Chile está fortaleciendo una creciente red de alianzas regionales e internacionales para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional. A través de acuerdos de cooperación con los Estados Unidos, mecanismos conjuntos con Argentina y Bolivia e iniciativas más amplias de coordinación con países vecinos, Santiago busca blindar las capacidades de inteligencia, investigación y operación necesarias para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
El esfuerzo refleja una realidad cada vez más evidente en la región. Los grupos criminales ya no operan dentro de jurisdicciones nacionales aisladas. En cambio, se apoyan en corredores logísticos transfronterizos, flujos financieros ilícitos, rutas migratorias y estructuras descentralizadas que exigen respuestas coordinadas entre las instituciones de seguridad.
La estrategia chilena se desarrolla en un contexto de cambios en el entorno de seguridad del país. La Radiografía de la Seguridad en Chile 2025, elaborada por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, documenta el aumento de homicidios y secuestros que continúan presionando a las instituciones de seguridad.
Al mismo tiempo, el Índice Global de Crimen Organizado 2025 advirtió que organizaciones criminales como el Tren de Aragua ampliaron su presencia en Chile, mediante actividades vinculadas a narcotráfico, trata de personas y otras economías ilícitas. Según el diario español El País, el grupo ya opera en 14 de las 16 regiones del país.
El acuerdo con los Estados Unidos
Uno de los pilares de la estrategia chilena ha sido el fortalecimiento de la cooperación en seguridad con socios internacionales.
En abril de 2026, Chile reforzó su relación en seguridad con los Estados Unidos mediante un acuerdo que contempla una inversión de USD 1 millón para apoyar a las instituciones chilenas que combaten el crimen organizado, con asistencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Estado estadounidense. La iniciativa busca fortalecer capacidades relacionadas con la investigación financiera, el lavado de activos, el ciberdelito y la desarticulación de redes criminales.
Para Guillermo Holzmann, analista político y consultor internacional de la Universidad de Valparaíso, este tipo de cooperación refleja la necesidad de adaptar las instituciones frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
“Los países con una institucionalidad más sólida, como Chile, buscan fortalecer la inteligencia criminal, la labor de las fiscalías y la capacidad de las policías”, dijo a Diálogo. Esos esfuerzos, agregó, producen mejores resultados cuando se combinan con la cooperación entre países vecinos.
Y esa cooperación, sostiene, no puede construirse únicamente mediante acuerdos políticos.
“La interacción de instituciones como la Fiscalía y la Policía con sus pares de otros países genera los espacios de confianza necesarios. Es imposible establecer cooperación e inteligencia sin que haya confianza”, afirmó.
A su juicio, la continuidad de esas relaciones institucionales es lo que permite sostener una cooperación efectiva en el tiempo y responder con mayor eficacia a organizaciones criminales que operan en múltiples jurisdicciones.
Fortaleciendo la coordinación fronteriza
La estrategia chilena también se refleja cada vez más en la coordinación operativa con los países vecinos.
En marzo de 2026, Argentina, Bolivia y Chile avanzaron en la creación de una fuerza de tarea conjunta destinada a coordinar los esfuerzos de seguridad frente a organizaciones criminales que operan a través de sus fronteras comunes, informó el Ministerio de Seguridad Pública de Chile. El mecanismo contempla intercambio de inteligencia, coordinación operativa y acciones conjuntas para identificar y desmantelar redes de narcotráfico, tráfico de personas y contrabando.
Según ADN Radio, la iniciativa busca impedir que las organizaciones criminales continúen aprovechando las diferencias jurisdiccionales y las zonas fronterizas remotas para sostener actividades ilícitas.
Holzmann ve potencial importante en la iniciativa, pero advierte que una mayor integración regional fortalecería su efectividad.
“La conformación del grupo de tarea debería integrarse a nivel bilateral o a nivel regional”, señaló, y advirtió que “la efectividad de estos mecanismos depende de una mayor compatibilidad entre las legislaciones nacionales para reducir espacios de impunidad aprovechados por las organizaciones criminales”.
El desafío, agregó, es que el crimen organizado se adapta constantemente.
“El modelo de negocio del crimen organizado se ha ido perfeccionando. Cuando la cooperación entre los países empieza a hacerse efectiva, estas organizaciones encuentran nuevas formas de utilizar pasos no habilitados”, explicó.
A medida que los gobiernos fortalecen la coordinación, los grupos criminales continúan ajustando rutas, métodos y estructuras logísticas para evadir los controles y mantener libertad de acción.
Una respuesta de toda la región
Lo que comenzó como una cooperación bilateral y trilateral está adquiriendo una dimensión cada vez más regional.
En mayo de 2026, Chile encabezó la firma del Compromiso Regional de Santiago junto a Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, una iniciativa para reforzar el intercambio de inteligencia, la cooperación judicial y las acciones coordinadas frente a organizaciones criminales que operan en varios países.
La participación de Chile en la Coalición de las Américas contra los Cárteles amplía aún más esta cooperación a escala hemisférica. Al reunir a países socios para fortalecer la coordinación, el intercambio de información y la cooperación operativa contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas, la iniciativa complementa las alianzas regionales de Chile y refuerza los esfuerzos colectivos para desarticular las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
La Cancillería chilena subrayó que las amenazas transnacionales exigen una respuesta articulada con énfasis en inteligencia financiera, trazabilidad de flujos ilícitos, control migratorio y coordinación fronteriza.
Estas iniciativas reflejan un reconocimiento creciente de que las organizaciones criminales funcionan cada vez más como redes regionales y, por lo tanto, requieren respuestas igualmente articuladas entre gobiernos, organismos de seguridad, fiscalías y servicios de inteligencia.
Holzmann sostiene que, sin ese nivel de coordinación, incluso inversiones significativas y apoyo externo tendrán un impacto limitado.
“Todo eso que es muy relevante no tiene el impacto deseado si no hay cooperación interregional”, afirmó.
Esa visión también estuvo presente el 28 de mayo, cuando autoridades de seguridad y cancilleres de cinco países sudamericanos se reunieron en Santiago para una cumbre internacional centrada en el crimen organizado. Los participantes coincidieron en que ninguna nación puede enfrentar sola el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de activos y otras actividades criminales transnacionales.
Para Holzmann, la capacidad de anticipación sigue siendo uno de los elementos más importantes de la respuesta.
“La inteligencia criminal es fundamental porque es la única posibilidad que tenemos de anticipar los movimientos del crimen organizado”, señaló.
También alertó sobre otro desafío que enfrentan los gobiernos de la región.
“Uno de los efectos más complejos es un incremento importante de una corrupción cada vez más sofisticada y la pérdida de confianza institucional al interior del Estado”, advirtió.
Para Chile y sus socios regionales, el crimen organizado transnacional ha reforzado el valor de una cooperación sostenida entre las instituciones de seguridad. A través del intercambio de inteligencia, mecanismos conjuntos y una mayor coordinación regional, los países están ampliando su capacidad para identificar amenazas, desarticular redes criminales y fortalecer la seguridad más allá de las fronteras. A medida que las organizaciones criminales continúan adaptándose, estas alianzas proporcionan una base cada vez más importante para una respuesta regional más coordinada.
