La expansión de la flota pesquera china en aguas sudamericanas ya no se limita a las grandes concentraciones de buques que operan en alta mar, junto al límite de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de la región. Empresas chinas también han ampliado su participación en flotas nacionales mediante adquisiciones, filiales locales y el abanderamiento de embarcaciones, operando dentro y fuera de las aguas jurisdiccionales.
El calamar concentra buena parte de esa presión. China, cuya flota de aguas distantes es señalada como la principal responsable de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a nivel mundial, desplegó en el Atlántico Sudoccidental una capacidad de captura que ningún país ribereño iguala. Esta presencia —tanto en alta mar como dentro de estructuras pesqueras nacionales— plantea nuevos desafíos para la trazabilidad de las capturas, la fiscalización de las empresas y el control soberano de los recursos marítimos.
Capital chino en la flota potera argentina
Empresas bajo control de capitales chinos concentran actualmente cerca de dos tercios de la flota potera autorizada para capturar calamar en Argentina, mientras que el capital nacional representa apenas el 17,9 por ciento de la propiedad.
Los datos surgen del informe China y el control de la pesca dentro de la ZEE de Argentina, del especialista argentino en conservación marina y pesca ilegal Milko Schvartzman. El estudio analizó los 84 buques habilitados para pescar calamar en la ZEE argentina, así como los permisos, registros corporativos y estructuras de propiedad que los sustentan.
“Hay un proceso sistemático de extranjerización y pérdida de control soberano sobre la pesquería de calamar (Illex argentinus) en la ZEE, donde actualmente corporaciones bajo el control directo e indirecto de China manejan el 63,1 por ciento de la flota potera nacional”, confirmó Schvartzman a Diálogo.
El hallazgo amplía el debate sobre la presencia pesquera china. La presión ya no proviene únicamente de los cientos de buques que se concentran más allá de la milla 200 y que incursionan ilegalmente en la ZEE argentina. También comprende embarcaciones autorizadas para operar dentro del área jurisdiccional, bajo bandera argentina, pero controladas mediante capitales, filiales o beneficiarios finales chinos.
Dos décadas de adquisiciones y abanderamientos
El avance no fue abrupto. Desde 2005, empresas chinas adquirieron compañías pesqueras argentinas, establecieron filiales locales y abanderaron embarcaciones propias hasta retener una porción significativa de la flota de altura, explicó Schvartzman.
Entre los grupos identificados en el informe figuran China National Fisheries Corporation, Shanghai Fisheries Group Co. Ltd., Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd. y Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. A través de distintas estructuras empresariales, estas corporaciones operan con buques autorizados dentro de la ZEE argentina y en alta mar.
El informe destaca los casos de China National Fisheries Corporation y Shanghai Fisheries Group para demostrar cómo redes empresariales vinculadas anteriormente con incidentes de pesca ilegal lograron posteriormente incorporarse de manera legal al sistema argentino. En otros casos, grupos chinos utilizan de manera paralela embarcaciones con permisos argentinos dentro de la ZEE y buques de aguas distantes fuera de ella para capturar las mismas poblaciones migratorias de calamar.
Ese doble despliegue se apoya en brechas de fiscalización y transparencia. “La falta de controles, de transparencia y trazabilidad, y el incumplimiento de la Ley Federal de Pesca han permitido la competencia ilegítima, el fraude pesquero, abusos a tripulantes, y que empresas dueñas de embarcaciones involucradas en pesca ilegal operen sobre los recursos pesqueros nacionales”, indicó Schvartzman.
Según Schvartzman, esta estructura genera una zona gris en la que empresas vinculadas a operaciones autorizadas dentro de la ZEE también mantienen conexiones con embarcaciones señaladas por pesca ilegal o no reglamentada en otras jurisdicciones y en alta mar. La mezcla posterior de capturas de distintos orígenes en las plantas de procesamiento dificulta determinar qué productos fueron obtenidos bajo regulación argentina y cuáles proceden de zonas sin mecanismos efectivos de control.
La integración vertical también proporciona ventajas comerciales. De acuerdo con el informe, la normativa china permite que las capturas obtenidas en el extranjero por empresas del país asiático ingresen a China como productos nacionales, con beneficios impositivos que no reciben las compañías argentinas que exportan al mismo mercado. Esa asimetría favorece la expansión de los grupos chinos y reduce la capacidad competitiva de los operadores nacionales.
Un recurso biológicamente frágil bajo presión creciente
La escala de la extracción agrava el riesgo. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) estima que las flotas extranjeras capturan de entre 1,5 millones y 3 millones de toneladas anuales de distintos recursos en el Atlántico Sudoccidental. China concentra la mayor presencia y capacidad de captura en esa flota, frente a las 750 000 a 900 000 toneladas desembarcadas por la industria pesquera argentina, señaló Infobae.
Entre 400 y 600 embarcaciones de la flota pesquera china operan cada año en la región. Mientras los niveles generales de extracción aumentaron un 65 por ciento entre 2019 y 2024, el esfuerzo pesquero de la flota china creció un 85 por ciento en ese mismo período.
El director de FULASP, Raúl Cereseto, advirtió que el calamar “vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria”, por lo que “una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede llevar a discutir en el corto plazo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur”.
Vigilancia, cooperación y sanciones: la respuesta regional
Los países de la región sostienen esfuerzos concretos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y para mantener el conocimiento de las actividades de la flota china en áreas adyacentes a sus ZEE.
Medios navales y aéreos argentinos ejecutaron a inicios de mayo la undécima edición de la operación de vigilancia y control Mare Nostrum, coordinada por el Comando Conjunto Marítimo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La integración del binomio buque-aeronave amplía el radio de cobertura y optimiza el monitoreo de los buques chinos concentrados en el límite de la ZEE y en las áreas de alta mar adyacentes. Un sobrevuelo permite barrer grandes extensiones, identificar artes de pesca y obtener pruebas de infracciones, tanto de los buques que buscan calamar como de los que operan por arrastre en zonas prohibidas, precisó el Ministerio de Defensa argentino.
La cooperación internacional refuerza esa capacidad. Con la firma en mayo de 2026 de una carta de intención, Argentina avanza en un plan a cinco años con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desarrollar capacidades propias de patrullaje, vigilancia y control marítimo.
El programa comprende transferencia tecnológica, formación de personal y asistencia técnica, además de nuevos sensores, sistemas de comando y control, aeronaves de patrullajes marítimo y vehículos aéreos no tripulados capaces de operar desde los patrulleros oceánicos de la Armada Argentina.
La Armada de Chile también desplegó el 6 de julio un operativo de fiscalización pesquera oceánica al oeste de Iquique. Mediante una aeronave C295 y personal especializado, la institución detectó dos agrupaciones de embarcaciones extranjeras dedicadas a faenas pesqueras entre 300 y 400 millas náuticas de la costa, fuera de la ZEE chilena, pero dentro de un área de responsabilidad asignada por tratados y convenios internacionales.
En el Perú, a finales de junio, la Marina de Guerra realizó una operación de vigilancia aérea y marítima ante la presencia de una flota extranjera dedicada a la captura de calamar gigante.
Las operaciones de Chile y Perú no detectaron incursiones en sus respectivas zonas marítimas, pero demostraron la importancia de mantener una imagen operacional actualizada sobre flotas numerosas que operan cerca de sus límites y que pueden desplazarse rápidamente entre distintas áreas del Pacífico.
Argentina, por su parte, complementó la vigilancia con sanciones económicas. El 22 de julio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía argentino ratificó multas por unos USD 1,82 millones contra los buques chinos Bao Feng y Bao Win, detectados realizando desplazamientos y maniobras compatibles con actividad pesquera dentro de la ZEE.
“Los monitoreos y las medidas de disuasión son adecuados, pero la situación de la pesca ilegal en el Atlántico Sur sigue siendo crítica, en especial por las maniobras de la flota china para ocultar las actividades ilícitas”, consideró Schvartzman, quien reclamó incrementar los controles “porque China no respeta ninguna regulación laboral en sus tripulaciones, pone en riesgo la seguridad marítima y provoca daños ambientales en el Atlántico Sur”.
Más allá del seguimiento de los buques
La expansión del control chino sobre las empresas y embarcaciones que explotan un recurso nacional puede limitar la capacidad de Argentina para identificar a los beneficiarios finales, garantizar la trazabilidad y asegurar que la actividad responda a prioridades nacionales.
El desafío trasciende la fiscalización pesquera y alcanza la seguridad nacional. Compromete la protección de las tripulaciones, la sostenibilidad de los recursos, la transparencia de las empresas y el conocimiento del dominio marítimo propio.
La vigilancia aérea y naval, la cooperación internacional y las sanciones demuestran una creciente capacidad de detección y respuesta. Sin embargo, esas medidas actúan principalmente sobre la conducta de los buques. Para enfrentar la estructura que la sostiene, los países también necesitan examinar la propiedad efectiva de las empresas, compartir información sobre embarcaciones y beneficiarios finales, fortalecer los controles portuarios y laborales y asegurar la trazabilidad de las capturas desde el mar hasta el mercado.
