La cooperación fluvial entre Brasil, Colombia y Perú refuerza la seguridad en la Amazonía

La extensa red fluvial que conecta Brasil, Colombia y Perú constituye una infraestructura esencial para el transporte, el comercio y la vida de las comunidades amazónicas. Al mismo tiempo, su extensión y la dificultad de ejercer un control estatal continuo sobre zonas remotas la convierten en una de las principales vulnerabilidades de seguridad de la región. Los mismos ríos que conectan territorios de difícil acceso para las autoridades pueden ser utilizados por organizaciones criminales transnacionales para transportar cocaína, oro, madera y otras mercancías ilegales, además de trasladar personas y recursos a través de las fronteras.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las zonas fronterizas de la cuenca amazónica constituyen puntos de convergencia entre el narcotráfico, los delitos ambientales y otras actividades ilícitas. En particular, el área donde convergen Brasil, Colombia y Perú comprende algunos de los principales cursos de agua utilizados para el tráfico de drogas, oro y madera, entre ellos los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas. En este contexto, el control de las vías fluviales y la capacidad de las fuerzas armadas para coordinar operaciones a través de las fronteras adquieren relevancia estratégica.

La cooperación fluvial entre las fuerzas armadas de los tres países responde a esta realidad. Desde hace más de cinco décadas, Brasil, Colombia y Perú utilizan la operación BRACOLPER para desarrollar procedimientos comunes, mejorar la interoperabilidad y compartir información e inteligencia. Iniciada en 1974, BRACOLPER se ha convertido en una de las formas más longevas de cooperación militar en la región amazónica.

“BRACOLPER es una necesidad, más que una opción”, dijo a Diálogo Juan Belikow, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y especialista en seguridad y defensa.

Para Belikow, “la cooperación militar y las operaciones conjuntas y combinadas son el mejor instrumento y, por el momento, la única barrera posible para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional”. La cooperación permite a las tres armadas coordinar sus capacidades en un entorno operativo en el que las redes criminales aprovechan la continuidad geográfica de los ríos y la fragmentación de las jurisdicciones nacionales.

La 52.ª edición de BRACOLPER, realizada entre julio y septiembre, llevó a una fuerza multinacional a recorrer unos 5563 kilómetros por los ríos Amazonas, Putumayo, Solimões, Negro y Nanay. Las tres armadas emplearon unidades fluviales y componentes de infantería de Marina para desarrollar capacidades de interoperabilidad, mando y control, comunicaciones tácticas y respuesta ante amenazas transnacionales. El ejercicio permitió reforzar la capacidad de las fuerzas para operar conjuntamente en uno de los entornos más extensos y difíciles de controlar de la región.

El río como corredor criminal

La triple frontera entre Leticia, en Colombia, Tabatinga, en Brasil, y la isla peruana de Santa Rosa representa uno de los puntos más sensibles de este sistema. Según Juan Belikow, constituye la “columna vertebral del mundo del narcotráfico en Sudamérica”.

“[Esa región] es el corredor bioceánico de la delincuencia organizada: narcotráfico, todos los delitos contra el medioambiente que se puedan imaginar, pesca ilegal, caza furtiva, deforestación criminal, explotación ilimitada de los recursos naturales, contrabando de todo tipo, tráfico y trata de personas, extorsiones, explotación infantil y minería ilegal”, dijo.

La geografía de la región permite a las organizaciones criminales utilizar la red fluvial como una infraestructura transnacional y flexible. La cocaína puede producirse en un país, transportarse a través de otro y salir hacia los mercados internacionales desde un tercero. La misma infraestructura logística puede servir para distintas actividades, desde el contrabando hasta la minería ilegal y los delitos ambientales.

Una investigación de InSight Crime sobre la zona fronteriza entre Perú, Colombia y Brasil describe una cadena del narcotráfico que parte de la producción de coca en Perú y aprovecha la cobertura proporcionada por la selva y la cuenca del río Amazonas. La amplitud de la red hidrográfica dificulta el control de las rutas.

“Es un río interminable, con innumerables afluentes rodeados de bosques que permiten eludir cualquier puesto de control instalado por las fuerzas de seguridad”, afirma Belikow.

La misma vulnerabilidad afecta a la minería ilegal, una actividad que atraviesa fronteras y depende de una compleja cadena logística. Dragas, combustible, transporte, mano de obra y sistemas de protección sostienen redes que pueden coincidir con las utilizadas para el narcotráfico y el contrabando.

Según un análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), basado en el análisis de imágenes satelitales, la minería ilegal de oro provocó la deforestación de 506 hectáreas en el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza de Colombia con Brasil, entre junio de 2024 y mayo de 2026.

En este escenario, la cooperación militar cumple funciones que van más allá de la interdicción directa. Las fuerzas armadas aportan vigilancia, movilidad, logística y capacidad de intervención en áreas donde la presencia estatal es más limitada.

“Las capacidades militares permiten hacer frente a una potencia de fuego cada vez más sofisticada y ofrecen una segunda línea de apoyo logístico y operativo”, afirma Belikow.

Una red de cooperación fluvial

La cooperación entre Brasil, Colombia y Perú combina ejercicios trilaterales, operaciones bilaterales y campañas conjuntas. En conjunto, estas iniciativas permiten desarrollar procedimientos compatibles para detectar, seguir e interceptar amenazas que se desplazan entre jurisdicciones. Una embarcación sospechosa puede ser detectada en un tramo del río, cambiar de rumbo o cruzar una frontera y quedar bajo la jurisdicción de otro país.

En septiembre, por ejemplo, capacidades de inteligencia de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía Federal de Brasil, contribuyeron a localizar una embarcación que autoridades brasileñas interceptaron en el sector de Codajás, en jurisdicción brasileña. La operación permitió incautar unas 4,5 toneladas de marihuana, además de armas de grueso calibre y municiones.

Los ejercicios bilaterales, como COLPER entre Colombia y Perú, permiten a las unidades que operan en una misma frontera practicar procedimientos comunes de navegación, comunicaciones, patrullaje, visita e inspección de embarcaciones, control del tráfico e interdicción. Si una patrulla detecta una embarcación sospechosa cerca de la frontera, la transmisión rápida de la información permite que las autoridades del país vecino mantengan el seguimiento o intervengan cuando la embarcación entra en su jurisdicción.

Las campañas binacionales incorporan además una dimensión de presencia estatal y asistencia a comunidades aisladas. En 2026, por ejemplo, Colombia y Perú recorrieron unos 2400 kilómetros por los ríos Putumayo y Amazonas para llevar servicios y asistencia a poblaciones ribereñas. Estas operaciones permiten mantener un vínculo institucional con comunidades alejadas de los principales centros urbanos y ampliar la presencia del Estado en territorios donde las organizaciones criminales pueden aprovechar su ausencia o limitada capacidad de respuesta.

El componente trilateral está representado por BRACOLPER. “En esta edición nos concentramos en la interoperabilidad, cuyo objetivo es mejorar nuestra capacidad para actuar como una fuerza unificada frente a las amenazas transfronterizas”, declaró el Vicealmirante de la Marina de Brasil André Luiz de Andrade Felix, comandante del 9.º Distrito Naval, en un comunicado.

La continuidad del ejercicio desde 1974 genera ventajas operativas, especialmente en los tiempos de reacción. Las tripulaciones y los comandantes que ya han trabajado juntos conocen los procedimientos, sistemas de comunicación y mecanismos de coordinación de sus socios. En una operación real, esta familiaridad reduce la necesidad de establecer desde cero cómo se distribuirán las tareas y facilita la coordinación entre las unidades. Una unidad puede concentrarse en la interdicción, otra en la protección, mientras otros componentes aseguran las comunicaciones, el transporte o el apoyo aéreo. La interoperabilidad, por tanto, no se limita a que las fuerzas puedan operar juntas, sino que permite distribuir capacidades de manera más rápida cuando una amenaza cruza una frontera.

Un segundo componente es la inteligencia. En un territorio atravesado por miles de kilómetros de ríos y afluentes, no es viable controlar físicamente cada embarcación o cada ruta. La eficacia del patrullaje depende, por tanto, de la capacidad desarrollada a lo largo de los años para concentrar los recursos en los puntos y momentos en los que existe una mayor probabilidad de interceptar actividades ilegales. El intercambio de información permite convertir un dato obtenido en un país en una alerta operativamente útil para las fuerzas del otro lado de la frontera. Esto resulta especialmente importante cuando una embarcación cambia de jurisdicción durante una operación: la información puede acompañar el desplazamiento de la amenaza, en lugar de quedar limitada al territorio donde fue obtenida.

La cooperación también integra las capacidades fluviales con los componentes aéreo y terrestre. El río es solo un tramo de la cadena logística criminal: drogas, oro, combustible o armas pueden pasar de una embarcación a tierra firme y regresar al agua en otro punto. El empleo coordinado de patrulleros, unidades rápidas, helicópteros, infantería de Marina y otras fuerzas de seguridad permite mantener el seguimiento de una amenaza cuando abandona el curso de agua.

La experiencia acumulada por Brasil, Colombia y Perú durante más de cinco décadas de cooperación fluvial cobra especial relevancia en un momento en que la región refuerza la coordinación contra las organizaciones criminales transnacionales, incluso mediante iniciativas como la Coalición de las Américas contra los Cárteles, de la que forman parte Colombia y Perú.

En la Amazonía, donde las redes criminales aprovechan la continuidad geográfica de los ríos para desplazarse entre países y actividades ilícitas, BRACOLPER permite conectar inteligencia, comunicaciones y capacidades operativas a través de las fronteras. Esa coordinación ayuda a las fuerzas a mantener la presión sobre las amenazas aun cuando estas cambian de ruta, territorio o jurisdicción.

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