El 2024 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre la República Popular de China (RPC) y Perú. Mientras que a nivel global países como los de la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos han venido implementado medidas para frenar el avance del país asiático, la RPC consolidó su control sobre sectores estratégicos del país andino.
En febrero, Perú aprobó la compra por parte de la empresa estatal China Southern Power Grid International (HK) de Enel Distribución Perú y Enel X Perú, cediendo así el control total de la distribución eléctrica de Lima, la capital del país, a la RPC. “China quiere ser el interruptor de América Latina, y Perú se ha convertido en el paradigma de ese esfuerzo”, dijo a Diálogo el periodista económico y analista peruano Paolo Benza.
No tardó mucho para que otra operación de gran envergadura se sumara a esta lista. Apenas un mes después, Perú cedió los servicios exclusivos del Puerto Multipropósito de Chancay a COSCO Shipping, la empresa estatal china que lidera el 60 por ciento de la inversión en este proyecto. Para el experto en seguridad y defensa Evan Ellis, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, este caso es un ejemplo claro de cómo China “aprovecha las vulnerabilidades de sus socios para garantizar sus propios intereses en Latinoamérica”, situación que fue discutida en la primera parte de este reportaje.
Las advertencias de organismos internacionales sobre los riesgos de estas inversiones son constantes. Un ejemplo es el informe anual de noviembre de 2023 de la Comisión para la Revisión de la Economía y la Seguridad entre Estados Unidos y China. En dicho informe, se destaca cómo la RPC ha aprovechado sus vínculos con países de Latinoamérica y el Caribe para financiar y desarrollar infraestructuras de doble uso, como puertos y redes energéticas, que podrían dar a la RPC el control de importantes activos estratégicos o proporcionar un punto de apoyo para una futura presencia militar en la región.
Sin embargo, y pese a la magnitud de estos movimientos, en Perú no ha surgido un debate significativo ni en los medios ni en los círculos políticos, económicos o académicos. “Existe un silencio sepulcral en la sociedad peruana sobre cualquier crítica a China y ya veremos cual es la historia que contar en un par de años”, dijo a Diálogo Juan Pablo Cardenal, ex corresponsal en China de medios españoles y autor del informe China en Perú: El lado oculto de una relación asimétrica.
En junio, la presidenta del Perú Dina Boluarte se reunió en Pekín con su homólogo Xi Jinping con el propósito de “fortalecer las relaciones bilaterales”. “La manera en cómo Perú le ha abierto las puertas a China, no se compara con ningún otro país de la región”, añadió Cardenal.
Pero a medida en que Perú, segundo mayor receptor de la inversión china en la región, continúa abriendo el camino a Pekín, expertos piden cautela. Advierten que la relación es asimétrica, y que las inversiones chinas, lejos de beneficiar a Perú de manera equitativa, refuerzan los intereses estratégicos de la RPC. Además, alertan sobre los efectos socioambientales que estas inversiones están generando, agravando las tensiones en las comunidades locales afectadas. “Los riesgos de las inversiones chinas para la seguridad y soberanía de Perú se hacen cada vez más evidentes”, alertó Benza.
China: el interruptor de Lima
Tras un año de intensas negociaciones, en junio de 2024, la empresa italiana Enel culminó la venta del 83.15 por ciento de sus acciones en Enel Distribución Perú S.A.A. y el 100 por ciento de las acciones de Enel X Perú S.A.C., a cargo de la distribución eléctrica de la zona norte de Lima. La adquisición fue realizada por North Lima Power Grid Holding S.A.C., filial de la estatal china China Southern Power Grid International (CSGI), por un valor empresarial total aproximado de USD 4000 millones.
Con esta transacción, China refuerza su influencia en Latinoamérica al consolidar el monopolio de la distribución eléctrica en Lima y el 55 por ciento de los activos de distribución de electricidad a nivel nacional, según datos oficiales. Cabe recordar que, en 2020, la empresa Luz del Sur responsable de la distribución en la zona sur de la capital, también fue adquirida por otra empresa estatal china, China Three Gorges Corporation.
Para el periodista Benza, no hay duda de que China busca convertirse en el “interruptor” de Latinoamérica, y para lograrlo se está aprovechando de los vacíos que están dejando las empresas europeas, convirtiendo a sus empresas estatales en “voraces compradoras de activos consolidados”. “El espacio que han dejado las empresas europeas le ha permitido a China cambiar su estrategia de préstamos gobierno a gobierno –táctica que permitió a China aumentar su influencia en la región hace una década– por inversiones directas en sectores clave, a través de las cuales puede seguir expandiendo su poder geopolítico, pero con un retorno más seguro”, explicó Benza.
La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú ya había expresado su preocupación por el riesgo asociado a esta transacción. En un comunicado del 11 de abril de 2023, la SNI advirtió que, de aprobarse la venta, Perú estaría dejando en manos de la RPC una concentración del 100 por ciento del mercado de distribución de la energía eléctrica en Lima.
Sin embargo, ni las advertencias de entidades como la SNI, ni la Ley de Control de Fusiones (Ley N.º 31112), que entró en vigor en 2021 para evitar concentraciones económicas que puedan reducir o distorsionar la competencia, lograron impedir que la RPC se quedara con el total de la distribución de electricidad de la capital limeña.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) aprobó esta transacción, asegurando que se impusieron una serie de condiciones que evitan la competencia desleal y protegen al consumidor.
Sin embargo, la preocupación de los expertos trascienden el ámbito financiero. Al tratarse de empresas estatales chinas, temen que estas respondan más a intereses geopolíticos que comerciales, lo que podría generar varios riesgos a largo plazo. “La entrada de empresas chinas al sector energético de Perú es algo que no se debió permitir desde el principio; son empresas que, aunque no operan en un sistema económico comunista en el sentido académico del término, al final del día las matrices y sus subsidiarias se alinean –porque son lo mismo– con la estrategia del Partido Comunista Chino (PCC)”, comentó Benza.
La luz en manos de China: amenaza latente
El especialista en energía Will Tobin, subdirector del Global Energy Center (GEC) del Atlantic Council, advierte que uno de los principales riesgos de otorgar a la RPC el control del sector eléctrico reside en la seguridad de los datos. “Aunque Perú aún no ha alcanzado un alto nivel de digitalización en su infraestructura energética, cuando esto ocurra, las empresas chinas contarán con más herramientas para recopilar información y ejercer una mayor influencia sobre el país”, señaló Tobin.
China quiere ser el interruptor de América Latina, y Perú se ha convertido en el paradigma de ese esfuerzo.
– Paolo Benza
Sin embargo, el principal riesgo es la pérdida de soberanía, advierte Tobin. “Entregarle el control de un recurso tan vital como la energía a empresas chinas coloca a los tomadores de decisiones en una posición delicada, obligándolos a caminar en una cuerda floja al tomar decisiones durante momentos de tensión o conflicto de intereses con Pekín”, afirmó Tobin, agregando que “esta situación podría limitar la autonomía de Perú en sectores estratégicos, sometiéndolo a presiones geopolíticas externas”.
Un claro ejemplo de esta dinámica, señala Benza, fue el reciente conflicto legal en torno al Puerto de Chancay, sugiriendo que la influencia de la RPC podría llegar a amenazar decisiones soberanas del país. “Conociendo las prácticas del Partido Comunista Chino, no sería impensable que, en algún momento, si Perú actúa en contra de los intereses de Pekín, se enfrente a represalias como un apagón controlado en Lima”, dijo Benza.
Al interés de China por la distribución de energía en Perú se suma el avance en el sector de la generación. Actualmente, la estatal China Three Gorges es propietaria de la tercera mayor hidroeléctrica del país, Chaglla, además de otras instalaciones adquiridas con la compra de Luz del Sur. Sin embargo, las ambiciones de la RPC no se detienen ahí. Según la agencia de noticias Bloomberg, China Three Gorges y Yangtze Power están en negociaciones avanzadas para adquirir Kallpa, la mayor generadora de energía en Perú.
Este movimiento, según Benza, deja al descubierto el plan estratégico de China para integrar verticalmente el sector energético peruano. Tal integración crearía un escenario en el que estas empresas estatales no enfrentarían restricciones adversas, pues controlarían toda la cadena de suministro energético. “Si China se queda con la distribución y la generación de energía, prácticamente podrían afirmar a Perú: ‘soy tu dueño’, porque un país sin energía, sin luz, simplemente no funciona”, sentenció Benza.
¿Apertura económica, pero a qué precio?
El avance de la RPC en el sector eléctrico de Perú se suma a su creciente control sobre el sector minero, el principal motor de la economía peruana. Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem), las empresas chinas producen alrededor del 25 por ciento del cobre y el 100 por ciento del hierro, lo que representa aproximadamente el 20.8 por ciento de la inversión total en minería.
A pesar de estas cifras, que evidencian la relevancia de la inversión china, los expertos advierten que no ha generado un desarrollo equitativo ni sostenible. Por el contrario, ha llevado a Perú a una dependencia de la RPC y ha exacerbado tensiones sociales y problemas ambientales.
El fenómeno se explica, en gran parte, por el insaciable apetito de la RPC por los recursos naturales y por las condiciones ventajosas que Perú ha brindado a la inversión extranjera. “En Perú predomina una creencia casi unánime de que la prosperidad nacional y el desarrollo económico están íntimamente ligados a la apertura de su economía. En esta narrativa, China juega un rol central y dominante”, señaló Cardenal.
Con la RPC como el mayor consumidor de cobre, que absorbe cerca del 50 por ciento de la demanda mundial, y Perú como el segundo mayor productor, las empresas chinas, respaldadas por el Estado, vieron en el país un terreno fértil donde consolidar su influencia. “A diferencia de otras compañías, el objetivo de las empresas chinas no es el retorno inmediato, sino el cumplimiento de metas estratégicas, lo que les permite actuar de manera más agresiva en países políticamente inestables como Perú”, explicó Tobin.
El Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 2009, intensificó esta relación comercial. Las exportaciones de Perú a la RPC pasaron de USD 5 500 millones en 2010, a USD 23 000 millones, según datos de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (ComexPerú). Si bien desde una perspectiva macroeconómica estas cifras podrían suponer un éxito en las relaciones bilaterales, y así ha sido celebrado por ambos gobiernos, lo cierto es que detrás se esconde un escenario más revelador.
El 87 por ciento de las exportaciones de Perú hacia la RPC se concentra en el sector minero, principalmente en hierro y cobre, según ComexPerú. En contraste, los sectores no tradicionales, como el textil y el agrícola, representan menos del 5 por ciento y han disminuido. Una tendencia que resulta aún más alarmante si se compara con las exportaciones a los Estados Unidos y la Unión Europea, donde los productos de valor añadido, clave para el desarrollo económico, constituyen el 50 y 56 por ciento, respectivamente. Los expertos ven esto como evidencia de una relación asimétrica. “China se lleva lo que quiere, los minerales, mientras que Perú no logra ampliar su canasta exportadora”, señaló Cardenal.
Más preocupante aún es que el 70 por ciento del cobre exportado por Perú tiene como destino China, seguido por Japón y los Estados Unidos, que exportan el 5 y el 3 por ciento respectivamente. Esta concentración comercial ha generado una peligrosa dependencia. “Si China decidiera dejar de comprar, no habría otro mercado capaz de suplir esa demanda, lo que otorga a China un inmenso poder sobre Perú”, advirtió Benza.
Conociendo las prácticas del Partido Comunista Chino, no sería impensable que, en algún momento, si Perú actúa en contra de los intereses de Pekín, se enfrente a represalias como un apagón controlado en Lima.
– Paolo Benza
A lo que añadió Cardenal, “¿qué capacidad tiene Perú para poder presionar a China para que no lo castigue con barreras no arancelarias que es lo que suele hacer China cuando está disgustado con algo?”
Pero eso no es todo. Además de los riesgos económicos, el impacto socioambiental de las inversiones chinas es alarmante. Las inversiones en el sector minero superan los USD 11 371 millones, y según datos de ComexPerú, el 65,9 por ciento de los conflictos socioambientales registrados hasta enero de 2022 están vinculados a la minería. “Aunque estos proyectos se presentan como impulsores del desarrollo, han generado graves tensiones con las comunidades locales y serias consecuencias para el medio ambiente”, señaló Cardenal.
Una parte fundamental del problema radica en la ausencia de salvaguardias ambientales en el TLC con la RPC. A diferencia de los acuerdos comerciales que Perú ha firmado con los Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá, el tratado con China no incluye “capítulos verdes” que garanticen el respeto por los estándares de protección ambiental o los derechos laborales. “La falta de regulaciones claras deja a las comunidades locales en desventaja, ya que las empresas chinas suelen operar sin un control adecuado por parte del Estado peruano”, afirmó Cardenal. Además, subrayó que las violaciones a los derechos humanos y medioambientales por parte de estas empresas “son un problema recurrente en toda América Latina”.
Las Bambas: el lado oculto de la minería china
Las Bambas, ubicada en la región andina de Apurímac, es una de las minas de cobre más grandes del mundo y constituye la mayor inversión china en minería fuera de sus fronteras. El proyecto, operado por MMG Limited, cuyo 62,5 por ciento es propiedad de la estatal China Minmetals Corporation, ha recibido alrededor de USD 10 000 millones en inversiones desde su inicio.
Hasta la fecha, ha producido más de 2 millones de toneladas de cobre, lo que representa aproximadamente el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Perú. A pesar de estas cifras, lo que inicialmente se proyectaba como un pilar para el desarrollo económico y social del país, ha terminado convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de los conflictos sociales y ambientales que rodean las inversiones chinas en el país andino.
En agosto de 2022, la Defensoría del Pueblo reportó 209 conflictos sociales activos en el país, de los cuales 12 estaban directamente relacionados con Las Bambas. “Las comunidades sienten que están siendo perjudicadas por MMG, mientras el Estado peruano no interviene”, señaló Cardenal.
Uno de los focos principales del conflicto fue la decisión de MMG de transportar el mineral por carretera, tras la compra de la mina en 2014, en lugar de construir el mineroducto inicialmente previsto. Esto transformó los caminos comunales en una ruta nacional, lo que incrementó la contaminación y afectó gravemente la salud de las comunidades locales y la biodiversidad de la zona. Según una investigación de Dialogue Earth, la situación se agravó porque el cambio de estrategia de transporte se aprobó mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), un mecanismo legal más rápido que evitó la consulta ciudadana requerida por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esto generó indignación entre los habitantes, que se sintieron excluidos de las decisiones que impactan su entorno.
A este conflicto se suman denuncias de irregularidades en los contratos entre MMG y las comunidades locales. Activistas aseguran que la empresa ha explotado el desconocimiento y la precariedad económica de las poblaciones a la hora de negociar acuerdos para la compra o uso de tierras, en una región donde el 29 por ciento de la población es analfabeta, resaltó Dialogue Earth.
Otra crítica recurrente es la falta de contribución fiscal del proyecto y el escaso desarrollo en beneficio de las comunidades locales. Aunque MMG estuvo exenta del pago de impuestos sobre la renta durante los primeros cinco años de operación, investigaciones señalan que en octubre de 2023 la compañía tenía una deuda tributaria de USD 1670 millones. “El impacto a nivel local es enorme, ya que Las Bambas es el mayor yacimiento de cobre del país, y la región depende de esos ingresos para sostener su economía”, comentó Cardenal.
La suma de estos conflictos ha desencadenado en un constante descontento social que ha dado lugar a numerosas protestas. Desde 2016, Las Bambas ha paralizado su producción durante cerca de 400 días debido a bloqueos y manifestaciones. Las protestas, que en ocasiones han devenido en actos violentos, parecen ser la única vía para que las comunidades locales sean escuchadas. “Los activistas se quejan de que ante un gobierno que se niega a considerar los riesgos de estas inversiones las protestas son la única salida”, concluyó Cardenal.
Parte III
La situación en Las Bambas es un reflejo de un patrón recurrente en otras minas bajo control chino en Perú, como Shougang Hierro Perú en Marcona, Río Blanco, propiedad de Zijin Mining Group, y Toromocho, gestionada por Chinalco Perú. A pesar de los graves conflictos que rodean estos proyectos y de cómo la RPC ha ido apoderándose de infraestructuras estratégicas en el país andino, en Perú prevalece un inquietante silencio. ¿La razón? Investigaciones señalan que China ejerce una fuerte influencia en los medios, empleando mecanismos de censura para silenciar cualquier publicación que pueda perjudicar su imagen. A esto se suma la corrupción que ha salpicado a varias empresas chinas en el país, siendo el infame “Club del Tarot” un ejemplo emblemático. Estas y otras revelaciones serán detalladas en la tercera y última parte de este reportaje.
