En la Amazonía, donde durante décadas las organizaciones criminales han construido redes dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal de oro y el contrabando, está surgiendo una nueva frontera económica. A medida que aumenta la demanda mundial de minerales críticos utilizados en baterías, semiconductores, sistemas de defensa, inteligencia artificial y tecnologías de energía limpia, recursos como el coltán, la casiterita, el níquel, el litio, el niobio y las tierras raras están adquiriendo un creciente valor estratégico. Aunque el oro ilegal sigue siendo hoy la principal economía minera del crimen organizado, analistas advierten que las mismas redes que controlan su extracción y comercialización ya están en condiciones de expandirse hacia otros minerales de alto valor.
“Estas redes están comenzando a adaptar las infraestructuras utilizadas para el tráfico de cocaína y oro a los minerales que alimentan la transición energética, los sistemas de defensa y la inteligencia artificial”, declaró a Diálogo Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, un centro de estudios brasileño especializado en seguridad y políticas ambientales. Para las organizaciones criminales, la ventaja es evidente: ya controlan territorios, pistas clandestinas, corredores fluviales, intermediarios y canales de lavado de dinero que pueden reconvertirse rápidamente hacia nuevos tráficos de alto valor agregado.
Por ahora, los grandes grupos criminales no están presentes en el sector de los minerales críticos en la misma medida en que dominan el mercado del oro ilegal. Sin embargo, la tendencia genera una creciente preocupación. “Los precios del oro han aumentado aproximadamente ocho veces en las últimas dos décadas y el incremento de los precios de los minerales críticos está comenzando a atraer a este mercado a grupos criminales más estructurados”, señala Muggah.
El laboratorio del crimen organizado
La minería ilegal de oro constituye una de las principales fuentes de financiación para guerrillas colombianas, sindicatos criminales venezolanos, organizaciones criminales brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de estructuras asociadas al Tren de Aragua y redes internacionales de lavado de dinero. En numerosas zonas fronterizas de la Amazonia, estas organizaciones no solo explotan yacimientos ilegales, sino que ejercen formas de gobernanza criminal, controlando el acceso a los territorios, imponiendo tributos, regulando la actividad de los mineros y proporcionando seguridad armada a las operaciones.
En junio 2026, la Operación Ruta del Oro de la Policía Federal de Brasil (PF) identificó en Novo Progresso, en el estado de Pará, un sitio del que presuntamente se extrajeron de manera ilegal cerca de 80 kilogramos de oro en los últimos tres años. El caso confirma cómo la actividad minera ilegal ya está integrada en redes logísticas y financieras altamente estructuradas.
La lógica es similar a la que durante décadas caracterizó al narcotráfico. “Los mismos grupos, corredores y sistemas financieros que movilizan cocaína, oro, mercurio, madera, armas y dinero ahora están posicionados para movilizar también minerales críticos. Esta es la esencia del complejo narco-minero”, explica Muggah.
Las operaciones realizadas en los últimos años en las tierras indígenas Yanomami muestran claramente la complejidad del fenómeno. Las autoridades descubrieron que detrás de los sitios de extracción ilegal operaban redes dotadas de pistas clandestinas, flotas de embarcaciones, sistemas de abastecimiento de combustible, maquinaria pesada e intermediarios encargados de introducir el oro en cadenas comerciales legales. La destrucción de excavadoras y campamentos mineros produjo resultados inmediatos, pero muchas actividades se reconstituyeron rápidamente gracias a infraestructuras logísticas y financieras que permanecieron intactas. La experiencia demostró que destruir campamentos o maquinaria, aunque necesario, no resulta suficiente si permanecen intactas las redes financieras, logísticas y comerciales que sostienen toda la cadena ilícita.
Es precisamente esta capacidad de adaptación la que hace que los minerales críticos sean particularmente vulnerables a la infiltración criminal. A diferencia de las drogas, pueden mezclarse fácilmente con producción legal. Mediante documentación falsificada, triangulación comercial y esquemas de lavado corporativo, recursos extraídos ilegalmente pueden ingresar a las lucrativas cadenas globales de suministro con una apariencia de plena legitimidad.
Un único ecosistema criminal
Esta evolución refleja una transformación más amplia del crimen organizado transnacional en Latinoamérica: estructuras híbridas que ya no dependen exclusivamente del narcotráfico, sino que operan como auténticas corporaciones criminales multisectoriales. Drogas, oro, coltán, casiterita, madera, contrabando, lavado financiero y corrupción institucional ya no constituyen mercados separados, sino elementos de un único ecosistema económico.
La creciente demanda de minerales críticos procedentes de la Amazonia ha acelerado esta transformación, dando origen a lo que Muggah denomina el “complejo narco-minero”. “Se trata de un ecosistema amplio y duradero que involucra grupos armados, mineros ilegales, operadores logísticos, comerciantes informales, actores políticos, funcionarios públicos y empresas aparentemente legítimas”, afirma el experto.
Según Muggah, el fenómeno se basa en algunos pilares. El primero es el control territorial ejercido por grupos armados sobre las zonas extractivas. En el oriente colombiano, por ejemplo, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) imponen impuestos y brindan protección armada. El segundo consiste en la reutilización de infraestructuras construidas para el tráfico de cocaína y oro. “Estos sistemas se han perfeccionado durante años para movilizar drogas, oro, mercurio, armas y dinero. Ahora también pueden adaptarse al transporte de casiterita y coltán”, señala Muggah.
El tercer pilar está constituido por mecanismos de lavado comercial y documental. La Operación Forja de Hefesto, realizada por la PF en 2023, mostró cómo la casiterita extraída ilegalmente en la Tierra Indígena Yanomami podía venderse a través de empresas intermediarias, ser procesada por operadores industriales y exportarse posteriormente a mercados internacionales, hasta llegar a grandes multinacionales sin que su origen ilícito resultara visible.
El cuarto pilar consiste en la capacidad de trasladar minerales de una jurisdicción a otra, mezclándolos con producción legal y asignándoles un nuevo origen. Lo que hace aún más rentable este fenómeno es la creciente demanda internacional. Un ejemplo de esta convergencia ocurrió en abril de 2025, cuando autoridades colombianas incautaron cerca de 49 toneladas de coltán y estaño extraídos en zonas controladas por grupos armados. Según la investigación, los minerales estaban destinados a ser exportados ilegalmente hacia China. El desafío ya no consiste únicamente en combatir la extracción ilegal, sino también en identificar las redes logísticas, financieras y comerciales que permiten que minerales de origen ilícito ingresen a cadenas internacionales de suministro.
Proteger las cadenas de suministro del futuro
Todo indica que la carrera por los minerales críticos de la Amazonia apenas está comenzando. A medida que estos recursos adquieren mayor importancia para las industrias de defensa, la producción de semiconductores, las tecnologías avanzadas y la transición energética, también aumentan los incentivos para que organizaciones criminales intenten incorporarlos a sus economías ilícitas.
Para los países amazónicos, el desafío ya no consiste únicamente en proteger los yacimientos o combatir la minería ilegal. También será necesario fortalecer la inteligencia financiera, mejorar la trazabilidad de los minerales, reforzar los controles fronterizos y aduaneros, desarticular las redes logísticas y ampliar la cooperación internacional para impedir que recursos extraídos ilegalmente ingresen a las cadenas globales de suministro.
Si el oro ilegal demostró cómo el crimen organizado puede capturar industrias extractivas enteras, los minerales críticos ofrecen la oportunidad de actuar antes de que ese modelo se consolide. Evitar que las organizaciones criminales reproduzcan ese esquema sobre recursos estratégicos será determinante no solo para proteger la Amazonía, sino también para fortalecer la seguridad regional y preservar la integridad de las cadenas de suministro de las que dependerán las economías y las capacidades tecnológicas del futuro.
