China ha incrementado la presión económica, diplomática y comercial contra Panamá, tras la anulación de un contrato portuario clave, en un caso que refleja un enfoque recurrente que Pekín ha utilizado para responder cuando los gobiernos toman decisiones contrarias a sus intereses. La disputa sobre las operaciones portuarias en el Canal de Panamá ha desatado una serie de medidas en las que participan empresas vinculadas al Estado chino, reguladores y actores comerciales, lo que pone de relieve cómo esta presión puede desarrollarse en múltiples frentes.
La chispa del conflicto: la anulación del contrato portuario
Panamá formalizó la anulación del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero. Los puertos habían sido gestionados por Panama Ports Company (PPC), filial de la compañía CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong. La decisión judicial, publicada en la Gaceta Oficial de Panamá, declaró inconstitucional dicho contrato, alegando irregularidades en el proceso de aprobación y expresando preocupación por el hecho de que los términos de la concesión no cumplieran con los requisitos constitucionales en materia de transparencia, supervisión y gestión de los bienes públicos. La decisión provocó una serie de acontecimientos ampliamente considerados como parte de una campaña sostenida de presión económica y comercial por parte de China.
En represalia, Pekín ordenó a sus empresas estatales congelar negociaciones sobre nuevos proyectos en Panamá y estudiar el desvío de carga marítima hacia otros puertos. Además, PPC anunció a inicios de marzo que había presentado una solicitud de arbitraje internacional contra el Gobierno panameño, exigiendo una indemnización de al menos USD 2000 millones y la devolución de documentos almacenados en las instalaciones portuarias, informaron varios medios de comunicación. El litigio se desarrolla en un contexto más amplio de desacuerdos financieros, ya que las autoridades panameñas han alegado que PPC no pagó importantes ingresos relacionados con la concesión, estimados en cerca de USD 1000 millones.
Más que un desacuerdo comercial aislado, el episodio pone de relieve un enfoque consistente en el que China utiliza herramientas legales, económicas y comerciales para coaccionar a otros gobiernos y socavar el estado de derecho en esos países.
Escalada de represalias: suspensión de servicios y señales comerciales
En medio de la disputa, la empresa china COSCO Shipping Lines suspendió sus servicios en el puerto de Balboa, ubicado en la entrada del lado pacífico del Canal de Panamá, en una medida ampliamente interpretada como presión económica. Los informes también apuntaron a una creciente preocupación sobre posibles consecuencias políticas y económicas para Panamá a medida que las tensiones se intensificaban tras la decisión judicial.
Tras el fallo, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales para la gestión de los puertos: Balboa quedó bajo la administración de APMT Panamá, filial de la danesa Maersk, y Cristóbal pasó a manos de TIL Panamá, vinculada a la naviera italiana MSC. Ambas concesiones tienen una duración de 18 meses, mientras la Autoridad Marítima de Panamá prepara una licitación para seleccionar operadores definitivos.
El Ministerio de Transportes de China también convocó a Maersk y MSC a una reunión para tratar asuntos relacionados con operaciones internacionales. Aunque no se revelaron detalles específicos, la convocatoria fue interpretada como una advertencia hacia las empresas europeas.
Al mismo tiempo, la actividad marítima vinculada a Panamá ha enfrentado un mayor escrutinio. A finales de marzo, múltiples informes indicaban que buques con bandera panameña se enfrentaban a inspecciones más estrictas y, en algunos casos, a retenciones en puertos chinos, lo que contribuyó a retrasos y disrupciones en las operaciones de transporte marítimo. Los datos recopilados a partir de los registros de control por el Estado rector del puerto muestran que en marzo se inmovilizaron 93 buques con bandera de Panamá en puertos chinos, en comparación con los 20 de febrero, lo que supone un aumento de más del 300 por ciento. Si bien las autoridades chinas no calificaron públicamente estas medidas como represalias, analistas y observadores del sector las describieron como parte de un enfoque consistente aplicado a través de canales regulatorios y logísticos.
Mientras tanto, los flujos comerciales y logísticos panameños han enfrentado presiones adicionales. Las aduanas chinas habrían intensificado las inspecciones a productos panameños como el café y el banano, generando retrasos, costos logísticos más altos y una disminución en la competitividad de los exportadores panameños. En respuesta, el presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció que las negociaciones con PPC se han visto obstaculizadas por la “arrogancia” de la empresa.
En conjunto, estos acontecimientos muestran cómo las disrupciones comerciales, el escrutinio regulatorio, los controles marítimos y las acciones legales pueden desplegarse de manera simultánea para ejercer presión, afectar el comportamiento del mercado y moldear resultados estratégicos.
Estrategia global de presión: política, economía y diplomacia
“China no improvisa cuando invierte o cuando llega a un país”, afirmó Guillermo Holzmann, analista internacional de la Universidad de Valparaíso, Chile, en declaraciones a Diálogo. Según Holzmann, Pekín combina recursos políticos, diplomáticos y económicos para alcanzar sus objetivos, utilizando un enfoque integral de coerción.
En el caso de Panamá, Holzmann advirtió que China podría implementar restricciones comerciales, dejar de comprar ciertos productos o imponer condiciones más exigentes, todo mientras mantiene su influencia estratégica mediante empresas chinas cuyos vínculos con el Estado no siempre son visibles públicamente. En su opinión, Pekín sigue un doble camino: judicializa los conflictos a través de procesos prolongados, mientras ejerce presión política y económica para forzar soluciones a su favor.
Un patrón que cruza fronteras: de Guatemala a Australia
Las acciones de China en Panamá no son un caso aislado. En otros países se han observado patrones similares, en los que medidas económicas, comerciales y regulatorias han seguido a desacuerdos políticos o estratégicos.
Entre los ejemplos figuran las interrupciones que afectaron a las exportaciones guatemaltecas de macadamia y café en 2024, en medio de tensiones vinculadas a los lazos de Guatemala con Taiwán. Estas medidas fueron consideradas por funcionarios como políticamente sensibles, especialmente después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, viajará a Taiwán en mayo de 2024 para asistir a la toma de posesión del presidente Lai Ching-te, lo que habría molestado al gobierno chino.
En Europa, Lituania enfrentó presiones comerciales y económicas tras fortalecer sus vínculos con Taiwán en 2021, incluida la apertura de una oficina de representación taiwanesa en Vilna. Las exportaciones lituanas se vieron sujetas a restricciones y empresas reportaron dificultades para acceder al mercado chino, mientras multinacionales enfrentaron presiones relacionadas con cadenas de suministro en las que participaba Lituania. El episodio fue ampliamente descrito por funcionarios europeos como un ejemplo de coacción económica.
Previamente, en 2020, Pekín impuso restricciones a diversas exportaciones australianas —entre ellas vino, cebada y carbón— en el marco de un deterioro más amplio de las relaciones con Canberra, que también incluyó tensiones comerciales, tecnológicas y estratégicas. Las medidas afectaron a múltiples sectores de manera simultánea y fueron ampliamente consideradas parte de un esfuerzo coordinado para ejercer presión económica.
El caso de Panamá refleja un patrón global de represalias económicas, diplomáticas y comerciales por parte de China para salvaguardar o promover sus intereses. Estas acciones no solo afectan a los países involucrados, sino que también envían una señal a otros gobiernos sobre los posibles costos de decisiones contrarias a los intereses de Pekín.
Para la región, la relevancia del caso de Panamá no radica únicamente en la disputa en sí, sino en lo que revela sobre el uso de instrumentos económicos como herramientas de influencia estratégica. Las relaciones comerciales, la logística marítima y los marcos regulatorios pueden activarse de forma paralela para imponer costos y señalar consecuencias. Esta dinámica evidencia cómo la dependencia económica puede traducirse en vulnerabilidad estratégica, con implicaciones directas para la toma de decisiones nacionales, la soberanía y la capacidad de los gobiernos para actuar con autonomía.
