A comienzos del siglo XXI, cuando Ecuador enfrentaba el cierre del financiamiento occidental debido a su alto endeudamiento, China irrumpió en escena con créditos millonarios, promesas de desarrollo acelerado y un discurso seductor de cooperación entre iguales. La oferta fue tan oportuna como estratégica.
Hoy, China no solo es el principal socio comercial de Ecuador, sino también el financista de obras clave en sectores estratégicos como energía, petróleo y telecomunicaciones. Pero la factura ha sido alta. Lo que comenzó como una alianza pragmática, supuestamente beneficiosa para ambos, ha derivado en una relación asimétrica, marcada por proyectos defectuosos, impactos ambientales, escándalos de corrupción y una creciente pérdida de soberanía.
La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair –como se analizó en la primera parte de este reportaje– es el símbolo más emblemático de esas promesas fallidas. Financiada y construida por China con un costo aproximado de USD 2800 millones, prometía cubrir hasta una tercera parte de la demanda eléctrica nacional. Sin embargo, una década después de su entrada en operación, el proyecto aún no ha sido entregado oficialmente al Estado debido a más de 17 000 fallas estructurales. El caso ha escalado a un arbitraje internacional, dejando en evidencia una relación asimétrica que reproduce patrones de dependencia.
Un TLC desequilibrado
Pese a estos antecedentes, China continúa ampliando su influencia en Ecuador. En 2024, el país se convirtió en el cuarto de Latinoamérica en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país asiático. Un año después, los signos de desequilibrio ya son evidentes.
El Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP) advirtió en su informe Panamá, Ecuador y China: los peligros de un cálculo a corto plazo que el TLC favorece abiertamente a China. Según el análisis, el acuerdo otorga a Pekín acceso preferencial al 99 por ciento de las exportaciones actuales de Ecuador, centradas en productos agrícolas como banano, piña o pitaya. Pero omite protecciones clave como derechos laborales, normas ambientales y propiedad intelectual.
“El acuerdo no prevé mecanismos que permitan a Ecuador exigir reciprocidad o condiciones de sostenibilidad en el comercio bilateral”, dijo Evan Ellis, experto en relaciones sino-latinoamericanas y docente investigador en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos en entrevista con Diálogo.
Los datos refuerzan esta advertencia. Entre 2022 y 2024, las exportaciones no petroleras de Ecuador a China cayeron un 17,1 por ciento, mientras las importaciones chinas –vehículos, tecnología y bienes industriales– siguieron creciendo, ampliando la brecha comercial. “El tratado acentúa la dependencia de Ecuador de productos con alto valor agregado, mientras el país se limita a exportar materias primas sin transformación industrial”, agregó Ellis.
Incluso en sectores estratégicos como el banano, China apenas aparece como el quinto mercado. En el caso del camarón –otro producto clave–, los exportadores ecuatorianos enfrentan barreras no arancelarias que limitan severamente su acceso.
Así, mientras Ecuador profundiza su apertura hacia China, expertos miran la foto completa de lo que ha sido la presencia de china en el país y advierten sobre el verdadero precio de esta creciente relación. “Preocupa especialmente como hemos puesto como garantía nuestro recurso más valioso: el petróleo, y eso debería llevarnos a cuestionar qué modelo de desarrollo queremos como país”, declaró el periodista ecuatoriano de investigación Christian Zurita, en entrevista con Diálogo.
El costo oculto de la deuda
El trasfondo financiero de esta relación ha sido una de sus aristas más problemáticas. Entre 2006 y 2007, la inversión extranjera directa de China en Ecuador se disparó de USD 11,9 millones a USD 84,8 millones. En 2007, la deuda con China apenas superaba los USD 7 millones. Diez años más tarde, rozaba los USD 7500 millones.
Según la investigación, Los secretos de la deuda china, de la organización periodística Fundación Mil Hojas, durante el Gobierno de Rafael Correa, China desembolsó más de USD 24 000 millones en créditos, muchos bajo condiciones oscuras: acuerdos clasificados como reservados, sin licitación pública y con la obligación de contratar empresas chinas. “Ecuador firmó con China los contratos más opacos, onerosos y complejos de su historia”, afirmó Zurita.
Uno de los mecanismos más controversiales ha sido el pago en petróleo. “Los créditos a China no se cancelan con dinero, sino con petróleo, lo que ha dejado al país en una dependencia sin precedentes”, añadió Zurita.
Inicialmente, China intentó garantizar sus préstamos con bienes inmuebles del Estado, como lo hizo en varios países africanos. Sin embargo, según explicó el periodista Zurita a Diálogo, en Ecuador se encontró con una institucionalidad algo más sólida que impidió esa fórmula. Al no lograrlo, Pekín optó por una garantía más segura: el petróleo. “Ha habido años en los que hasta el 80 por ciento de las exportaciones petroleras han estado comprometidas con pagos a China, dejando al país sin capacidad de maniobra fiscal ni soberanía energética”, declaró Zurita.
Para agravar el problema, China no consume directamente el crudo ecuatoriano: lo revende en el mercado internacional con márgenes significativos. “Solo por la diferencia en el precio pactado, Ecuador ha perdido alrededor de USD 4000 millones”, estimó Zurita.
ECU 911: Ojos chinos bajo Ecuador
El petróleo ecuatoriano también sirvió para levantar uno de los sistemas de vigilancia más ambiciosos de Latinoamérica: el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Financiado con créditos chinos, y construido por la empresa estatal china China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) y Huawei, el sistema se inauguró en el 2012 y desplegó inicialmente más de 4300 cámaras y 16 centros de monitoreo.
Presentado como símbolo de modernización y eficiencia estatal, con el tiempo el sistema ha ido incorporando drones, cámaras térmicas, inteligencia artificial y otras tecnologías de punta. Pero detrás de esta narrativa de innovación se esconde una realidad menos visible: la penetración estructural de China en la arquitectura digital del orden público ecuatoriano.
“China se ha promocionado agresivamente ante el mundo, pero particularmente en América Latina, como un modelo de seguridad pública digno de emular”, señaló Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Según sus investigaciones, esta tecnología ha servido también para erosionar la democracia.
“Ya no se trata solo de financiamiento o transferencia de infraestructura, sino de la adopción de un modelo de control estatal con profundas implicaciones para la soberanía tecnológica, la privacidad ciudadana y, en última instancia, la estabilidad democrática del país”, señaló Ziemer en entrevista con Diálogo.
En 2018, The New York Times reveló que parte de la información captada por el ECU 911 llegaba a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), usada para espiar a opositores durante el correísmo. Aunque la SENAIN fue disuelta, la infraestructura tecnológica sigue activa.
Expertos advierten que más allá de la vigilancia interna, el verdadero riesgo es el posible acceso externo a datos sensibles por parte del Partido Comunista Chino (PCCh). Las empresas responsables –Huawei y CEIEC– han sido señaladas internacionalmente como vinculadas al aparato de inteligencia de Pekín. “Aunque los organismos concretos en Ecuador responsables de controlar la información recopilada por estos sistemas pueden cambiar, el resguardo está en que el nivel general de acceso y control de China se mantiene prácticamente intacto”, advirtió Ziemer.
Y Ecuador no es el e único caso. Sistemas similares al ECU 911 han sido implementados en países como Bolivia, con el BOL-110, desarrollado también por CEIEC; en Venezuela, donde el sistema conocido como el Carnet de la Patria fue diseñado por la empresa estatal china ZTE; y en países fuera de la región, como Angola, que ha adoptado versiones de estos sistemas de vigilancia con el respaldo de empresas estatales chinas. En todos los casos, ha señalado Ellis, “se repite un patrón común: promesas de eficiencia tecnológica que derivan en una creciente dependencia en materia de seguridad”.
Aumenta la preocupación
El sistema ECU 911, emblema de la cooperación tecnológica entre Ecuador y China, atraviesa hoy una crisis estructural.
Al menos 1100 de sus 6500 cámaras estaban fuera de servicio en 2022, lo que redujo su operatividad al 83 por ciento, según reveló el entonces director del ECU 911 Juan Zapata ante la Asamblea Nacional.
Así mismo, Zapata reconoció que el sistema estaba anclado a una plataforma de protocolo cerrado que dificultaba su actualización y ampliación. “Los sistemas cerrados significan que Ecuador tendrá dificultades para implementar sus propias actualizaciones de software, corregir vulnerabilidades o integrar nuevos dispositivos sin la asistencia de China, y crea brechas de seguridad peligrosas en un momento de creciente violencia criminal”, explicó Ziemer.
Las dificultades técnicas se agravan con barreras idiomáticas y operativas. Buena parte del software, los manuales técnicos y los protocolos están escritos en chino. Además, muchos de los técnicos entrenados por la empresa estatal CEIEC abandonaron sus cargos en los últimos años, debilitando aún más la operación del sistema justo cuando la inseguridad se intensifica en el país.
Pero eso no fue lo único revelado en la audiencia. Según los mismos funcionarios, varios de los técnicos que renunciaron fueron posteriormente contratados por CEIEC con salarios más altos. A esto se suma la complicación generada por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a CEIEC, lo que impidió continuar la relación comercial con esta empresa, dado que Ecuador opera bajo el sistema financiero basado en dólares.
Ante esta situación, el ECU 911 solicitó a CEIEC que proponga una empresa alternativa que no estuviera sancionada y que contara con el conocimiento necesario para garantizar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios presentados ante la Asamblea Nacional, la respuesta de CEIEC fue una propuesta con un incremento del 300 por ciento en los costos y una reducción significativa en las condiciones del servicio. El presupuesto, que anteriormente era de USD 500 000 por 12 meses de mantenimiento integral –el cual aseguraba el funcionamiento normal del sistema y cobertura ante fallas–, pasó a ser de USD 1,5 millones por solo seis meses de soporte técnico limitado, sin tareas de mantenimiento, y con una cláusula de exoneración de responsabilidad en caso de fallos del sistema.
Actualmente, el contrato con CEIEC no ha sido renovado y Ecuador explorar acuerdos con proveedores occidentales. “La nueva orientación del Gobierno ecuatoriano es no considerar ninguna empresa china para futuras contrataciones en su sistema de vigilancia”, confirmó Ellis.
Para Ziemer, esta decisión refleja un cambio de tendencia más amplio: “Lo que estamos viendo es cómo los países del hemisferio occidental comienzan a reconocer que China no es la panacea para sus necesidades de infraestructura y seguridad”. Como ejemplo, citó los proyectos anunciados por China en Panamá bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2017, “de cinco iniciativas emblemáticas, tres han fracasado o enfrentan retrasos críticos, incluido el ambicioso cuarto puente sobre el Canal”, dijo señaló.
Pero pensar que esta decisión marca el fin de la influencia china en el país sería ingenuo, advirtió Ellis al señalar que “la influencia china persiste y sigue siendo profunda.” Empresas como Dahua continúan jugando un rol protagónico en la arquitectura de vigilancia comercial y residencial, mientras que Huawei mantiene una posición dominante en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y los servicios en la nube.
“No se puede ignorar un hecho clave: Huawei ya tiene una ventaja. Su infraestructura está instalada, no puede desmontarse fácilmente y eso le otorga una posición estratégica en el futuro digital del país, especialmente en el despliegue de la red 5G”, advirtió Ellis. Subrayó que esta situación representa una auténtica camisa de fuerza para Ecuador, ya que cualquier intento de diversificar su tecnología o recuperar soberanía digital deberá enfrentarse a una infraestructura crítica diseñada y controlada por una empresa estrechamente vinculada al PCCh.
Inversión irrecuperable
A este escenario se suma el avance de empresas mineras chinas, que llegaron a Ecuador junto con los grandes préstamos respaldados por petróleo. Presentadas inicialmente como símbolo de desarrollo y cooperación Sur-Sur, se ha convertido en una fuente constante de conflicto ambiental, social e institucional.
Según el informe Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en América Latina de 2023, firmado por 22 organizaciones de la sociedad civil, la minería a gran escala con capital chino ha profundizado las desigualdades, debilitado las instituciones ambientales y provocados desplazamientos forzados de comunidades.
Uno de los casos más emblemáticos es el del proyecto Río Blanco, a cargo de Ecuagoldmining South America S.A., controlada por las empresas chinas con vínculos directos con el estrato Junefield Mineral Resources Holding Ltd. y Hunan Gold Group, donde se han documentado la desecación de fuentes de agua, el desvío de cauces naturales y el despojo de tierras sin garantías efectivas para los habitantes ancestrales de la zona.
Aunque no existen datos oficiales, el periodista de investigación Christian Zurita sostiene que las empresas chinas controlan “las tres terceras partes” de las minas más grandes del país, y su expansión sigue en marcha. “Preocupa que China se esté posicionando como actor dominante no solo en los yacimientos actuales, sino también en aquellos aún por explotar”, advirtió.
En mayo de 2025, la empresa canadiense Lumina Gold vendió el proyecto Cangrejos –ubicado en una zona marcada por intensa minería informal– a CMOC Singapur, filial del conglomerado chino CMOC Group, de participación estatal. La transacción se cerró por USD 421 millones. “Esta nueva adquisición podría convertirse en la operación aurífera más grande de Ecuador”, señaló Ellis. De forma paralela, la empresa estatal china Jiangxi Copper adquirió una participación en la compañía australiana SolGold, operadora del proyecto Cascabel, reforzando así la creciente presencia y dominio de capitales chinos en el sector minero ecuatoriano.
La falta de transparencia contractual es otro punto crítico. “Las empresas chinas están exportando minerales sin procesar: oro, tierras raras, incluso uranio”, denunció Ellis. Sin mecanismos eficaces de control estatal sobre los volúmenes ni la naturaleza de los minerales extraídos, la situación, afirmó Ellis, “mina la soberanía del país sobre sus recursos estratégicos. No sabemos realmente qué ocurre en los enclaves extractivos chinos”.
A esto se suma el impacto del oro ilegal. China figura como uno de sus principales destinos. En 2019, mientras Ecuador reportaba exportaciones por USD 77 millones, China registraba importaciones por USD 339 millones, una discrepancia revelada por el informe Tras el dinero del oro ilícito, publicado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA en su edición de 2021. “Se trata de un canal paralelo de comercio no regulado que erosiona aún más la institucionalidad y la legalidad del sector”, resaltó Ellis.
Así, lo que comenzó como una promesa de prosperidad termina convirtiéndose en una advertencia. La presencia de China en la minería ecuatoriana no solo ha dejado una estela de daños ambientales y sociales, sino que también ha debilitado el control del Estado sobre su propio subsuelo. “En lugar de desarrollo sostenible, la herencia de estas inversiones se asemeja más a una factura impagable: una inversión difícil de recuperar, con cicatrices profundas en el territorio, en la soberanía nacional y en la confianza ciudadana”, concluyó Zurita.
Este artículo es la segunda parte de una investigación en dos partes. Lea la parte I aquí.
