El oro se ha convertido en la nueva sangre que circula por las venas del régimen de Nicolás Maduro. Con la industria petrolera en crisis y las sanciones internacionales limitando el acceso a divisas, el régimen venezolano ha encontrado en la industria extractiva una fuente alternativa de ingresos y un mecanismo de control político.
El Arco Minero del Orinoco, una vasta zona que abarca millones de hectáreas de selva amazónica en el sur de Venezuela, se ha transformado en un escenario de disputa entre grupos armados, facciones militares y redes criminales, todos ellos operando con la complicidad del régimen.
“El régimen de Maduro exige una parte de las rentas obtenidas en esta zona y actúa como árbitro en las disputas entre las organizaciones que operan allí”, explicó a Diálogo Ryan C. Berg, director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa Futuro de Venezuela en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Bajo el discurso de desarrollo nacional, en la práctica el Arco Minero funciona como un entramado de extracción y contrabando de oro ilegal que alimenta redes financieras internacionales, sortea sanciones y garantiza divisas constantes.
Convertido en el nuevo pulmón financiero del chavismo, el oro venezolano también funciona como un poderoso mecanismo de cohesión política. A través de este metal, el régimen garantiza la lealtad de sectores de las Fuerzas Armadas Venezolanas (FANB), enriquece a élites cercanas al poder y sostiene estructuras locales vinculadas con organizaciones criminales transnacionales, consolidando el control territorial y reforzando la permanencia de Maduro en el poder.
Minería ilegal bajo complicidad estatal
El régimen de Maduro estableció en 2016 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto que abarca cerca del 12 por ciento del territorio venezolano, casi el tamaño de Portugal. En esta vasta región se concentran recursos como bauxita, coltán, diamantes industriales y, sobre todo, oro.
La magnitud de esta economía ilícita quedó evidenciada en un informe de la organización Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, que reveló que al menos el 86 por ciento del oro venezolano se produce de manera ilegal y que alrededor del 70 por ciento es contrabandeado, con un valor estimado de USD 4400 millones en 2021. Aunque Venezuela representa solo el 5,6 por ciento del territorio amazónico, concentra más del 30 por ciento de los centros de minería ilegal de la cuenca.
Este esquema beneficia directa e indirectamente al régimen de Maduro. El sector minero semioficial, integrado por empresas estatales como Minerven y la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), obtiene minerales de minas ilegales y los exporta principalmente a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Parte de estas ganancias fluye directamente a las arcas del régimen, según el informe Minería ilegal en Venezuela: muerte y devastación en las regiones de Amazonas y Orinoco de CSIS.
Sin embargo, estas operaciones representan solo una fracción del negocio. La mayor parte del oro sale del país como contrabando y luego se formaliza en el mercado internacional, dejando al régimen y a las fuerzas de seguridad una porción significativa de las ganancias en cada etapa del proceso.
Maquinaria de corrupción
La creación del Arco Minero permitió al régimen desplegar unidades militares bajo el pretexto de proteger zonas estratégicas y atraer inversiones. Sin embargo, las investigaciones señalan que esta iniciativa funciona como fachada para consolidar el control estatal sobre la extracción de minerales y garantizar la participación directa de actores militares en el negocio.
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentado al Congreso en 2024, denunció que el Arco Minero se convirtió en un sistema de corrupción institucionalizada. Militares y funcionarios transformaron el acceso a las minas en una fuente de enriquecimiento personal. Esta red de alto mandos militares y funcionarios del régimen, liderada por el propio Maduro, que facilita la extracción ilícita de oro a gran escala y el narcotráfico, es ampliamente conocida como el Cártel de los Soles.
“El Arco, donde habitan numerosos pueblos indígenas, se ha convertido en un centro de minería y contrabando ilícito de oro. La extracción y venta de este mineral se han transformado en un plan financiero lucrativo para algunos venezolanos bien conectados y miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB)”, señala el documento del Departamento de Estado.
La organización International Crisis Group (ICG), en su informe La maldición del oro: Minería y violencia en el sur de Venezuela, advierte que el despliegue militar forma parte de una reconfiguración del control territorial. Según el estudio, muchos oficiales han dejado de ser simples fuerzas de seguridad para convertirse en actores económicos directos, permitiendo a mineros ilegales regresar a cambio de pagos que pueden alcanzar el 20 por ciento de la producción o de acuerdos para vender oro por debajo del precio de mercado. Algunos generales destacados en la zona llegan a recibir hasta USD 800 000 al mes en sobornos, según la ICG.
Esta dinámica refleja el papel cada vez más central de las Fuerzas Armadas en el entramado político y económico del chavismo, un papel reforzado tras su apoyo decisivo a Maduro en las elecciones de 2024. “En un escenario político profundamente polarizado, estos mecanismos permiten al régimen garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas”, señaló Berg.
Minería como moneda política
Maduro también ha utilizado la minería para consolidar la lealtad de los líderes políticos. En noviembre de 2019 anunció que los 19 gobernadores chavistas recibirían el control directo de una mina de oro cada uno, con la posibilidad de usar las ganancias para reforzar los presupuestos regionales, informó CSIS.
Más alarmante aún son las denuncias sobre complicidad estatal y permisividad militar frente a redes criminales transnacionales. Según la ICG, las FANB delegan el control de minas a grupos armados no estatales, consolidando un sistema híbrido que involucra a militares, organizaciones criminales y autoridades locales.
“El régimen de Maduro utiliza todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder, y el precio actual del oro ofrece incentivos para continuar con la minería ilegal en el infame Arco Minero”, advirtió Berg.
Un mosaico entre guerrillas y crimen transnacional
Con la complicidad del Estado, el sur de Venezuela se ha transformado en un mosaico de actores criminales que se reparten territorio y beneficios del oro a cambio de lealtad política al régimen.
Según la ICG, existe cooperación activa entre las FANB y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana históricamente vinculada al chavismo. Ambas fuerzas operarían de forma coordinada en zonas del Parque Nacional Yapacana y Canaima, imponiendo tributos en oro, reclutando jóvenes indígenas y ejerciendo control social mediante la violencia.
El ELN controlaría además la explotación de una mina en San Martín de Turumbang, en la frontera con Guyana, presuntamente cedida por el régimen venezolano, según InSight Crime. En paralelo, la facción disidente de las FARC conocida como Segunda Marquetalia disputa territorio con el ELN, consolidando la presencia de grupos armados colombianos en el sur venezolano.
“El régimen intenta arbitrar entre los distintos grupos dondequiera que operen, permitiendo la actuación de aquellos dispuestos a pagar rentas y colaborar con él, mientras persigue y castiga a quienes se niegan a hacerlo”, explicó Berg. Según Berg, el apoyo del régimen venezolano a estos grupos guerrilleros, designadas organizaciones terroristas, “proporciona a Maduro opciones de seguridad en caso de que su poder se vea amenazado, al tiempo que genera ingresos a partir de actividades ilícitas”.
A esta red se suma la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA), también designada organización terrorista por varios países de la región. En el estado Bolívar, el TdA actúa como un sindicato minero, controlando operaciones en Las Claritas con protección de autoridades locales y militares, informó InSight Crime. Durante las elecciones de 2024, las calles de Las Claritas estaban cubiertas de propaganda oficialista y del personaje “Súper Bigote”. Este superhéroe de dibujos animados creado por el régimen y basado en Maduro se convirtió en un símbolo de la fusión entre propaganda estatal y crimen organizado en una zona bajo la influencia de organizaciones terroristas.
En la frontera con Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) también ha extendido su influencia, operando en territorios yanomami y utilizando rutas aéreas y fluviales para extraer oro venezolano. Según InSight Crime, se trata de un circuito de contrabando transnacional que atraviesa Brasil, Guyana y el Caribe, financiando estructuras armadas, comprando lealtades políticas y apuntalando al régimen frente al aislamiento internacional.
Crimen ambiental y costo humano
A la expansión del crimen organizado se suma una devastación ambiental que avanza sin freno en el sur de Venezuela. El Arco Minero se ha convertido en un foco de destrucción ecológica que afecta la selva amazónica venezolana, una de las zonas más biodiversas del país. La tala ilegal abre paso a minas, carreteras y campamentos, mientras las operaciones ilegales invaden aceleradamente áreas protegidas.
Según datos citados por Infobae, para 2023 estas operaciones habían penetrado 27 de las 41 áreas protegidas de la Amazonía venezolana y la deforestación se había disparado un 170 por ciento anual. Entre 2017 y 2020 se talaron más de 22 000 hectáreas en parques nacionales como Caura, Canaima y Yapacana. Incluso el Cerro Delgado Chalbaud, nacimiento del río Orinoco, fue arrasado por mineros brasileños. La infraestructura de vigilancia ambiental prácticamente ha desaparecido por recortes presupuestarios y corrupción, informó Infobae.
A ello se suma el uso masivo de mercurio y otros químicos tóxicos que contaminan ríos y suelos, dañando la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos. Datos revelados por CSIS aseguran que se han encontrado altos niveles de este elemento en los ríos cercanos que suministran agua potable a Colombia y Brasil y que fluyen dentro del Parque Nacional Canaima. También se han encontrado niveles elevados de mercurio en los peces de agua dulce de la región, que se exportan para su consumo en Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago.
El control criminal alimenta también la trata de personas y la explotación sexual en los campamentos mineros, agravando la vulnerabilidad de una región donde las comunidades indígenas representan casi la mitad de la población del estado Amazonas. La agricultura ha sido desplazada por la minería, creando una dependencia de las redes ilícitas y provocando una fuerte deserción escolar. Pese a la aparente bonanza del oro, la pobreza persiste. En Bolívar, el 82 por ciento de la población vivía en pobreza extrema en 2021, según datos de Crisis Group.
Para Berg, “el régimen de Maduro es un régimen criminal devastador en toda regla que se ha empoderado a sí mismo a través de las relaciones con organizaciones criminales en el corazón de Sudamérica y que supone un gran desafío para el orden regional y mundial”, concluyó.
