La madrugada del 13 de marzo de 2026, un reducido grupo de agentes antidroga ingresó a una vivienda en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La operación, resultado de semanas de coordinación e intercambio de inteligencia entre autoridades bolivianas y socios internacionales, había sido preparada bajo estricta compartimentación de información. Solo un número limitado de oficiales conocía el objetivo real: capturar a Sebastián Enrique Marset Cabrera, narcotraficante uruguayo y uno de los criminales más buscados de Sudamérica y requerido por autoridades de Bolivia, Paraguay, Estados Unidos e Interpol.
El hombre conocido como el “Rey del Sur”, un objetivo prioritario de la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA) que durante años pareció invisible ante la ley, era finalmente capturado.
Su caída no fue un golpe de suerte, sino la validación de un enfoque que, según analistas y autoridades regionales, refleja una evolución en la forma que los Estados enfrentan al crimen organizado transnacional. Lo que algunos expertos comienzan a describir informalmente como el “Modelo Marset” apunta a un esquema donde los Estados ya no operan como compartimentos estancos, sino como una red interoperable basada en intercambio de inteligencia, coordinación multinacional y operaciones más disciplinadas.
Para autoridades y analistas de seguridad en Latinoamérica, el operativo se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la coordinación regional, el control de la inteligencia y la ejecución disciplinada pueden cambiar el resultado frente a redes criminales transnacionales.
“Este es un ejemplo visible de un cambio más amplio en América Latina: el paso gradual de respuestas nacionales fragmentadas hacia modelos de cooperación basados en interoperabilidad, intercambio de inteligencia y coordinación multinacional contra organizaciones criminales transnacionales”, dijo a Diálogo el viceministro de Defensa Social de Bolivia, Ernesto Justiniano.
La operación también coincidió con la reanudación de mecanismos de cooperación entre Bolivia y la DEA, interrumpidos durante casi dos décadas.
De 2023 a 2026: del colapso operativo al control de la inteligencia
El contraste con 2023 permite dimensionar ese cambio.
Ese año, durante el Gobierno del presidente Luis Arce, fuerzas bolivianas intentaron capturar a Marset en Santa Cruz. El operativo fracasó y el narcotraficante logró escapar. Investigaciones posteriores y reportes de prensa apuntaron a posibles filtraciones internas que habrían comprometido la operación.
En ese momento, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reconoció públicamente fallas en la ejecución y la gestión de la información, mientras el caso generó cuestionamientos internos sobre corrupción y vulnerabilidades institucionales.
Tres años después, bajo el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz, que anunció ruptura de cualquier pacto con el narcotráfico, se adoptó un enfoque distinto.
Según explicó el ministro de Gobierno actual, Marco Oviedo, la operación de 2026 se basó en un manejo mucho más estricto de la información, una coordinación limitada a equipos reducidos y una estructura de compartimentación diseñada para reducir riesgos de filtración, pero también a la voluntad política del nuevo gobierno.
En declaraciones a medios estatales bolivianos, el ministro Oviedo dijo que “absolutamente nadie conocía el momento ni el lugar del operativo”.
Este tipo de enfoque coincide con lo que describen analistas regionales sobre las lecciones operativas derivadas de casos anteriores. Diversos análisis especializados sobre operaciones contra el crimen organizado en América Latina destacan que las filtraciones de información constituyen uno de los factores que con mayor frecuencia comprometen el éxito de las acciones de seguridad. La literatura especializada coincide en que la protección de la información sensible y de los procesos de inteligencia resulta tan importante como la obtención misma de datos estratégicos.
Un perfil clave en redes fragmentadas
El caso Marset también evidencia cómo han evolucionado las estructuras del narcotráfico.
A diferencia de figuras tradicionales, Marset no operaba como un líder territorial clásico. De acuerdo con el analista uruguayo Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado, este tipo de actores funcionan como un nodo articulador capaz de conectar organizaciones criminales de distintos países y mercados.
Marset no era un traficante territorial clásico; su valor residía en su capacidad como “broker logístico”.
Según Edgardo Glavinich, director de la fundación Sherman Kent, Marset funcionaba como un puente entre organizaciones de distintas geografías: desde el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil y el Clan Insfrán en Paraguay, hasta la ‘Ndrangheta en Italia y mafias en los Balcanes.
Fuentes de seguridad en Paraguay y Brasil han descrito su rol como el de un intermediario que facilitaba: producción en Bolivia, tránsito en camiones o aviones por Paraguay, conexiones con el PCC en Brasil y vínculos con redes europeas, incluida la ‘Ndrangheta.
En esa lógica, su captura afecta la red, pero no necesariamente la desarticula, explicó el viceministro Justiniano.
Numerosos estudios sobre crimen organizado transnacional señalan que las redes criminales poseen una elevada capacidad de adaptación operativa. Cuando una estructura o liderazgo es afectado por acciones estatales, los grupos suelen reorganizar funciones, redistribuir responsabilidades y restablecer sus actividades mediante mecanismos de reemplazo y reconfiguración interna.
Dimensión internacional: extradición y capacidad judicial
Tras su captura, Marset fue trasladado a custodia estadounidense para enfrentar cargos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
El uso de este tipo de mecanismos refleja una estrategia cada más frecuente en la región: combinar operaciones locales con judicialización internacional y cooperación financiera transnacional.
Diversos especialistas en cooperación internacional contra el crimen organizado sostienen que los mecanismos de coordinación judicial y policial entre países fortalecen la capacidad para investigar estructuras criminales complejas, particularmente en áreas vinculadas al lavado de activos, los movimientos financieros transnacionales y las redes logísticas internacionales. Este enfoque parte de la premisa de que las amenazas de carácter transnacional requieren respuestas coordinadas que trasciendan las capacidades de una sola jurisdicción.
El 16 de marzo de 2026, apenas tres días después de su arresto, Marset compareció ante una corte federal en Alexandria, Virginia, enfrentando cargos por conspiración para el lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
La DEA sostiene que su organización fue responsable de mover toneladas de cocaína hacia Europa, generando ganancias de decenas de millones de dólares. De ser condenado, Marset podría enfrentar hasta 20 años de prisión, una pena similar a la que ya cumple su colaborador cercano, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, sentenciado en la misma jurisdicción en 2025.
Una tendencia regional
Elementos de este enfoque también pueden observarse, con distintas variantes, en otros países de la región.
En Ecuador, autoridades han fortalecido operaciones marítimas coordinadas e intercambio de inteligencia para interceptar cargamentos antes de su salida hacia rutas internacionales. Analistas de InSight Crime sostienen que el creciente peso del narcotráfico en puertos del Pacífico ha obligado a desarrollar mecanismos de cooperación más estrechos entre agencias locales y socios internacionales.
En Guatemala, investigaciones recientes contra estructuras de lavado de dinero han involucrado cooperación judicial e intercambio de información con entidades extranjeras para rastrear flujos ilícitos a través de múltiples jurisdicciones.
En el Caribe, organismos como CARICOM y CARICOM IMPACS han incrementado la coordinación regional en vigilancia marítima e intercambio de información para monitorear rutas utilizadas por redes de narcotráfico y contrabando.
Para varios especialistas, estos esfuerzos reflejan un cambio gradual en la forma en que la región enfrenta al crimen organizado transnacional.
En varios casos recientes, las agencias de seguridad, inteligencia y justicia han fortalecido los mecanismos de intercambio de información y en la ejecución coordinada de acciones concretas.
El caso Marset no representa una solución definitiva frente a estructuras criminales que continúan adaptándose y reorganizándose. Sin embargo, sí dejó una lección operativa clara: los Estados tienen mayores probabilidades de éxito cuando combinan inteligencia protegida, intercambio de información en tiempo real, coordinación judicial y operaciones multinacionales.
Más que la captura de un fugitivo, el llamado “Modelo Marset” expone una tendencia emergente en Latinoamérica: frente a organizaciones criminales que operan como redes transnacionales flexibles, los Estados responden cada vez más mediante mecanismos de coordinación regional, intercambio de inteligencia y cooperación judicial.
“La captura de Marset no es el final. Es el principio de nuestra forma de combatir el crimen transnacional”, dijo Justiniano durante su corta estadía en Washington a mediados de mayo.
