Mientras el sistema de salud cubano enfrenta una de las peores crisis de su historia, con apagones cada vez más frecuentes, escasez crónica de medicamentos y hospitales en condiciones precarias, las misiones médicas internacionales continúan representando una de las principales fuentes de ingresos para La Habana, superando en algunos casos incluso al turismo. Cada año generan miles de millones de dólares, proporcionando al régimen recursos esenciales para mantenerse en el poder y reforzar su influencia en el exterior.
Los antecedentes del programa se remontan a 1960, cuando Fidel Castro envió una pequeña delegación médica a Chile tras un devastador terremoto que golpeó al país. En 1963, el despliegue de una brigada permanente en Argelia marcó el inicio formal de las misiones médicas internacionales. Desde entonces, se han convertido en un componente estructural de la política exterior cubana.
Según datos oficiales de La Habana, más de 400 000 profesionales de la salud han participado en misiones en al menos 164 países desde el inicio del programa. De acuerdo con cifras oficiales del régimen cubano, más de 24 000 médicos y otros trabajadores de la salud permanecían desplegados en unos 50 países en 2025.
Presentado durante décadas por Cuba como un modelo de cooperación internacional, el programa ha sido objeto de crecientes críticas y condenas. Expertos independientes de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo han denunciado prácticas equiparables a la «esclavitud y trabajo forzoso”. En julio, el Departamento de Estado de los EE. UU. sancionó a entidades y funcionarios involucrados en la administración de las misiones médicas en el extranjero “por facilitar y beneficiarse de la trata de personas”.
Según la organización no gubernamental Prisoners Defenders, el régimen cubano retendría entre el 85 y el 94 por ciento de los fondos pagados por los países anfitriones, al tiempo que ejerce un estricto control sobre los profesionales durante su permanencia en el extranjero. “Se trata de un crimen de lesa humanidad, no un acto solidario, cuyo propósito es enriquecer al régimen”, explica a Diálogo Javier Larrondo, fundador y presidente de Prisoners Defenders.
Estas acusaciones, sumadas a las crecientes denuncias sobre las condiciones laborales de los médicos cubanos y a la falta de transparencia en los mecanismos financieros que regulan las misiones, han intensificado el escrutinio internacional sobre el programa. Como resultado, un número cada vez mayor de países está revisando o reduciendo estos acuerdos de cooperación sanitaria, cuestionando además su utilización como instrumento de influencia estratégica por parte de La Habana.
El negocio de las batas blancas y el costo humano de las misiones
Durante más de medio siglo, la exportación de personal sanitario ha sido una de las herramientas más rentables de la política exterior del régimen cubano. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, solo entre 2018 y 2020 el sector generó entre USD 6 000 millones y USD 8 000 millones anuales, equivalentes a más del 40 por ciento de las exportaciones de la isla.
En la mayoría de los casos, los gobiernos receptores no contratan directamente a médicos y enfermeros cubanos, sino que firman acuerdos con el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) o con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la empresa estatal encargada de gestionar las misiones en el exterior. Este sistema permite a La Habana mantener el control sobre el reclutamiento del personal, los destinos y, sobre todo, los flujos financieros generados por los contratos.
“El gobierno cubano retiene, de media, un 85 por ciento de los salarios que están pactados con los países huéspedes a favor de los médicos y enfermeras. En México demostramos cómo han retenido el 94 por ciento de los salarios, o en Brasil la cuantía fue del 90 por ciento. Ha sido un negocio esclavo masivo, ingente”, dice Larrondo.
Según numerosos estudios y denuncias de opositores, economistas independientes y organizaciones de derechos humanos, la estructura financiera que administra los ingresos de las misiones médicas se caracteriza por una gran opacidad. Además de la CSMC, ANTEX S.A., una empresa vinculada a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el poderoso conglomerado económico controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, participa en la gestión de algunos contratos internacionales.
Desde hace años, GAESA es señalada como una especie de “caja negra” del poder cubano, mediante la cual una parte significativa de los recursos económicos del país es capturada por la cúpula militar, escapando a cualquier control público o parlamentario. Los pagos realizados por los países anfitriones serían canalizados hacia el Banco Financiero Internacional (BFI), también controlado por GAESA, lo que dificulta enormemente verificar el destino final de los recursos generados por las misiones.
Según un informe publicado en abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el régimen se enriquece mediante el trabajo forzoso y un control autoritario sobre los médicos desplegados en el exterior. El informe documentó prácticas como la confiscación de pasaportes y restricciones a la libertad de movimiento. Estas limitaciones también afectan la vida familiar de los médicos, que a menudo no pueden llevar consigo a sus cónyuges e hijos. Además, quienes abandonan el programa corren el riesgo de ser clasificados como “desertores” y perder los beneficios económicos acumulados durante la misión. Aun así, miles de profesionales han optado por abandonar el sistema.
A las acusaciones de explotación se suman las relacionadas con la calidad y la transparencia de las misiones. En México, donde el gobierno ha invertido aproximadamente USD 24 millones en la contratación de médicos cubanos entre 2022 y 2024, una investigación periodística de Fuerza Informativa Azteca planteó dudas sobre las credenciales de algunos profesionales y sobre la transparencia de los contratos.
“Esto ha sido posible porque el régimen ha impuesto un tipo de convenios en donde los currículum universitarios legalizados de los integrantes nunca se entregaban a las autoridades del país huésped, lo que ha permitido la falsificación masiva de credenciales médicas”, dice Larrondo.
También en Brasil el programa Más Médicos generó fuertes controversias debido a la exención otorgada a los médicos cubanos de la obligación de revalidar sus títulos profesionales. Las asociaciones médicas denunciaron la creación de un doble estándar normativo y la dificultad para verificar las calificaciones de los participantes.
Diplomacia, inteligencia e influencia regional
Para el régimen cubano, las misiones médicas, además de representar una de sus fuentes de ingresos más significativas, constituyen uno de sus principales instrumentos de proyección internacional. Según ex participantes de las misiones, algunas brigadas también son utilizadas como cobertura para personal de los servicios de inteligencia cubanos, encargado no solo de supervisar a los médicos en el exterior, sino también de recopilar información y construir redes de influencia local.
“En muchos países han servido para realizar acciones de injerencia política a favor de líderes autócratas en el poder, influenciando a la población y camuflando redes de espionaje a favor de dichos autócratas, incluso en períodos electorales”, dice Larrondo.
Según Prisoners Defenders, en Bolivia, en 2019, de los más de 700 integrantes de la misión médica cubana presentes en el país, poco más de 200 eran efectivamente médicos. Asimismo, el mismo año, Ecuador puso fin a los convenios de cooperación con Cuba en medio de tensiones diplomáticas tras las protestas de octubre, durante las cuales el gobierno ecuatoriano denunció la participación de ciudadanos cubanos en actividades de desestabilización.
“Pero, además, todo el programa ha servido para generar una red de aliados internacionales y aumentar el poder y la influencia del régimen cubano en instituciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, dice Larrondo.
Por ello, en los últimos años varios países de Latinoamérica han comenzado a reconsiderar la cooperación sanitaria con Cuba, cuestionando el costo político de un modelo que ha permitido al régimen cubano transformar su capital humano en un instrumento de influencia y proyección de poder.
En marzo, Honduras decidió no renovar un acuerdo con La Habana después de que una revisión interna identificara personal no sanitario dentro de la delegación cubana. Guatemala y El Salvador también han reducido sus programas, mientras que Bahamas y Guyana han solicitado que los salarios sean pagados directamente a los profesionales y no al régimen cubano.
Al reducir o reformar estos programas, los gobiernos no solo buscan mayores garantías para los médicos involucrados, sino también limitar la capacidad de La Habana para utilizar las misiones sanitarias como una herramienta geopolítica, contribuyendo así a fortalecer la transparencia institucional y la seguridad regional.
