En apenas dos décadas, China ha pasado de ser un socio económico emergente para convertirse en un actor determinante en Latinoamérica. Sus inversiones en puertos, redes eléctricas e infraestructura han consolidado su influencia en la región. Pero junto a ese avance visible se ha desplegado otro, en las sombras: la expansión de las redes criminales chinas.
“La influencia de China no se limita a los ámbitos tradicionales del poder y ha convertido al crimen organizado en un frente más de su estrategia de poder global”, advirtió en entrevista con Diálogo el galardonado periodista de investigación Sebastian Rotella, experto en crimen transnacional.
Detrás de contenedores, cámaras de comercio y centros culturales, opera un entramado que combina lavado de dinero, contrabando, trata de personas, tráfico ilegal de drogas y de especies de fauna y flora silvestre. Y lo hace, según investigaciones y expertos, como quedó expuesto en la primera parte de este reportaje, bajo la tolerancia —e incluso la funcionalidad— del aparato estatal chino.
“Se trata de una alianza tácita entre el crimen organizado chino y el Partido Comunista Chino (PCCh) que convierte al crimen transnacional en un arma geopolítica silenciosa”, sostuvo Rotella.
El negocio de los precursores químicos para el fentanilo es un ejemplo contundente. Empresas chinas, incluidas algunas estatales, exportan insumos sin usos legítimos y reciben incluso devoluciones fiscales. Según el especialista en seguridad nacional Leland Lazarus, la renuencia de Pekín a cerrar los sitios web que los venden abiertamente demuestra que, en última instancia, este comercio resulta funcional a sus intereses. “La ecuación es clara. El crimen genera dividendos y, al mismo tiempo, se alinea con los objetivos estratégicos de Pekín”, señaló Lazarus.
A esa permisividad estatal se suma otro factor clave: la diáspora. Diversos estudios han documentado cómo, desde mediados del siglo XX, el PCCh mantuvo vínculos con mafias y grupos nacionalistas que terminaron consolidándose en regiones con fuerte presencia de migrantes chinos, incluida Latinoamérica.
“La relación entre el Estado chino y el crimen organizado viene de lejos, pero se ha profundizado en las últimas décadas, especialmente bajo Xi Jinping”, explicó Rotella. “Su gobierno ha adoptado un enfoque multifacético que abarca desde la recopilación de información y el espionaje, hasta la influencia política y el control de la diáspora. En ese esquema, el crimen organizado se ha convertido en un actor clave”.
En ese contexto, la diáspora cumple un papel estratégico tanto para las mafias como para el propio Estado. “Son el puente perfecto que combina cobertura cultural, infraestructura informal y circuitos cerrados de comunicación que se convierten en redes de confianza donde se desdibujan las fronteras entre lo legal y lo ilegal”, apuntó Rotella.
El resultado es una triangulación inédita en la región, donde la influencia económica de China, el poder informal de la diáspora y el avance sigiloso de las mafias convergen para alimentar un ecosistema ilícito en expansión. “No estamos ante un solo grupo dominante, sino frente a estructuras descentralizadas, flexibles y con una notable y preocupante capacidad de permanecer bajo el radar”, advirtió Lazarus.
Fujian: cuna de la diáspora y del poder oculto
La organización Earth League International (ELI), conocida por sus investigaciones sobre crimen ambiental y de vida silvestre, ha documentado la presencia de al menos 35 redes criminales chinas operando en Latinoamérica y el Caribe. La mayoría comparte un mismo origen: la provincia de Fujian, histórica cuna de migrantes y también de mafias. Desde allí, comunidades enteras se expandieron por la región, fundando asociaciones culturales, cámaras de comercio y restaurantes.
Supermercados, karaokes y tiendas de importados han funcionado como fachadas para ocultar actividades ilícitas, facilitar la explotación laboral y penetrar en el negocio del lavado de dinero. La frontera se vuelve aún más difusa cuando quienes participan en actividades criminales también ocupan posiciones en sectores “legítimos”.
La Operación Dinastía Dragón Sur, realizada en Chile en 2023 —y destacada en la primera parte del reportaje— expuso la magnitud del fenómeno: plantaciones masivas de marihuana, redes de explotación laboral y conexiones con autoridades locales. En el centro estaba Yu Caixin, presidente de la Cámara de Comercio China en Temuco y líder de la organización criminal. “No se trata de un accidente aislado, sino de un engranaje más de una estrategia que desdibuja las fronteras entre lo legal y lo ilegal”, remarcó Rotella.
Patrones similares han sido identificados en otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, el grupo Bitong ha sido señalado de mantener vínculos con el poderoso Primer Comando de la Capital, además de manejar fintechs en São Paulo y utilizar comercios de la diáspora para lavar dinero y encubrir sus operaciones ilícitas, como reveló una investigación de Metrópoles.
La otra cara de la diáspora
Más allá de servir como puente para el crimen organizado, la comunidad migrante se ha convertido también en el eslabón más frágil de este engranaje. “Es una paradoja inquietante porque los mismos comerciantes y familias que sostienen y apoyan la presencia china en la región son, con frecuencia, las primeras víctimas de extorsión, violencia y control”, dijo Rotella.
Los casos recientes lo confirman. En diciembre de 2024, la Policía Federal Argentina desmanteló una red que no solo exigía pagos a supermercadistas chinos, sino que llegó a secuestrar a tres de ellos para presionar a otros. En São Paulo, Brasil, entre 2023 y 2024, se registraron 15 episodios de extorsión contra comerciantes chinos, casi tantos como en los nueve años anteriores juntos, informó Metrópoles.
El fenómeno se repite en distintos países desde hace más de una década. Evan Ellis, experto en seguridad nacional y relaciones sino-latinoamericanas, ha documentado cómo mafias chinas extorsionan a propietarios de hoteles, restaurantes, discotecas y saunas manejados por migrantes. En Lima, Perú —donde vive una de las comunidades chinas más grandes de la región—, los ataques han alcanzado niveles de terrorismo urbano que van desde cócteles molotov lanzados contra restaurantes en Callao hasta amenazas coordinadas desde cárceles peruanas por parte del grupo Dragón Rojo.
Ellis también ha registrado episodios en Panamá, Ecuador, Venezuela y en la cuenca del Caribe. Allí, los ataques han incluido homicidios de comerciantes chinos en países como Trinidad y Tobago y Surinam, lo que evidencia el alcance continental de estas mafias.
El silencio ha sido siempre la gran ventaja de las mafias chinas. El aislamiento lingüístico y la tradición de resolver disputas dentro de la propia comunidad les han permitido operar durante años con una impunidad casi absoluta. “Esa dinámica explica por qué sus actividades en Latinoamérica han permanecido prácticamente invisibles hasta tiempos recientes”, dijo Lazarus.
Pero el fenómeno va más allá de lo criminal. La diáspora, al mismo tiempo que sostiene la presencia de China en la región y facilita ciertas operaciones ilícitas, es percibida por el régimen chino como un riesgo latente. “Muchas revoluciones han surgido desde comunidades migrantes y Pekín teme que estudiantes o profesionales formados en el extranjero puedan ‘contaminarse’ con ideas occidentales”, añadió Rotella.
En ese contexto, el crimen organizado ofrece al Estado un instrumento útil. Sus redes no solo participan en negocios ilícitos, sino que también se entrelazan con operaciones de inteligencia que va desde el espionaje tradicional hasta mecanismos encubiertos de represión transnacional, como las polémicas estaciones de policía chinas en el extranjero.
La red oculta de las estaciones de policía
Presentadas oficialmente como centros de asistencia consular, las llamadas estaciones de policía clandestinas chinas han sido denunciadas por ONG y reportes de investigación como instrumentos de control, intimidación y represión contra la diáspora, incluidos disidentes y fugitivos políticos. En 2022, la organización Safeguard Defenders documentó al menos 102 estaciones de este tipo en 53 países, y registró 12 en Latinoamérica: tres en Brasil y Ecuador, dos en Argentina y una en Chile, Colombia, Cuba y Perú.
Estos centros operan al margen de los marcos legales internacionales y, según expertos, representan una vulneración de la soberanía de los países anfitriones, al ejercer funciones policiales sin jurisdicción. “Si el país anfitrión no es informado de que estas acciones se llevan a cabo dentro de su territorio, sin coordinación ni aprobación, se trata de un asunto grave”, advirtió Lazarus.
Lo más inquietante no es solo la existencia de estas estaciones, sino quiénes están detrás de su operación. Una investigación de Rotella para ProPublica reveló que varias de estas comisarías están bajo el control de grupos criminales chinos.
Uno de los casos más reveladores es la comisaría china en Prato, Italia, donde según la investigación de ProPublica las mismas personas que gestionaban la comisaria, y que estaban en contacto directo con las autoridades de China, tenían procesos abiertos en Italia por encabezar mafias chinas en ese país. “Ese es el tipo de extrañas yuxtaposiciones que se dan en esta confluencia de fuerzas entre el crimen organizado y el Estado, en estas asociaciones de la diáspora” señaló Rotella.
Ese patrón, advierte Rotella, se repite a escala global donde se han identificado casos concretos. Y, como señala el propio experto, “se trata de un fenómeno global que también encuentra eco en Latinoamérica”.
En este tablero, el lavado de activos emerge como otra pieza central. Un flujo financiero que no solo sostiene los negocios ilícitos de las mafias, sino que, según investigaciones, termina conectándolas con las plataformas de influencia global del PCCh, como por ejemplo el Frente Unido. Pekín ha presentado esta iniciativa como un mecanismo para la unidad nacional y un vínculo con la diáspora, pero en realidad, según los expertos, se trata de un instrumento de influencia política e injerencia extranjera del PCCh.
“El dinero lavado fortalece a las mafias de la diáspora china, que al mismo tiempo son una fuente de financiación del Frente Unido”, explicó Rotella, subrayando que los grupos criminales chinos son los principales lavadores de dinero en toda Latinoamérica.
Del contrabando visible al lavado invisible
El lavado de activos se ha convertido en la pieza clave de las mafias chinas en Latinoamérica, desplazando al contrabando tradicional hacia esquemas mucho más sofisticados.
Una de las primeras alertas llegó desde Colombia. En 2017, una operación contra bodegas de contrabando destapó una red que unía a China, México y Colombia mediante una triple combinación: narcotráfico, comercio ilícito y blanqueo de capitales. Según reveló El Tiempo, el Cártel de Sinaloa importaba productos ilegales desde China hacia Colombia y utilizaba las ganancias para pagar a los grupos locales encargado de abastecer cocaína. Para dar apariencia de legalidad, reclutaban ciudadanos chinos que figuraban como dueños de los comercios involucrados.
“Este es un modelo de lavado de dinero conocido como trade-based money laundering: enmascarar y legitimar recursos ilícitos a través del comercio internacional”, explicó Rotella. El golpe permitió desmantelar 34 redes e identificar al menos 40 ciudadanos chinos. Sin embargo, ese esquema era apenas el inicio.
El salto cualitativo lo marcó México. Tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA) descubrió que sus operadores mantenían decenas de contactos en China. No solo eran los principales proveedores de precursores químicos para el fentanilo, también se habían consolidado como los lavadores de dinero más eficientes de la región.
El secreto está en lavar dinero a través de “underground banking” por medio de sistemas de transferencias concidos como Mirror Transfer o Flying Money (dinero volador), una versión moderna de la ancestral hawala, basada en confianza y lealtades dentro de la diáspora china, que permite mover millones de dólares sin que crucen fronteras ni pasen por bancos regulados.
“Se trata de modelos altamente sofisticados que se activan con rapidez y generan grandes flujos de valor en múltiples direcciones al mismo tiempo”, explicó Rotella.
Así funciona: el dinero en efectivo generado por la cocaína en Latinoamérica se entrega a un intermediario de la mafia china en ciudades como Bogotá o Ciudad de México. Esos dólares se “venden” a empresarios chinos que necesitan divisas fuera de su país, y un socio de la red entrega la suma equivalente en yuanes dentro de China. El dinero nunca viaja. La deuda entre intermediarios se liquida más tarde con cargamentos de contrabando, transferencias encubiertas o mercancías.
El atractivo del sistema es evidente. Mientras los lavadores tradicionales cobran hasta un 6 por ciento de comisión y tardan semanas, las redes criminales chinas operan con apenas un 1 o 2 por ciento y cierran operaciones en cuestión de días. En 2024, el Departamento de Justicia de los EE. UU. confirmó el blanqueo de más de USD 50 millones vinculados al Cártel de Sinaloa bajo este mecanismo. Para expertos como Lazarus, estas operaciones ya superan en escala, sofisticación y alcance a los métodos tradicionales.
“Los delincuentes chinos están transformando el mercado del lavado de dinero en Latinoamérica”, advirtió Lazarus.
El rostro del dinero volador
En el corazón de la maquinaria criminal que hoy domina el lavado de dinero en Latinoamérica está Xizhi Li. Nacido en el seno de la diáspora china, Li se convirtió en uno de los arquitectos de un sistema financiero clandestino que sostiene las operaciones de algunos de los cárteles más poderosos del continente.
Lo inquietante, no es solo la sofisticación del engranaje que diseñó, sino sus vínculos con el Estado. Según investigaciones de ProPublica, Li ofrecía sus servicios a funcionarios del Gobierno chino y a miembros de la élite del PCCh. Incluso llegó a vender pasaportes fraudulentos a un alto oficial militar.
Más sorprendente aún es que Li consiguiera mover decenas de millones de dólares a través de bancos y empresas estatales chinas con aparente total impunidad, a pesar del férreo control que el aparato de seguridad ejerce sobre la economía del país.
Uno de los indicios más evidentes de esa falta de control o de voluntad política dicen los expertos, es el hecho de que estas redes criminales se comunican abiertamente en WeChat, la principal red social y sistema de mensajería de China. No utilizan códigos ni lenguajes cifrados y hablan sin rodeos sobre operaciones de lavado de dinero en una plataforma totalmente supervisada por el Estado chino.
Los tribunales también han aportado evidencias. En 2020, un tribunal español condenó a cuatro ejecutivos del Banco Industrial y Comercial de China (ICBS) por recibir decenas de millones de euros en efectivo y transferirlos ilegalmente a su país. En 2016, el Banco Agrícola de China fue multado con USD 215 millones en Nueva York por violar la normativa contra el blanqueo de capitales. Y reportes adicionales señalan que el Banco de China también ha enfrentado sanciones en Italia y Francia por repatriar fondos vinculados a evasión fiscal y fraude aduanero.
Las cifras son reveladoras. Entre 2006 y 2020, más de USD 3800 millones han salido ilegalmente de China, lo que convierte al país en el mayor “exportador de dinero caliente” del mundo, según declaró John Cassara, exinvestigador del Departamento del Tesoro estadounidense, ante una comisión canadiense.
“No solo ha sido tolerado. Este sistema ha beneficiado directamente al Estado chino porque el flujo de dinero negro proveniente de estas redes fortalece sus intereses económicos y erosiona a sus competidores”, explicó Rotella.
La caída de Li en 2021, cuando fue capturado en México y extraditado a los Estados Unidos, no marcó el fin del sistema. Su modelo, su red de confianza y las grietas que explotaba continúan operando en la región, dentro de una zona gris que mantiene a Latinoamérica sometida a una influencia paralela, silenciosa y difícil de rastrear: la China criminal.
Parte III
El dominio de las mafias chinas en Latinoamérica ha desbordado el ámbito financiero. Hoy, ciudadanos y empresas chinas no solo lavan capitales para los cárteles más poderosos, también participan activamente en el tráfico ilegal de fauna y especies marinas, un negocio multimillonario que responde a la insaciable demanda en Asia.
En la tercera parte de este reportaje se explora cómo China ha extendido su huella hacia un mercado que parecía controlado: el tráfico clandestino del jaguar, convertido en presa codiciada en la región. Y va más allá. Se revelará cómo infraestructuras levantadas con inversión estatal china —en particular los puertos— se han transformado en pasadizos estratégicos para el crimen organizado. La paradoja es evidente: los mismos proyectos que consolidan la influencia de Pekín en Latinoamérica estarían funcionando, en la sombra, como engranajes que potencian la ilegalidad.
