Mientras los países caribeños aceleran la transición energética, China está consolidando su presencia en el sector de las energías renovables de la región, particularmente en la energía solar. Entre 2020 y 2024, las exportaciones chinas de tecnologías verdes hacia el Caribe crecieron más de un 570 por ciento. Esto creó simultáneamente preocupaciones sobre la transparencia de los proyectos, la creciente dependencia tecnológica y el peligro de que esta influencia económica se traduzca en ventajas estratégicas y una potencial herramienta de presión política para Pekín.
Desde Jamaica hasta Guyana, pasando por las Bahamas y Cuba, Pekín financia y construye parques solares, suministra paneles fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento y programas de capacitación técnica, ampliando su influencia en un sector crucial para el desarrollo económico y la seguridad energética regional.
Detrás de esta expansión existen, además de intereses económicos, objetivos geopolíticos. “No se trata solo de una estrategia para aliviar los problemas internos de sobreproducción en China, sino también de una forma de promover la adopción de estándares tecnológicos exclusivamente chinos por parte de otros países”, explicó a Diálogo el analista mexicano César Eduardo Santos, especializado en la influencia china en Latinoamérica.
El Caribe representa, además, una zona de considerable valor estratégico para Pekín. La Comunidad del Caribe (CARICOM) cuenta con 14 votos en la Asemblea General de las Naciones Unidas e incluye a cinco de los 12 países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Asimismo, la región constituye un corredor crucial para el comercio marítimo mundial y se encuentra a pocos cientos de kilómetros de Estados Unidos, una combinación de factores que aumenta significativamente su relevancia geopolítica para el liderazgo chino.
La estrategia de Pekín
Según un informe del centro de estudios Inter-American Dialogue, durante la última década China ha desarrollado al menos 139 proyectos relacionados con el clima en 13 países caribeños, con una marcada concentración en Cuba y la República Dominicana. Esta expansión es coherente con el documento programático chino para América Latina y el Caribe publicado en diciembre de 2025, que contempla cooperación a lo largo de toda la cadena de suministro de energía limpia y apoyo específico para los Estados insulares de menor tamaño.
Como señala Santos, en los últimos años Pekín ha privilegiado progresivamente lo que funcionarios chinos denominan proyectos “pequeños pero hermosos”: inversiones más acotadas y focalizadas en sectores de alto valor agregado como las energías renovables. Paralelamente, iniciativas industriales como Made in China 2025 y China Standards 2035 buscan ampliar la adopción internacional de tecnologías, normas técnicas y cadenas de suministro vinculadas a empresas chinas.
Los ejemplos regionales son numerosos. En Barbados, la empresa china BYD contribuyó a crear la mayor flota de autobuses eléctricos del Caribe. En Jamaica, Pekín capacitó a más de 140 técnicos del sector fotovoltaico. En Guyana y Surinam, empresas estatales como PowerChina y SUMEC desarrollan plantas solares y microrredes en zonas remotas, mientras que en la República Dominicana se importaron desde China más de 4 millones de paneles solares entre 2017 y 2023.
En Cuba, la expansión de la energía solar respaldada por China no ha logrado revertir una crisis energética marcada por años de deterioro de la infraestructura crítica y problemas estructurales en el sector eléctrico. Aunque decenas de parques solares respaldados por China han sido incorporados a la red, Cuba continúa experimentando apagones generalizados, lo que pone de relieve que la incorporación acelerada de nueva capacidad de generación no puede compensar por sí sola décadas de mantenimiento insuficiente, infraestructura obsoleta y deficiencias estructurales en la gestión del sistema eléctrico nacional.
Problemas de gobernanza y dependencia
Según los expertos, uno de los principales problemas está relacionado con los estándares de gobernanza que acompañan estos proyectos. Las empresas chinas suelen suministrar e instalar rápidamente infraestructura energética, pero la transparencia sobre el financiamiento, los contratos y las condiciones de los acuerdos sigue siendo limitada.
Un ejemplo regional frecuentemente citado es el parque solar de Choloma, en el norte de Honduras, desarrollado por la empresa DanaSun Energy, afiliada al grupo chino Texhong International Group. El proyecto ha sido objeto de críticas debido a la falta de información pública sobre los acuerdos firmados, las condiciones de inversión y el destino de la energía producida. “El mayor riesgo es la combinación de opacidad contractual, debilidad institucional y elevados costos financieros que terminan recayendo sobre los Estados receptores”, afirma Santos.
A estas preocupaciones se añade la cuestión de la dependencia tecnológica. En el sector solar, el control de la cadena de suministro no se limita a los paneles fotovoltaicos, sino que también incluye inversores, baterías, software de gestión, firmware y servicios de mantenimiento. En muchos casos, estos componentes aún dependen de los productores originales para actualizaciones, soporte técnico y supervisión a distancia, lo que aumenta las preocupaciones de que el control tecnológico pueda ser usado como una herramienta de influencia económica y estratégica.
Ciberseguridad en riesgo
Un informe reciente del Loom Strategy Centre, un centro de estudios británico, calificó como “serios” los riesgos derivados de la dependencia de la tecnología verde china, mencionando entre las posibles amenazas la existencia de capacidades de acceso remoto que podrían permitir la interrupción de sistemas energéticos, así como el potencial uso de determinadas infraestructuras para actividades de vigilancia.
La atención se centra especialmente en los inversores, considerados el cerebro de las instalaciones fotovoltaicas porque regulan el flujo de energía hacia la red eléctrica. Diversas investigaciones de ciberseguridad han reportado la presencia, en algunos dispositivos y sistemas de almacenamiento de fabricación china, de módulos de comunicación no documentados, incluidos equipos de radio celular que no aparecen en las especificaciones técnicas.
Para el Caribe, el riesgo podría verse amplificado por las limitadas capacidades de defensa cibernética de muchos Estados insulares. Santos advierte que el desafío no se limita a la generación de energía, sino también al control de los sistemas digitales que la gestionan. En países con capacidades limitadas de ciberseguridad, una alta dependencia de proveedores externos para software, actualizaciones y mantenimiento podría aumentar la exposición a riesgos operativos y de seguridad.
Las medidas necesarias
Los expertos advierten que la creciente presencia china en el sector de la energía solar en el Caribe exige una mayor atención a la transparencia en las licitaciones, estándares rigurosos de ciberseguridad y un control efectivo de los sistemas digitales que gestionan las infraestructuras energéticas. Reducir las vulnerabilidades tecnológicas y diversificar las cadenas de suministro se considera fundamental para fortalecer la resiliencia energética y limitar riesgos estratégicos a largo plazo.
Sin embargo, para Santos la respuesta no puede ser únicamente técnica. También se necesitan alternativas creíbles al financiamiento ofrecido por Pekín y un fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países receptores. “Promover la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión independiente de los contratos de infraestructura es tan crucial como ofrecer fuentes alternativas de financiamiento. Sin instituciones sólidas, cualquier actor externo tendrá incentivos para perpetuar prácticas poco favorables al interés público”, concluye.
