganancias permiten a las organizaciones criminales sostener operaciones, ampliar redes y penetrar actividades legales. Por ello, el GAFI considera la recuperación de activos parte integral de las investigaciones financieras y sostiene que privar a esas estructuras de sus recursos puede interrumpir y disuadir sus operaciones.
El desafío trasciende el narcotráfico. “Lo que falta es un análisis suficiente de las actividades: lavado de activos, tráfico de personas, tráfico de flora, fauna y minería ilegal, entre otras”, señaló Glavinich. “Perseguimos el lavado de dinero y los activos financieros de las organizaciones criminales, pero no los prevenimos. Un sistema maduro y ampliado de inteligencia económica debería generar alertas cuando se produce una inyección de fondos cuyo origen no puede determinarse”.
En mayo de 2025, el GAFI, INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtieron que fortalecer la recuperación de activos limitaría la capacidad para expandirse a los grupos criminales y terroristas. Las organizaciones también reclamaron investigaciones financieras más específicas y mayor cooperación internacional para rastrear recursos ilícitos.
La cooperación extiende el rastreo más allá de las fronteras
La velocidad con que circula el dinero obliga a ampliar las investigaciones fuera de las fronteras nacionales. En mayo, Ecuador, Colombia y Perú realizaron controles simultáneos en aeropuertos y pasos fronterizos para detectar traslados de efectivo e intercambiar información sobre patrones y movimientos de capitales, según la UAFE. El operativo permitió además compartir información sobre tendencias, técnicas de perfilamiento y tipologías asociadas al movimiento transfronterizo de capitales.
“Las organizaciones criminales no están mirando la frontera; están mirando los marcos normativos y los niveles de castigo. Si un Estado endurece sus controles, pueden trasladar sus operaciones a otro país”, advirtió Glavinich. Sin cooperación, añadió, resulta difícil seguir estructuras cuyos flujos financieros “se mueven con un clic”.
Ecuador reforzó esa cooperación en marzo con la apertura de la primera oficina permanente del FBI en el país, destinada a facilitar el intercambio de inteligencia y coordinar investigaciones con la Policía Nacional. La oficina apoya casos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y financiamiento del terrorismo.
El 20 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 15 objetivos radicados en Ecuador y bloqueó 10 embarcaciones vinculadas con una red de tráfico de cocaína asociada a Los Choneros y Los Lobos. Según el Tesoro, la estructura utilizaba empresas pesqueras como fachada y embarcaciones con base cerca de Manta para apoyar el traslado de cocaína por el Pacífico oriental.
El caso muestra cómo el rastreo financiero puede revelar no solo cuentas y compañías, sino también activos físicos e infraestructura logística vinculados con las operaciones de las organizaciones criminales.
La UAFE también intercambia información con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., lo que facilita el acceso a datos sobre cuentas, compañías y transacciones relacionadas con investigaciones financieras. Los Estados Unidos proporcionan además asistencia técnica y capacitación a funcionarios ecuatorianos.
El intercambio de inteligencia se integra a mecanismos más amplios de cooperación contra las estructuras criminales. Ecuador forma parte de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, creada en marzo de 2026 para ampliar la cooperación bilateral y multilateral frente al narcotráfico y otras amenazas compartidas. A finales de agosto, esa cooperación se tradujo en una operación coordinada entre Ecuador y los Estados Unidos contra una embarcación que, según el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), funcionaba como estación flotante de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental.
La combinación de inteligencia financiera, identificación de activos y acción operacional permite apuntar a distintos componentes de una misma red: desde compañías y cuentas hasta embarcaciones y nodos logísticos.
El desafío para Ecuador es convertir la inteligencia financiera en acciones sobre los recursos que sostienen las estructuras criminales. La cooperación con países de la región y socios como los Estados Unidos amplía esa capacidad frente a organizaciones cuyos activos y flujos financieros atraviesan fronteras. El análisis también deberá extenderse más allá del narcotráfico hacia mercados como la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de recursos naturales.
“Para lograr una interrupción sostenida de los capitales de las organizaciones criminales, el primer paso es contar con leyes de incautación y decomiso de bienes que permitan actuar sobre efectivo, propiedades, vehículos y activos financieros”, concluyó Glavinich.
