En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un campo de batalla crucial en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Si bien los titulares suelen centrarse en espectaculares redadas policiales y enfrentamientos violentos, se está librando una guerra más silenciosa, pero igualmente decisiva, contra la columna vertebral financiera de los grupos criminales.
El cambio de estrategia comenzó en enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el estado de “conflicto armado interno” y designó a 22 organizaciones criminales violentas como grupos terroristas. Esta declaración proporcionó la base jurídica esencial para utilizar las fuerzas militares y de seguridad en una campaña ofensiva contra las finanzas de las OCT.
Ecuador no solo está atacando la presencia física de grupos como los Comandos de la Frontera, una poderosa red criminal con raíces en los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino que también está desmantelando la intrincada red de lavado de dinero, inversiones inmobiliarias y flujos financieros ilícitos que sostienen a esos grupos.
“Ecuador limita con Perú y Colombia, donde operan estructuras del crimen organizado relacionados con el tráfico de cocaína y su comercialización principalmente a Europa”, señaló el analista de seguridad argentino Luis Somoza. “Ramificaciones de organizaciones narcoterroristas como las FARC buscan debilitar su sistema democrático”.
Golpe histórico a las finanzas delictivas
En septiembre de 2025, las autoridades ecuatorianas asestaron un golpe histórico a las finanzas de las OCT al llevar a cabo una operación histórica contra los Comandos de la Frontera. La incautación de 103 propiedades, valoradas por las autoridades en USD 313,9 millones, representa un gran triunfo para la inteligencia financiera. Esta operación, en la que participaron 600 agentes de policía y 98 funcionarios de la Fiscalía General, condujo a la detención de 10 personas y al enjuiciamiento de otras 26 por lavado de dinero.
El Ministerio del Interior detalló que los activos incautados incluían vastas fincas agrícolas, viviendas de lujo, negocios comerciales y tierras utilizadas para el lucrativo cultivo de aceite de palma, lo que demuestra la profunda penetración del grupo en la economía legal. Según informó el Ministerio del Interior, “entre los bienes incautados se encuentran dos fincas en Santo Domingo con una superficie total de 620 hectáreas y otra de 470 hectáreas en Esmeraldas, así como gasolinerías, almacenes y residencias de lujo”.
La operación también tuvo como objetivo a figuras clave: Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias Gerente, presunto comandante de los Comandos de la Frontera, fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025 y está a la espera de ser extraditado. Se descubrió que otra figura clave, Juan Carlos Chulca Chiliquinga, alias Chavalo, tenía más de USD 9 millones en ingresos no declarados, lo que pone de relieve la magnitud de la actividad ilícita coordinada a través de empresas familiares e inversiones inmobiliarias.
“La presencia de grupos criminales organizados en Ecuador ha demostrado su capacidad para infiltrarse en las estructuras sociales, políticas y económicas a través de la corrupción y la financiación ilícita”, añadió Somoza.
Más allá de las redadas: la estrategia en evolución de Ecuador
Esta operación es emblemática de la estrategia más amplia y a largo plazo de Ecuador para atacar las estructuras financieras del crimen organizado. Reconociendo que los grupos criminales prosperan no solo gracias a la violencia, sino también a su capacidad para blanquear e invertir ganancias ilícitas, Ecuador ha reforzado sus marcos legales e institucionales.
Leyes sólidas contra el lavado de dinero como la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento de Delitos, impone requisitos estrictos de información y cumplimiento a las instituciones financieras. Las reformas recientes permiten a las autoridades incautar activos incluso sin una condena penal.
Herramientas innovadoras y apoyo internacional
Ecuador está adoptando métodos innovadores para rastrear y desarticular las finanzas delictivas, utilizando sistemas automatizados e inteligencia artificial para monitorear el contenido digital y las redes sociales en busca de indicios de lavado de dinero y reclutamiento, enfocando las investigaciones en los puntos geográficos críticos donde se concentran las actividades financieras ilícitas.
Ecuador colabora con países vecinos y organizaciones internacionales para compartir inteligencia, llevar a cabo operaciones conjuntas y aprender de las mejores prácticas regionales en materia de decomiso de activos e investigaciones financieras.
La Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE), desempeña un papel central en la recopilación, el estudio y la difusión de inteligencia financiera. Los Estados Unidos han sido un socio clave, apoyando a Ecuador a través de capacitación especializada para funcionarios policiales y judiciales, y asistencia técnica para la UAFE. Además, en 2025, ambas naciones firmaron un nuevo acuerdo bilateral para mejorar el intercambio de información y las operaciones conjuntas contra las redes criminales transnacionales, lo que refleja un compromiso compartido para desmantelar la infraestructura financiera del crimen organizado.
Importancia de la desarticulación financiera
Los expertos coinciden en que atacar las redes financieras de las organizaciones criminales es esencial para debilitar su poder e influencia.
“Las autoridades ecuatorianas deben seguir incrementando el combate contra el lavado de dinero a fin de cortar el flujo de la financiación de sus actividades ilícitas”, dijo Somoza. “Las instituciones ecuatorianas como las fuerzas armadas, de seguridad, y de justicia, junto a la comunidad internacional, deben unir esfuerzos para superar esta crisis, trabajando en conjunto para desmantelar las redes criminales”.
Si bien la desestabilización financiera estructural requiere un enfoque diferente al de la aplicación táctica de la ley en el punto de venta, la combinación de incautaciones de activos, inteligencia financiera y marcos jurídicos sólidos es crucial para la desarticulación a largo plazo de las economías criminales. El enfoque de Ecuador es cada vez más holístico, ya que combina la persecución financiera con la policía tradicional, las reformas institucionales y la cooperación internacional.
Éxitos y determinación estratégica
La ofensiva sostenida de Ecuador demuestra la determinación estratégica de la nación de derrotar la base económica de las OCT. El éxito de la operación de septiembre de 2025 demuestra la eficacia de combinar la reforma legal, la inteligencia financiera y la cooperación internacional. Estas victorias ponen de relieve la voluntad política irreversible de desmantelar las economías delictivas, protegiendo la estabilidad de la región.
“La seguridad es una política de Estado y este Gobierno no tolerará que las economías delictivas se nutran en actividades ilícitas, independientemente de su procedencia”, destacó el ministro del Interior, John Reimberg. “Encontraremos y capturaremos a los delincuentes”.
La lucha de Ecuador contra las OCT ya no se limita a calles y fronteras, sino que se libra en salas de juntas, bancos y mercados inmobiliarios, donde se construyen y blanquean las fortunas delictivas. Al atacar el corazón financiero del crimen organizado, Ecuador está estableciendo un nuevo estándar para la región, demostrando que la batalla por la seguridad y el Estado de derecho debe librarse en todos los frentes: físico, financiero e institucional.
