En noviembre de 2024, la relación entre Perú y la República Popular de China (RPC) dio un giro decisivo con la inauguración de la Terminal Portuaria Multipropósito de Chancay. Este ambicioso proyecto, financiado en un 60 por ciento por la empresa estatal china Cosco Ocean Shipping Company (COSCO), fue presentado como un hito transformador para la economía peruana y su integración regional. Sin embargo, pocos meses antes de su inauguración, se desató la polémica: Perú, bajo presiones de Pekín, cedió a COSCO los derechos exclusivos de operación del puerto por los próximos 30 años. “Queda claro que China nunca pensó en construir un puerto para Perú, sino un puerto chino en territorio peruano”, denunció Agustín Barletti, periodista argentino y experto en puertos y transporte marítimo, en entrevista con Diálogo.

Expertos y analistas calificaron este hecho como el ejemplo más contundente de la estrategia de expansión de la RPC para controlar sectores estratégicos en Latinoamérica y consolidar su influencia global. Según Leland Lazarus, director asociado de Seguridad Nacional del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida, el puerto es una pieza clave dentro del plan de la RPC para monopolizar las cadenas de suministro globales de minerales estratégicos como el cobre. Actualmente, el país asiático controla el 70 por ciento de las exportaciones peruanas de este mineral esencial para su industria tecnológica, que abarca desde la fabricación de vehículos eléctricos hasta el desarrollo de centros de datos. A cambio, ha advertido Lazarus, “las empresas chinas inundarán la región con tecnologías verdes de bajo costo, como vehículos eléctricos, baterías de litio y paneles solares, desplazando a los competidores locales y extranjeros y reforzando aún más su posición en el mercado regional”.
Pero las preocupaciones van más allá del incremento en el comercio.
En septiembre 2024, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una investigación que reveló que las grúas fabricadas por la empresa estatal china ZPMC, y que están siendo utilizadas en varios puertos alrededor del mundo, incluyen módems de acceso remoto que permitirían a Pekín monitorear y controlar operaciones portuarias de manera remota, exponiendo a los países usuarios al riesgo de espionaje y posibles interrupciones operativas. Estas grúas, cabe destacar, ya están en uso en el puerto de Chancay. “A través de la construcción del puerto, China también está financiando su propia industria, porque solo permite a Perú adquirir las grúas de la firma china ZPMC”, señaló Barletti.
Alarmante situación que se suma al creciente dominio chino en sectores críticos de Perú, como el energético. Actualmente, el 100 por ciento de la distribución eléctrica de Lima, la capital del país, está bajo control de empresas estatales chinas, que además avanzan en la adquisición de hidroeléctricas estratégicas en el territorio andino. La progresiva penetración de la RPC en áreas clave como la energía, la minería y el transporte estaría situando a Perú en una posición de vulnerabilidad geopolítica, con profundas implicaciones para su soberanía y economía, tal como se analizó en las primeras dos partes de este reportaje.
La pregunta que queda por resolver es: ¿cómo logró la RPC consolidar una influencia tan significativa en Perú?
Según el periodista y ex corresponsal de medios españoles en la RPC, Juan Pablo Cardenal, parte de la respuesta radica en la apertura económica y las amplias flexibilidades otorgadas a mercados extranjeros, oportunidades que las empresas chinas, respaldadas por el Estado, supieron aprovechar al máximo. Otra clave es la notable ausencia de resistencia que Pekín ha encontrado en el país andino. “Existe un consenso tácito en la sociedad peruana, donde nadie se atreve a decirle no a China. Esto no ocurre en ningún otro país de la región”, afirmó Cardenal en entrevista con Diálogo.
Este silencio ha permeado incluso en los medios de comunicación, donde las críticas o cuestionamientos a la presencia e inversiones chinas brillan por su ausencia, erosionando la capacidad de Perú para establecer límites claros frente a la influencia de la RPC. “Es como si criticar a China fuera un tabú. Cualquier noticia negativa apenas dura unos días en la opinión pública antes de desaparecer sin dejar rastro”, señaló Hernán Padilla, periodista de investigación y coautor de El Club del Tarot, la mayor investigación sobre corrupción en Perú que involucró a empresas chinas.
La sombra de China sobre los medios peruanos

La política de “billetera abierta” de Pekín ha permitido a la RPC ejercer una influencia considerable en diversos sectores de Perú, y los medios de comunicación no han sido la excepción. Según el periodista y analista peruano Paolo Benza, “los medios peruanos rara vez abordan las posibles consecuencias negativas de la intervención china, y cuando lo hacen, la cobertura es superficial y moderada”.
Parte de este silencio puede explicarse por la estrategia bien articulada de la RPC para penetrar los medios locales y difundir propaganda favorable. “No hay una mirada crítica frente a las inversiones chinas porque a los medios peruanos no les conviene. Muchos están alineados políticamente o participan directamente en acuerdos con las empresas chinas”, afirmó Benza en entrevista con Diálogo.
Un ejemplo revelador es la agencia estatal de noticias peruanas Andina, que, según investigaciones de organizaciones sin ánimo de lucro como The Freedom House y el centro de pensamiento Doublethink Lab, ha establecido alianzas con la agencia de noticias estatal china Xinhua, utilizándola con frecuencia como fuente para la elaboración de contenido.
Este fenómeno se ha extendido a otros espacios de información. Un acuerdo reciente, firmado el 29 de junio de 2024 durante la visita oficial de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a Pekín, evidencia hasta qué punto ha avanzado la influencia china en los medios de comunicación peruanos. En este encuentro, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Grupo de Medios de China (CMG), que agrupa a las estatales Televisión Central de China, Radio Nacional de China y Radio Internacional de China, suscribieron un acuerdo para fortalecer la cooperación tecnológica con un enfoque en innovación y el intercambio de contenidos mediáticos, incluidos noticias, reportajes y documentales.
Sin embargo, la influencia de Pekín en los medios peruanos no se limita a los canales estatales. La República, uno de los diarios privados más influyentes del país, también anunció un convenio con CMG para la producción de contenido conjunto. Este acuerdo, firmado en el marco de la visita oficial de Perú a la RPC en junio de 2024, fue presentado como un esfuerzo por reforzar la relación bilateral. No obstante, críticos han advertido que representa un inquietante acercamiento a los intereses propagandísticos del Partido Comunista Chino. “Está claro que La República ha pactado convertirse en el brazo de propaganda del régimen chino”, afirmó Benza.
Esta influencia mediática de Pekín va más allá de acuerdos con medios locales. La investigación La influencia mediática global de Beijing: la expansión autoritaria y el poder de la resiliencia democrática, realizada por Freedom House, reveló que el Gobierno chino subvenciona viajes para periodistas peruanos a la RPC, donde reciben capacitación sobre la cultura y los medios estatales chinos. Pero eso no es todo, según esta investigación, los participantes reciben directrices explícitas para que, al regresar a Perú, publiquen artículos que proyecten una imagen positiva del país asiático. “China invita a periodistas con todos los gastos pagos y los expone a la propaganda del partido, ofreciéndoles becas y simposios. Por eso, muchos regresan hipnotizados. Esto lo han hecho con Agencia Andina y con TV Perú”, dijo Cardenal.
A estas críticas se suma el periodista Benza, quien denunció que la RPC no solo busca promover una imagen favorable, sino también silenciar las críticas a sus acciones.
Un poder blando que no se detiene en las invitaciones a periodistas, sino que se extiende a un poder más coercitivo. Según ha señalado Freedom House, Pekín utiliza tácticas de extorsión y amenaza para imponer su agenda en los medios de comunicación del mundo, dentro de los que incluye por supuesto Perú. Un caso emblemático es la censura de los libros del peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en la RPC. Tras criticar el sistema político chino y su manejo de la pandemia en una de sus columnas periodísticas, las obras de Vargas Llosa fueron retiradas de librerías y plataformas digitales chinas, como reportó El País de España.
Esta combinación de tácticas –desde acuerdos con medios locales hasta campañas de desinformación– ha generado un ambiente de autocensura en Perú. Según Cardenal, esta dinámica es evidente en la cobertura del controvertido puerto de Chancay. Tras analizar más de 100 artículos publicados entre 2019 y 2022 sobre el proyecto, solo cinco mencionaron algún tipo de riesgo, y estos se centraron exclusivamente en aspectos sociales o ambientales, dejando de lado las implicaciones geopolíticas. “China ha cultivado y mantenido una imagen positiva en Perú, mientras que los riesgos de esta influencia, económicos, sociales y políticos, permanecen ocultos o relegados a un segundo plano”, señaló el periodista.
Corrupción: el precio oculto de las inversiones chinas en Perú

A la falta de cobertura mediática sobre las críticas o riesgos asociados con la presencia e inversiones chinas en Perú, se suma un fenómeno igual de preocupante: las acusaciones de corrupción que rodean a varias empresas chinas en el país. Estos casos han recibido menos atención por parte de los medios de comunicación peruanos.
“Los escándalos de corrupción son una constante en el modelo de negocio de muchas empresas chinas”, afirmó Cardenal, quien asegura que esta dinámica está profundamente vinculada al sistema del régimen chino. “Al tratarse de una dictadura, no existe una prensa libre, sociedad civil, ONG ni instituciones fuertes que supervisen las acciones de sus empresas, es decir carecen de escrutinio público. Esto les da libertad para actuar sin restricciones en el extranjero, indiferentes a los efectos secundarios sociales, laborales y medioambientales de su expansión internacional, todo lo contrario de las empresas occidentales, que sí enfrentan mayores riesgos reputacionales y legales”, explicó.
Uno de los casos más emblemáticos en Perú es el conocido como el Club del Tarot, un esquema de espionaje empresarial que involucró a varias empresas chinas y que fue revelado a mediados de 2022. Estas compañías habrían contratado un servicio de hackeo llamado Tarot, que vulneró el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), accediendo a información confidencial sobre las propuestas de otros competidores en licitaciones públicas, explicó a Diálogo Hernán Padilla, periodista peruano del programa periodístico de televisión Punto Final y uno de los autores de esta investigación.
Según Padilla, esta información permitió a las empresas chinas presentar ofertas más competitivas, asegurándose contratos millonarios. “Estamos hablando de licitaciones obtenidas mediante espionaje. Las compañías chinas se beneficiaron de un sistema corrupto para ganar concursos públicos en Perú”, declaró Padilla a Diálogo.
Uno de los casos más representativos es el del Consorcio Hospital del Altiplano, integrado por las empresas estatales chinas Weihai Construction Group Company Limited y China Railway No. 10 Engineering Group Co. Este consorcio ganó la licitación para construir el hospital del Altiplano en Puno. Su propuesta, presentada al final del plazo, ofreció un precio significativamente más bajo que el resto, gracias a la información privilegiada obtenida a través de Tarot. “Estamos hablando de un hospital en una de las regiones más vulnerables de Perú y con serias carencias de infraestructura de salud, cuya construcción fue otorgada a empresas chinas que actuaron de manera ilegal para obtener el contrato”, enfatizó Padilla.
A pesar de las denuncias, el consorcio mantuvo la licitación, y el proyecto no ha estado exento de problemas. Desde su inicio en diciembre de 2021, la obra ha enfrentado múltiples dificultades, incluyendo retrasos y una paralización de cinco meses, atribuida en parte al incumplimiento de pagos a los trabajadores, según denunció Eleuterio Coyori, secretario de Construcción Civil de Puno.
Este no es el único caso que ha involucrado a estas empresas. El consorcio detrás de este proyecto también estuvo implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la adjudicación del hospital Manuel Núñez Butrón, ubicado en el centro poblado de Jayllihuaya. Según informes de la Contraloría General de la República, el consorcio hospitalario Manuel Núñez, integrado por las empresas chinas China Railway No. 10 Engineering Group y Weihai Construction Group, presentó documentación falsa para acreditar experiencia en la construcción de hospitales, lo que les permitió obtener el contrato de manera irregular.
A pesar de las denuncias por irregularidades, muchas de estas empresas chinas continúan operando sin restricciones ni sanciones en territorio peruano. Un ejemplo es Weihai Construction, que aún busca adjudicarse contratos con el Estado peruano, como lo confirmó la Fundación Andrés Bello, especializada en la investigación y análisis de las relaciones entre China y los países de América Latina y el Caribe.
Jaque mate

A través de una estrategia que combina inversiones estratégicas, acuerdos comerciales y un control creciente sobre sectores clave, la RPC se ha consolidado como un actor dominante en la economía peruana. Esta influencia, como señala Cardenal, ha sido facilitada por la percepción cada vez más extendida de que Pekín ofrece oportunidades exclusivas que otros socios comerciales e inversores extranjeros no pueden igualar. Además, se ha arraigado la creencia de que su papel es esencial para el desarrollo económico y la modernización del país. “Esta narrativa ha ganado fuerza en el país, encontrando pocas voces críticas que cuestionen su impacto real”, comentó Cardenal.
Ese impacto real, como ha quedado en evidencia a lo largo de este reportaje y ha sido advertido por expertos y analistas, revela un desequilibrio preocupante. Los beneficios de esta relación están fuertemente inclinados hacia Pekín, mientras que Perú enfrenta riesgos significativos de dependencia económica y vulnerabilidad geopolítica, lo que erosiona progresivamente su soberanía nacional. “El puerto de Chancay ha quedado como un claro antecedente de cómo, bajo una fachada de progreso económico, se ocultan estrategias geopolíticas que limitan la capacidad de Perú para tomar decisiones soberanas”, señaló Barletti.
Ante esta realidad, surge una pregunta crucial: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar China para incrementar su influencia en Perú, y qué medidas tomará el país andino para salvaguardar sus intereses estratégicos?
“Es hora de que Perú empiece a separar la retórica de los hechos, exija responsabilidades a las empresas chinas por los impactos sociales y medioambientales de sus operaciones, y evalúe seriamente los riesgos geopolíticos que conlleva la creciente influencia china en sus instituciones y proyectos estratégicos”, comentó Cardenal.
De lo contrario, advierten los expertos, el país podría encontrarse en una posición de desventaja irreparable. En este tablero de juego global, China estaría diciéndole a Perú: jaque mate.
Este artículo es la tercera parte de una investigación en tres partes. Lea la parte I y la parte II.


