En apenas dos décadas, la presencia de China en Latinoamérica ha crecido con una velocidad tan arrolladora como estratégica. Como un jugador paciente en una partida de largo aliento, Pekín ha logrado posicionarse en sectores clave, reconfigurando el tablero económico y geopolítico de la región a su favor.
Según un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), al menos 37 puertos latinoamericanos están hoy vinculados a empresas chinas. No se trata de terminales menores, sino de enclaves neurálgicos como los puertos de Balboa y Cristóbal —a ambos lados del Canal de Panamá—, el megapuerto de Chancay en Perú y la terminal de Paranaguá, en Brasil.
En el sector energético, su dominio también es contundente. En Perú, China controla el 100 por ciento de la distribución eléctrica de Lima; en Brasil, participa en el 12 por ciento de la cadena de valor energética; y en Chile, compañías estatales chinas operan cerca de dos tercios del sistema eléctrico nacional. A esto se suman miles de kilómetros de carreteras, una creciente presencia en minería, telecomunicaciones, logística y, en algunos casos, incluso en seguridad.
En paralelo, el comercio bilateral ha alcanzado cifras récord. Entre 2000 y 2020, el intercambio entre China y Latinoamérica pasó de USD 12 000 millones a USD 315 000 millones. De cumplirse las proyecciones del Foro Económico Mundial, en 2035 la cifra podría superar los USD 700 000 millones.
Pero mientras los reflectores se enfocan en el auge económico, otra “ruta de la seda”, más silenciosa y oscura, se expande en las sombras: la del crimen organizado chino.
“La delincuencia organizada china ha crecido en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica y el Caribe”, advierte en entrevista con Diálogo Leland Lazarus, experto en relaciones sino-latinoamericanas y coautor de investigaciones como Tríadas, Cabezas de Serpiente y Dinero Volador.
Según Lazarus, en la última década estas bandas criminales se han posicionado en al menos cuatro frentes clave en la región. El primero es el tráfico de precursores químicos del fentanilo: sustancias fabricadas en China, ingresadas a México y procesadas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco para producir opioides sintéticos que luego se distribuyen en todo el hemisferio.
El segundo es el blanqueo de capitales. “China se ha convertido en el lavador de dinero más popular para el narcotráfico en Latinoamérica”, asegura Lazarus.
El tercer frente es el tráfico de especies silvestres, impulsado por la demanda de la medicina tradicional china. Aletas de tiburón, vejigas de totoaba y partes de jaguar salen de países como Ecuador, Perú, Bolivia y Surinam rumbo a Asia. “China es hoy líder en el tráfico ilegal de jaguar”, añade Lazarus.
Y el cuarto, la trata y tráfico de personas. Un delito que combina migración irregular con explotación sexual y laboral, y que ha convertido a varios países latinoamericanos en corredores clave de migración clandestina.
“No se trata de delitos aislados, sino de una estrategia criminal integrada. Muchos grupos chinos participan simultáneamente en varias de estas actividades. Es lo que se conoce como convergencia criminal”, advierte Lazarus.
Expansión con doble filo
El crimen organizado chino avanza al mismo ritmo que crece la influencia económica y política de Pekín en la región. Lejos de ser una coincidencia, expertos advierten que ambas dinámicas están profundamente entrelazadas.
“A medida que los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) se extienden por la región, también se fortalecen las redes criminales chinas y sus actividades ilegales”, dijo a Diálogo Christopher Hernández-Roy, subdirector del Programa de las Américas del CSIS y autor del informe ¿Son los puertos chinos en Latinoamérica favoritos del crimen organizado?
El fenómeno, explica Hernández-Roy, responde a una combinación peligrosa: la expansión de inversiones, el establecimiento de enclaves económicos y una mayor conectividad comercial, factores que, en conjunto, facilitan el movimiento y operación de estructuras delictivas chinas a lo largo del continente.
Pero no se trata únicamente de un efecto colateral del avance chino. Diversos indicios sugieren una permisividad estructural desde el propio Estado chino.
Uno de los casos más reveladores es el de las empresas productoras de precursores químicos del fentanilo, muchas de ellas de propiedad estatal.
“Estas compañías no se ocultan. Venden sus productos abiertamente en Internet, no en la web oscura, sino en sitios comunes, dirigidos a clientes de habla hispana. Incluso detallan cómo ocultar la mercancía en empaques de maquillaje u otros artículos. Saben perfectamente que están exportando algo ilegal”, advierte Lazarus, quien subraya que el Estado chino se beneficia, directa o indirectamente, de esta actividad que alimenta a los cárteles latinoamericanos.
China es, además, el mayor importador de madera del mundo, pero carece de un marco legal eficaz para impedir el ingreso de madera extraída ilegalmente, gran parte de la cual proviene de la Amazonía y otras regiones biodiversas de Latinoamérica. A esto se suma el uso de plataformas chinas como WeChat, que funciona como red social, sistema de mensajería y plataforma de pagos, y está bajo estricto control del régimen, pero que, aun así, es utilizada por redes criminales para coordinar operaciones de lavado de dinero y realizar transacciones ilícitas de manera abierta.
“China es el mayor Estado tecnoautoritario del planeta. Tiene los medios para detener estas redes, pero ha optado por no hacerlo. Y eso es profundamente preocupante”, insiste Lazarus.
Una permisividad estructural que alimenta una sospecha creciente: ¿existe alguna conexión entre la expansión del crimen organizado chino y los intereses estratégicos de Pekín en Latinoamérica?
Expertos y analistas han encendido las alarmas ante el avance de redes criminales chinas, que parecen operar al amparo de la creciente influencia económica y geopolítica de China en la región.
Según advierte Lazarus, la colaboración entre empresas estatales, gobiernos locales y estructuras mafiosas —un patrón que ha funcionado históricamente en China— podría estar replicándose en Latinoamérica, donde la corrupción y la debilidad institucional crean condiciones fértiles para su reproducción. “El resultado es un ecosistema donde las inversiones chinas y las actividades ilícitas pueden entrelazarse con facilidad, diluyendo los límites entre lo legal y lo ilegal”, sostiene.
El dragón en casa: el caso de Chile
En mayo de 2023, los titulares en Chile no hablaban de tratados comerciales ni de megaproyectos financiados por China. Hablaban de crimen organizado. Una red transnacional con raíces en Asia había sido desmantelada en lo que se conoció como la Operación Dinastía Dragón Sur, el mayor golpe contra la criminalidad china en la historia reciente del país, según reveló una investigación de Televisión Nacional de Chile (TVN).
El corazón de la operación era el Bang de Fujian, una de las mafias chinas más activas y sofisticadas del mundo, especializada en el cultivo de marihuana indoor. El operativo dejó al descubierto una red de narcotráfico sin precedentes: más de 7000 plantas de marihuana, 480 kg de cannabis procesado, armas, municiones y grandes sumas de dinero en efectivo escondidas en once casas de seguridad. Veintiún ciudadanos chinos miembros de la red criminal fueron detenidos.
“En esta magnitud, es la primera vez que se ve algo así en Chile. Estamos frente a un fenómeno nuevo”, advirtió entonces Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de Chile, en entrevista con TVN.
La estructura era compleja, eficiente y cuidadosamente camuflada. Funcionaba mediante alianzas con actores locales y mano de obra importada ilegalmente desde China. “Una de las formas de operar de esta organización es traer ciudadanos chinos con conocimientos específicos en cultivos. Se les denomina ‘los granjeros’ o ‘cosecha’”, explicó el fiscal Yans Escobar al diario chileno La Tercera.
Una querella penal en Santiago reveló que desde 2021 más de 200 ciudadanos chinos habrían ingresado ilegalmente al país. Una vez en ciudades como Santiago, Valparaíso o Temuco —epicentro de la operación— eran forzados a prostituirse o a trabajar en las plantaciones, según reportó InSight Crime.
Capturando élites, operando en la sombra
Detrás del entramado criminal estaba Yu Caixin, un empresario chino que no solo comandaba la red, sino que también presidía la Cámara de Comercio China en Temuco. Dueño de un restaurante buffet y fundador de varias importadoras, Yu cultivó vínculos con autoridades locales, incluyendo una cercanía con el gobernador de La Araucanía.
El caso dejó al descubierto algo más que un negocio criminal: mostró cómo estas mafias logran insertarse en el tejido económico y político local, operar con bajo perfil y construir redes de influencia.
“Este es un claro ejemplo de la turbia intersección entre la criminalidad china, los negocios y los intereses del Estado”, comenta Lazarus. Como presidente de la Cámara de Comercio China en Temuco, Yu habría tenido algún tipo de interacción con la embajada china, facilitando además el acercamiento del Frente Unido a la diáspora china local, explica Lazarus.
El Frente Unido es una herramienta clave del secretario general del PCCh Xi Jinping para proyectar la influencia de Pekín fuera de sus fronteras, movilizando a ciudadanos chinos en el extranjero como parte de su estrategia de poder blando. El propio Xi lo ha calificado como “el arma mágica del Partido”.
Pero en algunos casos, esa “influencia exterior” se enmascara tras organizaciones con fachada comercial o cultural y vínculos con el crimen organizado. En junio de 2025, una investigación reveladora del Washington Post dejó en evidencia cómo el PCCh estaría utilizando mafias para operar fuera de China, siempre que no comprometan la estabilidad interna del país.
Según el diario, la Asociación Mundial de Historia y Cultura Hongmen, que se presenta como promotora de la cultura china, ha difundido propaganda oficialista, promovido la unificación con Taiwán y servido como plataforma para expandir la BRI en Asia. Su presidente, Wan Kuok-koi, alias “Broken Tooth”, ha sido identificado como líder de la triada 14K, una de las más poderosas de China.
“La estrategia es clara” dice Lazarus, “el crimen transnacional puede ser tolerado e incluso utilizado si sirve a los intereses geopolíticos de Pekín”.
Partes II y III
En las próximas partes de este reportaje exploramos el papel estratégico de la diáspora china como engranaje clave en la expansión del crimen organizado chino en Latinoamérica, con fuerte presencia en países como Argentina, Brasil, Panamá y Perú. Lejos de ser simples comunidades migrantes, estas poblaciones han servido como puente, escudo y plataforma para que las organizaciones criminales chinas se infiltren en lo local, operen con sigilo y consoliden sus actividades ilícitas bajo fachadas legales.
“Cerca de 35 redes chinas han sido identificad en la región. Estamos ante un fenómeno de organizaciones descentralizadas, altamente adaptables y con una capacidad notable para operar bajo el radar”, advierte Lazarus.
A través de esta arquitectura silenciosa, las mafias chinas han evolucionado de contrabandistas a actores clave en delitos de alto impacto, como el lavado de activos, donde ya superan a redes tradicionales, y el tráfico ilegal del jaguar, una práctica que se creía extinta y que ha resurgido con fuerza paralela al avance de las inversiones chinas. “Descubrimos que esto [el tráfico de jaguares] crecía al mismo ritmo que las inversiones chinas en Latinoamérica”, documentó la periodista de National Geographic Sharon Guynup.
