Durante décadas, Ecuador fue percibido como una excepción en una región atravesada por el narcotráfico, la violencia armada y la captura criminal del Estado. Mientras países vecinos enfrentaban guerras abiertas entre cárteles y fuerzas estatales, el país parecía mantenerse al margen de esas dinámicas. Esa imagen comenzó a resquebrajarse lentamente y terminó de colapsar en enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y designó a 22 organizaciones criminales como grupos terroristas.
La medida puso al descubierto una realidad que llevaba años incubándose con un aumento vertiginoso de homicidios, bandas armadas disputando el control territorial, cárceles convertidas en centros operativos criminal y una institucionalidad desbordada. Ecuador ya no era un actor periférico del narcotráfico regional, sino un nodo estratégico en redes criminales transnacionales.
Como se expuso en la primera parte de este reportaje, la crisis no surgió de manera súbita ni puede explicarse por un solo factor. Es el resultado de una convergencia prolongada entre debilidades institucionales internas y transformaciones profundas del mercado criminal regional y global. Durante años, casi sin ruido, Ecuador se consolidó como una plataforma clave para el almacenamiento, procesamiento y exportación de cocaína, además de otras economías ilícitas.
“Ecuador terminó cumpliendo un rol funcional dentro de una arquitectura criminal regional vinculada a Estados alineados con el llamado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, donde el crimen organizado actúa como actor político y económico”, señaló Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y exministro de Defensa de Bolivia, en entrevista con Diálogo.
El resultado es una reconfiguración profunda del mapa criminal ecuatoriano, con estructuras fragmentadas pero interconectadas, operando tanto a nivel local como en redes ilícitas globales, y cuyos efectos trascienden las fronteras, generando riesgos directos para la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática regional.
“Ecuador ya no es solo un escenario local de violencia, sino un eslabón clave dentro de un sistema criminal transnacional en permanente adaptación”, dijo el experto en seguridad regional Evan Ellis, investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los EE. UU., en entrevista con Diálogo.
Un mapa criminal en mutación
De acuerdo con el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), una base de datos internacional que registra y analiza conflictos y violencia en el mundo, Ecuador cerró el 2025 con al menos 37 grupos criminales activos. El aumento no refleja la irrupción de nuevas estructuras, sino una fragmentación acelerada del ecosistema criminal con escisiones internas, alianzas inestables y reacomodos forzados bajo presión estatal.
“La fragmentación del crimen organizado en Ecuador es el resultado de una presión estatal que ha hecho inviable la concentración de poder. Sin un narcoestado ni un protector político, cada grupo opera aislado, defendiendo su propia trinchera”, dijo Berzaín.
Este proceso ha estado acompañado por una serie de hechos que han erosionado las estructuras tradicionales del crimen organizado. Uno de los más determinantes ocurrió en diciembre de 2020, con el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder histórico de Los Choneros. Durante más de una década, esta organización había funcionado como un eje relativamente estabilizador del mundo criminal ecuatoriano, articulando alianzas y amortiguando disputas internas.
Su muerte abrió un vacío de poder inmediato. De esa fractura emergieron grupos como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, que no solo heredaron estructuras operativas, sino que desencadenaron una guerra abierta por los mercados ilícitos más rentables, en especial el tráfico de cocaína y el control de corredores estratégicos.
A esta fragmentación se sumaron golpes posteriores que reconfiguraron de forma constante el tablero criminal. En octubre de 2024, la detención en España de William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, líder de Los Tiguerones, marcó un nuevo punto de inflexión. Investigaciones judiciales confirmaron que Alcívar continuó dirigiendo operaciones criminales desde Europa, incluido el ataque armado contra un canal de televisión en Guayaquil en enero de 2024, un episodio que simbolizó la capacidad de estas redes para operar a larga distancia.
Su captura desató disputas internas violentas, debilitó la cohesión del grupo y alimentó nuevas escisiones, según reportes de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización internacional que analiza y monitorea el crimen organizado transnacional. A ello se sumó el asesinato de Benjamín Camacho, alias Ben 10, líder de Los Chone Killers, en diciembre de 2024, otro golpe que profundizó la inestabilidad del ecosistema criminal.
El punto de inflexión más reciente llegó en julio de 2025, con la extradición a los Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien había asumido el liderazgo de Los Choneros tras el asesinato de Rasquiña. Su salida, una victoria política y judicial para el Gobierno de Noboa, dejó un nuevo vacío crítico de poder, intensificando las disputas internas por el control de una de las estructuras criminales más influyentes del país.
Los Lobos y la carrera por la hegemonía
En este escenario de fragmentación, Los Lobos emergen como el actor más agresivo y letal del nuevo mapa criminal ecuatoriano. De acuerdo con ACLED, entre enero de 2023 y mayo de 2025 la organización estuvo involucrada en al menos 184 eventos violentos, incluidos asesinatos selectivos, enfrentamientos armados, ataques con explosivos y disputas dentro del sistema penitenciario.
La expansión territorial de las bandas criminales alcanza ya a más de dos tercios de los municipios del país, con una concentración particularmente alta en las provincias costeras de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas. No es una coincidencia. Estas zonas, que concentran cerca del 80 por ciento de la violencia registrada, son también los principales corredores de salida de cocaína hacia los mercados internacionales.
La violencia, sin embargo, no responde únicamente a rivalidades locales. Se articula a través de alianzas tácticas y rupturas constantes, como la cooperación ocasional entre Los Lobos y los Latin Kings, y enfrentamientos directos con organizaciones como Los Tiguerones.
“Ecuador se ha convertido en uno de los espacios criminales más volátiles de Latinoamérica, donde ninguna hegemonía logra consolidarse y cada vacío de poder detona nuevas explosiones de violencia”, advirtió Henry Zimmer, investigador asociado del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en entrevista a Diálogo.
Pese a esta fragmentación, las investigaciones coinciden en que Los Choneros y Los Lobos continúan siendo los núcleos dominantes del crimen organizado en el país. Ambas estructuras mantienen capacidad real para sostener operaciones de tráfico internacional de cocaína, controlar corredores logísticos estratégicos, ejercer influencia en el sistema penitenciario y articular redes de corrupción. Su designación como organizaciones terroristas por parte de los Estados Unidos confirma que el fenómeno excede el ámbito doméstico y se inscribe de lleno en una amenaza transnacional.
De bandas locales a engranajes regionales
“El ecosistema criminal ecuatoriano dejó de ser periférico”, explicó Zimmer. “Hoy está plenamente integrado en cadenas transnacionales de tráfico”. En ese esquema, las bandas locales han dejado de operar en los márgenes y cumplen funciones logísticas y operativas dentro de arquitecturas criminales de alcance hemisférico.
Las investigaciones oficiales confirman vínculos directos con los grandes cárteles mexicanos. Los Lobos mantienen conexiones documentadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que Los Choneros conservan sus enlaces históricos con el Cártel de Sinaloa. Expertos coinciden en que esta competencia “importada” elevó de forma exponencial los niveles de violencia, al introducir mayores flujos de armas, financiamiento y presión por resultados en los territorios.
En el norte del país, las provincias fronterizas con Colombia añaden una dimensión crítica al conflicto. Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los Comandos de la Frontera y células del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en coordinación con bandas ecuatorianas, disputando corredores estratégicos para el tráfico de cocaína y armas.
“El principal motor del desafío de seguridad que enfrenta Ecuador hoy es la inundación de cocaína”, afirmó Ellis. Estas alianzas facilitan tanto el ingreso de droga desde Colombia como el contrabando inverso de precursores químicos en particular combustible utilizados en los procesos de refinamiento.
Un fenómeno que se explica también por un debilitamiento estructural del control fronterizo. Durante la década de Rafael Correa, la política migratoria liberalizó los requisitos de ingreso y flexibilizó los controles. “Esto creó oportunidades para que grupos criminales ocuparan espacios estratégicos en territorio ecuatoriano”, señaló Berzaín.
La magnitud del problema quedó expuesta en marzo de 2008, cuando Raúl Reyes, líder de las FARC, fue abatido en territorio ecuatoriano. El episodio reveló la incapacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre zonas estratégicas y fronterizas, y evidenció la limitada presencia institucional en áreas donde actores armados transnacionales podían operar con relativa libertad. “Ecuador funcionó como espacio de tránsito y como terreno donde actores armados consolidaron posiciones estratégicas que antes eran impensables”, añadió Berzaín.
Un mosaico global
El mapa criminal ecuatoriano se proyecta más allá de la región y se inserta en los circuitos del crimen organizado transnacional. Mafias europeas como la ’Ndrangheta italiana, organizaciones sicilianas, albanesas y otras redes balcánicas utilizan los puertos ecuatorianos como plataformas estratégicas para el envío de cocaína hacia Europa.
La GI-TOC ha documentado que las mafias balcánicas blanquean cerca de USD 3500 millones anuales a través del sistema financiero ecuatoriano, una tendencia en aumento. Estas operaciones se sostienen mediante una red de mensajeros, emisarios y empresarios que articula a actores albaneses y ecuatorianos para consolidar y expandir sus actividades.
Diversas investigaciones señalan que estas organizaciones prefieren contratar grupos ecuatorianos para asegurar la droga y las rutas, y que en muchos casos el pago no se realiza en dinero, sino en armas, un modelo que ha intensificado la violencia interna.
“Las redes europeas ofrecen mejores condiciones que los grupos mexicanos o colombianos, lo que genera pugnas entre bandas locales por demostrar quién es más fuerte y confiable, alimentando enfrentamientos sangrientos”, explicó Zimmer.
A este entramado se suma un actor menos visible, pero estratégicamente decisivo. El crimen organizado chino y el papel de China como facilitador indirecto de economías ilícitas. “A diferencia de los cárteles latinoamericanos, su influencia no se expresa en la violencia territorial, sino en funciones de intermediación clave”, dijo Zimmer.
Redes vinculadas a China destacan en el lavado de dinero y en el suministro de insumos esenciales para actividades ilegales, desde maquinaria para la minería ilegal de oro hasta precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas, incluido el fentanilo que abastece a los mercados mexicanos.
Al mismo tiempo, China se ha consolidado como destino central del tráfico de vida silvestre y recursos ambientales, partes de jaguar, aves, mariposas y madera, que, aunque no siempre se originan en Ecuador, transitan por puertos estratégicos como Guayaquil rumbo al mercado chino.
“El creciente intercambio comercial entre Ecuador y China ha ampliado este margen de acción ilegal y criminal, permitiendo que estas redes operen bajo el radar”, explicó Zimmer. Su rol dice Zimmer, ha pasado desapercibido porque no está directamente involucrada en la violencia ni en la venta de drogas, pero asegura que cada vez está más claro que cumple una función intermediaria crítica en la arquitectura del crimen organizado que hoy atraviesa a Ecuador y Latinoamérica.
Tren de Aragua: la sombra venezolana
A las redes transnacionales ya asentadas en Ecuador se suma el Tren de Aragua (TdA), organización criminal venezolana que ha encontrado un terreno propicio para expandir sus economías ilícitas. Surgida en cárceles de Venezuela, la banda evolucionó de grupo carcelario a red transnacional con presencia activa en varios países de la región.
Su expansión coincide con la llegada de 475 000 migrantes venezolanos, un flujo que, según expertos, genera oportunidades para estructuras criminales a ambos lados de la frontera. “La combinación de migración forzada, debilidad institucional y corrupción permite su rápida inserción en mercados ilegales”, advirtió Ellis.
En enero de 2025, el Gobierno ecuatoriano declaró al TdA grupo terrorista de crimen organizado. Desde entonces, el Estado ha intensificado sus esfuerzos para limitar su presencia, llevando a cabo la captura de un integrante en Playas, Guayas, en junio de 2025, y posteriormente desplegando unidades para neutralizar a presuntos miembros del TdA durante las protestas violentas de Otavalo en septiembre.
“Su irrupción evidencia cómo nuevas estructuras, menos visibles, pero altamente adaptables, se incorporan al entramado ilícito aprovechando la vulnerabilidad social y las debilidades institucionales”, dijo Ellis.
El gran empujón: política interna y cambios del mercado global
La reconfiguración del mapa criminal ecuatoriano responde además a un giro estructural en el mercado global de las drogas. Para 2021, Europa se había consolidado como el principal destino de la cocaína a nivel mundial, según investigaciones conjuntas de InSight Crime y GI-TOC. Los grupos criminales colombianos comenzaron a redirigir de manera sistemática sus operaciones hacia el mercado europeo, al tiempo que exploraban nuevas rutas y destinos en Asia y Australia.
Desde una lógica estrictamente comercial, el tráfico de cocaína hacia Europa ofrecía mayores márgenes de ganancia y menores riesgos operativos. El resultado fue una presión creciente sobre las rutas marítimas del Atlántico y del Pacífico con destino al continente europeo, y una revalorización estratégica de ciertos puntos de salida en Latinoamérica.
Ecuador, y en particular el puerto de Guayaquil, adquirió un valor estratégico como plataforma de salida de cargamentos hacia Europa, consolidándose como un nodo logístico clave del narcotráfico transnacional. “Los cambios en el mercado regional de drogas pueden reconfigurar rápidamente el panorama de seguridad de un país”, advirtió Ellis, subrayando la rapidez con la que estas redes se adaptan, se desplazan y aprovechan las debilidades institucionales, especialmente aquellas que Ecuador enfrentaba hace una década.
El ascenso de Ecuador dentro de esta arquitectura delictiva coincidió con una transformación profunda de su política de seguridad. Durante el Gobierno de Correa, el país redujo drásticamente su cooperación con Estados Unidos, cerró la base aérea de Manta y expulsó a agencias antidrogas, asesores militares y entrenadores. “Con ello se debilitaron los mecanismos de intercambio de inteligencia que hasta entonces habían sostenido la capacidad del Estado para detectar y contener al crimen organizado”, explicó Zimmer.
A este repliegue externo se sumó una estrategia interna del Gobierno de Correa que buscaba pacificar a las pandillas urbanas, entre ellas los Latin Kings, dándoles estatus legal como organizaciones sociales y culturales. Aunque la intención era facilitar la inclusión social, la medida les dio un marco formal para expandirse e infiltrarse en espacios sociales y políticos.
Expertos y analistas coinciden en que la medida terminó por legitimar estructuras criminales preexistentes, facilitando su expansión, su reorganización interna y su progresiva infiltración en espacios sociales y políticos. “La narcopolítica pasó a integrarse como una variable normalizada de la vida pública ecuatoriana”, dijo Berzaín.
Lejos de desarticularse, estas políticas mantuvieron a las redes criminales en una condición de latencia estratégica; conservaron su membresía, mantuvieron actividades ilícitas de baja visibilidad y preservaron su capacidad de adaptación.
Así, cuando los grandes traficantes internacionales comenzaron a operar con mayor intensidad en Ecuador, no encontraron un vacío institucional, sino un ecosistema criminal ya existente, listo para ser absorbido o articulado dentro de cadenas ilícitas de mayor escala. A esta vulnerabilidad se sumó la pérdida de capacidades de cooperación internacional que, en años anteriores, había permitido anticipar, prevenir y neutralizar estas dinámicas.
“Ecuador creó las condiciones ideales para la expansión y consolidación de redes criminales transnacionales, y la violencia que vive hoy no es más que el costo acumulado de desmontar un narcoestado”, añadió Berzaín.
Implicaciones regionales y desafíos para la seguridad hemisférica
La evolución del crimen organizado en Ecuador y la escalada de violencia que atraviesa el país ya no pueden entenderse únicamente como un problema de seguridad interna. La expansión de redes criminales flexibles, con alcance hemisférico y proyección global, ha convertido al país en un punto crítico de las nuevas dinámicas del narcotráfico en el continente, con efectos directos sobre la seguridad regional y hemisférica.
Para los países vecinos, la seguridad en Ecuador genera desafíos fronterizos recíprocos y efectos complejos de desplazamiento. “A medida que las organizaciones criminales expanden su radio de acción se incrementan los flujos de drogas, armas y capital ilícito, junto con la violencia asociada a la disputa por corredores estratégicos”, explicó Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, a Diálogo.
Como resultado, las zonas fronterizas, históricamente vulnerables, se consolidan como espacios de convergencia criminal donde confluyen disidencias armadas, bandas locales y estructuras transnacionales con capacidad de operar a ambos lados de la línea limítrofe.
En una perspectiva más amplia, el caso ecuatoriano confirma una tendencia estructural que se observa en todo el hemisferio. El narcotráfico dejó de depender de grandes cárteles centralizados y hoy funciona a través de un entramado de actores especializados que cooperan de manera flexible. “El narcotráfico ya no es cosa de un solo cártel grande, ahora son muchos actores pequeños que se coordinan entre ellos y cambian de estrategia más rápido que los gobiernos”, advirtió Rugeles.
A este escenario se suma un desafío aún más profundo, relacionado con la creciente penetración del crimen organizado en instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y la política local. Esta infiltración plantea un riesgo crítico para la gobernabilidad democrática y redefine la naturaleza del problema.
“Estamos ante un fenómeno de carácter transnacional que se ha convertido en uno de los principales desafíos para la democracia de la región”, advirtió Rugeles, al subrayar la capacidad de estas organizaciones criminales para desbordar la soberanía nacional y penetrar el tejido social e institucional de los países. “Frente a una amenaza que trasciende lo nacional, ningún país puede enfrentar el crimen organizado de manera aislada. Su contención requiere un esfuerzo conjunto basado en una cooperación regional, hemisférica y global”, añadió.
Desde alianzas específicas hasta la búsqueda de una estrategia hemisférica unificada
Frente al avance del crimen organizado y la escalada de violencia en Ecuador, la cooperación con Estados Unidos se ha consolidado como uno de los pilares centrales de la estrategia de seguridad del país. “Ya existe una respuesta compartida y es liderada por los Estados Unidos”, señaló Berzaín.
Esa afirmación se sostiene en una serie de acuerdos y mecanismos que, en los últimos años, han fortalecido la capacidad operativa del Estado ecuatoriano frente a la evolución de las organizaciones criminales.
En agosto de 2024, Ecuador y los Estados Unidos firmaron un acuerdo integral de seguridad centrado en entrenamiento especializado, asistencia técnica e intercambio de inteligencia para combatir el crimen organizado. Este acuerdo se basó en hitos anteriores, como la Hoja de Ruta para la Asistencia al Sector de Seguridad de 2023 y el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) de 2024. Juntos, estos instrumentos dan prioridad a la modernización de las capacidades de defensa del Ecuador y facilitan los esfuerzos conjuntos para desarticular la logística del crimen transnacional.
Estos marcos se tradujeron en acciones operativas con resultados concretos, especialmente en el ámbito marítimo. Las operaciones conjuntas de interdicción en el Pacífico oriental se convirtieron en uno de los ejes más visibles de la cooperación bilateral. En octubre de 2025, una operación combinada entre fuerzas ecuatorianas, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA) permitió la incautación de cerca de 10 toneladas de cocaína y la detención de 18 personas vinculadas al tráfico internacional, uno de los golpes más significativos al narcotráfico en la región en los últimos años.
Aprovechando este impulso, Ecuador y los Estados Unidos iniciaron a principios de marzo de 2026 una nueva fase de operaciones conjuntas contra el narcotráfico, destinadas a reforzar la vigilancia marítima, la cooperación en inteligencia y las capacidades de intercdicción a lo largo de las principales rutas de tráfico en el Pacífico oriental.
“Hoy, la cooperación sostenida ya no es una opción, sino un imperativo estratégico”, subrayó Ellis. El caso ecuatoriano parece confirmar esa premisa ya que solo mediante alianzas operativas, intercambio de inteligencia y acciones coordinadas ha sido posible contener, aunque sea de forma parcial, una amenaza criminal que evoluciona con rapidez y afecta directamente la seguridad regional y hemisférica.
Sin embargo, el énfasis bilateral también pone de relieve el desafío constante que supone sincronizar las diversas agendas de seguridad regionales. Expertos coinciden en que es fundamental contar con un marco multilateral más integrado para lograr la estabilidad a largo plazo en las fronteras compartidas.
“Se requiere voluntad política para combatir el crimen organizado, pero en algunos casos, esa voluntad simplemente no existe, en especial de países vinculados al socialismo del siglo XXI”, señaló Rugeles.
Estas asimetrías políticas siguen determinando la dinámica regional del tráfico de drogas. “Ecuador no es un gran productor de cocaína, mientras que Perú y Colombia concentran la mayor parte de la producción mundial de hoja de coca, lo que vuelve indispensable la colaboración de esos países”, advirtió Zimmer.
Más allá de las coyunturas políticas, los analistas coinciden en la necesidad de ampliar mecanismos formales y permanentes de cooperación, como grupos de trabajo regulares sobre seguridad fronteriza, lavado de dinero y amenazas criminales, así como operaciones conjuntas sostenidas que incluyan intercambio efectivo de inteligencia, control coordinado de fronteras, fortalecimiento de los sistemas judiciales y combate al lavado de activos en los principales centros financieros.
“Hay que trabajar juntos para cerrar los espacios que hoy permiten al crimen transnacional desafiar al Estado, capturar instituciones y debilitar la democracia”, dijo Rugeles.
La realidad regional es evidente: en Latinoamérica y el Caribe, la violencia y el crimen organizado no se detienen en las fronteras. Para abordar este desafío de manera eficaz, es necesario avanzar hacia una estrategia hemisférica sincronizada, basada en la responsabilidad compartida y en marcos de seguridad integrados.
“Sin respuestas coordinadas a nivel hemisférico, Ecuador corre el riesgo de consolidarse como un nodo permanente del crimen transnacional, con consecuencias duraderas para la seguridad del continente”, concluyó Ellis.
