Las recientes operaciones del Ejército Nacional de Colombia en el norte de Colombia ponen de relieve la importancia estratégica del Caribe para las organizaciones criminales que operan en el país. El control de corredores costeros, vías de comunicación y puntos de salida marítima continúa siendo uno de los principales objetivos de estas estructuras, mientras el Estado combina inteligencia, presencia territorial sostenida y cooperación internacional para restringir su capacidad de movimiento.
El 15 de junio, el Ejército Nacional lanzó una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta. En respuesta, integrantes del grupo bloquearon varios tramos de la Troncal del Caribe, afectando la movilidad entre Magdalena y La Guajira. Horas después, la Fuerza Pública retomó el control del corredor mediante una acción coordinada con autoridades nacionales y locales, organismos humanitarios y líderes comunitarios.
Más allá del enfrentamiento puntual, la operación evidenció el valor estratégico de este corredor para las organizaciones criminales. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las principales fuentes de financiación de las ACSN son el narcotráfico y la extorsión. La organización controla corredores que conectan rutas internas con puntos de salida hacia el Caribe, administra centros de acopio y cobra a otras redes criminales por utilizar zonas costeras empleadas para la exportación de cocaína.
El grupo, consolidado bajo su nombre actual en 2020 tras la reconfiguración de estructuras armadas que operaban en la región, mantiene presencia principalmente en Magdalena, César y La Guajira, con indicios de expansión hacia Santander y Norte de Santander.
Yadira Gálvez, especialista en seguridad y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó a Diálogo que estas estructuras trascienden el narcotráfico y la extorsión. Además de controlar economías ilícitas, establecen mecanismos de gobernanza criminal que les permiten imponer normas de comportamiento, ejercer control directo sobre las comunidades y asegurar el funcionamiento de los corredores que sostienen sus actividades.
La geografía como ventaja estratégica
El Caribe colombiano alberga terminales portuarias estratégicas en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, además de una extensa red de carreteras, zonas costeras y áreas montañosas que facilitan la movilidad entre el interior del país y las rutas marítimas internacionales.
Para Gálvez, controlar estos corredores garantiza a las organizaciones criminales mucho más que el traslado de cargamentos ilícitos. También les permite proteger centros de acopio, asegurar puntos de embarque, mantener redes logísticas y generar ingresos mediante la extorsión de actividades económicas legales, incluido el turismo.
El informe Crimen Organizado en Colombia, del Ministerio de Justicia de Colombia, señala que las condiciones geográficas del país y la limitada presencia estatal en algunas regiones han favorecido la expansión de diversas economías ilícitas y de las organizaciones que las administran. El estudio identifica la incidencia sostenida de 98 grupos criminales en 618 municipios entre 2018 y junio de 2024, además de advertir que estas estructuras han diversificado sus ingresos hacia actividades como la minería ilegal, la extorsión y otras economías criminales, mientras fortalecen corredores de exportación hacia Centroamérica, Europa y África.
Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína, una condición que, según Gálvez, mantiene una presión constante sobre los corredores utilizados para transportar la droga hacia los mercados internacionales. Entre 2016 y 2024, los departamentos de La Guajira, Magdalena y Bolívar concentraron cerca del 20 por ciento de las incautaciones nacionales de cocaína, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, reflejando la importancia del Caribe tanto como corredor de salida y como área prioritaria para las operaciones de interdicción.
Modelo criminal cada vez más flexible
Las organizaciones criminales también han transformado la forma en que controlan estos corredores. En lugar de mantener presencia directa en todas las áreas de interés, las estructuras de mayor alcance recurren cada vez más a alianzas y acuerdos con grupos delincuenciales locales para asegurar rutas, centros de acopio y puntos de embarque.
Este modelo les permite ampliar su influencia con menores costos operacionales y aprovechar el conocimiento territorial de actores ya establecidos. Sin embargo, también genera nuevas disputas, ya que los grupos locales pueden fortalecerse, ampliar su autonomía y convertirse posteriormente en competidores por el control de las mismas economías ilícitas.
Gálvez explicó que esta capacidad de adaptación responde a la búsqueda constante de nuevas formas de operar. Las organizaciones incorporan tecnologías, modifican sus medios de transporte y desplazan sus actividades hacia zonas con menor presión estatal. Este fenómeno, conocido como “efecto globo”, provoca que, cuando aumenta la vigilancia sobre un corredor, las redes criminales trasladen parte de sus operaciones hacia otros espacios menos controlados.
Una respuesta sostenida
El Ministerio de Justicia señala que Colombia ha fortalecido progresivamente su marco institucional y jurídico para enfrentar el crimen organizado, complementando las operaciones militares con instrumentos dirigidos a afectar las estructuras financieras y patrimoniales que sostienen estas organizaciones.
Según InSight Crime, los esfuerzos recientes también han buscado concentrarse en los componentes más especializados del crimen organizado transnacional, particularmente las redes dedicadas al lavado de activos y a la articulación logística de las cadenas del narcotráfico.
Gálvez sostuvo que los operativos recientes demuestran la importancia de integrar inteligencia, planeamiento e interoperabilidad entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General para afectar las capacidades logísticas y de movilidad de estas organizaciones. Añadió que el desafío operacional consiste en mantener la presión sobre los corredores sin afectar a la población civil, especialmente en territorios donde habitan comunidades indígenas, al tiempo que se fortalecen las investigaciones financieras y las acciones contra las redes que vinculan economías legales e ilegales.
La cooperación internacional complementa estos esfuerzos mediante el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y diversos mecanismos bilaterales dirigidos a enfrentar el crimen organizado transnacional y otras amenazas compartidas.
La operación contra las ACSN demuestra que proteger un corredor estratégico implica mucho más que recuperar una carretera o desmantelar un campamento. Requiere una presencia sostenida que combine inteligencia, control territorial, coordinación entre instituciones y cooperación con socios internacionales para impedir que las organizaciones criminales reconstruyan las redes logísticas que les permiten sostener el narcotráfico y otras economías ilícitas en uno de los corredores más importantes del Caribe colombiano.
