Perú golpea la logística aérea que sostiene al narcotráfico en la Amazonía

Las redes de producción de cocaína construyen y reutilizan pistas clandestinas en la Amazonía peruana para enviar cargamentos hacia Brasil, Bolivia y otros mercados internacionales. Frente a esta amenaza, las autoridades combinan reconocimiento aéreo, drones, inteligencia, información local y patrullajes terrestres, según reportó América Noticias sobre las operaciones ejecutadas desde agosto en Loreto y Cusco.

La geografía favorece al crimen. Las distancias, la vegetación densa y la ausencia de vías terrestres dificultan la presencia estatal y convierten a la aviación ligera en un medio de transporte eficiente para las organizaciones criminales.

Ricardo Soberón Garrido, abogado peruano experto en políticas contra la criminalidad organizada, explicó a Diálogo el origen del problema. “En la Orinoquía colombo-venezolana y en las sabanas y bosques amazónicos de Loreto y Ucayali, la ganadería y las grandes estancias dependen de la pequeña aviación para la vigilancia, la fumigación y el traslado de ganado”, afirmó. “Esto permite una extensa red de pistas que camufla un amplio mercado de aeronaves de primer y segundo uso, desviadas para trasladar pasta base y clorhidrato de cocaína”.

La magnitud de esa red explica la dificultad para controlarla. “Existen más de 400 pistas clandestinas en la Amazonía peruana que permiten a las organizaciones escoger, en el último minuto, el lugar de aterrizaje y burlar cualquier intervención terrestre”, precisó Soberón. “El transporte aéreo permite trasladar cargas de hasta una tonelada de droga, lo que ahorra tiempo y dinero a las organizaciones”.

En una operación conjunta contra el narcotráfico en la región Loreto, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas destruyeron un mega laboratorio de procesamiento de pasta básica de cocaína, con nueve estructuras de acopio de droga y tres caletas con motores y herramientas, ubicadas en la comunidad nativa Peruate, distrito de Ramón Castilla, el 24 de agosto de 2026. (Foto: Ministerio del Interior de Perú)

Vigilancia integrada

La vigilancia de estos corredores comienza desde el espacio. El PerúSAT-1, operado por la Agencia Espacial del Perú–CONIDA, cumple una década en órbita en septiembre. Sus imágenes de alta resolución apoyan la vigilancia de actividades ilícitas y permiten identificar pistas clandestinas, campamentos ilegales y vías rústicas en zonas remotas, según CONIDA.

Las imágenes satelitales pueden complementar el reconocimiento realizado con drones, helicópteros y patrullas terrestres, ampliando la capacidad de las autoridades para identificar y verificar posibles objetivos en zonas remotas.

El 8 de septiembre, en la provincia cusqueña de La Convención, el método mostró resultados. Drones y helicópteros del Comando Especial VRAEM ubicaron seis pistas operativas en Taini y Alto Pisha, entre los distritos de Megantoni, Echarati y Kumpirushiato. La observación aérea acotó la búsqueda y guio a ingenieros militares y agentes antidrogas hasta los objetivos, reportó Canal N.

La coordinación aeroterrestre resultó igualmente decisiva en la Operación Jaguar, ejecutada el 6 de agosto en Loreto. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervinieron una pista clandestina y un laboratorio activo de pasta básica de cocaína cerca de la comunidad nativa Bellavista de Callarú. Las patrullas inutilizaron los insumos y equipos que sostenían el enclave, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Logística criminal

Inutilizar una pista no cierra la operación. Tras la intervención en La Convención, las fuerzas de seguridad anunciaron que mantendrían las labores de inteligencia y los patrullajes combinados, según Perú 21.

Ese seguimiento busca reducir la posibilidad de reactivación. La continuidad de las labores de inteligencia y patrullaje permite los puntos intervenidos, detectar cambios en el terreno y orientar nuevas operaciones cuando aparezcan indicios de reconstrucción.

Impedir la reactivación exige, además, destruir la logística que abastece las pistas y las conecta con los centros de producción. En la comunidad de Peruate, en Loreto, una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas destruyó un megalaboratorio con nueve estructuras para almacenar insumos y tres almacenes con motores y herramientas, detalló la agencia Andina. El operativo afectó simultáneamente infraestructura de producción y medios logísticos utilizados para el transporte y sostenimiento del enclave.

El 21 de agosto, en la comunidad nativa Platanal, también en Loreto, el Comando Operacional de la Amazonía y el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla destruyeron dos laboratorios y un campamento. Este incluía dormitorios, cocina, taller mecánico, almacén de víveres y una instalación portuaria. Con estas acciones, las organizaciones criminales pierden los recursos necesarios para reconstruir y reabastecer su infraestructura.

Vigilancia aérea

El control terrestre tiene un límite si las organizaciones mantienen capacidad para utilizar el espacio aéreo. “Dada la ‘amazonización’ de las economías ilícitas y la importancia logística del transporte aéreo, la amenaza de derribo constituye una herramienta eficaz para disuadir los vuelos sospechosos”, sostuvo Soberón.

Frente a la importancia que mantiene el transporte aéreo para estas redes, el Perú también fortalece sus capacidades de vigilancia e interoperabilidad mediante la cooperación internacional. Entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, por ejemplo, personal de la Fuerza Aérea del Perú participó en misiones de vigilancia a bordo de una aeronave estadounidense P-3 Orion. Los equipos emplearon radares y una cámara infrarroja FLIR junto a efectivos del Comando Operacional Aéreo y del Comando Operacional de Defensa Aérea, responsables del control del espacio aéreo nacional.

La cooperación multinacional extiende el seguimiento más allá de las fronteras. La Organización Mundial de Aduanas confirmó el 7 de septiembre que la Operación Colibrí Zafiro articuló durante 16 días a autoridades aduaneras, policiales, antinarcóticos, aeronáuticas y militares de 19 países. Con análisis previo de riesgo, tres centros de coordinación, un geoportal y una plataforma segura de intercambio, los participantes realizaron 1431 controles, identificaron 86 pistas clandestinas, incautaron 11 aeronaves ligeras y cerca de 1,2 toneladas de narcóticos.

Los controles registrados en el geoportal alimentan una base de datos compartida que permite a los analistas identificar aeronaves recurrentes, rutas repetidas y diferencias entre los vuelos declarados y sus movimientos reales. Cuando se detecta un perfil de riesgo, las alertas pueden activar controles coordinados entre países.

Esa necesidad de actuar más allá de las fronteras también forma parte de los esfuerzos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, en la que participa Perú. La iniciativa reúne a países de la región para fortalecer el intercambio de información y la coordinación operacional frente a organizaciones criminales transnacionales que aprovechan las fronteras y conectan sus actividades ilícitas a través de múltiples jurisdicciones.

La experiencia peruana muestra que una pista clandestina es solo un nodo dentro de una red logística más amplia. Inhabilitarla puede interrumpir temporalmente las operaciones, pero sostener ese efecto requiere detectar también las aeronaves, laboratorios, rutas fluviales, centros de acopio y redes de abastecimiento que permiten reconstruirla.

La integración de vigilancia satelital, reconocimiento aéreo, inteligencia, patrullaje terrestre y control del espacio aéreo amplía la capacidad de las fuerzas peruanas para actuar sobre esa red en su conjunto. Iniciativas multinacionales como Colibrí Zafiro añaden otra capa: permiten compartir alertas y patrones de vuelo entre jurisdicciones, seguir aeronaves y rutas más allá de una frontera y convertir información dispersa en operaciones coordinadas contra una logística criminal que opera a escala regional.

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