Con un consumo global de arena fluvial y marina que ronda los 50 mil millones de toneladas al año, organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) llevan tiempo advirtiendo sobre el riesgo de agotamiento de este recurso y las graves consecuencias ambientales ligadas a su progresiva reducción. En este contexto, China se confirma como el principal consumidor mundial, cuyas crecientes necesidades de abastecimiento han alimentado fenómenos de extracción y tráfico ilegal en partes de Asia y África, y generan cada vez más preocupación en Latinoamérica.
“La arena es uno de los agregados más importantes en la construcción y su extracción es una de las actividades mineras más impactantes y no sostenibles, sobre todo en ausencia de controles”, explica a Diálogo el profesor de la Academia Brasileña de Policía, especializado en gestión de recursos hídricos en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Luís Fernando Ramadon, ex jefe del Núcleo de Operaciones de la Comisaría de Medio Ambiente de la Policía Federal y fundador del portal Acción contra los Crímenes Ambientales, Minerales y Tráfico de Animales Silvestres (ACCAMTAS).
El aumento del consumo está impulsado principalmente por la demanda del sector de la construcción, que absorbe cerca del 90 por ciento de la arena extraída, utilizada sobre todo en la producción de cemento y asfalto. Esta presión creciente sobre los recursos ha atraído el interés de redes criminales también en Latinoamérica, donde el tráfico de arena suele utilizar las mismas rutas e infraestructuras de la minería ilegal y del narcotráfico.
Desde Brasil hasta Colombia, pasando por el Caribe, se multiplican los casos que reflejan esta tendencia. El más llamativo sigue siendo el ocurrido en 2008 en la playa de Coral Spring, en la costa norte de Jamaica, donde el equivalente a unos 500 camiones de arena fue robado en una sola noche.
El papel de China
La enorme demanda de China, que, en pleno boom urbanístico, entre 2011 y 2014, utilizó más cemento que los Estados Unidos en todo el siglo XX, ha estado vinculado a redes de extracción ilícita en otras regiones del mundo, incluyendo Asia y África.
Expertos advierten que dinámicas similares podrían estar emergiendo en Latinoamérica. Si bien los actores chinos no suelen aparecer directamente en la extracción ilegal, su papel como intermediarios, financiadores o compradores finales ha sido documentado en múltiples sectores extractivos.
Como señaló la reciente declaración de Vanda Felbab-Brown ante la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China, el modus operandi chino en Latinoamérica sigue patrones recurrentes, independientemente del recurso natural explotado. “raramente los actores chinos aparecen en la extracción ilegal, aunque ocasionalmente participan en el reclutamiento de trabajadores”. La experta también destaca el papel clave de intermediarios chinos, que pueden ser grupos criminales o empresas formalmente legales y que “financian la producción, suministran equipos e insumos, consiguen documentos falsos, organizan el transporte y la exportación y actúan como compradores clave”.
Estos patrones, observados en sectores como el oro y la madera, resultan cada vez más relevantes para la arena, especialmente en regiones donde la débil supervisión y la expansión de actividades extractivas crean oportunidades para el desarrollo de cadenas de suministro ilícitas. En Latinoamérica, la limitada capacidad de control y las redes comerciales opacas contribuyen a generar condiciones en las que estas dinámicas pueden arraigarse.
En la Amazonía peruana, en el departamento de Loreto y en los alrededores de Iquitos, la extracción ilegal de arena blanca ha destruido en pocos años unas 260 hectáreas de bosques de varíllales, un ecosistema único en el mundo caracterizado por crecer sobre suelos de arena blanca, pobres en nutrientes y muy ácidos. La pérdida es especialmente grave: estos bosques pueden tardar hasta un siglo en regenerarse y cumplen una función esencial como filtros naturales del agua de lluvia, contribuyendo al abastecimiento del río Nanay, del que dependen las comunidades locales.
Estas dinámicas no son teóricas ni se limitan a Latinoamérica. En otras regiones, actores chinos ya han sido vinculados tanto a prácticas de extracción de arena perjudiciales como, en algunos casos, ilegales. En Mozambique, una empresa de propiedad china fue señalada por causar graves daños ambientales a través de operaciones de extracción de arena en zonas costeras, mientras que en aguas de Taiwán las autoridades han interceptado repetidamente embarcaciones chinas dedicadas a la extracción ilegal de arena. En conjunto, estos casos ilustran cómo la demanda de materiales de construcción por parte de China puede proyectarse más allá de sus fronteras, operando en ocasiones en zonas grises legales y, en otros casos, cruzando hacia actividades ilícitas.
Para los expertos, estos casos ofrecen un anticipo de cómo dinámicas similares ya están emergiendo en Latinoamérica, donde la alta demanda, las rutas de tráfico consolidadas y una supervisión desigual generan condiciones comparables.
El caso de Brasil
Las empresas chinas suelen establecer operaciones en áreas donde confluyen intereses económicos y estratégicos. Es el caso de Camaçari, en el estado de Bahía, donde en octubre de 2025 se inauguró la primera fábrica automotriz en Latinoamérica del grupo BYD, en una región afectada por la extracción ilegal de arena.
La zona ilustra cómo la actividad económica legal y la extracción ilícita pueden coexistir dentro del mismo espacio geográfico y regulatorio. En marzo de 2025, la operación de la Policía Federal “Piratas de las Dunas III” desmanteló una red que extraía y comercializaba arena de forma ilegal en las dunas locales y en los alrededores de Salvador, donde en 2024 ya se había identificado una ruta de exportación clandestina hacia China de cuarzo verde.
Según Ramadon, cerca del 68 por ciento de la arena consumida en Brasil es ilegal, con pérdidas estimadas en torno a los USD 5,78 mil millones. El sector está dominado por milicias, grupos paramilitares a menudo formados por ex policías, que utilizan la arena extraída ilegalmente también para construir en los territorios bajo su control, especialmente en Río de Janeiro.
“Las milicias utilizan la extracción de arena como fuente de recursos financieros, así como controlan el comercio de gas, Internet y transportes alternativos. Imponen tasas por el uso o por proporcionar ‘seguridad’ en los lugares de extracción y comercio”, afirma Ramadon.
Entre los casos más conocidos figura el de Luis Antonio da Silva Braga, conocido como Zinho, jefe de la milicia Bonde do Zinho, quien se entregó a las autoridades en enero de 2023. El grupo se había expandido al municipio de Seropédica, a 75 kilómetros de Río de Janeiro, donde el costo de la arena extraída ilegalmente sigue siendo competitivo. “En Seropédica hay actualmente unas 90 canteras autorizadas que venden el metro cúbico de arena entre 65 y 90 reales (USD 13-18), mientras que en las canteras ilegales, sin licencias ni concesiones, el precio ronda los 50 reales (USD 10)”, explica Ramadon.
El impacto ambiental y social
La extracción de arena provoca graves daños ambientales, a menudo irreversibles. “Es responsable de la degradación de playas, ríos y lagunas, de la alteración de los cursos de agua, del aumento de la sedimentación, de la erosión del suelo, de la destrucción de áreas protegidas, flora y fauna, y de la contaminación atmosférica con incremento de partículas”, explica Ramadon.
En República Dominicana, la extracción ilegal está comprometiendo la seguridad hídrica y los ecosistemas de los ríos Nizao, Yuna y Yaque del Norte. El sector mueve alrededor de USD 1000 millones al año, alimentado por evasión fiscal y bajos costos que hacen el mercado ilegal más competitivo.
En Panamá, en marzo, el Ministerio de Comercio e Industrias confirmó la extracción de unos 500 000 metros cúbicos de arena del fondo marino en Punta Chame para un relleno costero de 2,5 kilómetros vinculado a un proyecto turístico sin autorización legal.
En Colombia, la extracción ilegal también ha sido vinculada a la corrupción y la violencia. En Córdoba, el periodista Rafael Moreno —quien investigaba delitos ambientales y corrupción local, incluida la extracción ilegal de recursos— fue asesinado en 2022, lo que pone de relieve los riesgos asociados a exponer estas redes.
Las medidas necesarias
Según los expertos, cerca del 80 por ciento de la arena comercializada a nivel global tiene un origen desconocido, favorecido por vacíos normativos y la falta de controles. Para Ramadon, la respuesta debe ser integral: “Se necesita inteligencia administrativa para un control riguroso de la extracción legal, desde el sitio hasta la distribución. Y también acción policial, para garantizar un combate sistemático a la extracción ilegal y la identificación de los responsables”. A ello se suma la necesidad de una mayor coordinación institucional, el mapeo de áreas ilegales y el impulso de la investigación académica.
Según el PNUMA, el consumo global de arena y agregados ha alcanzado niveles tales que, sin una gestión sostenible, para 2050 la demanda podría superar ampliamente la disponibilidad de recursos, transformando la arena, hoy percibida como inagotable, en un bien crítico.
Más allá de la dimensión ambiental, las implicaciones son más amplias: de la arena dependen infraestructuras, el desarrollo urbano y el crecimiento económico. Su progresiva escasez amenaza con alimentar conflictos, reforzar economías ilícitas, intensificar la competencia por los recursos naturales y tensar aún más la gobernanza en regiones vulnerables.
