Un reciente informe titulado Panamá, Ecuador y China: los peligros de un cálculo a corto plazo, publicado por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP), analiza el riesgo de la relación cada vez más asimétrica de Ecuador con China con la consecuencia de un alto coste social y medioambiental para el país latinoamericano.
“Ecuador y Panamá ejemplifican el entusiasmo de los países latinoamericanos de colaborar con China en importantes proyectos económicos. Ese entusiasmo a menudo conduce a pensar a corto plazo y a una dependencia excesiva de China”, indica el informe.
Riesgos del acuerdo de libre comercio
El 7 de febrero, Ecuador ratificó el acuerdo de libre comercio con China, que entró en vigor en mayo. Ecuador se sumó así a la lista de otros 29 países que han firmado acuerdos de libre comercio con Pekín, entre ellos Chile, Perú y Nicaragua en Latinoamérica. Honduras está en proceso de negociación, mientras que Panamá y Uruguay sólo lo están discutiendo por el momento.
Según el informe del USIP, “el acuerdo concede a China un acceso privilegiado al 99 por ciento de las exportaciones actuales de Ecuador, que son principalmente productos agrícolas”. Entre ellos figuran exportaciones no tradicionales para Ecuador, como la pitaya y la piña. Pero el acuerdo deja fuera cuestiones como los derechos de propiedad intelectual, las normas laborales y la protección del medio ambiente.
“Ecuador necesita inversión extranjera. Sin embargo, a la hora de evaluar las ofertas, los dirigentes ecuatorianos deben tener en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Las empresas chinas suelen tener normas mucho menos estrictas que las estadounidenses. La oferta más baja de una empresa china puede no resultar ser la mejor opción a largo plazo”, explica a Diálogo el analista de política exterior Robert Carlson, ex investigador asociado del centro de estudios estadounidense Global Americans.
Aunque el acuerdo comercial excluye más de 800 tipos de productos en industrias sensibles para Ecuador, como son textil, calzado, metalmecánica, plástico, aluminio y autopartes, la preocupación se mantiene por la competitividad que representan los productos chinos debido a su bajo costo de producción y muy bajos estándares de condiciones laborales.
Además, como denuncian las asociaciones ecologistas, este tratado de libre comercio aumentará la presión para explotar los recursos naturales y la producción de alimentos en Ecuador.
“¿Cuánta agua, tierra, bosques, manglares habrá que sacrificar para exportar a China? Se trata de un acuerdo desigual que podría tener enormes costos ambientales y sociales para Ecuador”, explica al sitio de periodismo ambiental Dialogue Earth Diana Castro Salgado, directora de Latinoamérica Sustentable (LAS), una organización de protección del medio ambiente. “El acuerdo podría presionar al Gobierno para ir en contra de los resultados de un referéndum en 2023, que pedía el fin de la extracción de petróleo en el Parque Yasuní”, afirma Salgado.
Según el informe de LAS, China en el Yasuní ITT, varias empresas chinas operan a través de contratos de servicios en el Bloque petrolero 43 o también llamado ITT, que tiene una extensión de casi 2000 hectáreas, 100 de ellas dentro del Parque Nacional Yasuní, un área amazónica designada por la UNESCO en 1989 como una reserva de la biósfera.
Estas empresas son China Petrochemical Corporación (Sinopec) y Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CDEC, subsidiaria de China National Petroleum Corporation, CNPC). “La expansión petrolera en el Yasuní (…) genera múltiples impactos negativos e irreversibles, amenaza la existencia de un ecosistema imprescindible para sostener la temperatura global y podría provocar el genocidio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), los Tagaeri-Taromenane”, reza el informe de LAS.
Expansión del sector minero
El acuerdo de libre comercio carece de disposiciones específicas sobre minería, lo que, según los expertos, corre el riesgo de dar carta blanca a China desde el punto de vista medioambiental. Es el caso, por ejemplo, de la mayor mina de cobre del país, El Mirador, explotada por EcuaCorriente S.A. (ECSA), filial del consorcio chino CRCC-Tongguan, propiedad conjunta de la compañía china polémica, China Railway Construction Corporation (CRCC) y Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., otra compañía estatal del país asiático, a partir de 2019 con una concesión de 30 años. El proyecto recibió recientemente un nuevo permiso para la ampliación de presas de contención que corren el riesgo de tener un impacto medioambiental devastador.
Desde hace meses, investigadores de la organización no gubernamental E-Tech International, con sede en Nuevo México (Estados Unidos), vienen advirtiendo del riesgo de colapso de las presas que contienen los residuos mineros de El Mirador.
Utilizando modelos informáticos, los investigadores demostraron cómo los terremotos en una zona sísmicamente activa, las fuertes lluvias y las debilidades estructurales podrían desencadenar el colapso de las presas. Este escenario provocaría catastróficos corrimientos de tierras capaces de sepultar a personas y propiedades, así como de contaminar los ríos aguas abajo.
“Según la trayectoria actual de los acontecimientos, la rotura de la presa de la mina El Mirador es inevitable. Las consecuencias serán una de las mayores catástrofes ecológicas que el mundo haya visto jamás”, declaró a la plataforma de periodismo ambiental Mongabay uno de los investigadores, el geofísico Steven Emerman.
Las comunidades indígenas Shuar de la región y los alcaldes locales también se oponen firmemente a la ampliación de la presa. En la página web de la ONG ecuatoriana de derechos humanos INREDH, Jaime Palomino, presidente del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), afirma que “el proyecto minero Cóndor Mirador en Tundayme implica persecución, despojo y contaminación para los habitantes. Considerado ilegal y carente de consulta, amenaza la vida en una zona con valor histórico y ambiental”.
Corrupción china
China ha ejercido su expansión depredadora en Ecuador, aprovechando también la corrupción. El caso de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cerca del volcán Reventador, a 90 kilómetros de la capital, Quito, es un buen ejemplo. El proyecto se inició en 2006 y pronto se convirtió en un escándalo nacional debido a los sobornos pagados por los chinos a 25 personas, entre ellas varios políticos ecuatorianos de alto rango.
La calidad del proyecto resultó ser deficiente. La central, construida por la empresa estatal china Sinohydro y diseñada para suministrar el 30 por ciento de la electricidad del Ecuador, nunca ha funcionado a pleno rendimiento. Se descubrió que la central tenía más de 7600 grietas en las tuberías de distribución, debido a la mala calidad del acero y a soldaduras inadecuadas. A esto se añade una erosión regresiva que avanza hacia la presa de la central y podría provocar su colapso.
“Muchos de los proyectos financiados por China demandaban la contratación de empresas de ese país, lo cual restó competencia y transparencia a los procesos de adjudicación”, explica a Diálogo el economista Sebastián Hurtado, presidente de la empresa de análisis de riesgos Prófitas, con sede en Quito.
Para Hurtado, “una mayor incorporación de inversionistas y empresas occidentales en el desarrollo de proyectos públicos mitigaría de alguna manera tal riesgo.”.
Control tecnológico
A través de un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China (China EximBank), un consorcio de empresas chinas formado por China Road and Bridge Corporation (CRBC) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), reconstruyó en 2022 la torre de control y los sistemas de comunicación del aeropuerto internacional General Eloy Alfaro, de la ciudad costera de Manta, en la provincia occidental de Manabí. Habían sido destruidos en el terremoto de 2016.
CEIEC fue sancionado por los Estados Unidos entre 2006 y 2008 por violar la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria. En noviembre de 2020, el Tesoro de los EE. UU. impuso sanciones adicionales contra CEIEC por apoyar al régimen de Nicolás Maduro en sus esfuerzos por socavar la democracia en Venezuela, incluyendo “la restricción del servicio de Internet y la realización de vigilancia digital contra opositores políticos”, reza la sanción.
CEIEC también implementó en Ecuador el ECU-911, un sistema de vigilancia y respuesta a emergencias. Consta de 16 centros operativos que operan una red nacional de 4300 cámaras vigiladas por la policía ecuatoriana, desde las islas Galápagos hasta la Amazonía. El sistema fue implementado por Huawei y CEIEC.
“Los países latinoamericanos han sido históricamente recelosos de la inversión extranjera en sectores considerados críticos para la seguridad nacional, pero se han mostrado extrañamente abiertos a la inversión tecnológica china. Ecuador no es una excepción. El Gobierno de Rafael Correa utilizó el ECU-911 para espiar a opositores políticos nacionales, y dado que el ECU-911 depende de ingenieros chinos, existe un riesgo persistente de vigilancia extranjera”, dice Carlson a Diálogo.
Para Hurtado, el hecho de que los sucesivos gobiernos hayan vuelto a dar prioridad a las relaciones con los EE. UU., incluso en el ámbito de la seguridad y la tecnología, ha ayudado a contrarrestar la amenaza china.
“Sin duda, en seguridad Ecuador tiene más intereses en común con Estados Unidos, dado el exponencial crecimiento de la criminalidad vinculada al narcotráfico de los últimos años”, explica Hurtado a Diálogo.
Además, fomentar un mayor conocimiento geopolítico local sobre los riesgos de la expansión depredadora china compartido también con los sectores empresariales que pueden verse afectados por ella es, según los expertos, una de las principales herramientas para limitarla.
