Perú y Ecuador organizan a sus fuerzas de seguridad contra la minería y la tala ilegales en su frontera común con un objetivo preciso: impedir que las redes criminales trasladen sus operaciones al otro lado de la línea limítrofe cuando aumenta la presión en uno de los dos países.
En mayo de 2026, los ministros de Defensa se reunieron en Arenillas, Ecuador, y acordaron reforzar la cooperación frente al crimen organizado transnacional, la minería y la tala ilegal. Según el Ministerio de Defensa de Perú, el acuerdo contempla intercambio de información e inteligencia, operaciones coordinadas y seguimiento de los compromisos. En 2025, informó el Ministerio Público peruano, ambos países ya habían suscrito el Plan de Trabajo 2025-2026, que prevé operaciones conjuntas, investigaciones y cooperación internacional desde el norte de Cajamarca hasta Condorcanqui, en Amazonas.
Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral y gestión de riesgos, y docente de la Universidad Ricardo Palma, en Perú, identificó a Diálogo el vacío de vigilancia como el desafío central. En agosto de 2026, autoridades ecuatorianas interceptaron en Zamora Chinchipe un cargamento con más de 18 600 unidades de material explosivo y detuvieron a dos personas, reportó Infobae. Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que el material estuviera destinado a actividades de minería ilegal.
El desplazamiento como estrategia de supervivencia de las redes criminales
Las organizaciones que explotan el oro amazónico responden a los operativos moviéndose, no disolviéndose. Una investigación de Código Vidrio y Ojo Público, publicada en marzo de 2026, documentó su desplazamiento hacia las provincias ecuatorianas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago tras el aumento de los operativos militares y policiales en otras zonas del país: grupos de Ecuador, Perú y Colombia disputan espacios de minería ilegal en la Cordillera del Cóndor.
La presión de las autoridades continuó durante agosto, cuando fuerzas ecuatorianas intervinieron nuevos puntos de extracción ilegal en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, donde inutilizaron maquinaria, campamentos y equipos empleados para procesar material aurífero. Del lado peruano, la Fiscalía Ambiental informó en abril de la destrucción de maquinaria pesada empleada en la extracción ilegal de minerales en San Ignacio, cerca de la frontera, y de la detención de ocho personas —peruanos, ecuatorianos y colombianos— presuntamente vinculadas con esa actividad.
La infraestructura sostiene el circuito
La capacidad de estas redes criminales para trasladar sus operaciones a través de la frontera depende, en parte, de la infraestructura que conecta los sitios de extracción, las zonas de procesamiento y las rutas de abastecimiento en ambos países. Los caminos clandestinos permiten a los mineros y grupos criminales transportar mineral, maquinaria, productos químicos, explosivos y otros insumos al margen de los pasos fronterizos oficiales.
“Es la única carretera que existe en esta parte del lado ecuatoriano, pero está construida por la misma criminalidad. Todo el material minero extraído en Perú lo sacan en centenares de camiones hacia el lado ecuatoriano para procesar el oro, que sale como oro ecuatoriano”, explicó Yaranga. Código Vidrio documentó además el “Paso Tres”, una vía clandestina de unos tres kilómetros que, según informes militares citados por el medio, usan mineros ilegales y organizaciones criminales para trasladar mineral aurífero, armas, químicos y explosivos; su construcción comenzó en diciembre de 2024, fuera de los pasos habilitados.
Yaranga advirtió sobre la presión asimétrica. “Cuando hay presión en un determinado país, inmediatamente se mudan al país contiguo. El mejor resultado sería consolidar esa alianza a nivel regional: una presión permanente y cooperación simultánea de agentes internacionales y fuerzas aliadas”, explicó.
Operaciones espejo, inteligencia en tiempo real y golpes al flujo financiero
La coordinación también ha avanzado hacia la planificación operativa. Tras la reunión de mayo, ambos países acordaron preparar e implementar planes para realizar operaciones militares espejo en cinco áreas de interés binacional, además de fortalecer el intercambio de inteligencia militar. “Ya se han realizado operativos con coparticipación peruana y ecuatoriana, básicamente con las Fuerzas Armadas, con excelentes resultados. Ese tipo de operativos debería continuar”, señaló Yaranga, quien reclamó información en tiempo real: “Sobre todo, para rastrear los movimientos migratorios de estos delincuentes; de lo contrario, es imposible. A la inteligencia humana hay que sumar equipos de última generación”.
La presión sobre las redes logísticas también muestra resultados. En abril de 2026, agentes ecuatorianos desarticularon una estructura que, según el diario La Hora, ingresaba explosivos clandestinamente desde Perú, los almacenaba en El Oro y los distribuía hacia zonas de minería ilegal en Imbabura, Carchi y El Oro. Seis allanamientos simultáneos en Imbabura, Carchi, Loja y El Oro permitieron decomisar cartuchos de emulsión, detonadores, nitrato de amonio, dinero en efectivo y dispositivos móviles.
Para Yaranga, el golpe debe apuntar al dinero. “Golpear solamente a los líderes a veces no tiene el resultado esperado. Hay que atacar la red de ayuda económica de estas organizaciones: en la misma alianza y en tiempo real, bloquear cuentas e identificar quiénes reciben esas remesas”, explicó. Estimó que cada organización opera anualmente “unos USD 2 millones, por lo menos” y extendió el seguimiento a las transferencias al exterior: “Ese tipo de golpes es mucho más contundente que la simple captura”.
Cooperación que fortalece capacidades institucionales
La cooperación con los Estados Unidos también ayuda a Ecuador y Perú a fortalecer las capacidades investigativas y técnicas necesarias para combatir la minería ilegal y las redes financieras ilícitas que la sustentan. Ejemplos de este apoyo pueden verse en ambos países. En Ecuador, la cooperación con los Estados Unidos ha incluido asistencia técnica, equipamiento y capacitación para los agentes que participan en investigaciones y operativos, además de cooperación para el intercambio de información financiera. En Perú, un ejemplo reciente se dio en mayo, cuando el Ministerio Público recibió un espectrómetro portátil de rayos X, con su capacitación, para fortalecer las investigaciones sobre minería ilegal y lavado de activos.
El respaldo alcanza también a la inteligencia y la investigación criminal. En marzo de 2026, Ecuador y los Estados Unidos formalizaron la instalación de una oficina del FBI en Quito, con un agente asignado permanentemente para trabajar junto a un equipo especializado de la Policía Nacional. En Perú, el FBI y la Policía Nacional suscribieron en junio un acuerdo para crear un equipo especial de investigaciones contra el crimen organizado transnacional, con apoyo estadounidense en tecnología, logística, capacitación especializada y asistencia profesional. En agosto, la incorporación de nuevos integrantes reforzó el equipo conjunto y sus capacidades de inteligencia e investigación.
Para Yaranga, el desarrollo profesional sostenido de la Policía y las Fuerzas Armadas contribuiría a fortalecer aún más estas capacidades, y destacó el valor de programas de capacitación a más largo plazo, que podrían extenderse durante varios años. “Una Policía capacitada, una Policía profesional se vuelve incorruptible, maneja todas las fuentes y es confiable”, afirmó.
El valor de esta convergencia está en la capacidad de Perú y Ecuador para reducir el margen de maniobra que las redes criminales encuentran entre jurisdicciones vecinas. Las operaciones coordinadas, el intercambio de inteligencia y el seguimiento de rutas, explosivos y flujos financieros permiten ejercer presión simultánea sobre distintos componentes de estas organizaciones y dificultar que trasladen sus actividades de un lado a otro de la frontera.
Ese enfoque bilateral se inserta además en un esfuerzo regional más amplio: la Coalición contra los Cárteles de las Américas busca fortalecer la cooperación entre los países del hemisferio frente a las redes criminales transnacionales y las economías ilícitas que las sostienen.
Las operaciones espejo acordadas por ambos países refuerzan ese enfoque al combinar las capacidades de cada Estado frente a una amenaza compartida. Junto con la investigación criminal, el seguimiento financiero y la capacitación especializada, esta coordinación fortalece la capacidad de Perú y Ecuador para proteger sus territorios, desarticular las redes que sostienen la minería ilegal y consolidar una respuesta binacional más integrada frente al crimen organizado transnacional.
