Tras años de relaciones congeladas, el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela marca un punto de inflexión significativo para los equilibrios de seguridad regional. La reapertura del diálogo se produce tras la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la instalación de un gobierno interino.
Este nuevo contexto ha abierto oportunidades para una cooperación más estructurada en la lucha contra las redes criminales transnacionales arraigadas desde hace años en Venezuela. Desde una perspectiva estratégica, el retorno de la interacción directa ayuda a reducir una de las principales limitaciones del pasado: la falta de coordinación operativa y judicial sobre el terreno.
“Es mucho más fácil combatir la criminalidad organizada cuando los gobiernos intercambian información en tiempo real que operar a distancia y con retrasos”, explica a Diálogo Jesús Romero, fundador del centro de estudios Miami Strategic Intelligence Institute, con sede en Florida.
En este sentido, la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas el 30 de marzo de 2026 y la progresiva normalización de las relaciones no solo tienen un valor simbólico, sino también operativo. La presencia diplomática facilita canales de comunicación más rápidos, acceso directo a instituciones y una mayor coordinación frente a amenazas como el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
“El compromiso sobre el terreno ofrece algo que la política a distancia nunca puede proporcionar completamente: visibilidad, acceso, influencia y rendición de cuentas en tiempo real. Una embajada no es solo una estructura diplomática. Es el lugar donde la diplomacia se vuelve operativa”, subraya Romero.
Uno de los ejemplos más visibles de esta nueva dinámica de cooperación fue la extradición a Panamá, en abril de 2026, de Ali Zaki Hage Jalil, acusado de tener vínculos con Hezbolá y de participar en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, que causó la muerte de 21 personas en Panamá. La extradición, realizada por las autoridades venezolanas, evidenció una mayor coordinación judicial e institucional entre gobiernos frente a casos de terrorismo y crimen transnacional.
El Tren de Aragua
Además del intercambio directo de información, la nueva etapa de cooperación regional está contribuyendo a fortalecer los esfuerzos para identificar líderes, rutas y estructuras logísticas de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, no solo en Venezuela, sino a lo largo de su red internacional.
Fundado en 2014 en el estado venezolano de Aragua, dentro de la prisión de Tocorón, el grupo evolucionó hasta convertirse en una organización transnacional con presencia en múltiples países y capacidad para adaptarse rápidamente a distintos entornos criminales.
“Grupos como el Tren de Aragua sobreviven gracias a refugios seguros, corredores logísticos, redes carcelarias, corrupción y libertad de movimiento. Cuando la presión empieza a ejercerse dentro del propio Venezuela, donde la organización tuvo su origen y donde muchas de sus estructuras de apoyo estaban arraigadas, esto cambia la ecuación estratégica”, afirma Romero.
En marzo de 2026, las autoridades estadounidenses detuvieron a Rafael Enrique Gámez Salas, alias El Turko, presunto líder de la célula chilena conocida como Los Piratas, buscado por Chile por delitos de secuestro, homicidio y extorciónn. Entre los casos investigados figura también el secuestro y asesinato, en febrero de 2024 del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile.
Este mismo mes, otro presunto integrante del Tren de Aragua fue detenido en Madrid en el marco de una investigación internacional vinculada a operaciones de ciberdelincuencia y al uso del malware Ploutus para el robo de dinero en cajeros automáticos.
Estos casos reflejan una presión internacional creciente sobre las redes operativas y financieras del grupo. La coordinación entre países está reduciendo gradualmente la capacidad de movimiento y adaptación que durante años permitió al Tren de Aragua expandirse por la región y fuera de ella.
La cooperación con Colombia
La nueva etapa política en Venezuela también está facilitando una mayor coordinación regional frente a las amenazas transnacionales a lo largo de la frontera con Colombia, una de las zonas más disputadas por grupos armados y redes criminales de la región.
En marzo, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció acuerdos con Caracas para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas que afectan a las comunidades fronterizas.
«La seguridad de las fronteras requiere unidad entre los Estados. Colombia y Venezuela han decidido fortalecer la cooperación para enfrentar con determinación a los cárteles de la droga, la minería ilegal y todas las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades fronterizas», escribió el ministro Sánchez en sus redes sociales.
La coordinación busca responder a una realidad operativa compleja, marcada por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras organizaciones criminales que compiten por el control de rutas de narcotráfico, economías ilícitas y corredores estratégicos hacia Venezuela.
La violencia en la región del Catatumbo ha desplazado desde 2025 decenas de miles de personas y un deterioro significativo de la seguridad fronteriza. En abril de 2026, operaciones militares colombianas contra estructuras del ELN en la región neutralizaron al menos 12 integrantes del grupo y permitieron la incautación de armas, explosivos y material utilizado en ataques con drones, reflejando la creciente sofisticación tecnológica de estas organizaciones criminales.
Pocos días antes de esas operaciones, se celebró una reunión operativa entre las cúpulas militares de ambos países, en presencia de altos funcionarios de defensa de ambos países para fortalecer la cooperación fronteriza y el intercambio de información. “Esto es importante porque las organizaciones criminales se mueven más rápido que las burocracias, y solo Estados coordinados pueden revertir esta ventaja”, afirmó Romero.
En concreto, el intercambio de inteligencia, la cooperación judicial y una mayor coordinación operativa están ayudando a reducir el margen de maniobra de las organizaciones criminales a ambos lados de la frontera.
“Las organizaciones criminales no respetan las fronteras. Si actúa un solo país, se desplazan. Si actúan varios países juntos, su espacio operativo se reduce”, agregó Romero.
Este enfoque también tiene implicaciones más amplias para la seguridad hemisférica. Debido a su ubicación geográfica y a su papel histórico como corredor de tránsito para narcóticos y otras economías ilícitas, Venezuela continúa siendo un punto estratégico dentro de las dinámicas de seguridad regional.
Según Romero, una mayor cooperación regional podría contribuir a fortalecer la seguridad fronteriza, dificultar las operaciones de las redes criminales transnacionales y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas compartidas.
“En este sentido, Venezuela no es una cuestión secundaria, sino que forma parte integral de la primera línea de la seguridad hemisférica”, concluye Romero.
