La rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana y las regiones fronterizas está transformando las dinámicas criminales en todo el país, a medida que las redes tradicionales de producción de cocaína en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en otras zonas invierten cada vez más capital y mano de obra en operaciones mineras ilícitas.
Los altos precios mundiales del oro, la facilidad con la que el oro ilícito puede lavarse en los mercados legales y los desafíos que plantea la vigilancia de los vastos territorios amazónicos han acelerado el crecimiento de la minería ilegal de oro. El Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), mediante imágenes satelitales, determinó que la deforestación acumulada relacionada con la minería de oro alcanza casi 140 000 hectáreas en nueve regiones peruanas, a mediados de 2025. A medida que la minería ilegal de oro se expande, se está convirtiendo en una de las economías criminales más grandes de Perú y, según algunas estimaciones, ya supera al narcotráfico en escala financiera.
La expansión de la minería ilegal ha sido particularmente pronunciada en las regiones amazónicas de Perú, donde los yacimientos aluviales son más fáciles y menos costosos de explotar que los yacimientos de roca dura en los Andes. Según el profesor Ricardo Soberón, exdirector del Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), “en los Andes hay que mover 10 toneladas de tierra para extraer 10 gramos de oro. En la selva y los ríos, se mueven 3 toneladas de tierra para obtener el mismo rendimiento”.
Redes criminales interregionales
El auge de la minería ilegal de oro está creando nuevas redes criminales interregionales, a medida que las organizaciones tradicionalmente asociadas con la producción de cocaína diversifican sus inversiones. Según el Dr. César Ipenza Peralta, de la Universidad del Pacífico, “muchas personas del VRAEM han emigrado a diferentes zonas del país (…) y muchos narcotraficantes ven una oportunidad”, ya que el oro se introduce más fácilmente en los mercados legales.
Y continúa: “Muchos narcotraficantes que estaban asociados con el VRAEM y tenían operaciones en zonas distantes o cercanas a la zona están hoy vinculados a la minería ilegal (…). Por ejemplo, narcotraficantes del VRAEM que se encontraban en Puerto Inca, en Huánuco, departamento de la Amazonía central, hoy se dedican a la minería ilegal”.
Las estructuras criminales de Perú consisten generalmente en redes locales descentralizadas en lugar de las estructuras jerárquicas de alcance nacional que se observan en otras partes de la región, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo. “Nunca hemos tenido un cártel en Perú, y no contamos con un grupo estructurado que controle todo el país; más bien, las alianzas entre grupos les proporcionan los insumos”, observó el Dr. Peralta.
En lugar de buscar el control territorial en múltiples regiones, las estructuras criminales de Perú se están integrando cada vez más a través de inversiones financieras y alianzas operativas, lavando las ganancias de la producción de coca en el VRAEM mediante la minería ilegal en la Amazonía. La expansión es económica más que territorial.
Estas dos economías ilícitas comparten cada vez más cadenas de suministro, redes logísticas, rutas de transporte e intermediarios locales, en las zonas donde coexisten la minería de oro y la producción de coca. Según Soberón, “los capitales de la cocaína que se reciben en Perú se invierten fácilmente en la compra de maquinaria y suministros para la actividad aurífera (…); las dos industrias comparten logística, suministros, territorio, actores sociales y rutas de salida”.
Lavado de dinero
La minería ilegal de oro se ha vuelto particularmente atractiva para los productores de coca y los narcotraficantes, porque ofrece un mecanismo eficaz para lavar las ganancias ilícitas. Una vez extraído, el oro es difícil de rastrear. Existe en múltiples formas y no se puede distinguir en los mercados internacionales si proviene de operaciones legales o ilegales.
Según Soberón, “Es muy sencillo: una vez que llevas la roca a las plantas de procesamiento que se encuentran en la costa de Perú, el oro que se obtiene ya es legal. No hay forma de impedir que entre al mercado como una exportación tradicional”.
El valor del oro también puede manipularse clasificando erróneamente su pureza o forma, lo que permite a las organizaciones criminales ocultar ganancias ilícitas a través de transacciones comerciales aparentemente legítimas. Una investigación realizada por Ojo Público documentó cadenas de suministro que utilizaban documentación falsificada para ocultar el origen y el valor de los productos de oro extraídos ilegalmente. Una vez lavado e incorporado a las cadenas de suministro legales, el metal puede exportarse a mercados internacionales, incluida China, uno de los mayores importadores y procesadores de oro del mundo; lo que dificulta la detección del origen ilícito del metal.
La magnitud de estos flujos financieros ilícitos ha convertido a la minería ilegal en uno de los principales mecanismos de lavado de dinero en Perú. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, el 55 por ciento de las transacciones financieras sospechosas vinculadas a delitos subyacentes entre enero de 2015 y junio de 2025 estaban relacionadas con la minería ilegal.
Desafíos de la aplicación de la ley
El Gobierno peruano enfrenta un difícil desafío al enfrentar la convergencia del narcotráfico y la minería ilegal de oro. El extenso sistema fluvial amazónico del país se extiende a lo largo de miles de kilómetros, lo que hace que la vigilancia y la aplicación de la ley sostenidas sean operativamente complejas y requieran una gran cantidad de recursos.
Desde 2015 hasta 2019, Perú desplegó agentes de policía y personal militar en puestos de guardabosques en toda la región de Madre de Dios, para fortalecer la presencia del Estado en áreas mineras clave. Sin embargo, mantener esos puestos remotos resultó costoso y logísticamente exigente, ya que solo se pudo monitorear eficazmente una pequeña parte de la red fluvial de la región.
A partir de esos esfuerzos, el gobierno lanzó en 2019 la Operación Mercurio, que combinó a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía y las autoridades ambientales, en una campaña sostenida para desmantelar los campamentos de minería ilegal en La Pampa. Si bien la operación redujo significativamente la minería ilegal en el área inmediata, los grupos criminales se adaptaron, trasladando sus actividades a otros lugares remotos y áreas protegidas. A principios de 2026, las autoridades peruanas llevaron a cabo operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía, dirigidas contra la reactivación de la actividad minera ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata y sus alrededores, lo que pone de relieve tanto los esfuerzos continuos del gobierno como la adaptabilidad de las redes criminales.
La aplicación de la ley se complica aún más por los límites difusos entre la minería ilegal, las operaciones legales y la minería artesanal. Algunos operadores participan simultáneamente en actividades legales e ilegales, mientras que la legitimidad del oro extraído a menudo depende de la documentación y los permisos, más que del proceso de extracción en sí mismo. Estos sistemas superpuestos dificultan que las autoridades determinen el estatus de las operaciones mineras durante las inspecciones y crean oportunidades para que las organizaciones criminales integren el oro ilícito en cadenas de suministro legítimas.
Para las fuerzas de seguridad peruanas, el desafío ya no consiste simplemente en combatir el narcotráfico o la minería ilegal como delitos separados. Cada vez más, los mismos actores criminales financian, transportan y protegen ambas actividades. Desarticular estas redes interconectadas requerirá un intercambio sostenido de inteligencia, coordinación interinstitucional y cooperación continua con socios regionales, para impedir que las organizaciones criminales transnacionales puedan diversificar y expandir sus operaciones ilícitas.
