El departamento colombiano del Cauca sigue siendo uno de los entornos de seguridad más difíciles del país, donde facciones guerrilleras surgidas de los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan explotando las zonas productoras de coca, los corredores estratégicos de tráfico y los terrenos accidentados, a pesar de las operaciones de seguridad sostenidas del gobierno.
El departamento se encuentra en un punto crítico de conexión de las rutas del narcotráfico, que unen el interior de Colombia con los puntos de salida en la costa del Pacífico y los corredores que conducen hacia la frontera con Ecuador. La región es también una de las principales zonas productoras de cocaína de Colombia. Los municipios del Cañón del Micay concentran aproximadamente tres cuartas partes de los cultivos de hoja de coca del Cauca, lo que convierte a la zona en un objetivo estratégico tanto para las organizaciones criminales como para las fuerzas de seguridad colombianas.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero de 2022 y mayo de 2026 se registraron más de 620 ataques perpetrados por grupos armados en el Cauca y en el vecino Valle del Cauca. En este último, en 2025 se registraron 175 ataques, lo que representa un aumento del 52 por ciento con respecto a 2024, evidenciando la persistencia de la violencia a pesar de los continuos esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad.
Grupos armados y corredores estratégicos
Gran parte del Cauca se encuentra bajo la influencia de tres frentes afiliados al Estado Mayor Central (EMC), una red de estructuras disidentes de las FARC formada por Iván Mordisco, tras rechazar el acuerdo de paz de 2016.
Según el FIP, el Bloque Occidental del EMC comprende 11 frentes que operan en el suroeste de Colombia, incluidos los frentes Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, que mantienen influencia en zonas estratégicas del Cauca. En conjunto, estas estructuras controlan las zonas productoras de coca y los corredores de transporte que conducen hacia la costa del Pacífico, lo que contribuye a mantener las operaciones de tráfico de narcóticos.
El Frente Carlos Patiño mantiene su presencia más fuerte en el Cañón de Micay, zona productora de coca, particularmente alrededor del pueblo de El Plateado, que se ha convertido en una de las principales prioridades de seguridad de Colombia. El grupo de Jaime Martínez opera en el territorio que conecta Cali con el Cañón de Micay y se extiende hacia la costa del Pacífico, mientras que la estructura de Dagoberto Ramos mantiene influencia en el noreste del Cauca.
Según el experto en seguridad Diego Arias, la competencia de otros grupos armados sigue siendo limitada. “El Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentó incursionar y ha mantenido enfrentamientos en el Cañón de Micay con miembros de la disidencia. Pero la presencia del ELN en el Cauca es mínima, y el control sigue estando totalmente en manos de la agrupación Carlos Patiño”, declaró Arias a Diálogo.
Agregó que el tipo de disputas territoriales comunes en otras partes de Colombia están prácticamente ausentes en gran parte del Cauca. “El tipo de enfrentamiento en la escala [común en otras partes de Colombia] que disputan el control territorial no es realmente significativa aquí en la región, ni en el norte del Cauca, ni en el Cañón del Micay, ni en la zona de Jamundí”.
Restablecimiento de la presencia del Estado
A pesar de operar de manera independiente, los tres frentes han coordinado con frecuencia sus actividades contra las fuerzas de seguridad colombianas. A través de ataques contra patrullas militares y policiales, la intimidación de las comunidades locales y la protección de las economías ilícitas buscan limitar la capacidad del Estado para mantener una presencia duradera en el territorio en disputa.
Para las autoridades colombianas, restablecer el control en el Cauca requiere más que ofensivas militares. Las operaciones están diseñadas no solo para desmantelar las estructuras armadas, sino también para restablecer las instituciones gubernamentales, proteger a las comunidades y desarticular las economías criminales que financian a los grupos.
Uno de los mayores esfuerzos recientes del gobierno fue la Operación Perseo, lanzada en octubre de 2024 con el despliegue de aproximadamente 1400 soldados y vehículos blindados, para recuperar El Plateado del Frente Carlos Patiño.
La operación permitió a las fuerzas de seguridad colombianas volver a entrar en una zona que había estado bajo influencia criminal durante años, y demostró la determinación del Estado para restablecer su presencia en el Cañón del Micay. Sin embargo, mantener esa continuidad sigue siendo un desafío importante. Más recientemente, el gobierno anunció el despliegue de 2800 soldados adicionales tras una serie de ataques coordinados en el suroeste de Colombia, lo que refleja su compromiso continuo para aumentar la presión sobre los grupos armados y fortalecer la seguridad en el departamento.
Adaptación de las tácticas criminales
En lugar de depender únicamente de la confrontación directa, los frentes disidentes del EMC combinan cada vez más los ataques contra las fuerzas de seguridad, con tácticas diseñadas para restringir las operaciones de las autoridades y mantener su influencia sobre las comunidades locales.
Una táctica empleada por estos frentes ha sido la detención temporal de soldados y agentes de policía por parte de civiles que actúan bajo la presión de los grupos armados. En junio de 2025, 57 soldados colombianos que operaban cerca de El Plateado fueron rodeados y detenidos por residentes locales que, según se afirma, actuaban bajo coacción del Frente Carlos Patiño. A principios de ese mismo año, otro grupo de agentes de policía y un soldado fueron detenidos de manera similar, antes de ser liberados tras las negociaciones.
Los grupos armados también han continuado con los ataques contra instalaciones militares y policiales, así como contra patrullas, utilizando explosivos y armas improvisadas. El ejemplo reciente más significativo fue la ola de 34 ataques coordinados llevados a cabo durante cinco días por el Frente Jaime Martínez a finales de abril de 2026, en lo que los analistas describieron como una demostración de fuerza previa a las elecciones presidenciales de Colombia. Los ataques tuvieron como objetivo bases militares y otras instalaciones de seguridad en todo el Cauca y el Valle del Cauca. El más mortífero ocurrió cuando una bomba de cilindro detonó al paso de un autobús por la Carretera Panamericana en Cajibío, matando a 20 civiles e hiriendo a otros 36.
Según Arias, la coordinación y la frecuencia de estas operaciones reflejan la creciente capacidad operativa del EMC.
“Han aumentado su capacidad militar”, dijo Arias. “Imaginen todo lo que significa poder organizar estas operaciones casi una tras otra, algunas simultáneas y todo lo que eso implica en términos de inteligencia, recursos humanos… estos grupos se han fortalecido considerablemente”.
Más allá de las operaciones militares
Según los analistas, uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades colombianas va más allá de las operaciones de combate.
Las campañas de intimidación y años de influencia criminal han permitido a los grupos disidentes ejercer diversos grados de control sobre algunas comunidades rurales. Según reportajes de InSight Crime, a los residentes de algunas zonas rurales del Cauca se les ha exigido portar tarjetas de identificación emitidas por el EMC y cumplir con las normas impuestas por el grupo armado en puestos de control ilegales, lo que incluye presentar la tarjeta de identificación o pagar una multa de aproximadamente USD 130, lo que ilustra cómo estas organizaciones buscan regular la vida cotidiana además de proteger las economías ilícitas.
El Cauca ilustra el desafío a largo plazo que supone enfrentar al crimen organizado transnacional en regiones de importancia estratégica. Si bien la presión militar sostenida ha permitido a las fuerzas de seguridad colombianas volver a entrar en zonas dominadas durante mucho tiempo por grupos armados, traducir los avances tácticos en un control estatal duradero sigue siendo un proceso difícil y sostenido. A medida que Colombia continúa con estos esfuerzos, restablecer la presencia estatal duradera será esencial para reducir la influencia de los grupos armados y sus economías ilícitas.
