Las empresas mineras chinas están ampliando constantemente su presencia en Latinoamérica, adquiriendo importantes activos mineros en toda la región y consolidando su posición en el sector del oro.
A medida que se intensifica la competencia global por los recursos naturales y los precios del oro se mantienen elevados, los grupos mineros chinos vinculados al Estado están acelerando sus esfuerzos para asegurar el control de importantes yacimientos en Sudamérica.
Para los gobiernos y los observadores del sector en la región, esta creciente presencia china suscita preocupaciones que van más allá de la inversión extranjera común. Los analistas advierten que la expansión de las empresas mineras chinas, respaldadas por financiación estatal y que operan dentro de estructuras corporativas y contractuales opacas, puede alejar el control de los recursos minerales estratégicos de los centros locales de toma de decisiones, al tiempo que complica la supervisión regulatoria, la fiscalización ambiental y la transparencia.
Las recientes adquisiciones en la región del Grupo CMOC, una de las mayores empresas mineras de China, ilustran la escala y el ritmo con que las empresas chinas están ampliando su presencia en el sector minero.
El Grupo CMOC amplió su cartera de metales preciosos mediante un acuerdo de USD 1000 millones, para adquirir las operaciones brasileñas de la canadiense Equinox Gold Corp., transacción que se cerró a finales de enero. El acuerdo incluye dos entidades, Leagold LatAm Holdings BV y Luna Gold Corp, que controlan varias reservas y minas de oro en el país. CMOC, cuyo enfoque principal es el cobre y el cobalto, afirmó que la adquisición añadirá alrededor de 8 toneladas de producción anual de oro a su cartera.
Seis meses antes, el grupo chino había adquirido en Ecuador la empresa minera canadiense Lumina Gold Corp. por aproximadamente USD 422 millones, en una operación que le garantizó el acceso a la mayor reserva de oro del país: el proyecto Cangrejos. La adquisición amplió significativamente la presencia de CMOC en Sudamérica y le otorgó a la empresa el control sobre uno de los proyectos de minería de oro más ambiciosos de la región andina.
La adquisición en Brasil incluyó la mina Aurizona, en Maranhão; el Complejo Bahía, compuesto por las minas Fazenda y Santa Luz; y la mina RDM (Riacho dos Machados), en Minas Gerais. El proyecto minero Cangrejos, por su parte, está ubicado en la provincia de El Oro, en Ecuador, y abarca aproximadamente 5000 hectáreas. Una vez desarrollado, el proyecto se convertirá en una de las mayores operaciones de extracción de oro del país.
En conjunto, las dos adquisiciones representan una consolidación significativa de activos auríferos bajo el control de un único grupo minero chino, que opera en varias jurisdicciones sudamericanas. El control de estos yacimientos otorga influencia a las empresas no solo sobre las actividades de extracción, sino también sobre las cadenas logísticas, el desarrollo de infraestructura y los flujos de exportación vinculados al mercado global del oro.
El abogado, periodista y consultor ambiental estratégico Antonio Fernando Pinheiro Pedro, exsecretario de Cambio Climático del municipio de São Paulo, destaca los riesgos asociados a esta expansión en Brasil.
“El sistema chino produce industrialización para sí mismo y aplasta al parque industrial local. Es su sistema estándar, sobre todo porque China actúa y piensa como una gran propietaria, dueña de formatos cartelizados y verticalizados de producción y prestación de servicios”, afirmó Pinheiro Pedro.
La rápida expansión de las empresas mineras chinas también ha planteado dudas sobre los estándares de gobernanza y transparencia. Muchos proyectos mineros chinos en el extranjero operan a través de complejas redes de filiales registradas en diversas jurisdicciones; una estructura que, según los críticos, puede dificultar que los reguladores y las comunidades locales supervisen plenamente los impactos ambientales y financieros de los grandes proyectos de extracción.
En las regiones auríferas de Latinoamérica, la supervisión y la aplicación de la legislación ambiental representan desafíos significativos. Las operaciones mineras a gran escala exigen un seguimiento riguroso del uso del agua, la eliminación de residuos, la deforestación y la administración de la tierra. A medida que las empresas chinas amplían su control sobre las principales concesiones de la región, los reguladores se enfrentan a obstáculos adicionales para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales, especialmente cuando la toma de decisiones operativas y financieras está vinculada a las empresas matrices en China, lo que puede complicar la transparencia y la supervisión.
Han surgido preocupaciones similares en otros proyectos mineros chinos en la región. En Ecuador, el proyecto minero Mirador, operado por un consorcio chino, ha enfrentado críticas de grupos ambientalistas y comunidades locales en relación con la deforestación, los riesgos de contaminación del agua y el desplazamiento de residentes en la región amazónica. En la provincia vecina de Zamora-Chinchipe, la mina de oro Fruta del Norte, de propiedad china, también ha puesto de relieve los desafíos de seguridad y gobernanza que suelen surgir en torno a los grandes yacimientos de oro. El rápido desarrollo de proyectos a gran escala respaldados por inversiones chinas puede atraer a redes de minería ilegal y operaciones de tráfico de oro, que buscan explotar la actividad económica generada en torno a estos lugares.
La concentración de las principales reservas de oro en manos de grupos mineros chinos también plantea cuestiones más amplias sobre la soberanía económica. Cuando el control sobre los grandes yacimientos pasa a manos de empresas vinculadas a la estrategia global de recursos de China, las decisiones relativas a los niveles de producción, la expansión de los proyectos y el ritmo de extracción se ven cada vez más condicionadas por consideraciones geopolíticas y por las prioridades estratégicas de China, en lugar de por los intereses económicos locales. Para los países cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de minerales, este cambio podría influir no solo en el desarrollo local, sino también en el control a largo plazo de los recursos naturales valiosos.
Luiza Guitarrari, investigadora de petróleo, gas y biocombustibles de FGV Energía, un centro de estudios de la Fundación Getulio Vargas dedicado al sector, llama la atención en un reportaje del diario brasileño Valor Econômico, sobre las restricciones impuestas por Pekín a la exportación de tecnologías y productos relacionados con las tierras raras.
“Esta medida señala una tendencia hacia la ‘titulización’ en la minería, en la que los recursos pasan a ser tratados como activos estratégicos del poder nacional”, valora Guitarrari. “Así, el control del mercado permite a China garantizar la seguridad energética y la influencia comercial y geopolítica, pero también introduce elementos de tensión en el escenario internacional… El control del mercado garantiza a China seguridad energética e influencia”, destaca Guitarrari.
Aunque el oro no se clasifica en las cadenas estratégicas tradicionales de suministro junto a minerales como las tierras raras o el litio, la rápida expansión de las empresas chinas en proyectos de minería de oro refleja una estrategia global más amplia para garantizar el acceso a los recursos naturales. Para los países latinoamericanos ricos en yacimientos minerales, el reto será garantizar que el desarrollo de estos recursos fortalezca las economías nacionales, en lugar de transferir el control de activos valiosos al extranjero.
A medida que las empresas mineras chinas continúan expandiendo su presencia por Latinoamérica, la creciente concentración de activos auríferos bajo el control de empresas vinculadas a Pekín se está convirtiendo en una preocupación estratégica para la región.
