La lucha contra el crimen organizado transnacional en Latinoamérica y el Caribe está entrando en una nueva etapa. Más allá de capturar cabecillas o decomisar drogas, los gobiernos concentran cada vez más sus esfuerzos en identificar, rastrear y desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales.
Ese cambio quedó reflejado en Guatemala con la entrada en vigor en septiembre de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La norma fortalece la capacidad del Estado para detectar operaciones sospechosas, rastrear activos ilícitos y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de las investigaciones financieras, informó el Congreso de Guatemala.
Para José Andrés Romero, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia y exdirector ejecutivo alterno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma responde a una realidad que enfrentan los organismos de seguridad en todo el hemisferio.
“Perseguir el dinero ilícito es la forma más efectiva de debilitar a las organizaciones criminales. Cuando se limita su capacidad para mover y ocultar recursos también se reduce su capacidad para corromper instituciones, financiar nuevas operaciones y expandir su influencia”, afirmó.
Del narcotráfico a complejos conglomerados criminales
Las organizaciones criminales ya no dependen exclusivamente del narcotráfico. Según el Índice Global del Crimen Organizado 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, estas redes participan en diversos mercados ilícitos. El índice analiza 15 mercados ilícitos, entre ellos la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos ambientales y el contrabando.
La diversificación de sus economías ilícitas también ha sofisticado sus mecanismos financieros. Hoy, los recursos provenientes de distintas actividades criminales se canalizan mediante empresas fachada, inversiones inmobiliarias, comercio internacional, lavado basado en el comercio, criptomonedas y redes financieras informales.
“Las organizaciones criminales funcionan cada vez más como conglomerados empresariales”, explicó Romero. “Hoy, distintas economías ilícitas comparten las mismas estructuras financieras para ocultar recursos, lavar activos y financiar su expansión”.
Afectar el flujo de recursos ilícitos y desarticular las redes de lavado de activos se perfila como una de las estrategias más efectivas para debilitar de manera sostenida al crimen organizado transnacional.
Guatemala fortalece su inteligencia financiera
La reforma guatemalteca actualiza un marco legal que permaneció prácticamente sin cambios durante más de 25 años.
El cambio busca darle al Estado nuevas herramientas para golpear las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. Tras sancionar la ley, el presidente Bernardo Arévalo resumió el objetivo de la reforma en términos directos. “Por años, los narcotraficantes, bandas criminales y corruptos llenaron sus bolsillos con total impunidad. Sin controles, sin fiscalización, sin castigo. ¡Eso está por terminar!”, escribió Arévalo en X. “La Ley Antilavado es una herramienta poderosa para avanzar hacia una economía más limpia, justa y transparente”, remarcó.
Según la Superintendencia de Bancos, la norma integra por primera vez en un solo instrumento las disposiciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, fortaleciendo el sistema nacional de prevención.
La reforma también mejora la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir, investigar y judicializar estos delitos, al tiempo que refuerza el papel de la Intendencia de Verificación Especial, la unidad de inteligencia financiera del país.
El cambio también tiene una dimensión internacional. La reforma acerca al país a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), cuyos procesos de evaluación inciden directamente en la confianza de los mercados y en el acceso al sistema financiero internacional.
Una estrategia que se extiende por la región
Seguir el dinero se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante para desarticular el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. En Ecuador, fiscales y analistas financieros, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), rastrean activos vinculados a la minería ilegal e investigan a sus beneficiarios finales. Colombia ha reforzado esta estrategia a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que integra inteligencia financiera en investigaciones de narcotráfico, corrupción, minería ilegal y delitos ambientales.
Brasil ha llevado la ofensiva hacia estructuras financieras de mayor escala. En una de sus operaciones recientes contra el lavado de activos y la evasión fiscal en el sector de combustibles, la Policía Federal identificó una red vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC) que habría movilizado más de USD 4800 millones, evidenciando la dimensión empresarial que pueden alcanzar las finanzas criminales.
Paraguay, por su parte, busca fortalecer la coordinación entre autoridades financieras, fiscales, policiales y aduaneras para seguir las estructuras económicas del PCC y el Comando Vermelho en la Triple Frontera, a través de un plan estratégico liderado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, con apoyo de la Corporación Andina de Fomento.
De la inteligencia nacional a la cooperación regional
El fortalecimiento de las capacidades nacionales ha ido acompañado de una mayor cooperación entre países.
Frente a organizaciones criminales que no reconocen fronteras y operan a escala transnacional, los Estados han comprendido que una respuesta efectiva requiere una coordinación más estrecha entre sus instituciones y una cooperación regional sostenida.
En junio de 2026, la Iniciativa para el Estado de derecho de la American Bar Association reunió a las unidades de inteligencia financiera de Argentina, Brasil y Paraguay para fortalecer el intercambio de información sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. El objetivo es desarrollar investigaciones conjuntas, compartir alertas tempranas y armonizar metodologías para identificar redes financieras transnacionales.
“Es un hito importante y transmite un mensaje fuerte al mundo sobre el compromiso de Argentina, Brasil y Paraguay de cooperar en temas sensibles que afectan la seguridad y la integridad”, afirmó Mariano Federici, exdirector de la Unidad de Información Financiera de Argentina.
La cooperación también avanza en la región andina. Entre mayo y julio de 2026, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay suscribieron el Compromiso de Santiago para ampliar la cooperación contra el crimen organizado, con énfasis en el intercambio de inteligencia financiera y la recuperación de activos.
Ese mismo enfoque se reflejó en el primer Operativo Regional de Control Transfronterizo ejecutado por Colombia, Ecuador y Perú, que incorporó controles simultáneos en aeropuertos y pasos fronterizos para detectar movimientos ilícitos de efectivo e intercambiar información de inteligencia financiera.
Basado en los estándares del GAFI, en particular la aplicación de la Recomendación 32 sobre el movimiento transfronterizo de efectivo, el operativo buscó cerrar espacios al movimiento transfronterizo de dinero ilícito y fortalecer la respuesta coordinada frente al crimen organizado.
Estados Unidos amplía la cooperación
Estados Unidos también ha reforzado la cooperación con los países de la región para fortalecer las investigaciones financieras, la recuperación de activos y el combate al lavado de dinero.
A través del Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Washington ha impulsado programas de capacitación para fiscales, investigadores y analistas financieros.
Para Romero, la cooperación bilateral aporta un valor estratégico que va más allá de la asistencia técnica. “El intercambio de conocimientos, metodologías e información con socios como los Estados Unidos fortalece las capacidades de investigación de los países y permite responder con mayor eficacia a organizaciones criminales que operan a través de múltiples jurisdicciones. Ningún Estado puede reconstruir por sí solo el origen, movimiento y destino de los recursos ilícitos que financian estas estructuras criminales”, afirmó.
El enfoque ya se traduce en operaciones concretas. A comienzos de 2026, el DOJ y el IRS-CI capacitaron en Colombia a investigadores y cadetes de la Policía e investigadores de la Fiscalía en rastreo de recursos ilícitos, lavado de activos, criptomonedas, cadena de bloques [blockchain] y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a redes criminales transnacionales cada vez más sofisticadas.
Golpear el centro de gravedad financiero
El crimen organizado transnacional ha evolucionado hacia estructuras empresariales altamente resilientes. Estas organizaciones pueden reemplazar rápidamente a sus líderes o abrir nuevas rutas para sus actividades ilícitas, pero reconstruir redes financieras desmanteladas, recuperar activos incautados o restablecer complejos mecanismos de lavado representa un desafío mucho mayor.
“Seguir el rastro de los recursos ilícitos no es solo una herramienta para investigar un delito una vez cometido. Debe entenderse como una estrategia de seguridad nacional orientada a impedir que las organizaciones criminales continúen financiando, adaptando y expandiendo sus operaciones”, afirmó Romero.
La reforma aprobada por Guatemala trasciende así el ámbito nacional. Refleja una tendencia regional que busca atacar el principal recurso de las organizaciones criminales que permite sostener su poder.
La inteligencia financiera, la cooperación internacional y la recuperación de activos se consolidan así como herramientas clave de las estrategias de la región para privar a estas redes de los recursos que financian su expansión y amenazan la seguridad hemisférica.
