El departamento colombiano del Guaviare se ha convertido en uno de los principales campos de batalla en el conflicto entre facciones disidentes rivales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más allá de la disputa por el cultivo de coca, los grupos armados compiten por el control de corredores estratégicos de tráfico, economías criminales y rutas logísticas clave.
Tras el acuerdo de paz de 2016, los combatientes de las FARC que rechazaron la desmovilización se fragmentaron en pequeños frentes regionales. Hoy en día, muchas de estas estructuras están alineadas con alguna de las dos organizaciones rivales. El Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco, abandonó las negociaciones con el Gobierno colombiano y continúa con las operaciones armadas contra las fuerzas estatales. El Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, se separó del EMC en 2024 y sigue buscando negociaciones mientras compite con sus antiguos aliados por el control territorial.
Esta rivalidad ha convertido al Guaviare en uno de los desafíos de seguridad de mayor importancia estratégica para Colombia. Ubicado entre las Llanuras Orientales y la selva amazónica, el departamento sirve como encrucijada de rutas fluviales, selváticas y terrestres utilizadas para transportar cocaína, armas, suministros y personal a través del sureste de Colombia.
Una batalla por el territorio y las economías del crimen
El Guaviare es un campo de batalla clave porque ofrece mucho más que acceso a las rutas de tráfico. Las facciones rivales también luchan por el control de las economías locales, en particular la ganadería, la tierra y la extorsión, que proporcionan una fuente constante de financiamiento al tiempo que ayudan a integrar las ganancias ilícitas en la actividad económica legítima.
El ciclo actual de violencia comenzó en enero de 2025, cuando el Bloque Jorge Suárez Briceño, alineado con el EMBF, atacó un campamento del Bloque Amazonas del EMC, asesinando a 20 personas entre ellas seis menores, según las autoridades colombianas.
La violencia se intensificó aún más en mayo de 2026, cuando combatientes del Bloque Amazonas del EMC atacaron un campamento perteneciente al Frente Isaías Carvajal, alineado con el EMBF, cerca de Barranco Colorado, en el municipio de San José del Guaviare. Las autoridades colombianas informaron que 48 personas perdieron la vida, entre ellas 11 menores, lo que lo convirtió en uno de los enfrentamientos más mortíferos entre facciones disidentes en los últimos años. Este enfrentamiento se produjo tras otro incidente mortal en enero, en el que fallecieron 26 personas en la cercana localidad de El Retorno.
Gran parte de los combates se han centrado en Barranco Colorado, El Retorno, San José del Guaviare y la cercana Calamar, ya que estas zonas se encuentran a lo largo de los corredores de transporte que conectan el Guaviare con Meta, Caquetá y la región amazónica en general. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y la Corporación Nuevo Arco Iris, las fuerzas de Calarcá han buscado expandir su presencia hacia Calamar para obtener un mayor control sobre las rutas ganaderas y la logística criminal.
El conflicto también ilustra la creciente flexibilidad operativa de las organizaciones disidentes de Colombia. En lugar de funcionar como grupos regionales aislados, son capaces de desplazar a combatientes experimentados a través de los departamentos para reforzar frentes amenazados.
Un ejemplo fue el de alias Gerson Ramírez, un comandante del Frente Carlos Patiño en el Cauca quien, según la alianza colombiana de periodismo colaborativo La Liga Contra el Silencio, murió durante los combates en El Retorno, después de haber sido desplegado a cientos de kilómetros de su zona habitual de operaciones. Dichos movimientos demuestran la capacidad de las organizaciones disidentes para reforzar los conflictos locales con personal procedente de otras regiones, lo que complica los esfuerzos militares por contener la violencia dentro de un solo departamento.
Presión militar
Colombia ha respondido aumentando la presión militar en el Guaviare y los departamentos vecinos. En marzo de 2026, el Gobierno colombiano activó la Fuerza de Despliegue Rápido No. 10, asignándole la responsabilidad de intensificar las operaciones contra el EMC y desmantelar su liderazgo y sus estructuras operativas en toda Colombia. Según las Fuerzas Armadas colombianas, las operaciones posteriores en el Guaviare, Amazonas y los departamentos vecinos dieron como resultado la neutralización de más de 120 combatientes del EMC, aunque Mordisco sigue prófugo.
Anteriormente, en noviembre de 2025, la Operación Orión se centró en el municipio de Calamar, uno de los centros estratégicos del corredor criminal disputado por ambas facciones. Durante la operación, las fuerzas colombianas neutralizaron a 25 combatientes disidentes y fueron incautados más de 59 000 cartuchos de municiones, además de rifles, morteros, granadas y otros equipos militares.
Aunque estas operaciones desarticularon las estructuras disidentes, los combates han continuado en el centro del Guaviare, lo que pone de relieve la capacidad de ambas facciones para regenerar sus fuerzas y disputar terrenos de importancia estratégica.
Financiamiento del conflicto
A diferencia de muchas organizaciones criminales cuyos ingresos dependen principalmente de productos ilícitos, las facciones disidentes rivales en el Guaviare han desarrollado fuentes diversificadas de ingresos que combinan actividades ilegales y legales.
Aunque el cultivo de hoja de coca sigue siendo una parte importante de la economía ilícita local, los principales ingresos criminales del Guaviare provienen cada vez más de la apropiación de tierras, la extorsión, la ganadería y el control de los corredores de transporte.
Según Juanita Vélez, cofundadora de la Fundación Conflict Responses, el EMBF mantiene su propio registro informal de tierras y “cobra cuotas de extorsión [vacunas] por hectárea de tierra comprada o vendida en su territorio”, al tiempo que actúa como una autoridad informal para resolver disputas entre ganaderos.
La naturaleza legal de la ganadería también la convierte en un mecanismo eficaz para lavar las ganancias del crimen.
En palabras de Vélez, la industria ganadera “les sirve para lavar dinero del narcotráfico, pero también para que ellos mismos posean ganado, laven dinero e inviertan en proyectos agrícolas […] en una zona llamada El Yarí, donde tienen una operación de trilla de arroz y algunos cultivos de soya. Han construido todo un imperio en el que combinan las economías ilícitas con las legítimas”.
Más allá de generar ingresos, estas actividades ayudan a los grupos armados a fortalecer su influencia territorial al integrarse en la economía local, lo que los hace más resistentes a la presión militar.
Un centro logístico estratégico
El Guaviare es estratégicamente importante no solo por sus economías locales, sino también por su posición dentro de la red logística más amplia que sustenta a la delincuencia organizada transnacional en todo el sureste de Colombia.
Según Pares, una red de ríos, senderos en la selva y rutas terrestres conecta la Serranía de La Macarena, las Llanuras Orientales y la selva amazónica con corredores que se extienden hacia Venezuela y Brasil. Estas rutas conectan las economías criminales de Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, lo que permite a los grupos armados transportar cocaína, armas, suministros y personal a través de una región vasta y difícil de controlar.
Por esta razón, el Guaviare fue uno de los bastiones históricos de las FARC antes del acuerdo de paz de 2016. Tras la desmovilización, el EMC surgió inicialmente como la organización sucesora dominante en el departamento. Ese equilibrio cambió tras la separación entre Iván Mordisco y Calarcá, que transformó a antiguos aliados en rivales que compiten por muchos de los mismos corredores estratégicos.
La división se originó en desacuerdos sobre las negociaciones con el Gobierno colombiano y el rumbo futuro de la organización. Mientras que Calarcá y los frentes alineados con él buscaban continuar el diálogo, Mordisco rechazó nuevas negociaciones e intensificó las operaciones armadas contra las fuerzas del Estado. La ruptura dividió al EMC en dos estructuras rivales.
La disputa se extiende mucho más allá del Guaviare. En otras partes de Colombia, el EMC y el EMBF también compiten por el control de los corredores fluviales y las rutas de tráfico en Caquetá, Putumayo y Amazonas. En conjunto, estos departamentos forman parte de la cuenca del Amazonas, donde extensas redes fluviales proporcionan corredores de transporte críticos que conectan a Colombia con Ecuador, Perú y Brasil.
Las consecuencias humanitarias han sido significativas. Según las autoridades colombianas y las organizaciones humanitarias, los combates y las medidas coercitivas impuestas por los grupos armados han confinado a miles de residentes en sus comunidades, han interrumpido el transporte y han restringido el acceso a servicios esenciales, mientras las facciones disidentes buscan controlar el movimiento a lo largo de los ríos y las carreteras rurales.
Implicaciones regionales
El conflicto en el Guaviare pone de relieve cómo han evolucionado las organizaciones disidentes de las FARC en Colombia desde el acuerdo de paz de 2016. Si bien conservan estructuras guerrilleras, también operan como redes criminales interconectadas capaces de desplazar personal, recursos y logística a través de las fronteras departamentales, para proteger corredores estratégicos de tráfico y otras economías ilícitas.
El Guaviare demuestra que el control de los corredores estratégicos depende cada vez más no solo de la fuerza armada, sino también de la capacidad de dominar las redes de transporte, infiltrarse en las economías legales, financiar operaciones a través de actividades criminales diversificadas y mantener la libertad de movimiento a través de regiones remotas.
A medida que las facciones disidentes rivales continúan compitiendo por estos corredores, es probable que el Guaviare siga siendo uno de los desafíos de seguridad más importantes desde el punto de vista estratégico en Colombia. El conflicto ilustra cómo las disputas por la logística criminal pueden expandirse rápidamente más allá de un solo departamento, a medida que los grupos armados se refuerzan mutuamente en todo el sureste de Colombia, lo que subraya la complejidad de desarticular las redes interconectadas que sustentan el crimen organizado transnacional.
