El grupo armado colombiano Comandos de La Frontera (CDF) amplia sus relaciones y redes logísticas en Ecuador a través de una alianza con la banda ecuatoriana Los Lobos. Juntos, estos grupos se han convertido en parte de un sistema criminal transnacional que transporta cocaína y otros productos ilícitos entre el sur de Colombia, la región amazónica de Ecuador y los puertos de la costa del Pacífico.
Los CDF surgieron tras el acuerdo de paz de Colombia de 2016, a partir de una alianza entre disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros de La Constru, una estructura criminal con raíces en redes post paramilitares. La organización estableció su principal bastión en el departamento colombiano del Bajo Putumayo, donde se involucró en la producción de cocaína, la extorsión, la minería ilegal y el control de corredores fluviales y terrestres.
Su influencia también se ha extendido más allá de la frontera. El medio de investigación Amazon Underworld informó sobre la presencia de los CDF en los alrededores de La Bonita y la parroquia de Santa Bárbara, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, así como sobre su actividad en zonas más profundas del territorio ecuatoriano.
La expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía ha creado una fuente adicional de ingresos y competencia territorial para los grupos armados. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la minería afectó 1422 hectáreas en la cuenca del río Punino entre 2019 y el primer semestre de 2024.
En algunas zonas de Orellana y Sucumbíos, los CDF establecieron redes de protección y extorsión en torno a operaciones mineras anteriormente asociadas con la banda ecuatoriana Los Choneros. Posteriormente surgió una relación cada vez más estrecha entre los CDF y Los Lobos, dirigida contra su rival común, según informó el medio de comunicación ecuatoriano Primicias.
El 9 de mayo de 2025, aproximadamente 80 soldados ecuatorianos que llevaban a cabo una operación contra la minería ilegal en la región del Alto Punino sufrieron una emboscada por parte de hombres armados, donde once soldados perdieron la vida. Eentre los delincuentes fallecidos se encontraba Miller Rodríguez Ortega, alias Compadre, a quien las autoridades ecuatorianas identificaron como un líder de los CDF involucrado en la minería ilegal y la extorsión.
Estructura de las redes
La relación entre los CDF y Los Lobos sustenta una red logística más amplia que conecta las zonas productoras de coca en el sur de Colombia con las rutas de tráfico en Ecuador. Estas redes facilitan los envíos de cocaína y, al mismo tiempo, permiten el traslado de armas, combustible, precursores químicos, oro extraído ilegalmente y otros productos de contrabando.
El sur de Colombia sigue siendo una de las principales regiones de cultivo de coca y procesamiento de cocaína del país. En marzo de 2026, las autoridades colombianas desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína en Barbacoas, departamento de Nariño, y decomisaron más de 1,3 toneladas de cocaína, junto con miles de litros y kilogramos de precursores químicos.
Aunque la operación no se atribuyó públicamente a los CDF, ilustra la magnitud de la economía de la cocaína que opera en los departamentos fronterizos, donde los grupos criminales colombianos compiten por las zonas de producción y los corredores de transporte.
Para contrarrestar a estas organizaciones, las fuerzas ecuatorianas y colombianas han llevado a cabo operaciones coordinadas “tipo espejo”, en las que cada país despliega personal en su respectivo lado de la frontera.
Durante una de estas operaciones en junio de 2025, las tropas colombianas destruyeron un laboratorio de procesamiento de cocaína cerca de la frontera con Ecuador. Las autoridades estimaron que la instalación tenía capacidad para producir 1,4 toneladas de cocaína al mes. Mientras las fuerzas colombianas realizaban la redada en la instalación, el personal ecuatoriano estableció posiciones de contención en su lado de la frontera para bloquear posibles rutas de escape.
Según un miembro de los servicios de inteligencia militar de Ecuador que habló con Amazon Underworld bajo condición de anonimato, las redes criminales utilizan los ríos Putumayo y San Miguel para conectar las zonas de influencia de los CDF alrededor de Puerto Asís y La Hormiga, en Colombia, con contactos y redes de transporte dentro de Ecuador.
Desde la frontera, la carga ilícita puede trasladarse a través de Ecuador hacia la costa del Pacífico y las zonas portuarias alrededor de Guayaquil. La remota frontera fluvial es especialmente difícil de vigilar debido a su densa selva, las comunidades dispersas, los cruces informales y la limitada infraestructura permanente.
Las rutas de tráfico operan en ambas direcciones. La pasta de coca y la cocaína refinada son trasladadas desde las zonas de producción colombianas hacia Ecuador, mientras que las armas, las municiones, los precursores químicos y el combustible de contrabando son enviados hacia Colombia.
“Es un flujo que va en ambos sentidos […], especialmente la gasolina para refinar la droga, que va principalmente de Ecuador a Colombia […]. Por otro lado, se trata más bien de la exportación de pasta de coca y de cocaína ya refinada y procesada de Colombia a Ecuador ”, dijo Glaeldys González Calanche, del International Crisis Group.
La gasolina, a menudo robada o desviada de los oleoductos y sistemas de distribución ecuatorianos, se utiliza como solvente durante el procesamiento inicial de las hojas de coca y, por lo tanto, se ha convertido en un componente facilitador importante de la producción de cocaína.
Alianza con Los Lobos
Según los analistas, Los Lobos compran cocaína y pasta de coca a grupos colombianos, incluidas redes asociadas con los CDF, y ayudan a transportar las drogas desde la región amazónica de Ecuador hacia la costa.
Desde allí, el grupo trabaja con intermediarios, contactos portuarios y organizaciones internacionales de tráfico para llevar la cocaína hacia los mercados de los Estados Unidos y Europa. Los Lobos también han establecido vínculos con cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“Los grupos ecuatorianos, de alguna manera, aumentan su influencia al convertirse en estos intermediarios, lo cual se volvió clave para todo el tráfico […], llevando [los narcóticos] desde la frontera hacia las zonas costeras y luego fuera del país”, dijo González Calanche.
El acceso de los CDF a las zonas de producción colombianas y a los ríos fronterizos complementa las redes de Los Lobos dentro de Ecuador. Su cooperación también se extiende más allá del narcotráfico. En la región amazónica, ambas organizaciones han buscado obtener ingresos de la minería ilegal y han desafiado la posición de Los Choneros en torno a las minas, las rutas de distribución de combustible y los corredores fluviales.
Según declaró a Primicias el Teniente Coronel de la Policía Nacional de Ecuador Juan Carlos Espín, los CDF llevaron a cabo lo que describió como una “limpieza social” para expulsar a Los Choneros de algunas zonas de Sucumbíos mediante una serie de masacres. El International Crisis Group también informó que los CDF mataron a miembros de Los Choneros que ingresaron al sur de Colombia para comprar cocaína.
“A los Comandos de la Frontera les conviene estar del lado del ganador de esa rivalidad […]”, dijo González Calanche. “Los Choneros en este momento también están en una posición defensiva; no tienen la capacidad para expandirse; no tienen la capacidad de crecer”.
Desafíos para las fuerzas de seguridad
El carácter transnacional de estas redes complica las operaciones militares y policiales.
Según Byron Villagómez, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, los CDF “pueden operar en toda esa zona territorial, aprovechando en cierta medida esta situación fronteriza en la que supuestamente dos Estados tienen o deberían tener el control, pero que no siempre comparten necesariamente la misma agenda, los mismos intereses o la misma facilidad para cooperar”.
En marzo de 2025, presuntos miembros de los CDF atacaron una unidad militar ecuatoriana a orillas del río Putumayo. Según el Ejército ecuatoriano, hombres armados dispararon desde una embarcación hacia las instalaciones, mientras que otros asaltantes intentaron ingresar a una sección de la base utilizada para almacenar municiones. Posteriormente, los atacantes regresaron para exigir la entrega del combustible que las tropas habían incautado durante una operación anterior. Entre uno y otro enfrentamiento, los hombres armados cruzaron el río hacia territorio colombiano, lo que los situó fuera del alcance inmediato de las fuerzas ecuatorianas y puso de manifiesto cómo los grupos criminales se aprovechan de las fronteras internacionales.
Posteriormente, Ecuador aumentó su presencia militar en la Amazonía. Tras el ataque del Alto Punino en mayo de 2025, el Gobierno desplegó más de 1500 soldados para buscar a los responsables e intensificar las operaciones contra la minería ilegal y los grupos armados.
La respuesta continuó en 2026. El 6 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ecuador anunció que las fuerzas ecuatorianas, con el apoyo de inteligencia estadounidense, atacaron un campamento de los CDF en el cantón de Cascales, provincia de Sucumbíos. Según el Ministerio, la instalación servía como área de descanso para un comandante de los CDF conocido como Mono Tole y como centro de entrenamiento con capacidad para aproximadamente 50 narcotraficantes.
La operación demostró el valor de la cooperación en materia de inteligencia para identificar y desarticular la infraestructura criminal en terrenos selváticos remotos. Sin embargo, desmantelar campamentos y desplegar tropas adicionales solo aborda a una parte de la red. Estas mismas organizaciones dependen de proveedores de combustible, operadores de transporte, facilitadores financieros, traficantes de armas e intermediarios locales que permiten que las economías ilícitas perduren.
La relación entre los CDF y Los Lobos ilustra cómo las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras nacionales pueden combinar capacidades complementarias para transportar cocaína, proteger la minería ilegal y expandir su alcance. Para combatir esas redes se requerirá un intercambio sostenido de inteligencia, operaciones transfronterizas coordinadas y una cooperación continua entre Ecuador, Colombia, Perú y los socios internacionales.
