Las organizaciones criminales aprovechan las fronteras para mover drogas, armas, dinero y personas, establecer redes de apoyo y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades. Mientras estas estructuras actúan en varios países, las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales deben operar dentro de sus respectivas jurisdicciones. Cerrar esa brecha es uno de los principales objetivos del Escudo de las Américas.
Quince gobiernos participantes en esta iniciativa acordaron coordinar medidas contra 24 organizaciones criminales y armadas que operan en el hemisferio. Entre ellas figuran los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13); los grupos colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Clan del Golfo; el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil; el Tren de Aragua (TdA) de origen venezolano; Los Lobos y Los Choneros de Ecuador; y la organización haitiana Viv Ansanm.
“Estas organizaciones no operan de forma aislada, sino mediante estructuras empresariales y redes que atraviesan fronteras. Es una realidad que vemos a diario”, dijo a Diálogo el Contralmirante de la Armada de Colombia Jaime Leonardo Montañez Torres, comandante de la Jefatura de Operaciones Navales y exdirector de la Dirección Contra las Drogas.
La Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, suscrita el 22 de septiembre en Nueva York, establece tres pilares de cooperación: económico, de seguridad y de coordinación multilateral. Como primera acción conjunta, los gobiernos expresaron su intención de adoptar medidas que incluyen el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, y acciones penales contra quienes proporcionen deliberadamente apoyo material o logístico a las organizaciones identificadas, conforme a las legislaciones y obligaciones internacionales de cada país.
El objetivo es aumentar la presión no solo sobre los integrantes de estos grupos, sino también sobre las redes financieras y logísticas que les permiten operar más allá de sus países de origen.
Atacar las redes
El narcotráfico continúa siendo una fuente fundamental de ingresos para numerosas organizaciones, pero sus actividades se han diversificado, conectando distintas economías ilícitas y ampliando sus redes de apoyo.
“El narcotráfico sigue siendo el principal negocio, pero las organizaciones aprendieron a no depender de una sola actividad. Hoy combinan la cadena de la cocaína con minería ilegal, tráfico de migrantes, contrabando, tráfico de armas, pesca ilegal no declarada y no reglamentada, usando las mismas rutas y modalidades”, señaló el Contralmte. Montañez.
El oro ilegal ilustra esta dimensión transnacional. Extraído en zonas remotas o fronterizas, puede cruzar varios países antes de ingresar al mercado formal, dificultando el rastreo de su origen. En la frontera entre Brasil y Venezuela, investigaciones han documentado la presencia del PCC y el TdA en Roraima, donde distintas economías ilícitas, incluida la minería aurífera, alimentan la actividad criminal.
En Brasil, la Operación Carbono Oculto, lanzada en agosto de 2025, expuso la sofisticación de las estructuras financieras investigadas por sus vínculos con el PCC. Las autoridades identificaron el uso de empresas, fondos de inversión y entidades financieras para presuntamente ocultar y lavar recursos ilícitos. La investigación identificó más de 40 fondos con activos estimados en USD 5500 millones.
Estos casos muestran por qué la respuesta debe ir más allá de las incautaciones y detenciones, para alcanzar también a los intermediarios, empresas y mecanismos financieros que sostienen las operaciones criminales en distintos países.
Las medidas contempladas por el Escudo buscan reducir esos espacios. El congelamiento de activos puede restringir el acceso a recursos vinculados a las organizaciones; las medidas migratorias pueden dificultar los desplazamientos de sus integrantes y asociados; y las acciones contra quienes proporcionan apoyo material o logístico pueden aumentar la presión sobre sus facilitadores.
La coordinación entre los gobiernos es clave para identificar estas conexiones, intercambiar información y actuar contra las redes criminales en distintas jurisdicciones, respetando los marcos jurídicos de cada país.
Esa misma necesidad de coordinación se extiende a los puertos y las rutas comerciales, donde las organizaciones criminales aprovechan el movimiento internacional de mercancías para transportar cargamentos ilícitos.
Para el Vicealmirante de la Armada del Ecuador Marco Salinas Haro, coordinador del Centro de Estudios Estratégicos de Guerra Naval (CESMA) de la Academia Naval ecuatoriana, se trata de “una transformación estructural del fenómeno criminal que ha convertido a los puertos en plataformas logísticas clave para el narcotráfico transnacional”.
“El salto estratégico está en integrar la conciencia del dominio marítimo, el análisis de riesgos portuarios, la inspección de cargas y la inteligencia financiera entre los países participantes del Escudo”, señaló a Diálogo.
Una amenaza que afecta a las comunidades
La importancia de esta cooperación va más allá de los cargamentos de droga y los flujos financieros. Las organizaciones identificadas en la declaración también ejercen violencia, disputan territorios y afectan directamente la vida de las comunidades.
En Ecuador, Los Choneros y Los Lobos han extendido su influencia mediante violencia, extorsiones y control de redes carcelarias. En Colombia, el Clan del Golfo ha ampliado su presencia territorial. Según la Fundación Ideas para la Paz, su influencia pasó de 145 municipios en 2022 a 296 municipios en 2025.
En Haití, la coalición Viv Ansanm ha consolidado su presencia en sectores de Puerto Príncipe y otras zonas del país, agravando la crisis de seguridad que ha obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares.
Detrás de estas cifras están las consecuencias del control criminal: comercios que cierran, escuelas que suspenden actividades, familias desplazadas y comunidades sometidas a amenazas.
Para los países más pequeños el desafío puede ser especialmente complejo. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, destacó que las redes criminales transnacionales representan una amenaza desproporcionada para los pequeños Estados insulares al mover armas, drogas, personas y recursos ilícitos a través de las fronteras.
Persad-Bissessar también subrayó la importancia de la cooperación internacional frente a los grupos criminales y la participación de su país en el Escudo de las Américas. “Confiamos en que esta alianza seguirá promoviendo la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, dijo.
Convertir los compromisos en acciones
La cooperación multilateral ya ofrece experiencias sobre las cuales avanzar. La Estrategia Multinacional Orión, liderada por la Armada de Colombia, ha reunido a autoridades de numerosos países para coordinar esfuerzos contra el narcotráfico marítimo.
“Cada país actúa en sus aguas, con sus medios y bajo sus leyes, pero todos trabajamos sobre la misma premisa. Una alerta generada en Cartagena puede terminar en una interdicción en Centroamérica, África o Europa”, explicó el Contralmte. Montañez.
El Escudo busca ampliar esa lógica de coordinación hacia medidas financieras, migratorias, judiciales y diplomáticas. La declaración también contempla promover consultas en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río, con miras a facilitar posibles acciones colectivas contra las organizaciones identificadas.
En una medida alineada con los objetivos del Escudo de las Américas, Argentina anunció el 21 de octubre que había designado como organizaciones terroristas a cinco organizaciones criminales transnacionales: el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México; el ELN y las FARC-EP, de Colombia; y Los Tiguerones, de Ecuador. La decisión contempla su inclusión en el registro nacional de terrorismo de Argentina, lo que fortalece el marco jurídico del país para combatir a las organizaciones involucradas en el crimen transnacional y sus redes financieras.
La coordinación regional también se reflejó el 1.º de octubre, cuando los 15 gobiernos participantes emitieron una nueva declaración conjunta de respaldo a Bolivia por sus acciones contra el narcotráfico y la corrupción. El pronunciamiento siguió a una operación en la que las autoridades bolivianas informaron de la detención de 14 personas, entre ellas el entonces fiscal general Roger Mariaca, por su presunta vinculación con una organización criminal.
La declaración alentó a Bolivia a continuar las investigaciones y los procesos judiciales contra estas redes, reafirmando el respaldo de los países participantes a los esfuerzos contra el narcotráfico y sus facilitadores.
“Compartir inteligencia y coordinar acciones conjuntas no es ceder soberanía, es fortalecer nuestra capacidad para ejercerla. La soberanía se pierde cuando una organización criminal controla un río, una costa o un puerto”, afirmó el Contralmte. Montañez.
