Las organizaciones criminales adaptan cada vez más drones comerciales en toda Latinoamérica para evadir medidas de seguridad, vigilar actividades de las fuerzas del orden, transportar materiales ilícitos y apoyar operaciones criminales desde centros penitenciarios y zonas remotas. Su creciente accesibilidad y versatilidad representan un desafío en evolución para las instituciones de seguridad, defensa y orden público de la región.
La amenaza en las cárceles de Ecuador
A finales de abril, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que cerca de 600 drones vinculados a grupos de delincuencia organizada habían intentado llegar a la cárcel de El Encuentro, desde que comenzó la construcción del centro penitenciero en junio de 2024. Según reportes de medios ecuatorianos, las organizaciones criminales han utilizado drones para ingresar armas, mantener comunicación con internos y coordinar actividades ilícitas desde los recintos penitenciaros.
La situación pone de manifiesto un desafío más amplio que enfrenta el sistema penitenciario ecuatoriano. Desde 2018, más de 680 personas privadas de la libertad han sido asesinadas en enfrentamientos violentos entre bandas criminales dentro de los penales del país, lo que refleja la creciente influencia del crimen organizado tanto dentro como fuera de las prisiones.
Daniel Potón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, enfatizó en declaraciones a Diálogo: “Las cárceles, en la práctica, son el centro de operaciones del crimen. Ingresar tecnología, comunicaciones o recursos a estos espacios fortalece sus capacidades operativas”.
El creciente uso de drones demuestra cómo las organizaciones criminales están explotando el dominio aéreo para evadir medidas de seguridad tradicionales diseñadas para impedir el movimiento de personas, armas y comunicaciones por tierra.
Innovación criminal y drones comerciales
Incidentes recientes en Colombia evidencian la rapidez con la que grupos criminales y armados están ampliando el uso de tecnología de drones comerciales. En mayo de 2026, las autoridades colombianas neutralizaron un dron cargado con explosivos cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y del cercano Comando Aéreo de Transporte Militar. Los investigadores vincularon el dispositivo al Frente Carlos Patiño, una estructura disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Semanas antes, un ataque con drones atribuido a Comandos de la Frontera causó la muerte de tres soldados colombianos cerca de la frontera con Ecuador.
En Brasil, organizaciones criminales han utilizado repetidamente drones para introducir teléfonos celulares, drogas y otros artículos de contrabando en centros penitenciarios, permitiendo a los internos mantener comunicaciones y actividades criminales desde prisión. En México, las autoridades han decomisado en repetidas ocasiones drones modificados por carteles para transportar explosivos, particularmente en estados como Michoacán y Jalisco, donde organizaciones criminales los han utilizado contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.
En conjunto, estos incidentes muestran cómo los drones comerciales están siendo adaptados para tareas de vigilancia, logística y operaciones ofensivas por parte de grupos criminales y armados en toda la región.
Disponibles por una fracción del costo de las plataformas aéreas tradicionales, estos sistemas proporcionan a las organizaciones criminales capacidades que antes estaban asociadas principalmente a actores estatales.
Potón destacó la capacidad de adaptación de estas estructuras delictivas: “Las organizaciones criminales son extremadamente innovadoras. Aprovechan los avances tecnológicos y sacan ventaja de vacíos jurídicos o zonas con presencia estatal limitada”.
A diferencia de los métodos tradicionales de contrabando, los drones pueden evadir puestos de control, terrenos difíciles y barreras físicas, al tiempo que reducen la exposición de los operadores criminales. Su costo relativamente bajo también permite a las organizaciones absorber pérdidas y reemplazar rápidamente los equipos incautados.
Analistas advierten que los grupos criminales continúan ampliando el uso de tecnologías emergentes, mientras que los gobiernos deben invertir en capacidades de detección, monitoreo y neutralización cada vez más sofisticadas, incluidas herramientas de inhibición de señales, radares y sistemas antidrones. El desafío es particularmente agudo en corredores de narcotráfico, zonas de minería ilegal, regiones fronterizas y otros territorios donde el crimen organizado busca limitar la presencia del Estado y mantener libertad de movimiento.
Más allá de las cárceles, los drones son utilizados para apoyar actividades criminales en zonas remotas, donde pueden monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad, transportar cargas pequeñas, pero de alto valor y proporcionar conocimiento situacional a redes criminales que operan en terrenos de difícil acceso.
Las fuerzas de seguridad se adaptan
En respuesta a la creciente amenaza, Ecuador ha expandido el uso de tecnología para fortalecer las capacidades de vigilancia y monitoreo en áreas estratégicas afectadas por el crimen organizado. Las autoridades han incorporado sistemas de drones de largo alcance y otras herramientas tecnológicas para mejorar el conocimiento situacional y apoyar las operaciones de seguridad. Estos esfuerzos también se han visto reforzados mediante la cooperación con los Estados Unidos, que ha proporcionado capacitación, apoyo de inteligencia, asistencia en materia de seguridad y financiamiento para sistemas aéreos no tripulados y otras capacidades de vigilancia utilizadas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales (OCT).
La participación de Ecuador en la Coalición de las Américas contra los Cárteles fortalece aún más esta respuesta regional. La iniciativa reúne a países socios comprometidos con mejorar la coordinación, el intercambio de información y la cooperación operativa contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas, proporcionando un marco para que los países enfrenten amenazas emergentes —entre ellas el uso de drones por parte del crimen organizado— antes de que se propaguen a través de las fronteras.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana también desplegó la escuadrilla de drones Rayo Justiciero en septiembre de 2025. Para inicios de 2026, la unidad había realizado más de 1120 misiones en apoyo de operaciones antinarcóticos y de seguridad interna. Los drones han sido utilizados para detectar pistas clandestinas, monitorear zonas de minería ilegal, identificar rutas de tráfico ilícito y proporcionar inteligencia en tiempo real a fuerzas militares y de seguridad que operan contra OCT.
En toda la región, las fuerzas de seguridad se están adaptando cada vez más a un entorno operativo en el que el espacio aéreo de baja altitud se ha convertido en un dominio adicional explotado por redes criminales. Esto ha impulsado un mayor énfasis en el intercambio de inteligencia, la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades antidrones.
Lecciones para Latinoamérica y el Caribe
La experiencia ecuatoriana demuestra cómo tecnologías relativamente económicas pueden ampliar significativamente el alcance operativo del crimen organizado.
Potón concluyó: “Una cosa es la tecnología como tal, y otra es la forma en que se adapta para múltiples propósitos. La velocidad de adaptación del crimen organizado supera con frecuencia la capacidad de reacción de los Estados”.
Para las instituciones de seguridad y defensa de Latinoamérica y el Caribe, el desafío no consiste únicamente en mantenerse al ritmo de los cambios tecnológicos, sino también en anticipar cómo las organizaciones criminales adaptarán las tecnologías emergentes para apoyar actividades ilícitas.
Las inversiones en sistemas de vigilancia, tecnologías de inhibición de señales, integración de inteligencia y cooperación regional serán fundamentales para contrarrestar estas amenazas en evolución.
El desafío ya no se limita a rastrear redes criminales en tierra y mar. Las fuerzas de seguridad también deben enfrentar un espacio aéreo de baja altitud en rápida expansión, donde tecnologías comerciales de bajo costo pueden proporcionar a las organizaciones criminales capacidades de vigilancia, comunicación, logística e incluso capacidades ofensivas.
