Ecuador, que hasta hace una década era percibido como un país de relativa estabilidad en una región atravesada por el crimen transnacional, se enfrenta hoy a una prueba crucial para su soberanía. En el corazón de esta transformación se encuentran Los Choneros y Los Lobos, dos poderosas estructuras criminales que el Gobierno ecuatoriano designó como organizaciones terroristas en enero de 2024. Esta histórica clasificación nacional se produjo tras una ola de violencia sin precedentes que obligó al Estado a declarar un conflicto armado interno. Desde entonces, estas organizaciones han tejido una compleja red de economías ilícitas, respaldadas por vínculos operativos con cárteles internacionales, según indicó la ONG International Crisis Group.
La evolución del crimen organizado en Ecuador
La inclusión de Los Choneros y Los Lobos en la lista de organizaciones terroristas responde a la evidencia de que ambos grupos han sofisticado sus operaciones, estableciendo corredores criminales masivos que abarcan desde la producción y tráfico de drogas hasta la minería ilegal, la extorsión y la violencia carcelaria, incluyendo violencia sistemática contra la autoridad y la población civil, informó el medio local La Hora.
“Hay que entender que tanto Los Choneros como Los Lobos no son estructuras criminales independientes, sino que están aliados a cárteles de droga mucho más grandes que operan fuera del país”, declaró a Diálogo Alexandra Zumárraga, abogada y exdirectora del Sistema Nacional de Rehabilitación Social de Ecuador. “Sus líderes y financiamiento vienen del exterior”.
Los Choneros, una de las organizaciones más antiguas y estructuradas del país, surgieron en 2005 en la provincia de Manabí. Desde entonces, han consolidado una red de influencia que abarca puertos estratégicos, zonas urbanas y el sistema penitenciario, ejerciendo un control territorial significativo. Su estructura jerárquica y capacidad armada los ha establecido como un actor central del crimen organizado ecuatoriano, según el medio argentino Perfil.
Por su parte, Los Lobos emergieron como una organización independiente en 2021. Originalmente una facción subordinada de Los Choneros, aprovecharon el asesinato en 2020 del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, para separarse y liderar una coalición disidente. Esta insurrección los transformó de una banda local en una amenaza nacional, convirtiéndose en socios de redes internacionales de narcotráfico e incursionando en la minería ilegal de oro, lo que les ha permitido consolidarse como un actor criminal dominante en Quito, como describe InSight Crime.
La influencia de los cárteles internacionales
Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han intensificado su presencia en Ecuador al asociarse con estas bandas criminales para el transporte de cocaína, utilizando puertos, cruces fronterizos y sistemas financieros del país. Estos vínculos son el motor esencial del conflicto: Los Choneros sirven como el principal brazo logístico del Cártel de Sinaloa, mientras que Los Lobos han ascendido al poder gracias al respaldo directo del CJNG. Las mafias balcánicas también han encontrado en las rutas de exportación de banano una vía para introducir narcóticos en Europa, detalla en el Índice de Crimen Organizado 2025 de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).
Además, el Clan del Golfo de Colombia y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están activas en el norte de Ecuador, donde producen drogas, contrabandean armas y extorsionan a los negocios locales, agrega la GI-TOC.
Durante 2025, las fuerzas de seguridad ecuatorianas capturaron a 20 objetivos de alto valor, incluida la histórica extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a los Estados Unidos, el 20 de julio de 2025. Esta extradición, que fue posible gracias a las reformas constitucionales de 2024, tenía como objetivo decapitar el liderazgo de Los Choneros. Sin embargo, esto ha acelerado un fenómeno ya en curso: la segunda gran fragmentación del mapa criminal local desde la desintegración del comando unificado de Los Choneros en 2020, según el diario ecuatoriano Primicias.
Apoyo operativo y militar de los Estados Unidos
La asociación con los Estados Unidos ha evolucionado hasta convertirse en una alianza operativa directa. Tras la designación por parte de los EE. UU. de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) el 4 de septiembre de 2025, la cooperación bilateral se orientó hacia operaciones conjuntas de alto riesgo, en las que el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM) proporcionó inteligencia en tiempo real y vigilancia aérea, además de colaborar con la Armada ecuatoriana para interceptar embarcaciones de contrabando de alta velocidad, lo que dio lugar a la incautación de más de 200 toneladas de cocaína en el Pacífico oriental en 2025.
Estados Unidos también ha proporcionado hardware y tecnología esenciales, incluida una flota de drones de vigilancia específicos para el reconocimiento del ámbito naval y la entrega de aviones C-130H Hércules para el despliegue rápido de tropas. Esto se complementa con el intercambio de inteligencia de alto nivel que ha permitido al Bloque de Seguridad —el comando conjunto de la Policía y el Ejército ecuatorianos— identificar y desmantelar más de 35 redes transnacionales solo en 2024. En enero de 2026, el subsecretario adjunto de Defensa de los EE. UU., Joseph Humire, visitó Quito para profundizar aún más estos lazos, lo que supuso un paso hacia los esfuerzos de “objetivos conjuntos”, en los que la experiencia técnica de Estados Unidos apoya a las fuerzas especiales ecuatorianas en redadas de precisión.
Desafíos y respuestas del Estado
“La creciente fragmentación de las bandas criminales, impulsada por la captura, asesinato o exilio de sus líderes, ha generado fricciones internas entre facciones en pugna por el liderazgo”, explicó en Tiziano Breda, analista sénior de Latinoamérica y el Caribe de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), un observatorio global que recopila, analiza y mapea datos sobre conflictos. “Las disputas (…) suelen originarse en las prisiones, que actúan como centros operativos de esos grupos antes de extenderse a las calles. Las masacres en las prisiones y los enfrentamientos mortales entre grupos del crimen organizado contribuyeron al aumento del 42 por ciento en las muertes registradas en los primeros once meses de 2025”.
Para contrarrestar esta situación, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador han desplegado operaciones sostenidas en las zonas fronterizas y marítimas, con el objetivo de desmantelar las economías criminales que alimentan a Los Choneros y Los Lobos. En 2025, se ejecutaron cerca de 53 000 operativos, lo que resultó en la pérdida de más de USD 243 millones para estas estructuras criminales gracias a incautaciones de armas, sustancias ilícitas y la desarticulación de rutas logísticas clave.
Uno de los grandes desafíos, según Zumárraga, es que “en Ecuador se encuentran líderes visibles y no visibles que son operadores de una estructura criminal mayor y esto dificulta su disolución”. La fragmentación de la estructura criminal permite que surjan nuevos líderes con conexiones más fuertes y aliados externos que les respalden.
Durante 2025, el Plan 131 de Recompensas se consolidó como una herramienta clave para las fuerzas de seguridad, canalizando más de USD 1,6 millones en pagos por información estratégica que resultaron en operativos contra el crimen organizado.
A finales de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa declaró zonas reservadas de seguridad alrededor de las cárceles, ampliando así las facultades operativas de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Posteriormente, el Ministerio de Defensa inició la fase Ofensiva Total el 15 de enero de 2026, desplegando 10 000 soldados en las provincias costeras, con el objetivo de asegurar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza y cerrar los vacíos utilizados por el crimen organizado.
“Para cerrar estas brechas es necesario un trabajo articulado con diferentes países como México y Colombia, para no solo eliminar líderes sino la estructura criminal que les sustenta”, concluyó Zumárraga. Este frente de colaboración representa un paso decisivo hacia un futuro en el que el estado de derecho sustituya al reinado del terror.
