Colombia intensifica su ofensiva contra las organizaciones criminales con una estrategia dirigida no solo contra sus integrantes armados y sus operaciones de narcotráfico, sino también contra las finanzas y economías ilícitas que les permiten mantener el control territorial.
“Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella el 5 de septiembre, al anunciar una nueva estrategia de seguridad para la región del Catatumbo tras un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Fuerza Pública.
Entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre, las fuerzas de seguridad colombianas realizaron más de 21 900 capturas, incautaron más de 92 toneladas métricas de narcóticos y más de 2300 armas de fuego, y dirigieron operaciones contra por lo menos 24 líderes de importantes estructuras criminales, según la Presidencia. Las operaciones también apuntaron contra economías ilícitas, infraestructura del narcotráfico, corredores de movilidad y activos criminales.
Actuar contra esos distintos componentes es fundamental porque los grupos armados en Colombia han desarrollado múltiples fuentes de ingresos y redes de apoyo que les permiten absorber pérdidas y adaptarse a la presión de las autoridades. La extorsión, la minería ilegal, el financiamiento ilícito y la coerción de las comunidades pueden sostener a estas organizaciones incluso después de los golpes de las fuerzas militares o policiales. En algunas zonas, los grupos armados también restringen la movilidad, presionan a comerciantes y productores e imponen reglas a las comunidades, lo que les permite mantener su influencia incluso cuando las fuerzas de seguridad logran avances en el terreno.
“Es importante hablar de mercados más que de países”, señaló a Diálogo Guillermo Holzmann, analista internacional de la Universidad de Valparaíso. “Las organizaciones criminales estructuran sus operaciones en función de producción, transporte, exportación y distribución de drogas en distintos mercados internacionales”.
Atacar las fuentes del poder criminal
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) describe un modelo criminal en red, en el que organizaciones de diferentes tamaños colaboran o compiten por mercados ilícitos, mientras algunos grupos controlan actividades criminales específicas o prestan servicios a organizaciones más grandes. Esta estructura permite a los grupos criminales distribuir funciones entre sus redes y limitar el impacto de perder a un integrante, una ruta o una fuente de ingresos.
“Es un control de pérdida: están dispuestos a perder hasta 20 por ciento para mantener el 80 por ciento”, explicó Holzmann.
“Hay que seguir el dinero e identificar a quienes movilizan y financian los recursos en los niveles superiores”, agregó. Advirtió que “cuando una actividad deja de funcionar, estas organizaciones recurren a otros delitos para mantener su estructura”.
Cauca ofrece ejemplos de cómo las autoridades colombianas buscan afectar distintos componentes de ese sistema.
En mayo de 2026, tropas del Ejército Nacional, con capacidades de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron dos explotaciones mineras ilegales en Caldono y Santander de Quilichao. Según inteligencia militar, esa economía generaba más de 1600 millones de pesos colombianos mensuales y favorecía a integrantes de la estructura Jaime Martínez.
Dos meses después, el Ejército capturó en Suárez, Cauca, a alias Tulande, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de minería ilegal en la zona de Los Farallones y presunto integrante de las redes de apoyo de la misma estructura. Las investigaciones determinaron que las rentas de la explotación minera ilegal alimentaban las finanzas criminales mediante extorsiones y el control violento del territorio.
En junio, la Policía Nacional también capturó en El Tambo a un presunto integrante de una red de apoyo de la estructura Carlos Patiño, requerido por extorsión agravada tras una investigación sobre amenazas y exigencias de dinero a un docente.
Consideradas en conjunto, esas operaciones muestran una estrategia que no se limita a enfrentar a los hombres armados: busca afectar las actividades que producen ingresos, las personas que movilizan esos recursos y las redes que permiten a las estructuras ejercer presión sobre la población.
Del control militar al control institucional
El desafío no termina cuando la Fuerza Pública ingresa a un territorio. De La Espriella ordenó a la cúpula militar y policial “recuperar la seguridad y la autoridad del Estado en cada rincón del territorio nacional”, situando el control territorial en el centro de la estrategia de seguridad.
Un análisis de la FIP publicado en septiembre de 2026 destacó la importancia de una respuesta de seguridad coordinada que proteja a las comunicades, contenga la expansión de los grupos armados, fortalezca el control territorial e institucional y refuerce la justicia y la Fuerza Pública.
Mantener ese control requiere más que la presencia de las fuerzas de seguridad. También implica reducir la capacidad de los grupos criminales para intimidar a las comunidades, financiar sus operaciones, imponer sus decisiones por la fuerza y mantener el control sobre los medios de vida y los mercados locales.
Conectar inteligencia, finanzas y justicia
Afectar esas redes requiere además que la información obtenida por las fuerzas de seguridad llegue a quienes pueden convertirla en investigaciones financieras y procesos judiciales.
Holzmann destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de enfrentar a las redes criminales. “El desafío es recuperar la convergencia entre las instituciones policiales, castrenses y políticas, así como la coordinación y la confianza (…)”, afirmó.
Mantener canales permanentes de comunicación entre los organismos de inteligencia y las fiscalías es especialmente importante para que la información de inteligencia pueda contribuir a las investigaciones financieras y las acciones judiciales contra las redes criminales, añadió Holzmann.
Esta coordinación puede ayudar a las autoridades a identificar las redes financieras, logísticas y de apoyo que sostienen a los grupos armados, incluidas personas que pueden operar lejos de los territorios donde estos mantienen presencia. Rastrear esas conexiones permite ampliar las investigaciones más allá de quienes ejercen la violencia sobre el terreno, para alcanzar también a quienes financian, abastecen y facilitan las operaciones criminales.
La dimensión transfronteriza
Las redes criminales que operan en el suroccidente de Colombia también están conectadas con economías ilícitas y rutas de narcotráfico que se extienden hacia Ecuador y otros destinos. El dinero, los suministros y los servicios pueden desplazarse entre distintas jurisdicciones a medida que las organizaciones criminales se adaptan a la presión de las autoridades.
Colombia y Ecuador han fortalecido su capacidad para hacer frente a esa actividad transfronteriza mediante operaciones coordinadas. En marzo de 2026, ambos países pusieron en marcha la Operación Binacional Espejo contra el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades del crimen transnacional. Ambos países definieron zonas de acción coordinada, mientras los Estados Unidos brindaron apoyo de inteligencia para fortalecer las capacidades de interdicción.
Esa coordinación bilateral se complementa con esfuerzos regionales más amplios. Colombia se sumó en agosto a la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Durante una reunión el 8 de septiembre con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, Colombia ratificó su participación en la iniciativa y abordó el fortalecimiento de capacidades de seguridad, incluidos radares, drones, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales.
Andrés Macías, experto de la Universidad Externado de Colombia, dijo al medio ecuatoriano NotiMundo, que la cooperación entre Colombia, Ecuador y los Estados Unidos debe afectar el financiamiento, la estructura y las operaciones para evitar el denominado “efecto globo”, mediante el cual la presión ejercida en un territorio desplaza las actividades criminales hacia otro.
El mismo principio se aplica dentro de Colombia. Destruir un laboratorio, sacar de operación a un cabecilla o recuperar un punto estratégico puede reducir las capacidades inmediatas de un grupo sin eliminar las redes financieras, logísticas y coercitivas que le permitían operar en ese territorio.
Debilitar el control criminal requiere, por lo tanto, mantener la presión no solo sobre los integrantes armados y la producción de drogas, sino también sobre las finanzas, las economías ilícitas, las redes de apoyo y las estructuras coercitivas que permiten a estas organizaciones mantenerse activas.
