Bolivia ha reafirmado recientemente su profundo compromiso con la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y el tráfico de drogas, reconociendo que la cooperación internacional es esencial para erradicar estos problemas.
El ministro de Gobierno Roberto Ríos, subrayó que combatir las bandas delictivas es una prioridad: “La lucha contra el crimen organizado debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales”, declaró la estatal Agencia Boliviana de Información a finales de 2025. Subrayó que esta tarea se fundamentará en la cooperación, la coordinación, la responsabilidad y el respeto por la vida y los derechos humanos.
El plan del Gobierno incluye acelerar la erradicación de cultivos de hoja de coca —insumo clave para la producción de cocaína— y desarticular a las OCT que operan la cadena del narcotráfico. Para ello, el Ejecutivo prevé una coordinación más estrecha con los vecinos regionales y socios internacionales clave, como los Estados Unidos.
Reanudación del intercambio de información
Uno de los anuncios más relevantes de esta nueva etapa es la inminente vuelta de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) a Bolivia.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, fue inequívoco al afirmar que el primer paso será restablecer el intercambio de información. “La DEA regresará muy pronto, porque existe un compromiso político y eso es lo más importante”. Añadió que la ayuda internacional es una necesidad. “Hay cárteles internacionales que sabemos que están operando en Bolivia y no podemos enfrentar el narcotráfico solo con la fuerza local. Debemos integrarnos y necesitamos cooperación”, afirmó.
Más allá del auge de las bandas locales, la principal amenaza operativa para la seguridad de Bolivia proviene de los grupos internacionales que aprovechan la posición del país como uno de los mayores productores de cocaína del mundo. El restablecimiento del intercambio de inteligencia es crucial para contrarrestar a actores poderosos como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que coordinan los envíos de varias toneladas de cocaína que salen de la región.
Además, las OCT en Bolivia están diversificando cada vez más su cartera, y la minería ilegal de oro y el contrabando se están convirtiendo en una fuente principal de ingresos. Esta actividad no solo causa daños ambientales catastróficos, sino que se utiliza para lavar miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Combatir esta compleja red de narcotráfico, contrabando de oro y fraude de identidad es el objetivo de la actual campaña para renovar las alianzas internacionales.
Refuerzo sistémico de la fronteriza con Brasil
El nuevo enfoque de la administración ya se ha reflejado en nuevas medidas de control en las fronteras, especialmente con Brasil. Bolivia ha aumentado la vigilancia en las regiones de Pando, Beni y Santa Cruz. Esto es una respuesta a la actividad delictiva en curso y a la posibilidad de que miembros de las OCT entren en el país tras las recientes operaciones policiales en Brasil.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, explicó en el diario boliviano Opinión que el plan de control incluye una operación en dos fases y la creación de inteligencia fronteriza dedicada a cotejar la colaboración en curso con Brasil, para detectar y actuar contra los ciudadanos extranjeros que entran con documentación falsificada y obtienen tarjetas de identidad bolivianas. “Llegan huyendo de sus países, cambian su identidad y se presentan como empresarios prósperos, pero detrás de eso existen redes criminales que buscan operar en Bolivia”, enfatizó Aguilera.
Chile y Bolivia: operaciones conjuntas contra las OCT
El enfoque boliviano ha encontrado eco en Chile, un país fronterizo comprometido con la profundización de la cooperación bilateral. El canciller chileno Alberto van Klaveren, expresó la importancia de fortalecer la cooperación para combatir el crimen organizado en la frontera compartida, salvaguardar los derechos y facilitar el tránsito legítimo.
La creciente amenaza de las OCT exige una hoja de ruta de seguridad compartida. Los analistas señalan que es esencial establecer acuerdos de cooperación en materia de seguridad, lucha contra el contrabando, la trata de personas, el retorno y la reorientación de los migrantes irregulares, el tráfico de drogas y el control de las fronteras. En la actualidad, las autoridades bolivianas participan en operaciones conjuntas e intercambios de información con sus homólogos chilenos para investigar las OCT, lo que subraya su compromiso con la acción combinada y transfronteriza.
Desafío de las bandas criminales transfronterizas
El fortalecimiento de la cooperación regional surge como respuesta directa a la creciente presencia de peligrosas bandas criminales transfronterizas, como el Tren de Aragua (TdA). Esta organización se ha expandido rápidamente por Sudamérica y Centroamérica, y su presencia en Bolivia representa un gran desafío para la seguridad interna.
El TdA, una antigua banda carcelaria, es ahora una sofisticada organización terrorista con células establecidas en varios países, entre ellos Bolivia, que utiliza la crisis migratoria como tapadera para sus operaciones. Los analistas y los informes sugieren que el grupo opera con la protección explícita o tácita del régimen de Nicolás Maduro, lo que convierte su crecimiento en una preocupación geopolítica aún mayor.
Las actividades del TdA en la región muestran una alarmante diversificación de la delincuencia, lo que lo convierte en un foco de atención crítico para las autoridades bolivianas. La banda aprovecha la frontera compartida con Chile para operar extensas redes de tráfico de personas y trata sexual, dirigidas especialmente a mujeres y niñas migrantes vulnerables, y el territorio boliviano sirve como punto de tránsito crucial para estos movimientos transfronterizos ilícitos.
Además, el TdA gana rápidamente control mediante el empleo de esquemas de protección, extorsionando a las empresas locales y al comercio informal en las zonas donde establece su presencia. Los miembros del TdA también son conocidos por falsificar documentos de identidad, lo que les permite moverse libremente, hacerse pasar por empresarios legítimos y protegerse de las fuerzas del orden, una táctica que las autoridades bolivianas ya han reconocido como objetivo.
La amenaza se ve aún más agravada por la capacidad del TdA para formar poderosas alianzas con otras importantes organizaciones de tráfico de drogas en la región, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil. Esta colaboración crea un frente unificado que complica los esfuerzos de interdicción del tráfico de drogas y el lavado de dinero a lo largo de las fronteras orientales de Bolivia. La rápida expansión del TdA es uno de los principales motivos por los que se impulsa con urgencia un mayor intercambio de información de inteligencia, en particular con los países vecinos y los Estados Unidos, ya que su modelo de franquicia está demostrando ser muy resistente y difícil de desmantelar utilizando únicamente las fuerzas locales.
Bolivia se encuentra en un momento decisivo en su lucha contra el crimen organizado. Al fortalecer las alianzas internacionales y la cooperación regional, el país está mejor equipado para hacer frente a las amenazas complejas y transnacionales que desafían la seguridad de toda Sudamérica.
