En la Amazonía colombiana se vive una paradoja: mientras los campesinos carecen de infraestructura vial para sacar los productos legales, proliferan las trochas (veredas, senderos) en toda la región.
Las autoridades advierten que muchas de estas rutas se han convertido en corredores logísticos para economías criminales transnacionales utilizados para transportar drogas, insumos para la producción de coca, oro de la minería ilegal y otros productos ilícitos.
Según el monitoreo de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), hasta marzo de 2025, la Amazonía colombiana contaba con 31 207 kilómetros de vías y trochas. La organización señala que las vías ilegales aumentaron en un 51,7 por ciento en los últimos tres años, de acuerdo con su informe Tendencias y dinámicas de la deforestación en la Amazonía Colombiana.
“Colombia tiene la mayor densidad de redes de trochas por kilómetro cuadrado en toda la Amazonia continental, pero a su vez, tiene una de las menores tasas de densidad poblacional”, dijo a Diálogo Rodrigo Botero, director de la FCDS.
La construcción de estas vías está estrechamente vinculada con la pérdida del bosque. Según el informe de la FCDS, cerca del 90 por ciento de la deforestación reciente ocurre a menos de 1,9 kilómetros de las vías abiertas, y aproximadamente el 80 por ciento se encuentra a una distancia promedio de 1,2 km.
Los habitantes de la Amazonia requieren movilidad personal, comercial y de carga. Sin embargo, en muchas zonas la apertura de estas trochas es impulsada o financiada por economías ilegales y actores interesados en acceder a territorios remotos. En algunos casos, estos proyectos avanzan sin autorización y, posteriormente, terminan recibiendo algún tipo de apoyo o intervención de autoridades locales, explicó Botero.
A este fenómeno se suma la expansión ganadera en áreas recientemente deforestadas. Según la FCDS, esta actividad suele seguir la apertura de vías ilegales y con frecuencia está vinculada al acaparamiento de tierras y a economías ilícitas que operan en territorios remotos.
“Deforestación, entrada de ganadería, inversión pública; así se da el fenómeno de acaparamiento de tierras”, puntualizó Botero.
“Estos impulsores de la deforestación configuran un escenario en el que la gobernabilidad se encuentra debilitada, con fuerte presencia de grupos armados ilegales y dinámicas de economías ilícitas que ejercen control sobre el territorio”, advierte el informe de la FCDS.
Botero también advierte que ha surgido un sistema híbrido que vincula a las comunidades, las economías ilegales y la inversión pública, lo que ha dado lugar al desarrollo de una red de carreteras paralela que agrava la ingobernabilidad, acelera la crisis climática y promueve economías insostenibles. Los grupos armados obligan a las fincas a participar económicamente en la apertura de vías ilegales. Por eso, cuando viene el Gobierno intenta inhabilitarlas; parte de la población se opone a las intervenciones.
Control criminal de los corredores amazónicos
Según las autoridades colombianas, estas redes de vías ilegales están estrechamente vinculadas al control territorial que ejercen grupos armados en la Amazonía. Al dominar corredores fluviales y rutas remotas de transporte, estas organizaciones sostienen al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales transnacionales.
“Estos grupos materializan su control territorial mediante el dominio de corredores fluviales que funcionan como autopistas naturales para las economías ilícitas”, dijo a Diálogo el Comando General de las Fuerzas Militares, (CGFFMM). “Los ríos Putumayo, Amazonas, Apaporis, Vaupés y Caquetá se constituyen en ejes estructurantes de movilidad, permitiendo el transporte de estupefacientes, insumos químicos, armamento y recursos provenientes de la explotación ilícita de yacimientos mineros”.
En la Amazonía colombiana operan varias facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el CGFFMM, entre las estructuras más relevantes se encuentran Comandos de Frontera, Raúl Reyes, Carolina Ramírez y Jhonier Arenas, que en conjunto suman cerca de 1291 integrantes.
“Esta presencia no es dispersa ni ocasional, sino que responde a una estrategia de ocupación y control sostenido de áreas estratégicas”, señaló el CGFFMM.
Muchos de estos corredores convergen en la frontera entre Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, convirtiendo la Amazonía en un nodo estratégico para la proyección transnacional del narcotráfico.
“El departamento del Putumayo está identificado como un área central para la producción de clorhidrato de cocaína, mientras que el Guaviare y la Serranía del Chiribiquete operan como espacios de retaguardia estratégica, que facilitan la interconexión territorial entre la Amazonía y la Orinoquía”, indicó el CGFFMM.
Estas organizaciones sostienen su control territorial mediante economías ilícitas que financian una gobernanza criminal paralela en zonas rurales y de frontera, explicó Botero. “Es el sitio de Colombia donde existe la mayor concentración de pobreza multidimensional; básicamente lo que ha ocurrido es una erosión gradual de la confianza y la lealtad de parte de la población hacia el sistema democrático”, agregó.
Las comunidades indígenas se encuentran entre las poblaciones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas en la Amazonía. Según Botero, en algunos territorios las comunidades enfrentan desplazamientos, amenazas y procesos de reclutamiento, a medida que estos actores criminales expanden su control sobre zonas remotas.
Más allá del narcotráfico, Botero advierte que la minería ilegal y el comercio internacional de oro se han convertido en motores crecientes de las economías ilícitas en la región, intensificando la presión sobre los ecosistemas amazónicos.
Estas actividades ilícitas no solo financian organizaciones criminales, sino que también aceleran la deforestación y la degradación ambiental en uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Respuesta de seguridad y cooperación regional
Ante la naturaleza transnacional de estas amenazas, Colombia ha fortalecido la coordinación con Brasil, Ecuador y Perú en las zonas donde confluyen los principales corredores fluviales.
Como resultado, entre enero y febrero de 2026, operaciones conjuntas lograron la incautación de 2252 kilogramos de cocaína, 6169 kg de marihuana y 2691 kg de pasta base de cocaína. Asimismo, fueron desmantelados cuatro laboratorios utilizados para el procesamiento de estupefacientes y fueron incautados 2010 kg de insumos sólidos y más de 13 500 litros de insumos líquidos empleados en la producción de narcóticos, según el CGFFMM.
Durante el mismo periodo, en la Amazonia Colombiana las autoridades realizaron 193 operaciones contra estructuras armadas organizadas y efectuaron 160 detenciones. También desmantelaron 179 laboratorios, incautaron 464 kg de cocaína, 3432 kg de marihuana, 3142 kg de pasta base, y decomisaron 17 953 kg de hoja de coca.
En operaciones contra la minería ilegal, las autoridades inutilizaron 34 dragas, intervinieron un dragón, afectaron 14 unidades tipo socavón y además incautaron 20 motores, bombas o plantas eléctricas utilizadas en actividades extractivas ilegales.
La cooperación sostenida entre las fuerzas de seguridad de la región será clave para desarticular las redes criminales que operan en la Amazonía, cuyas actividades no solo financian el crimen transnacional, sino que también aceleran la destrucción de uno de los ecosistemas más críticos del mundo.
