El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), una ONG que promueve los derechos sociales, ambientales, político y culturales de Latinoamérica, examinó algunos de los mayores proyectos respaldados por China en Latinoamérica y presentó algunas conclusiones sobre su impacto ambiental y en derechos humanos.
“[La solución] no avanza, e identificamos nuevos problemas”, comentó el 14 de julio a Diálogo Julia Cuadros, miembro del consejo directivo de la ONG CooperAcción, de Perú, integrante del CICDHA. “Uno de ellos es que continúa la política exterior de China donde las misiones diplomáticas, las embajadas y el propio Gobierno de China, no se comunican con la sociedad civil”.
Entre las conclusiones destacó que, de los 26 proyectos analizados a finales de junio, en al menos 24 casos es reiterativa la violación al derecho a vivir en un ambiente sano y sin daños al medioambiente, 18 casos registran la vulneración a los derechos colectivos de pueblos indígenas, en ocho la violación de derechos laborales, y en otros 10 casos la violación a los derechos civiles, políticos y económicos.
Dos proyectos
En el proyecto hidroeléctrico ecuatoriano Coca Codo Sinclair, construido por la empresa china Sinohydro Corporation, el estudio chino de impacto ambiental no contempló la gravedad de la erosión regresiva acelerada en los ríos provocada por la hidroeléctrica, desapareciendo el 2 de febrero de 2020 la cascada San Rafael de 150 metros, la más alta del país.
Para mitigar los efectos de la erosión Ecuador y los Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento en diciembre de 2021, para proteger las obras de captación de agua de Coca Codo Sinclair, que cubre la demanda del 30 por ciento de energía eléctrica para los ecuatorianos, indicó la Corporación Eléctrica del Ecuador.
En Perú, el proyecto de la Mina Marcona, desarrollada por la empresa china Shougang Hierro Perú SAA, es uno de los más conflictivos en el país, acumulando demandas judiciales por violaciones de derechos laborales. Durante la pandemia, la empresa obligó a los trabajadores a internarse y permanecer entre 30 y 60 días dentro de la mina, ocasionando 24 muertes de trabajadores contagiados de COVID-19 sin poder salir, precisa el reporte.
El caso Guyana
“Cualquier alianza con China (…) es muy arriesgada”, dijo a Diálogo Daniel Pou, director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana de República Dominicana. “China se lanzó como un nuevo colonizador para cooptar a su favor puntos estratégicos como rutas marítimas, telecomunicaciones, materia prima, y toda una serie de elementos fundamentales para su desarrollo, no para el nuestro”.
En el proyecto de USD 260 millones de la empresa China Railway Construction Corporation Limited para construir un nuevo puente flotante sobre el río Demerara, en la capital de Guyana, Pou señaló que “esta no es una tecnología adecuada y mucho menos para un puente con extensión de 2 kilómetros sobre un río, con un costo de mantenimiento altísimo, riesgos e inseguridad”. La ambientalista Simone Mangal-Joly objetó al diario Guyana News la falta del estudio de impacto ambiental para el proyecto.
Madera de balsa
El informe de CICDHA destaca que otra afectación grave presente en múltiples proyectos chinos en Latinoamérica es la deforestación, tanto para la extracción de madera como para la construcción de obras y caminos de acceso a infraestructuras, como la explotación ilegal de madera de balsa en la Amazonía.
“China (…) está implementando campos de energía eólica, y las paletas de cada módulo se hacen con madera balsa porque pesa poco. Esa madera está en nuestros bosques amazónicos. Están depredando el bosque las empresas chinas que manda a terceros a talar los árboles”, dijo Cuadros. “Están deforestando uno de nuestros principales capitales que tenemos en Latinoamérica”.
China esta haciendo todo lo posible por ocupar territorios no sólo en infraestructura, sino también en la captación de recursos naturales, indicó Pou. “Latinoamérica se ha convertido en su despensa para minerales, soya, carnes, peces, incluso para su transición energética”, enfatizó Cuadros.
Fortalecer alianzas
Latinoamérica y el Caribe no pueden confiar en China, no hay un solo proyecto chino que no tenga conflictos, señaló Cuadros. La gente está siendo afectada directamente, y mientras no cambie esos comportamientos sus operaciones seguirán teniendo conflictos.
Es necesario “fortalecer alianzas con otros continentes, con organizaciones que están sufriendo el impacto del financiamiento y las inversiones chinas. No solo es Latinoamérica”, manifestó.
También adelantó que, en octubre de 2023, CICDHA presentará el cuarto informe completo del impacto de las actividades chinas en Latinoamérica, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. El tercero lo presentaron en 2018.
“China tiene que mirar el comportamiento de sus empresas públicas, privadas o mixtas, cuando actúan (…), es decir, tienen que hacer todo lo posible para que sus proyectos no afecten derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”, concluyó Cuadros.