Meses de trabajo investigativo coordinado culminaron en la mayor incautación de cobre robado en la historia de Chile. La Operación Alto Voltaje, ejecutada en abril de 2026 por la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, derivó en allanamientos simultáneos en 49 domicilios distribuidos en siete regiones del país.
La Operación logró la detención de 25 personas –incluidos líderes y operadores principales de la red– y la incautación de 187 toneladas de cobre robado, además de armas y vehículos. El entonces subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, lo sintetizó ante la prensa: “Esta es la incautación más grande que se ha hecho en la historia de nuestro país en ese delito”.
Un esquema de cinco años que burló controles comerciales y tributarios
Entre 2020 y 2025, esta organización de delincuencia organizada internacional movilizó cobre robado por un valor cercano a USD 917 millones, informó la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI. Durante ese mismo período, obtuvo de manera fraudulenta más de USD 55 millones en devoluciones del impuesto a las exportaciones. La red no operó en los márgenes del sistema: introdujo directamente en la infraestructura comercial legítima de Chile el mineral sustraído durante años, sin ser detectada.
El mecanismo para ocultar el origen del material fue descrito por la fiscal regional sustituta de la Región de Los Lagos, María Angélica de Miguel: el cobre robado era sometido a procesos de quema, pelado y trituración para impedir la identificación de su procedencia. Una vez procesado, el mineral era despachado a compradores en China mediante rutas que combinaban territorio peruano y puertos del norte de Chile, reportó South China Morning Post. La operación revela un nivel de integración logística, jurídica y tributaria que trasciende con creces la delincuencia común.
Sofisticación criminal: abogados, especialistas tributarios y redes transnacionales
El analista internacional Guillermo Holzmann advirtió a Diálogo que lo ocurrido en Chile no es un caso aislado, sino la expresión de una tendencia más amplia en la región. “Tenemos hoy una evolución de las bandas criminales hacia un nivel de sofisticación que resulta francamente impresionante en términos de la rapidez de adaptación que tienen sus negocios ilegales para ajustarse a las características de los distintos mercados”, señaló. “La demanda de recursos naturales constituye la fuente de mayor rentabilidad para estas organizaciones”.
Holzmann subrayó que la sofisticación de estas redes no radica únicamente en identificar dónde está la demanda, sino también en construir cadenas de suministro capaces de satisfacerla mientras minimizan los riesgos legales. Para ello, las organizaciones criminales recurren a recursos profesionales legítimos –entre ellos estudios jurídicos y especialistas tributarios– para navegar los requisitos regulatorios, aprovechar vacíos legales y otorgar apariencia de legalidad a las transacciones ilícitas.
Holzmann también señaló la creciente presencia de grupos criminales de origen chino involucrados en estas actividades.
“Aquí hay una proliferación de bandas y grupos de origen chino que realizan la mayoría de esas actividades delictuales. La pregunta es si cuentan con respaldo o algún tipo de relación con Pekín (…)”, dijo Holzmann. “Esas bandas venden posteriormente estos recursos al sistema legal chino, entonces existe una cobertura que permite que esto ocurra”.
Agregó que las deficiencias legales también contribuyen al problema. “El robo de cobre prospera principalmente porque muchas de estas operaciones no están adecuadamente tipificadas en los sistemas legales o penales de los países”, añadió Holzmann. “Establecer responsabilidades, formular acusaciones y, particularmente, obtener sentencias, es un proceso muy complicado”.
Chile como primera línea frente a una amenaza criminal en expansión
La Operación Alto Voltaje representa el mayor caso hasta la fecha, pero forma parte de un patrón más amplio.
En diciembre de 2025, la PDI desarticuló una organización criminal responsable de una serie de robos de cobre mediante incursiones violentas contra operaciones mineras en el norte de Chile. Ese mismo año, la Operación Oro Rojo había desmantelado una red internacional responsable del robo de más de 50 toneladas de cables e insumos de cobre, comercializados posteriormente en mercados de India y Bélgica.
El problema, sin embargo, se remonta a varios años atrás. En 2023, delincuentes armados robaron 12 contenedores de cobre de Codelco desde el puerto de San Antonio, en uno de los mayores robos de cobre registrados en el país. Un año antes, bandas criminales atacaron repetidamente trenes de carga que transportaban cobre desde las minas del norte hacia puertos del Pacífico, obligando a algunas empresas mineras a trasladar sus envíos por carretera debido al riesgo para la seguridad.
La aseguradora industrial TT Club advierte que el robo de cobre afecta hoy todas las etapas de la cadena de suministro y se extiende más allá del tránsito: ocurre también en patios, terminales, bodegas e instalaciones productivas.
“El robo de cobre ha pasado en la última década de ser un delito oportunista a una amenaza persistente para las cadenas de suministro, impulsada por el valor del metal, la participación del crimen organizado y las vulnerabilidades en los controles de transporte y almacenamiento”, sostiene la aseguradora. “Vemos un aumento significativo y acelerado tanto en la frecuencia de los incidentes como en su impacto financiero, lo que refuerza la necesidad de considerar al cobre como una carga de alto riesgo”.
Los incentivos económicos que impulsan este tipo de delitos difícilmente disminuirán. Durante la Conferencia Mundial del Cobre celebrada en Santiago en abril de 2026, un investigador de la estatal china Minmetals Corp proyectó que el consumo de cobre en China podría crecer a una tasa promedio anual de 3,7 por ciento hasta alcanzar los 22,95 millones de toneladas métricas en 2035, un aumento de 43 por ciento con respecto a los 16 millones registrados en 2025.
La Operación Alto Voltaje demuestra que el crimen organizado transnacional ya no actúa en los márgenes de la economía formal. Cada vez con mayor frecuencia, se infiltra en los sistemas comerciales legítimos aprovechando mecanismos financieros, tributarios y logísticos normalmente asociados a actividades legales. A medida que el cobre adquiere una importancia creciente para los vehículos eléctricos, inteligencia artificial, telecomunicaciones, manufactura avanzada y los sistemas de defensa, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos se perfila como una prioridad tanto económica como de seguridad nacional para los países productores.
La fuerte demanda global indica que los incentivos para estos delitos persistirán. Enfrentar esta amenaza requerirá algo más que operaciones policiales puntuales: dependerá del fortalecimiento de los marcos legales, la cooperación judicial transfronteriza, una mayor supervisión financiera y controles más estrictos sobre las exportaciones. El caso chileno ofrece tanto una advertencia como un ejemplo de acción coordinada entre instituciones que otros países productores de minerales críticos en la región podrían estudiar.
