Frente a la expansión y creciente sofisticación de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) en Latinoamérica, los gobiernos de la región están intensificando la cooperación para contrarrestar las redes y sus actividades ilícitas. A medida que los grupos criminales operan a través de las fronteras y diversifican sus actividades, desde el narcotráfico hasta los delitos ambientales, las respuestas nacionales aisladas han resultado insuficientes, impulsando un cambio hacia enfoques más coordinados y basados en inteligencia.
Un ejemplo de esta tendencia es la alianza entre Interpol y Brasil, formalizada a principios de 2026, que ha dado lugar a la creación de una fuerza de tarea regional, con sede en Buenos Aires, que reúne a fuerzas policiales y agencias de seguridad sudamericanas para mejorar el intercambio de información, coordinar operaciones y atacar las estructuras logísticas y financieras que sostienen a las redes criminales.
Son varias las operaciones realizadas gracias a esta cooperación que evidencian el valor de la inteligencia compartida y la coordinación operativa, como en el caso de la operación Guyana Shield de diciembre 2025. La intervención llevó a la detención de cerca de 200 personas involucradas en el tráfico ilegal de oro entre Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam. Fueron determinantes los controles y las requisas realizadas conjuntamente por agentes de los distintos países, en particular a lo largo de los ríos fronterizos Oiapoque y Maroni, donde operaciones espejo coordinadas en ambos lados de la frontera permitieron interrumpir los flujos ilícitos.
Esta colaboración se basa en un modelo que integra el intercambio de datos —permitiendo cruzar información sobre flujos financieros y movimientos transfronterizos— y un enfoque multicrimen, que vincula el narcotráfico con los delitos ambientales y otras actividades ilícitas. “Este nuevo paradigma desplaza el foco de las incautaciones puntuales hacia la desarticulación estratégica de las estructuras logísticas y del poder económico de las redes criminales”, declaró a Diálogo Roberto Uchôa, consejero del Foro Brasileño de Seguridad Pública e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.
La Amazonía: convergencia de economías criminales
La Amazonía se ha convertido en un espacio clave donde estas dinámicas convergen. Según un estudio publicado en abril de 2026 por la iniciativa Amazonía 2030, titulado De la explotación ilegal de los recursos naturales al tráfico internacional de cocaína: patrones de violencia en la Amazonía brasileña, la violencia en la región está cada vez más vinculada a la expansión de redes criminales que operan a través de múltiples economías ilícitas.
El informe destaca un cambio en la forma en que se genera y sostiene la violencia. Hasta 2017, las facciones criminales representaban el 29 por ciento de las muertes asociadas a factores de riesgo identificados por el estudio en municipios pequeños de la Amazonía legal brasileña. Entre 2018 y 2023, esa proporción aumentó al 56 por ciento, reflejando el creciente peso del crimen organizado en los patrones de violencia en la región.
Esta evolución está estrechamente relacionada con la transformación de las vías fluviales amazónicas en corredores clave del tráfico. Tras la política brasileña de interdicción aérea introducida a mediados de la década de 2000, las rutas del narcotráfico se desplazaron progresivamente hacia los ríos, reforzando la importancia estratégica de zonas remotas donde la presencia estatal es limitada. Estas rutas sostienen no solo el narcotráfico, sino también la minería ilegal, la tala y otras formas de delitos ambientales, generando economías ilícitas superpuestas que resultan más difíciles de desmantelar.
Entre las organizaciones más activas en el control de las rutas fluviales amazónicas figura el Comando Vermelho (CV). “El CV ha establecido alianzas directas con productores de coca y proveedores de armas, buscando garantizar el control de las rutas fluviales y terrestres para abastecer el mercado interno brasileño y las rutas internacionales, en particular a lo largo del río Solimões en la región amazónica”, explica Uchôa.
Las zonas fronterizas siguen siendo especialmente vulnerables, utilizadas tanto para eludir controles como para transferir mercancías ilícitas entre grupos. En este contexto, mecanismos como el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI-Amazonía), con sede en Manaos, han cobrado mayor relevancia, al apoyar operaciones conjuntas y facilitar el intercambio de inteligencia entre países de la región.
“La evolución de estos mecanismos marca el paso de una cooperación meramente reactiva a una inteligencia estratégica integrada”, declaró Uchôa. “El CCPI-Amazonía, con sede en Manaos, es emblemático porque institucionaliza el intercambio de datos en tiempo real entre los países de la cuenca amazónica”.
Al mismo tiempo, los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) están combinando cada vez más los esfuerzos policiales y militares para hacer frente a estos desafíos. Un ejemplo es la operación realizada en enero de 2026 en la zona de triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en el departamento peruano de Loreto, donde se incautaron y destruyeron más de 2,6 toneladas de sulfato de cocaína y 6 toneladas de precursores químicos utilizados en la producción de drogas. Este tipo de acciones pone de relieve el papel de las fuerzas armadas en tareas de interdicción, vigilancia y control territorial en apoyo a las fuerzas de seguridad.
El desafío del crimen organizado
La creciente expansión de grupos criminales transnacionales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Tren de Aragua, hace que el desafío sea cada vez más complejo. “Originariamente brasileño, el PCC se ha consolidado como la mayor organización transnacional de Latinoámerica”, afirma Uchôa. Su expansión en países como Paraguay y Bolivia le ha permitido influir en distintos eslabones de la cadena de suministro de cocaína, desde la producción hasta la distribución hacia Europa y África, a menudo a través de puertos como el de Santos.
El Tren de Aragua, designado como organización terrorista por varios países del hemisferio en 2025, se ha expandido a múltiples países, incluso fuera de Latinoamérica, siguiendo los flujos migratorios. Inicialmente centrado en el tráfico de personas y la extorsión, el grupo ha diversificado sus actividades y fortalecido su presencia transnacional.
Un ejemplo reciente es el de Jorge Luis Páez Cordero, alias Cucaracho, cercano al líder del grupo, Niño Guerrero. Está acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa y de coordinar operaciones financieras en la región, lo que ilustra cómo estas redes combinan la logística operativa con la integración financiera.
“Se trata de grupos que han evolucionado de estructuras rígidamente jerárquicas a modelos de red fluidos y decentralizados”, afirma Uchôa. Según el experto, esta expansión se basa en la explotación de “zonas grises” de soberanía, especialmente en áreas fronterizas donde la presencia estatal es limitada. “La criminalidad organizada no respeta las fronteras; al contrario, las utiliza como mecanismo de protección frente a jurisdicciones nacionales limitadas”, afirma el experto.
Uchôa también destaca la capacidad de estos grupos para blanquear capitales, integrando la economía ilegal en los mercados legales, lo que complica aún más los esfuerzos de control. En este escenario, el fortalecimiento de la cooperación regional sigue siendo fundamental: solo respuestas más integradas —que combinen intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y acciones contra las finanzas ilícitas— podrán contrarrestar de manera efectiva la expansión del crimen organizado transnacional.
