Los puertos de Chile están ganando peso en el mapa internacional del narcotráfico. Las organizaciones criminales transnacionales los incorporan a sus rutas de salida de cocaína y otras drogas hacia los mercados internacionales, aprovechando el volumen del comercio marítimo, la infraestructura portuaria y una extensa cadena logística.
Arica, Valparaíso y San Antonio aparecen cada vez con mayor frecuencia en investigaciones por tráfico internacional de drogas. Pero el fenómeno ya no se concentra en los principales terminales. Las autoridades también han identificado nuevas rutas hacia el extremo austral.
Para John Griffiths, director ejecutivo de AthenaLab, centro de estudios chileno especializado en seguridad, defensa y relaciones internacionales, esta expansión responde a una característica central del crimen organizado transnacional: su capacidad de adaptación.
“El crimen organizado transnacional se encuentra permanentemente en procesos de adaptación a su entorno geográfico y a contextos económicos, tecnológicos, políticos y estratégicos”, señaló a Diálogo.
Esa adaptación se traslada al ámbito marítimo. Las organizaciones identifican vulnerabilidades, modifican sus rutas y aprovechan distintos puntos de la cadena logística para reducir el impacto de los controles.
“Los puertos no son destinos aislados, sino parte de una misma estrategia que conecta los corredores de abastecimiento de Sudamérica con los mercados internacionales”, afirmó.
El desafío, por tanto, va más allá de interceptar cargamentos. Implica identificar y desarticular las redes que utilizan distintos puertos, rutas y medios de transporte para sostener el tráfico internacional de drogas.
En este escenario, la cooperación regional e internacional adquiere un papel central para anticipar nuevas modalidades de narcotráfico, compartir inteligencia y evitar que las rutas emergentes se consoliden.

De San Antonio a una red de puertos
El informe Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por el Ministerio Público, señala que entre 2016 y 2023 el puerto de San Antonio concentró el 58 por ciento de la cocaína incautada en salidas desde puertos chilenos. El documento subraya que el fenómeno trasciende un terminal específico y sitúa al sistema portuario como un espacio estratégico de vulnerabilidad frente al crimen organizado.
Para el Vicealmirante de la Armada de Chile Arturo Oxley Lizana, director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), el riesgo no es uniforme. Los distintos terminales ofrecen condiciones que pueden ser aprovechadas por las organizaciones criminales según sus rutas, volúmenes de carga y conexiones con el comercio internacional.
“Cada puerto presenta características particulares que pueden resultar atractivas para estas redes, ya sea por el alto volumen de carga que maneja o por su cercanía y facilidades para que las exportaciones desde otros países transiten por ellos”, dijo a Diálogo.
Arica ilustra este último factor. Como principal salida al Pacífico de la carga boliviana, el puerto ha sido utilizado para introducir droga en mercancías destinadas a mercados internacionales.
En diciembre de 2025, en el marco de la Operación Mercurius las autoridades incautaron más de 700 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en unas 19,5 toneladas de madera procedente de Bolivia con destino a Barcelona, España.
Tres meses después, en marzo de 2026, la Policía Marítima detectó tres cargamentos provenientes de Bolivia que sumaban 68,7 toneladas de mercancía contaminada con cocaína y ketamina, con destino a Alemania, México e Italia.
La mayor operación se produjo en junio de 2026. Tras seis meses de investigación, un trabajo interagencial liderado por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, con participación de la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, permitió detectar 45 contenedores con 1080,8 toneladas de madera impregnada con drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. Las autoridades estimaron que la carga contenía más de 100 toneladas métricas de sustancias ilícitas, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina.
Los casos muestran algo más que operaciones aisladas. Revelan una dinámica en la que las organizaciones conectan distintos puntos de la cadena logística y diversifican sus rutas para mantener el flujo de drogas hacia mercados internacionales.
La amenaza llega al extremo sur
La expansión de las rutas también alcanza a Magallanes. En agosto de 2026, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, informó ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado que las investigaciones habían identificado rutas de narcotráfico y contrabando entre Ushuaia y distintos puntos del sur chileno: Punta Arenas, Puerto Natales, el ferry, Puerto Chacabuco y Puerto Montt.
Según Crisosto, algunas investigaciones apuntan una ruta más extensa desde Bolivia, atravesando Argentina de norte a sur hasta llegar a la zona austral. La Fiscalía ha identificado entre cuatro y cinco bandas de crimen organizado transnacional operando en esa zona.
Para Griffiths, la presencia de organizaciones criminales en esta zona no es casual. La expansión hacia el extremo austral responde a una búsqueda de puntos menos visibles en los mapas habituales del narcotráfico.
“Áreas con poca densidad poblacional, como el extremo sur austral, presentan ventajas para las organizaciones criminales, debido a una menor presencia del Estado y de las fuerzas policiales, lo que puede facilitar la comisión de actividades ilícitas”, explicó.
A esto se suma el crecimiento del tránsito marítimo. Según datos de DIRECTEMAR, el movimiento de naves mayores por el Estrecho de Magallanes aumentó 47 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que en el Canal Beagle creció 84 por ciento.
El volumen de tráfico añade complejidad a las tareas de vigilancia en una zona de espacios marítimos extensos y rutas internacionales de navegación. A eso se suma un obstáculo legal: las condiciones de tránsito neutral que rigen en el Estrecho de Magallanes pueden limitar la posibilidad de abordar embarcaciones cuando no existen antecedentes o denuncias que justifiquen una intervención.

Las cadenas logísticas como objetivo
El nuevo mapa criminal va más allá de las rutas marítimas. Las organizaciones buscan infiltrarse en cadenas comerciales legítimas y ocultar cargamentos ilícitos entre mercancías legales.
“Hay que comprender al narcotráfico no solamente como el traslado de droga por mar, sino como un fenómeno transnacional que puede utilizar toda la cadena logística: puertos, embarcaciones, rutas comerciales, empresas y cargas aparentemente lícitas”, advirtió el Vice Almte. Oxley.
El transporte marítimo es central en esta dinámica. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 89 por ciento de la cocaína incautada globalmente en 2021 estuvo asociada al tráfico marítimo.
La operación de junio de 2026 en Arica mostró hasta dónde puede llegar esta modalidad. La droga fue impregnada en madera destinada a la exportación, utilizando una técnica que permitió ocultar las sustancias dentro de una carga comercial legítima.
A esta modalidad se suman cargamentos ocultos en maquinaria industrial y agrícola y operaciones comerciales de apariencia legal. El objetivo es el mismo: utilizar una cadena logística legítima para facilitar una operación criminal.
Organizaciones locales y conexiones internacionales
La presencia del crimen organizado en los puertos chilenos se inserta en un mapa criminal en constante evolución. La Fiscalía Nacional identificó en 2025 la presencia activa de 16 organizaciones o estructuras de crimen organizado internacional en Chile. Según el informe dirigido por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD), estos grupos han adaptado sus operaciones al territorio chileno y, en varios casos, coinciden con zonas vinculadas a corredores logísticos y portuarios.
Los Caleños tienen presencia en Arica, Iquique y Antofagasta. Los Shottas y Los Espartanos operan en varias regiones del norte y en la Región Metropolitana, mientras Los Costeños se concentran en Arica y La Empresa tiene presencia en Valparaíso. El Tren de Aragua mantiene células en distintas regiones del país, según el informe.
“Hoy podemos decir que la estructura criminal regional sudamericana, con mayor o menor intensidad, se ha internalizado a lo largo del país”, advirtió Griffiths.
El fenómeno también incluye actores extrarregionales. En 2020 una investigación policial vinculó a integrantes de la organización china Bang de Fujian con operaciones de narcotráfico en la zona de San Antonio.
En 2023, una investigación conjunta de la Armada y el Ministerio Público desarticuló un plan para enviar cerca de 100 kg de cocaína desde San Antonio o Valparaíso hacia Rotterdam, Países Bajos. La operación involucró a ciudadanos de Albania, China y Perú y reveló conexiones financieras y logísticas que trascendían las fronteras chilenas.
Al mismo tiempo, las estructuras criminales locales están estableciendo nuevas alianzas. Una investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-7 de Carabineros apunta a una alianza denominada Los 4 Fantásticos, integrada inicialmente por Los Cojos, Los Risas, Los Macaco y Los Hormigas. La Fiscalía ha descrito la estructura como un posible “cártel a la chilena”.
“Estamos ante una amenaza cualitativamente más compleja, en la que las organizaciones locales, al desarrollar estos vínculos, pueden acceder a mayores recursos, contactos internacionales, capacidades logísticas, conocimientos y nuevas modalidades para desarrollar sus actividades criminales”, señaló el Valmte. Oxley.

Anticiparse al delito
La respuesta chilena se orienta cada vez más hacia la anticipación, la inteligencia y la coordinación interinstitucional.
DIRECTEMAR cumple un papel central a través de la Policía Marítima y su Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (DIPOLMAR), en coordinación con la Fiscalía, Aduanas, la Policía de Investigaciones y Carabineros.
El objetivo es identificar patrones de riesgo y detectar cargas sospechosas antes de que abandonen el territorio nacional.
“Estamos avanzando desde una cooperación que se activa frente a un hecho determinado hacia una capacidad que permita compartir antecedentes, identificar patrones y generar alertas antes de que la amenaza se materialice”, señaló el Valmte. Oxley.
Esta estrategia busca llevar la seguridad hacia las primeras etapas de la cadena logística, combinando inteligencia, vigilancia, capacidades especializadas de detección y protección de buques e instalaciones portuarias bajo los estándares del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP). Al mismo tiempo, el objetivo es mantener controles focalizados que no afecten innecesariamente la fluidez del comercio exterior, uno de los principales motores de la economía chilena.
Para el Valmte. Oxley, ese equilibrio exige que la capacidad de respuesta evolucione al mismo ritmo que las organizaciones criminales. “El principal desafío es desarrollar una capacidad de anticipación superior a la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. Mientras mayor sea nuestra capacidad de análisis y anticipación, más focalizados podrán ser nuestros controles”, señaló.
Cooperación internacional
La cooperación internacional es otro componente de esta estrategia. Desde 2010, la Armada de Chile participa en la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S) mediante un oficial de enlace permanente, facilitando el intercambio de información y conocimiento del dominio marítimo.
Fragatas, aeronaves y submarinos chilenos también han apoyado tareas de detección y monitoreo durante sus desplazamientos fuera de las aguas de jurisdicción nacional.
“La cooperación con JIATF-S debe entenderse como parte de una arquitectura internacional destinada a enfrentar amenazas transnacionales que ningún Estado puede abordar completamente de manera individual”, explicó el Valmte. Oxley.
La cooperación bilateral también se ha ampliado. En abril de 2026, Chile y Estados Unidos suscribieron una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley para fortalecer las capacidades chilenas contra el crimen organizado transnacional, con apoyo del FBI y recursos estadounidenses por USD 1 millón destinados a equipamiento y capacidades de investigación.
Hacia una arquitectura seguridad regional
La respuesta de Chile también apunta hacia una arquitectura de seguridad compartida con la región. En marzo de 2026, el país acordó con Argentina y Bolivia sentar las bases de un convenio tripartito para crear una fuerza de tarea conjunta contra los delitos transnacionales.
Esa cooperación se despliega en el plano técnico. DIRECTEMAR ha profundizado el intercambio de información y experiencias con autoridades marítimas de otros países, entre ellas la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM), que agrupa a trece países del continente en torno a la seguridad de la navegación.
A esta dimensión regional se suma la adhesión de Chile, en septiembre, al Escudo de las Américas, un marco hemisférico de cooperación que integra iniciativas en materia de seguridad, economía y coordinación multilateral frente a desafíos compartidos en la región, como el crimen organizado transnacional.
Chile también ha participado como observador en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa destinada a fortalecer la coordinación multinacional frente al narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales. Aunque Chile no se ha incorporado formalmente a la Coalición, su participación en los diálogos regionales refleja la creciente importancia del intercambio de inteligencia y de los esfuerzos coordinados de seguridad para enfrentar a las redes criminales que operan a través de las fronteras nacionales.
“El crimen organizado transnacional no reconoce fronteras y, por esa razón, la respuesta tampoco puede limitarse exclusivamente al territorio nacional”, dijo el Valmte. Oxley, al señalar la importancia de una arquitectura regional que permita anticiparse a la amenaza. “Desde una perspectiva de seguridad marítima, nuestra capacidad de anticipación debe comenzar mucho antes de que una amenaza alcance las costas chilenas”, agregó.
El desafío, por tanto, queda claro: frente a amenazas transnacionales en constante evolución, se requiere una arquitectura de seguridad hemisférica en la que la cooperación y la complementación de capacidades sean claves para reducir estos riesgos. “No se puede derrotar el flagelo del crimen organizado transnacional sin esfuerzos estatales comunes”, concluyó Griffiths.