Las organizaciones criminales transnacionales se están expandiendo en Latinoamérica a un ritmo que desafía cada vez más la capacidad de respuesta de los distintos países: gestionan cadenas ilícitas integradas, controlan corredores logísticos que atraviesan múltiples fronteras y aprovechan las diferencias entre legislaciones, sistemas judiciales y controles fronterizos, haciendo insuficiente una respuesta limitada al ámbito nacional. El Global Organized Crime Index 2025 sitúa a varios países sudamericanos entre los más afectados por la criminalidad organizada. Colombia ocupó el Segundo lugar mundial, mientras que Ecuador y Paraguay compartieron el cuarto puesto; Brasil y Perú también registraron elevados niveles de actividad criminal, una concentración que refleja la dimensión regional del fenómeno y la necesidad de respuestas coordinadas.
Las consecuencias también son evidentes en el ámbito de la seguridad. Según InSight Crime, en 2025 Latinoamérica y el Caribe registraron más de 108 000 homicidios, mientras que Ecuador alcanzó la tasa récord de 50,9 homicidios por cada 100 000 habitantes, una de las más altas del mundo, impulsada por la competencia por las disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas del narcotráfico, puertos, territorios y otras economías ilícitas.
“La tasa de homicidios en Latinoamérica es de 18 por cada 100 000 habitantes, tres veces superior al promedio mundial de 5,6, y la mitad de esas muertes están relacionadas con el crimen organizado”, declaró el fiscal nacional chileno Ángel Valencia a la agencia francesa de noticias AFP, durante la firma del Compromiso Regional de Santiago contra el Crimen Organizado Transnacional, suscrito a finales de mayo por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
El acuerdo establece una hoja de ruta para fortalecer los controles migratorios y financieros, así como la coordinación entre las autoridades de seguridad y la justicia, pero sobre todo marca un cambio de paradigma: frente a organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales, los Estados buscan transformar el tradicional intercambio de información en una cooperación operativa basada en el intercambio de inteligencia, la coordinación de las investigaciones y la planificación de operaciones conjuntas.
La nueva dinámica del crimen organizado
La creciente capacidad de las organizaciones criminales para expandirse más allá de sus países de origen representa uno de los principales desafíos para la seguridad regional. En junio pasado, autoridades brasileñas desmantelaron una red del Tren de Aragua que operaba en varios estados del país. La investigación reveló vínculos entre el grupo venezolano y el Comando Vermelho (CV), particularmente en el suministro de armamento, así como redes relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Diversas investigaciones también han señalado contactos con integrantes del Primeiro Comando da Capital (PCC), aunque la evidencia disponible muestra una relación más sólida y documentada con el CV.
“La creciente naturaleza transnacional de las organizaciones criminales y su capacidad para operar en múltiples jurisdicciones han transformado por completo el panorama de la seguridad global”, declaró a Diálogo Juan Belikow, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. “La respuesta tradicional de seguridad ha quedado obsoleta frente a un enemigo que ha diversificado su actividad económica para convertirse en ‘polirrubro’, que opera simultáneamente diversos delitos”.
Esta evolución no solo afecta a la expansión geográfica, sino también al modelo de negocio de las organizaciones criminales. En Ecuador, Los Choneros, surgidos como un grupo dedicado inicialmente a delitos comunes y posteriormente al narcotráfico, se han transformado en una red criminal diversificada que utiliza incluso zonas de minería ilegal de oro como bases operativas. Para sostener esta expansión, han consolidado alianzas con cárteles mexicanos, incluso el Cártel de Sinaloa, redes albanesas y con la ‘Ndrangheta italiana, ampliando su capacidad para operar en los mercados internacionales.
La diversificación también se extiende al ámbito digital. El Cybercrime-as-a-Service (CaaS), es decir, la venta de servicios de ciberdelincuencia, ha dado origen a un auténtico mercado criminal en el que grupos especializados desarrollan y comercializan malware, accesos a redes informáticas comprometidas y otras capacidades utilizadas para ataques de informáticos. Cada vez más organizaciones criminales tradicionales pueden adquirir estas capacidades para complementar el tráfico de drogas, armas y personas con operaciones informáticas, ampliando su capacidad operativa sin necesidad de desarrollar internamente conocimientos tecnológicos.
Según la empresa de seguridad digital Check Point Research, en diciembre de 2025, las organizaciones de Latinoamérica sufrieron un promedio de 3065 ciberataques por semana, con un crecimiento anual del 26 por ciento, el mayor registrado entre las regiones analizadas.
Por qué la transnacionalidad favorece a las redes criminales
La dimensión transnacional constituye una de las principales ventajas estratégicas de las organizaciones criminales. Además de facilitar el lavado de capitales y la diversificación de las actividades ilícitas, les permite aprovechar las diferencias entre los marcos jurídicos nacionales, ralentizando las investigaciones y aumentando los costos de las operaciones de combate.
“Los grupos criminales ya no solo corrompen a policías locales: compran a funcionarios de aduanas, autoridades políticas y policiales, y reguladores financieros en múltiples continentes para asegurar sus operaciones”, observa Belikow. De este modo pueden mover rápidamente personas, dinero y mercancías a lo largo de corredores que atraviesan múltiples jurisdicciones, reduciendo la eficacia de las respuestas nacionales.
Según G1, en agosto nueve personas fueron asesinadas en cinco días durante una serie de ataques vinculados, según las autoridades bolivianas, al enfrentamiento entre el PCC y el CV por el control de corredores del narcotráfico. La crisis llevó al Gobierno boliviano a anunciar la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz para fortalecer el intercambio de inteligencia, además de una presencia recíproca de funcionarios bolivianos en Brasil, reforzando la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales.
La fragmentación de las jurisdicciones también ralentiza la acción judicial. “Las organizaciones criminales, las mafias y los grupos terroristas eligen países específicos para establecer sus centros de mando, otros para lavar dinero y unos distintos para almacenar mercancía”, explica Belikow. Un caso emblemático es el de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua: buscado por la justicia chilena, fue detenido en Colombia en 2024 y en julio de 2026 el país autorizó su extradición a Chile, tras un largo proceso judicial y diplomático.
Una respuesta cada vez más regional
Para reducir la ventaja operativa de las organizaciones criminales, los países de la región están reforzando los mecanismos de cooperación en múltiples niveles. Además del Compromiso Regional de Santiago, los Estados miembros del Mercosur y los países asociados suscribieron en mayo el Compromiso de Asunción 2026 contra la Corrupción y el Crimen Organizado, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, la cooperación policial y judicial y la investigación financiera transnacional.
“Hoy, las fuerzas del orden y la justicia requieren de una estrategia multisectorial, multinivel e internacional”, dijo Belikow. Según el experto, “eso implica realizar patrullajes conjuntos, compartir bases de datos biométricas en tiempo real y ejecutar órdenes de captura simultáneas entre continentes”.
A esta arquitectura regional se suma también una creciente cooperación a nivel hemisférico. En agosto, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) activó la Fuerza de Tarea Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), una nueva estructura de mando conjunto destinada a sincronizar operaciones con los 19 países socios de la Coalición contra los cárteles de las Américas, aumentar la eficacia frente a los grupos criminales transnacionales y fortalecer la capacidad de respuesta ante crisis regionales.
El desafío ya no consiste únicamente en proteger las fronteras, sino en identificar e interrumpir los flujos de personas, capitales, armas y mercancías ilícitas a lo largo de toda la cadena logística de las redes criminales. En este escenario, la cooperación regional y hemisférica se convierte en un multiplicador de fuerza, indispensable para enfrentar a las organizaciones criminales en su dimensión transnacional.
