En la Amazonía colombiana, los depósitos clandestinos, campamentos y corredores de movilidad son mucho más que puntos de almacenamiento: forman parte de las redes logísticas que permiten a los grupos armados abastecerse, desplazarse y sostener sus operaciones en territorios extensos y de difícil acceso.
En julio, las autoridades localizaron en Puerto Cachicamo, municipio de San José del Guaviare, un depósito perteneciente a la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño. En su interior había 500 minas antipersona improvisadas, 200 kilogramos de ANFO, granadas, municiones de distintos calibres, detonadores, material logístico y equipos de comunicaciones.
Un mes después, en la localidad Caño Cuma, también San José del Guaviare, el Ejército Nacional, con apoyo de la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, descubrió un campamento clandestino con capacidad para unas 120 personas, además de dos depósitos con fusiles, granadas, minas, municiones, chalecos tácticos y equipos de campaña.
Según Erich Saumeth, experto colombiano en Defensa y Seguridad, este tipo de hallazgos es particularmente importante para las fuerzas de seguridad porque puede aportar información sobre el origen de los materiales, sus destinatarios, las rutas utilizadas y los vínculos con otras estructuras. “Un depósito debe analizarse por su contenido y por su posición dentro de la red”, dijo a Diálogo.
Estos sitios forman parte de una estructura más amplia, diseñada para sostener la presencia de los grupos armados en un territorio particularmente complejo desde el punto de vista operativo. La Amazonía colombiana abarca unos 483 000 km², equivalentes al 42,3 por ciento del área continental del país, y se caracteriza por grandes distancias, baja densidad poblacional y escasas conexiones terrestres. En este entorno, los puntos de apoyo y abastecimiento conectados mediante rutas terrestres y fluviales permiten movilizar hombres, armas y materiales y sostener actividades ilícitas, desde el tráfico de cocaína hasta la extracción ilegal de oro.
Para las fuerzas de seguridad, cada depósito o campamento localizado también puede convertirse en una fuente de información sobre la red: reconstruir rutas, identificar nodos logísticos, determinar responsables y establecer vínculos entre distintas estructuras. “Un combatiente puede ser reemplazado; una red logística consolidada es mucho más difícil de reconstruir”, señala Saumeth.

Una red de corredores
En la Amazonía, la capacidad de un grupo armado para mantener su presencia e influencia territorial depende de una red que garantiza abastecimiento, movilidad y comunicaciones. Los depósitos y campamentos son algunos de sus principales nodos, pero su valor para las investigaciones va mucho más allá del material incautado. Las armas y los explosivos pueden revelar capacidades ofensivas; los equipos de radio, aportar información sobre los sistemas de comunicación; y la combinación de la ubicación, los materiales encontrados y otros indicios puede ayudar a identificar proveedores, destinatarios y rutas.
“El desafío es establecer la relación entre personas, lugares, movimientos, comunicaciones y transacciones y para eso es fundamental tanto la inteligencia humana como la técnica”, dice Saumeth.
Los ríos son uno de los elementos centrales de esta arquitectura. Según el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFFMM), el control territorial se concreta a través del dominio de los corredores fluviales, que funcionan como verdaderas autopistas naturales para las economías ilícitas. En la Amazonía, los ríos cumplen en buena medida la función que tienen las carreteras en otras regiones, pero los grupos armados los complementan con senderos, vías secundarias y rutas terrestres que conectan con otras zonas de Colombia y con las fronteras internacionales.
La red también está diseñada para dificultar la detección de los movimientos. “El beneficio es que no son necesarios grandes desplazamientos de personal o materiales. Una cadena logística fragmentada, con pequeños movimientos sucesivos y depósitos intermedios, es mucho más difícil de detectar que una concentración logística convencional”, dice Saumeth. La fragmentación permite distribuir el riesgo y aprovechar corredores utilizados también por poblaciones locales y operadores legítimos.
La dimensión transfronteriza aumenta esa dificultad. Los corredores de la Amazonía colombiana se conectan con zonas fronterizas de Ecuador, Perú y Brasil, mientras que las redes criminales pueden aprovechar estos espacios para mover personas, insumos, drogas y otros recursos ilícitos. Reconstruir estas redes requiere cruzar información recogida en el terreno con datos sobres incautaciones, comunicaciones, movimientos financieros y rutas de tránsito, incluso más allá de las fronteras nacionales.
La capacidad de regenerar la red
El impacto de una operación no se mide únicamente por el número de arrestos o la cantidad de material incautado, sino también por su capacidad para afectar los mecanismos que permiten a la red reconstruirse. Una estructura puede sobrevivir a la pérdida de algunos de sus integrantes si conserva el acceso a proveedores, medios de transporte, depósitos y recursos financieros.
Por ello, cuando una estructura se ve obligada a reemplazar al mismo tiempo explosivos, equipos, sistemas de comunicación y canales de abastecimiento, debe invertir tiempo y recursos para recuperar una capacidad operativa que ya tenía disponible. Es en ese momento cuando la pérdida de un nodo puede tener efectos más amplios sobre la red.
La operación de julio contra la estructura Jhon Linares en Meta y Guaviare ofrece un ejemplo. Según las fuerzas de seguridad, el depósito localizado en Puerto Cachicamo se encontraba en uno de sus principales corredores de movilidad. Su desmantelamiento afectó no solo los recursos almacenados, sino también sus capacidades logísticas, armadas y de comunicaciones.
“Si simultáneamente se afectan proveedores, rutas y recursos financieros, la organización enfrenta una presión logística que puede reducir su ritmo operacional y obligarla a dispersarse o replantear estratégicamente su posición en un territorio determinado”, dice Saumeth.
Cooperación e integración de capacidades
En un territorio donde las redes criminales utilizan simultáneamente tierra, ríos y espacio aéreo, la respuesta de las fuerzas de seguridad también debe integrar capacidades diferentes. El Ejército opera en tierra, la Armada controla corredores fluviales, la Fuerza Aeroespacial proporciona vigilancia y movilidad, mientras que la Policía contribuye a la recolección de inteligencia y a las investigaciones.
El valor de esta integración reside, sobre todo, en la capacidad de cruzar información procedente de distintos dominios. “La combinación de inteligencia técnica, monitoreo con drones y reconocimiento terrestre permite identificar posibles cambios en el terreno, movimientos inusuales, rutas de abastecimiento y posibles puntos logísticos. La clave está en cruzar esa información para establecer patrones y priorizar operaciones”, explica Saumeth.
El control de los corredores fluviales es especialmente relevante porque permite intervenir simultáneamente sobre varias funciones de la red. “Controlar o vigilar determinados puntos de paso, desembarco, abastecimiento y conexión entre corredores puede afectar simultáneamente movilidad, comunicaciones, abastecimiento y economías ilícitas”, agregó.
Pero en la Amazonía los corredores no terminan en la frontera colombiana. Su conexión con zonas fronterizas de Ecuador, Perú y Brasil hace especialmente relevante el intercambio de inteligencia y la coordinación con las autoridades de los países vecinos.
El objetivo, por tanto, en convertir los resultados tácticos —un depósito incautado, una embarcación interceptada o una ruta identificada— en una presión sostenida sobre la capacidad de las organizaciones para reconstruir su infraestructura. “El principal desafío es pasar de la incautación de componentes a la desarticulación de sistemas logísticos completos y, consecuentemente, de las estructuras terroristas”, concluye Saumeth.