Las autoridades costarricenses están en alerta máxima tras la exposición del Cártel del Caribe Sur, el primer grupo local en ser reconocido oficialmente como una organización criminal transnacional. Este descubrimiento está impulsando un cambio decisivo en la política de seguridad del país, a medida que el gobierno se dispone a desmantelar la infraestructura del crimen organizado.
La investigación alcanzó un punto crítico el 4 de noviembre de 2025, durante la Operación Traición, la mayor movilización policial en la historia de Costa Rica. La mega operación dio lugar a la detención de casi 30 personas y a la incautación de 14 toneladas de narcóticos, principalmente cocaína, además de 68 armas de alto calibre, siete condominios de lujo, 40 propiedades y 73 vehículos y embarcaciones.
La organización mantenía supuestamente una red de altos funcionarios gubernamentales y células operativas repartidas entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Según declaraciones oficiales de la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, la Operación Traición movilizó a 1200 agentes y fue impulsada por una sofisticada red de intercambio de inteligencia, que incluía a las policías nacionales de Colombia y Panamá, homólogos europeos en España, Reino Unido, Francia y a la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA).
La estructura criminal estaba supuestamente dirigida por los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni. Su captura pone de relieve una persecución internacional coordinada: Alias Shock fue detenido en Londres en diciembre de 2024, tras una orden internacional emitida por el Tribunal de Distrito del Este de Texas. Su hermano, alias Noni, fue capturado meses después, en agosto de 2025, cerca de Curridabat, en Costa Rica.
Ambos permanecen bajo custodia a la espera de su extradición a los EE. UU., acusados de tráfico de drogas. En otro golpe contra esta red, a principios de 2026 el Departamento del Tesoro de los EE. UU. impuso sanciones financieras rigurosas contra los hermanos y sus socios, congelando los activos vinculados a su logística y negocios fachada.
La OIJ informa que el Cártel del Caribe Sur tiene todas las características de una entidad criminal transnacional: estructura integrada de cártel, logística marítima independiente, sofisticadas operaciones de lavado de dinero, una facción dedicada al apoyo legal y comunicaciones con tecnología avanzada. El grupo no se limitaba a facilitar el tránsito de estupefacientes, sino que manejaba una cadena de suministro completa, recibiendo envíos a granel para su redistribución interna y manteniendo sus propias rutas de exportación a los mercados de los Estados Unidos y Europa.
Costa Rica, antaño celebrada como la “Suiza de Centroamérica”, ahora está combatiendo agresivamente un aumento de la violencia impulsada por disputas territoriales entre pandillas rivales. Los registros de la OIJ indican que, de los 746 homicidios registrados entre enero y noviembre de 2025, casi 500 estaban directamente relacionados con narcóticos y ajustes de cuentas profesionalizados.
“La situación de seguridad en Costa Rica ha experimentado profundas transformaciones en su panorama criminal”, explicó a Diálogo Valeria Vásquez, directora asociada de Control Risks, una empresa de seguridad e inteligencia estratégica con sede en la Ciudad de México. “Aunque el país siempre ha sido un punto estratégico, debido a su ubicación geográfica y conectividad marítima, en los últimos años ese papel ha evolucionado hacia una mayor interacción entre los actores locales y los grupos criminales transnacionales”. “Lo que antes era principalmente un territorio de tránsito para el narcotráfico se ha transformado en una dinámica mucho más compleja, en la que las estructuras locales adquirieron un papel mucho más destacado”, agregó Vásquez.
Además, observa que la feroz competencia por el control de los puertos y las rutas rurales ha provocado un deterioro visible de los indicadores de seguridad, agravado por la fragmentación de los grupos criminales, lo que crea escenarios volátiles para las autoridades policiales. “Las estadísticas no solo muestran un aumento de los homicidios relacionados con ajustes de cuentas, sino que también demuestran un impacto creciente en personas ajenas a estas estructuras, incluidos transeúntes y residentes atrapados en el fuego cruzado o en incidentes asociados a disputas criminales”, dijo Vásquez.
En respuesta, Costa Rica lanzó una agresiva iniciativa de combate, fuertemente respaldada por los Estados Unidos. A finales de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la entrada en 2026 de 195 embarcaciones de la Guardia Costera de los EE. UU. para realizar patrullas marítimas conjuntas, una ayuda crítica para una nación sin marina permanente.
La larga asociación con los EE. UU. ya ha demostrado ser muy eficaz: las operaciones conjuntas hasta el 31 de octubre de 2025 dieron como resultado la incautación de más de 26 toneladas de cocaína y 12 toneladas de marihuana, la interceptación de 19 embarcaciones y la detención de 59 sospechosos. La defensa se extiende a los puertos del país. Con una donación de los Estados Unidos de USD 20 millones en escáneres con inteligencia artificial, Costa Rica cuenta ahora con recursos de inspección superiores en sus principales terminales de Caldera y Moín, lo que ha permitido cortar una importante vía de exportación de narcóticos.
Este escudo marítimo se ve respaldado por un aumento significativo de la ayuda de los EE. UU. en materia de seguridad, para fortalecer y modernizar las fuerzas de seguridad de Costa Rica. Para el ciclo fiscal de 2026, la ayuda bilateral y regional en materia de seguridad se estima en aproximadamente USD 50 millones. Entre las iniciativas críticas se encuentra el Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética de última generación, una colaboración iniciada en 2023 que se prevé entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2026.
En el ámbito legislativo el país ha promulgado reformas históricas; entre ellas una enmienda constitucional en 2025 que permite la extradición de ciudadanos costarricenses por tráfico de drogas. El 23 de enero de 2026, entró en vigor la ley que tipifica en forma específica al sicariato como delito, con penas de hasta 40 años de prisión.
Costa Rica también está mirando a sus vecinos para reformular su estrategia de contención interna. En enero de 2026, las autoridades costarricenses iniciaron las obras del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado en Alajuela. Este centro, inspirado por las prisiones de máxima seguridad en El Salvador, fue diseñado para aislar a los delincuentes más peligrosos del país. La colaboración forma parte de la recién firmada alianza Escudo de las Américas, un pacto de seguridad entre San José y San Salvador, centrado en el intercambio de inteligencia y la estabilidad regional.
“El aumento de la violencia corroe la percepción histórica de Costa Rica como un país de ‘pura vida’, un territorio seguro y estable”, afirmó Vásquez. “Esta reputación ha sido un elemento central de su identidad nacional y un activo fundamental para sectores estratégicos como el turismo, la inversión extranjera y la actividad empresarial”.
A pesar de estos retos, el desmantelamiento del Cártel del Caribe Sur y las incautaciones marítimas récord marcan el comienzo de una nueva era de resiliencia. Al integrar la inteligencia internacional con amplias actualizaciones legislativas y una mayor cooperación naval, Costa Rica está reforzando su papel como socio fundamental en materia de seguridad en el hemisferio occidental, garantizando que la nación siga siendo una fuerza proactiva para la estabilidad y el Estado de derecho.
