En la Amazonía del Escudo Guayanés —una región que abarca Guyana, Surinam, Guayana Francesa y zonas adyacentes de Brasil, Venezuela y Colombia— la extracción ilegal de oro dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una fuente paralela y cada vez más resiliente del financiamiento y control territorial del crimen organizado, que opera junto a, y en algunos casos refuerza, las economías tradicionales del narcotráfico. La escala y coordinación de estas redes quedaron más claras tras una reciente operación transfronteriza respaldada por Interpol, que evidenció hasta qué punto los grupos criminales operan simultáneamente a través de múltiples jurisdicciones, en lugar de limitarse a espacios nacionales aislados.
Vacíos regulatorios, corrupción y una aplicación desigual de la ley a lo largo de las fronteras han permitido a los grupos delictivos consolidar su presencia en territorios remotos con limitada presencia estatal. En esos entornos, la minería ilegal de oro se ha entrelazado cada vez más con redes criminales transnacionales que aprovechan la débil fiscalización, la porosidad de las fronteras y el aislamiento geográfico. Interpol y otros organismos internacionales han advertido reiteradamente que esta actividad está estrechamente vinculada con la corrupción, el lavado de activos y otros delitos graves. Estas condiciones no solo son permisivas, sino que son explotadas estratégicamente, lo que permite a las redes adaptarse, trasladar operaciones y mantener su continuidad.
Más allá del impacto ambiental, la actividad tiene un alto costo humano. Comunidades indígenas y pequeños mineros enfrentan condiciones laborales precarias, exposición al mercurio y falta de controles sanitarios. Al mismo tiempo, grupos armados y organizaciones criminales ejercen control sobre las zonas de extracción, generando condiciones asociadas a la trata de personas, el trabajo forzado y la explotación sexual. Estas dinámicas también favorecen entornos donde actores no estatales ejercen control sobre el acceso a los territorios y la mano de obra en áreas donde la presencia estatal es limitada o irregular.
En este contexto, las estructuras criminales brasileñas mantienen una posición predominante. “Grupos como el Comando Rojo y el Primer Comando de la Capital ejercen supremacía en la región, al operar no solo en la minería irregular, sino también en rutas de narcotráfico y otros mercados ilícitos”, explicó a Diálogo Michelle Maffei, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Guayaquil.
La escala del fenómeno es significativa. Evaluaciones internacionales estiman que la minería ilegal genera entre USD 12 000 millones y USD 48 000 millones anuales en ingresos criminales a nivel global, con el oro entre sus principales fuentes. En la Amazonía se han identificado miles de puntos de extracción ilegal, mientras la actividad continúa generando degradación ambiental y violencia en zonas vulnerables. Esta escala es relevante no solo en términos ambientales, sino porque representa una fuente de ingresos estable y diversificada que reduce la dependencia de los grupos criminales de un solo mercado ilícito.
Mecanismos y alcance transnacional
La cadena del oro ilegal no termina en la extracción. Una vez obtenido, el mineral puede mezclarse con producción legal, pasar por intermediarios e ingresar a circuitos comerciales formales de manera que dificulta rastrear su origen. Esta opacidad facilita el lavado de activos y permite a los actores criminales ocultar sus ganancias. Esto representa un desafío para la aplicación de la ley, ya que las intervenciones en los puntos de extracción resultan insuficientes sin acciones paralelas sobre los flujos financieros, intermediarios y canales de exportación.
Esta dinámica se entrelaza cada vez más con otras economías ilícitas. La minería ilegal y el narcotráfico comparten rutas, infraestructura, facilitadores corruptos y redes de protección. En el territorio Yanomami en Brasil, por ejemplo, investigaciones han documentado la creciente convergencia entre la minería ilegal y el crimen organizado, incluida la expansión del PCC hacia el comercio de oro. Esta convergencia permite a los grupos criminales aumentar su eficiencia y ampliar su alcance, al tiempo que complica las labores de control.
“En este entorno, el crimen organizado mantiene una presencia comparable a la de las zonas costeras, lo que evidencia su expansión en la Amazonía”, señaló Maffei.
No obstante, aclaró que esta actividad no ha desplazado al narcotráfico como principal fuente de ingresos: “el narcotráfico continúa concentrando mayores flujos de capital”. La minería ilegal, sin embargo, se consolida como un componente cada vez más relevante dentro del ecosistema criminal.
A lo largo de la frontera entre Surinam y Guayana Francesa, miles de brasileños se internan en zonas remotas en busca de oro. Informes de medios regionales describen asentamientos marcados por economías informales, circulación de drogas, limitada supervisión estatal y alta vulnerabilidad social —condiciones que generan entornos propicios para la actividad criminal y dificultan la aplicación coordinada de la ley a nivel transfronterizo.
Operación Escudo Guyana
En enero de 2026, la Operación Escudo Guyana –coordinada con apoyo de Interpol– involucró a autoridades de Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam una operación coordinada contra la minería ilegal de oro en la región. El resultado fue la detención de 198 personas y la incautación de maquinaria, oro, mercurio, drogas y dinero en efectivo. Desarrollada en múltiples puntos remotos, la operación también permitió identificar delitos asociados como la trata de personas y la explotación laboral. Representó un esfuerzo coordinado para actuar simultáneamente sobre los puntos de extracción, las rutas logísticas y las actividades criminales asociadas en varias jurisdicciones.
La operación también evidenció el valor operativo de la acción sincronizada en zonas fluviales y fronterizas. Interpol señaló que los agentes realizaron “operaciones espejo” en ambos lados de ríos fronterizos clave, un modelo que demuestra la importancia de ejercer presión coordinada en ambos lados de la frontera para limitar el desplazamiento de las actividades ilícitas y reducir las oportunidades de evasión.
Aunque la operación produjo resultados significativos, su impacto dependerá de esfuerzos sostenidos que no se limiten a los puntos de extracción, sino que aborden también los flujos financieros, las redes logísticas y los facilitadores que sostienen esta actividad. Sin una coordinación sostenida, las redes criminales pueden reconstituirse o desplazarse geográficamente, como ocurre en otras economías ilícitas. La experta subrayó “la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros mediante inteligencia y tecnología, pese a las restricciones del sistema bancario”.
El contexto económico refuerza el desafío. Interpol advirtió que el aumento sostenido del precio del oro impulsa la expansión de la minería ilegal y consolida su papel como fuente de ingresos criminales. Mientras el mineral mantenga alta rentabilidad y la trazabilidad siga siendo limitada, la actividad continuará ofreciendo a las redes criminales una fuente de ingresos flexible y de bajo riesgo relativo.
Riesgos y proyección regional
“Las iniciativas para contener este fenómeno se mantienen por debajo de su escala”, dijo Maffei, señalando una brecha persistente entre la magnitud del problema y la capacidad de respuesta.
Sin una mayor presencia territorial, la actividad podría expandirse impulsada por nuevos yacimientos, los precios elevados y la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que ajustan sus operaciones en función de la presión de las autoridades.
