Designado por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) en febrero de 2025, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha continuado proyectando su influencia más allá de las fronteras de México, incluso después de la muerte, el 22 de febrero de 2026, de su histórico líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante una operación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (SEDENA) en Tapalpa, en el estado de Jalisco.
La capacidad del cártel para mantener operativas sus redes tras la pérdida de Oseguera refleja una estructura descentralizada, con el mando y las funciones criminales distribuidos entre distintos grupos y territorios, lo que reduce su dependencia de una sola figura y facilita su continuidad bajo presión.
Las recientes actuaciones de las autoridades estadounidenses ofrecen un ejemplo concreto de esta estructura. El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció nuevos cargos contra cinco altos dirigentes del CJNG, mientras que el Departamento de Estado ofreció recompensas por más de USD 100 millones por información que conduzca al arresto o condena de ocho fugitivos vinculados al cártel. Los casos revelan una red criminal transnacional que integra funciones que van desde el narcotráfico y el tráfico de armas hasta el lavado de dinero y el fraude, distribuyendo riesgos y responsabilidades entre distintos actores.
Los casos anunciados reflejan también un esfuerzo interinstitucional: en las investigaciones participaron varias agencias federales estadounidenses, entre ellas la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).
Un elemento adicional surge de las acusaciones contra los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias R1 y R2. El 26 de agosto, el Departamento de Justicia acusó a ambos, considerados comandantes regionales del CJNG en el estado de Michoacán, de tráfico de cocaína y metanfetaminas destinadas a Estados Unidos y de delitos relacionados con el uso de armas. El caso muestra cómo el control ejercido sobre el territorio mexicano puede constituir la base para conectar las actividades locales del cártel con las rutas internacionales del narcotráfico.
“El CJNG ya no es un cártel mexicano, es una empresa criminal transnacional que, como un pulpo, cambia de color, textura y forma en menos de un segundo”, dice a Diálogo Abraham Serrano Ortega, especialista mexicano en geoestrategia e inteligencia. Según el experto, el CJNG opera según un modelo de franquicia que le permite extender su presencia a unos 40 países sin tener que desplegar un número significativo de sus propios miembros.
En este modelo, Latinoamérica desempeña un papel estratégico gracias a sus rutas, puertos y alianzas con organizaciones criminales locales, que facilitan el movimiento de drogas, armas y capitales. La naturaleza transnacional de la red hace cada vez más necesaria una respuesta regional coordinada, basada en el intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas, el seguimiento de los flujos financieros y una cooperación judicial más estrecha.
Una organización construida por funciones
Las recientes acusaciones permiten entender cómo el CJNG combina un liderazgo central, necesario para definir los objetivos y coordinar los distintos componentes, con una estructura operativa distribuida entre funciones especializadas. “Estamos frente a la mutación definitiva del crimen hacia un holding narcoterrorista”, sostiene Ortega.
Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o El 03, hijastro de El Mencho, habría asumido el liderazgo del cártel tras su muerte, garantizando la continuidad en la cúpula. Valencia está acusado de estar involucrado en la producción, el transporte y la distribución de grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas destinadas a Estados Unidos, así como en la organización de varios actos de violencia. Valencia ya había sido sancionado el 23 de julio por el Departamento del Tesoro, junto con más de 50 personas y empresas consideradas parte de la red financiera del CJNG, en el marco de la mayor acción jamás emprendida por el Tesoro contra el cártel. La investigación identificó un sistema de lavado de dinero basado en transferencias internacionales, empresas pantalla y actividades inmobiliarias.
En la red contra la que se presentaron nuevos cargos el 5 de agosto, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela dirigían el denominado Grupo Elite, una estructura armada encargada de proteger los intereses del cártel, controlar áreas estratégicas y atacar a funcionarios públicos y grupos rivales. El grupo también contaba con campos de entrenamiento y más de 1000 personas bajo su autoridad.
Otros miembros se encargaban del funcionamiento de los eslabones esenciales de la cadena: Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, del suministro de armas, el entrenamiento y el reclutamiento; Ricardo Ruiz Velasco, de la coordinación del narcotráfico, la corrupción, las armas y las actividades coercitivas; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, de la logística, la adquisición de precursores químicos, la recaudación de las ganancias y el transporte de los cargamentos de droga destinados a Estados Unidos.
Para completar esta arquitectura existe también un componente financiero que, según el Departamento de Justicia, estaba a cargo de Montero Pinzón y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, acusados de haber participado en un sistema internacional de fraude relacionado con multipropiedades. Los ingresos habrían sido reinvertidos en las actividades del cártel. “El mismo dinero del fraude y otros ilícitos globales sostiene la compra de armamento, drogas como fentanilo y otros narcóticos y despliega fuerza para apoyar al terrorismo”, afirma Ortega.
La estrategia de las alianzas locales
Estos recursos también permiten al CJNG ampliar sus operaciones más allá de México mediante socios locales que facilitan el acceso a territorios, infraestructura, rutas y mercados, sin necesidad de trasladar directamente muchos hombres y recursos a cada país. “Son joint ventures líquidas, no alianzas jerárquicas de pandillas”, explica Ortega. En Latinoamérica estas colaboraciones abarcan desde la logística y el acceso a infraestructura portuaria hasta el suministro y distribución de drogas. A cambio, las organizaciones locales obtienen recursos, armas, precursores químicos, capital y acceso a mercados internacionales.
Ecuador representa uno de los ejemplos más significativos. El 26 de agosto, las autoridades ecuatorianas, con el apoyo de la DEA y del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), llevaron a cabo las operaciones simultáneas Jericó y Factoría en varias provincias del país contra estructuras vinculadas a Los Choneros y Los Lobos, esta última una organización criminal asociada al CJNG. Las operaciones condujeron a detenciones y al decomiso de drogas, armas, dinero, vehículos y equipos de comunicación, además de afectar infraestructura utilizada para el tráfico aéreo clandestino. Según la DEA, las estructuras investigadas trasladaban cocaína desde Ecuador a través de Centroamérica y México hacia otros mercados internacionales. Entre los detenidos también figuran dos ciudadanos mexicanos que el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, vinculó al CJNG.
La operación se produjo en el contexto de una cooperación regional más amplia contra las redes de los cárteles. Ecuador forma parte de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, una iniciativa que reúne a 19 países del hemisferio para fortalecer la coordinación frente al crimen organizado transnacional. En su segundo encuentro, celebrado en agosto en Panamá, autoridades de defensa y seguridad avanzaron en la identificación de áreas de acción conjunta, incluidos el intercambio de inteligencia y el combate a las estructuras financieras y logísticas que permiten a estas organizaciones operar a través de las fronteras.
“Es una alianza de subcontratación territorial. El CJNG provee armas, precursores y logística, y los grupos locales le garantizan el acceso a los puertos. Es franquicia criminal”, dice Ortega.
En Panamá, investigaciones periodísticas han vinculado al grupo criminal Bagdad con el CJNG y con el apoyo logístico al tránsito de cocaína procedente de Ecuador y Colombia hacia México. En Colombia, el cártel opera a través de emisarios para la compra de cocaína, mientras que en Chile la Fiscalía General vinculó al CJNG con un laboratorio clandestino de metanfetaminas descubierto en enero de 2025 en la región de O’Higgins, administrado por dos ciudadanos mexicanos. Fueron incautados más de 844 kilogramos de droga y precursores químicos. Investigaciones en Paraguay, Argentina y Brasil también han puesto de manifiesto la presencia de miembros, operadores o redes vinculadas a la organización.
La red, sin embargo, no se limita al narcotráfico, sino que se extiende a sectores criminales capaces de generar ganancias, proporcionar materias primas o facilitar el traslado de capitales. Según la organización no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental (EIA), el cártel está involucrado en el tráfico ilegal de mercurio desde México hacia las regiones auríferas de Sudamérica, incluidas Bolivia, Perú y Colombia.
Esta diversificación amplía las posibilidades de colaboración con otras organizaciones criminales transnacionales. El grupo venezolano Tren de Aragua, cuya presencia ha sido documentada en 11 estados mexicanos, colabora en ocasiones con el CJNG y otras organizaciones criminales mexicanas. Según análisis de seguridad citados por medios regionales, los cárteles aprovechan al grupo como mano de obra criminal y para el control de rutas migratorias, mientras que el Tren de Aragua se beneficia de su cobertura y poder local.
Los vínculos del CJNG se extienden también fuera del hemisferio. Sobre la relación con la ’Ndrangheta italiana, Ortega afirma, “es una alianza de mercado mayorista y blanqueo. El CJNG entrega cocaína y metanfetamina pura en Europa vía España y Bélgica, y la ‘Ndrangheta lava con restaurantes y construcción”. Con la mafia albanesa, en cambio, la alianza se basa en la “distribución de última milla”. “Los albaneses controlan la distribución en Reino Unido y Balcanes y tienen la ruta de heroína. El CJNG usa esa red para colocar fentanilo sin exponer su estructura”, dice Ortega.
Una respuesta coordinada contra la red del CJNG
La naturaleza cada vez más transnacional del CJNG exige ahora una respuesta igualmente coordinada. Entre los países de Latinoamérica ya existen formas de cooperación entre fuerzas de seguridad, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas, pero, según los expertos, es necesario transformarlas en una estrategia regional permanente, capaz de seguir de manera constante la red criminal más allá de las fronteras. Cuando se golpea un solo nodo sin intervenir sobre sus conexiones, el cártel puede sustituir a un intermediario, trasladar hombres y capitales o modificar las rutas, aprovechando las diferencias entre legislaciones, sistemas judiciales y capacidades de investigación.
Por ello, según Ortega, la cooperación debe ir más allá de las operaciones policiales e incluir el seguimiento sistemático de los flujos financieros y una mayor armonización de los instrumentos jurídicos. “Tipificar en toda la región el apoyo material al CJNG y de otros actores no estatales como terrorismo” permite “habilitar extinción de dominio y extradición expedita de la corporación, no solo del sicario”, dice.
El objetivo no es, por tanto, únicamente golpear a los miembros individuales, sino impedir que el CJNG pueda reconstruir rápidamente sus funciones en otros lugares. Para lograrlo, las capacidades ya existentes deben conectarse en un sistema regional capaz de seguir simultáneamente a las personas, los capitales, las infraestructuras y las rutas de la red criminal. Solo una respuesta coordinada en múltiples niveles puede reducir la capacidad del cártel para explotar las diferencias entre los países y eludir la presión ejercida en una jurisdicción simplemente trasladando sus actividades a otra.
