Las empresas chinas se expanden en todo el mundo para extraer los minerales estratégicos que alimentan la revolución de las energías limpias. Su mirada está puesta en Latinoamérica y sus reservas de litio, cobalto, cobre y tierras raras. Entre 2018 y 2023, Argentina, Bolivia y Chile recibieron mayor inversión china, indicó el Latin America Center del centro de estudios estadounidense Atlantic Council en una serie infográfica de principios de abril.
“Las empresas mineras invierten en la región porque los recursos disponibles en Latinoamérica son de alta calidad, a buen precio, y tienen demanda en el mercado chino”, dijo a Diálogo el 20 de abril Francisco Urdinez, profesor asociado del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. “El interés en el litio por la creciente demanda para desarrollar tecnologías limpias para autos eléctrico, las inversiones en hierro en Brasil y el cobre en Perú, son empujadas por el boom económico de los últimos 20 años”.
La carrera por el dominio de las tecnologías verdes, donde son protagonistas las inversiones para la extracción de minerales estratégicos está dejando altos costos medioambientales.
“La búsqueda y extracción de litio debería contribuir a la transición energética y la lucha contra el cambio climático”, advirtió Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, al medio argentino Canal Abierto. “Debemos estar atentos a toda la serie de recursos que consume esta industria, a sus eventuales residuos, y al impacto en la flora y fauna de las regiones afectadas”.
Una investigación de la ONG neoyorquina International Service for Human Rights y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), un espacio de trabajo de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica para implementar una estrategia de incidencia e influir los actores chinos que generan impacto en la región, recopilaron información sobre 14 proyectos de capital chino que afectan los derechos de las comunidades regionales. Del total, seis son inversiones en minería ubicadas en la zona andina entre Ecuador, Perú y Colombia.
Sofía Jarrín Hidalgo, activista ecuatoriana y asesora de incidencia en la ONG Amazon Watch, explicó a Mongabay Latam, un sitio especializado en periodismo ambiental, que tres proyectos chinos ubicados en la Amazonía ecuatoriana afectan seriamente al medio ambiente y presentan problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado.
“Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, para sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”, indicó Jarrín Hidalgo.
La investigación señala que en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, el proyecto minero Mirador de la empresa Ecuacorriente, una filial de las empresas estatales chinas Tongling y China Railway Construction Corporation (CRCC), impactan al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran 4000 especies de plantas y 400 especies de algas.
Mientras que en la provincia ecuatoriana Morona-Santiago, el proyecto Minero San Carlos-Panantza de la empresa Explorcobres, filial del consorcio CRCC-Tongling que también explota el Mirador, afecta a 1200 familias en 47 comunidades, y compromete el 70 por ciento del territorio ancestral del pueblo Shuar Arutam, indica el estudio de la Alianza. “Tras siete años de proceso legal, la Corte Constitucional del Ecuador resolvió que los procedimientos de socialización realizados por la empresa minera no son equivalentes a realizar una consulta previa. Así, ordenó la reparación integral al pueblo Shuar”, agrega.
Los resultados de este informe fueron presentados en febrero al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando que recomiende a China protección y cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto DESC) y otros instrumentos de la ONU firmados y reconocidos por China, en el contexto de los proyectos con participación china en Latinoamérica.
“Todos los proyectos analizados se encuentran ubicados en zonas de alta conflictividad social, gran diversidad ambiental y cultural, en particular en territorios indígenas”, señaló Marco Antonio Gandarillas, investigador del monitoreo de proyectos chinos para la ONG ecuatoriana Latinoamérica Sustentable, en una nota de prensa de la ONG peruana para el desarrollo sostenible CooperAcción. “La evaluación del Comité DESC es crucial para el futuro de las inversiones y el financiamiento chino en la región”.
Un factor común clave en las inversiones chinas que provoca deterioro ambiental está en que los sistemas regulatorios vigentes fallaron. Y es precisamente un aspecto urgente que se debe atender para reforzarlos.
“Los estados receptores de esas inversiones fallan en regular como corresponde. Se produce un fenómeno en el que la empresa no está dispuesta a mejorar estándares a menos que sea obligada por el Estado; si este no la obliga los estándares simplemente no son respetados”, indicó Urdinez. “Mismas empresas pueden tener comportamientos muy diferentes en dos países distintos, dependiendo de la calidad regulatoria de los países receptores de las inversiones”.
La Evaluación Anual de Amenazas 2023 de la Oficina de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, advierte que el dominio de China en la extracción y el procesamiento de varios materiales estratégicos representa una vulnerabilidad.
“China podría usar su control de estos mercados de minerales críticos para restringir cantidades y obtener ventaja comercial, o como una herramienta en una disputa política o comercial”, indica la evaluación. “La interrupción prolongada en suministros controlados por China daría lugar a una escasez que podría afectar la producción en la fabricación civil y de defensa en occidente. Sin embargo, las restricciones a las exportaciones de minerales críticos probablemente acelerarían los esfuerzos y la coordinación en todo el mundo para desarrollar fuentes alternativas o sustitutos fuera de China”.
