Desde enero de 2024, Ecuador dejó de ser actor periférico en el mapa de la seguridad regional para convertirse en alerta hemisférica. La declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa y la designación de 22 grupos criminales como organizaciones terroristas marcaron un punto de quiebre frente a una violencia que había desbordado la capacidad tradicional del Estado. El sostenido incremento de los homicidios, el control territorial ejercido por bandas armadas y un sistema penitenciario capturado por estructuras criminales expusieron el colapso de un modelo que durante años sostuvo la percepción de estabilidad del país.
Hasta entonces, Ecuador había sido considerado un oasis de paz en una región golpeada por el narcotráfico y la violencia organizada. A pesar de atravesar profundas crisis políticas e institucionales, el país no registraba los niveles de homicidios observados en sus vecinos. Sin embargo, su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo convirtió progresivamente en un eslabón cada vez más atractivo para las redes criminales transnacionales, hasta consolidarse como un nodo logístico clave del narcotráfico global.
De corredor del narcotráfico a colapso de la seguridad
“Aunque suene hoy alarmante, el desafío a la seguridad en Ecuador se ha venido gestando durante años”, afirma el experto en seguridad Evan Ellis en entrevista con Diálogo. Coinciden investigaciones y analistas en que esta evolución responde a una combinación de factores regionales y locales que reconfiguraron el mapa del crimen organizado en Sudamérica.
Entre los elementos determinantes figura el fallido proceso de paz en Colombia en 2016, que fragmentó el ecosistema criminal y multiplicó los actores ilegales, incentivando la expansión de sus operaciones más allá de las fronteras colombianas, con enorme impacto hacia el vecino país del sur. A ello se sumó el auge sostenido de la producción de cocaína en la región andina, especialmente en Colombia, donde aumentó un 53 por ciento en 2023, la cifra más alta desde 2001, según la UNODC.
“La expansión de la producción de cocaína fluyó hacia grupos criminales que ya veían a Ecuador como un centro de almacenamiento y exportación. A ello se sumaron fallas de seguridad en Colombia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y la permisividad fronteriza bajo el Gobierno de Rafael Correa, lo que marcó un punto de quiebre”, señaló Ellis.
En paralelo, se consolidaron los vínculos entre bandas ecuatorianas y organizaciones criminales extranjeras. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) intensificaron su colaboración con grupos locales y organizaciones colombianas para el ingreso de cocaína al país, su almacenamiento y posterior exportación a través de puertos estratégicos como Guayaquil, Manta y Esmeraldas. A esta ya alarmante dinámica se sumaron organizaciones europeas, como la mafia albanesa y la ’Ndrangheta italiana, especializadas en la exportación de drogas hacia Europa.
En este contexto, y en estrecha interacción con los flujos del narcotráfico, emergió en Ecuador una economía de minería ilegal que se regó a lo largo del territorio nacional. “La cocaína y la economía de la minería ilegal, incluida la extorsión a minas que operan legalmente, se han convertido también en un foco de atención para grupos terroristas y estructuras criminales con base en Colombia que operan en el país”, añadió Ellis.
Erosión institucional y captura del Estado
Más allá de estas maquinaciones operativas, analistas advierten que la crisis actual es la culminación de un legado de vulnerabilidad institucional en Latinoamérica. Los controles estatales históricamente débiles y la cooptación de instituciones clave han facilitado la penetración del crimen organizado. “Ecuador lleva años funcionando como un eslabón del crimen organizado protegido por estructuras estatales corrompidas y amparadas por el socialismo del siglo XXI o castrochavismo”, afirmó Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y exministro de Defensa de Bolivia, en entrevista con Diálogo.
Ese deterioro institucional no fue un fenómeno abstracto ni espontáneo, sino el resultado de decisiones políticas concretas que debilitaron al Estado y facilitaron su captura criminal. “Durante el Gobierno de Rafael Correa, el crimen organizado cooptó el Estado, infiltró la política, las instituciones públicas y el sector privado, penetrando en toda la sociedad”, explicó Andrés Rugeles, politólogo y vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), en entrevista con Diálogo.
Las consecuencias de esta convergencia de factores se hicieron plenamente visibles en 2023. En apenas un año, Ecuador pasó de ser considerado como “isla de paz” a encabezar los índices de violencia en la región. El país se convirtió en el más violento de Sudamérica y el cuarto de Latinoamérica y el Caribe, solo por detrás de Haití, Trinidad y Tobago y Jamaica. Un giro dramático que no solo reconfiguró la narrativa internacional sobre Ecuador, sino que expuso el costo acumulado de años de negligencia, corrupción y abandono institucional.
“La violencia que enfrenta Ecuador hoy es el costo de desmontar un narcoestado”, afirmó Berzaín. “Durante más de una década, el crimen se instaló en el país, generando enorme daño a la integridad institucional, y sacarlo no solo es complejo, sino que provoca una reacción violenta porque estas estructuras no tienen adónde replegarse”, agregó Berzaín.
Contención, control y primeros resultados
Ante el acelerado deterioro de la seguridad, la respuesta del Estado fue inmediata y de alto impacto. El Gobierno de Noboa desplegó de forma inédita fuerzas policiales y militares en zonas urbanas, fronteras, puertos estratégicos y centros penitenciarios, combinando operaciones de control territorial con acciones focalizadas contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Medidas que fueron reforzadas por sucesivos estados de excepción, como herramientas para restablecer el orden público y recuperar la presencia estatal.
Los primeros efectos comenzaron a reflejarse en los indicadores de violencia. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), los homicidios se redujeron en un 14,7 por ciento y las masacres carcelarias, uno de los símbolos más visibles del poder de las bandas, registraron una disminución significativa. Para el Ejecutivo, estos datos confirmaban que la ofensiva estatal había logrado frenar, al menos de manera inicial, la escalada de violencia.
A este balance se sumaron resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, 2024 cerró con un récord histórico de incautaciones de droga, e incremento del 29 por ciento respecto a 2023, lo que dejó en evidencia el impacto del refuerzo del control territorial y de las operaciones en puertos y fronteras.
De forma paralela, el Estado avanzó sobre uno de los pilares centrales del crimen organizado; su capacidad financiera. En septiembre de 2025, la operación Frontera Norte 2 derivó en la incautación de 103 propiedades valoradas en más de USD 313 millones. Considerada la mayor ofensiva contra las finanzas criminales en la historia de Ecuador, la operación desmantelo la red económica de los Comandos de la Frontera, disidencia de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), decomisando fincas, negocios y estaciones de servicio, activos clave para el lavado de dinero y la sostenibilidad operativa de la organización ilícita.
De la violencia episódica a amenaza estructural y endémica
La estrategia de seguridad desplegada por el Gobierno ecuatoriano, orientada a fortalecer la seguridad interna, recuperar el control territorial y contener la expansión del crimen organizado, permitió una mejora inicial del entorno de seguridad y sentó las bases para una respuesta más amplia y sostenida. Durante 2025, el Gobierno amplió y profundizó estas operaciones en un contexto marcado por la rápida capacidad de adaptación de las redes criminales.
Pese a estos esfuerzos, la evolución del escenario evidenció la complejidad del desafío. A lo largo de 2025, el país registró un nuevo incremento de la violencia, acompañado por la expansión silenciosa del crimen organizado hacia zonas previamente consideradas de bajo riesgo. En julio de 2025 se produjo un punto de inflexión crítico con la extradición a los Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Si bien su expulsión fue una victoria histórica para la administración de Noboa, provocó un vacío de poder dentro de Los Choneros—una de las principales organizaciones criminales de Ecuador— , lo que dio lugar a purgas internas y a la agresiva expansión territorial de grupos rivales como Los Lobos, catalizando una segunda ola de violencia.
“Es el resultado de que el crimen organizado está dejando de estar organizado, y ante ese debilitamiento se impulsa la fragmentación y la lucha por el control de territorios y economías ilícitas”, señaló Berzaín.
Según la OECO, 2025 cerró como el año más violento de la historia reciente del país, con tasas de homicidios que superaron los 50 por cada 100,000 habitantes. En paralelo, el tráfico de drogas, en particular de cocaína, continuó saliendo en volúmenes significativos desde los puertos ecuatorianos hacia múltiples mercados internacionales.
Para analistas y expertos, estos indicadores reflejan que Ecuador enfrenta una estructura criminal que trasciende episodios aislados de violencia y opera de manera estructural, tanto a nivel local como transnacional, lo que exige respuestas integrales y sostenidas en el tiempo.
“La expansión de la producción de coca y de la minería ilegal, sumada a la corrupción persistente en determinadas instituciones, ha colocado al Estado frente a desafíos que, en algunos casos, están fuera de su control”, señaló Ellis. Estas dinámicas han consolidado a Ecuador como un nodo relevante dentro de las cadenas logísticas del crimen organizado transnacional, incrementando la presión sobre el sistema de seguridad y debilitando el control estatal sobre territorios y rutas estratégicas.
Los expertos consultados por Diálogo advierten que esta transformación acelerada ha dado paso a una amenaza de carácter híbrido. El crimen organizado transnacional, en articulación con actores políticos afines al llamado socialismo del siglo XXI y redes de influencia construidas en las últimas décadas, ha recurrido a la violencia, la infiltración institucional y la desestabilización política para preservar espacios de poder, explicó Berzaín, quien alertó además que “Ecuador se ha vuelto una pieza clave en la cadena del narcotráfico impulsada por países del castrochavismo”.
La combinación de control de economías ilícitas con estrategias de injerencia indebida en las instituciones y al mismo tiempo, ejercer presión política para menoscabar el funcionamiento público, ha ampliado el impacto del fenómeno. “Lo que ocurre en Ecuador tiene una dimensión transnacional y requiere cooperación regional, hemisférica y global para ser enfrentado de manera efectiva”, sostuvo Rugeles.
Desde una perspectiva estratégica, la crisis de seguridad ecuatoriana ya no puede interpretarse únicamente como un desafío doméstico. Su evolución plantea implicaciones directas para la estabilidad regional y para los esfuerzos de cooperación hemisférica orientados a contener al crimen organizado transnacional. En este escenario, advirtió Ellis, “la capacidad del Estado ecuatoriano para sostener y adaptar sus políticas de seguridad será un factor clave no solo para su estabilidad interna, sino también para la seguridad regional”.
Parte II
La segunda parte de este reportaje revela la configuración del nuevo mapa criminal de Ecuador, convertido hoy en un nodo estratégico del crimen organizado regional, tras pasar de enfrentar unas pocas bandas a reconocer más de 20 organizaciones catalogadas como terroristas. La convergencia de cárteles mexicanos, estructuras armadas colombianas y redes europeas ha generado un ecosistema criminal transnacional, y entender quiénes lo integran y cómo operan es clave para dimensionar su complejidad.
Expertos señalan que este proceso tuvo un punto de inflexión en marzo de 2008, con el bombardeo de Angostura y la muerte de Raúl Reyes, miembro de alto rango y portavoz principal de las FARC, en territorio ecuatoriano, un episodio que evidenció la presencia de actores armados extranjeros en el país andino y las vulnerabilidades del control fronterizo estatal. Con decenas de miles de personas, de múltiples nacionalidades, vinculadas a estas economías ilícitas, el reportaje analiza la respuesta regional ante una amenaza en expansión, marcada por el respaldo de los Estados Unidos y un urgente llamado de mayor cooperación regional. “Se requiere un compromiso firme para combatir el crimen organizado, pero en algunos casos de la región esa disposición simplemente no existe”, advierte Rugeles.
